La Carta Abierta que intelectuales kirchneristas han dado a conocer días pasados, contra lo que llaman el “clima destituyente” instalado en el país, contiene una serie de afirmaciones bastante imprecisas sobre la situación política. Por ejemplo, cuando arranca denunciando “cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad”. Lo cierto es que la mayoría no la votó. Eso no le quita legitimidad, claro, pero falsear también estos datos de la realidad parece ser una necesidad para quienes quieren sostener contra toda evidencia que hoy el pueblo está de un lado y el antipueblo del otro. Tampoco es lo mismo cuestionar el “derecho” que el “poder” del gobierno: lo segundo es totalmente legítimo, más todavía, es parte del esencial derecho constitucional de todos aquellos que se oponen a una política, legítimamente tratan de refrenar o debilitar el poder de aplicarla, y no tiene nada que ver con un “reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental” que los firmantes de la carta ven en los “parecidos ostensibles” entre consignas de los opositores de hoy y los golpistas de antaño, un argumento por demás forzado que sólo sirve para negar legitimidad a los reclamos bastante puntuales que se le hacen hoy al ejecutivo.
En cambio el documento es mucho más preciso en lo que parece su objetivo esencial en el propio campo intelectual: plantear una batalla cultural contra los “poderes de la dominación” desde lo “político emancipatorio” y “la pluralidad de un espacio político intelectual lúcido en sus argumentos democráticos”. Todavía no lo es tanto en lo que describen como una “escena social dominada por la retórica de los medios de comunicación y la derecha ideológica de mercado”: los medios más concentrados, e incluso muchos de los afines al neoliberalismo pocos años atrás, han sido tan entusiastas difusores del ideario kirchnerista hasta hace unas pocas semanas que es por demás excesivo identificarlos con un enemigo de derecha, cuya omnipotente presencia es, por otro lado, casi tan inhallable como la de los golpistas. Pero sí en el planteamiento de una autocrítica: “La relación entre la realidad política y el mundo intelectual no ha sido especialmente alentada desde el gobierno nacional y las políticas estatales no han considerado la importancia, complejidad y carácter político que tiene la producción cultural”.
En aras de contribuir al debate que la Carta propone, resulta oportuno preguntarse a qué se debe esta falencia, que indudablemente ha existido y con el tiempo parece haberse agudizado. Ante todo, aclaremos, no puede atribuirse a un desinterés de los líderes oficialistas: Néstor y en mayor medida aún Cristina se han comportado desde el gobierno nacional como “políticos de ideas”, defensores de convicciones fuertes sobre casi todo lo que preocupa a los intelectuales. ¿Podría entonces achacarse el problema a los encargados de mediar e instrumentar ese interés? Más allá de la crítica que puede inferirse de la carta a lo hecho en estos años desde la Secretaría de Cultura de la Nación (y que es en algún sentido entendible: esa repartición ha desplegado una excesiva vocación por generar eventos en los que se confunde quien gestiona la política con quien la protagoniza), lo cierto es que el problema es bastante más amplio: la inscripción de las acciones de gobierno en un horizonte cultural ha seguido por regla general un patrón unilateral, de enunciación monocorde, revelador de que los funcionarios oficiales asumen las convicciones kirchneristas tan férrea como ritual hasta temerosamente. En este sentido lo hecho por Cultura es más bien la excepción, en cuanto hay que reconocer su esfuerzo por abrir debates y contrastar ideas, promoviendo incluso la confluencia entre las cosmovisiones del oficialismo y otras corrientes de pensamiento; esfuerzo que por cierto está ausente en general en el resto de los funcionarios oficiales, y muy paradigmáticamente lo está en su política de comunicación y de medios.
Ella revela un problema más estructural, ya no sólo atribuible a la gestión, sino a la naturaleza de las convicciones kirchneristas, y al modo en que ellas son usadas como guías para actuar: los Kirchner se nutren de una corriente de ideas políticas y económicas cuya credibilidad es concebida por ellos mismos y sus seguidores como precaria, y amenazada. Es la suya, además, una visión del mundo en la que la “lucha ideológica” tiene por principio un papel descollante. El “antineoliberalismo”, cualquiera sea su basamento, marxista, populista, antiliberal o nacionalista ocupa, para sus propios y más convencidos cultores, una posición subalterna entre las tendencias en pugna en el mundo político actual (lo que constituye, acotemos, un serio error de percepción). Y requiere por tanto de mucho más esmero y dedicación para imponerse. De allí que la intolerancia pueda ser al mismo tiempo una respuesta a la “autopercepción de debilidad”, y señal de compromiso y convicción en la necesaria “guerra por las conciencias”: en una cultura política ya desde siempre contaminada de maniqueísmo, los Kirchner introducen una versión de las “convicciones políticas” que les permite descalificar a sus adversarios no sólo porque sus ideas atrasan o son ineficaces, como suelen hacer otros políticos, sino porque expresan la constitución perversa de sus portadores, que los predispone a la mentira y la falsedad. La consecuencia lógica es, claro, un régimen de comunicación que vacune a la audiencia contra estos viciosos, que se cierre a la compulsa de las interpretaciones, y en el que hasta el más elemental de los datos informativos se vuelva un arma ideológica en la lucha por “la verdad”.
Los signos de este comportamiento son harto conocidos: presidentes que no ofrecen conferencias de prensa, ni contestan preguntas, ni dan explicaciones, sólo emiten discursos desde su atril, imponiendo un régimen de comunicación unidireccional y jerárquico, dentro del cual su palabra aspira a disolver toda instancia y recurso de contrastación autónoma, a volverse propaganda en estado puro; el jefe del Ejecutivo concentra y verticaliza como nunca las tareas de comunicación del Estado y el gobierno, estableciendo un monopolio de la emisión desde el vértice y limitando el acceso a fuentes de información a todos los periodistas y medios; además, discrimina dentro de estos entre amigos y enemigos, alentando que los primeros se comporten como publicistas convencidos de un mensaje ya preparado; por último, las negociaciones e intercambios con empresarios del sector, como sucede con casi todos los demás actores, están basadas en amenazas de todo tipo. Todo esto no es del todo desconocido por los firmantes de la carta abierta, y les da incluso más razón de la que dicen tener para reclamar de una vez por todas una política emancipatoria.
Pero eso no es todo, porque si hay que emanciparse como dice la Carta, no es sólo de los corsés que impone la comunicación y el poder gubernamentales, sino también de las propias limitaciones que han dificultado a los productores de cultura a acompañar con nuevas ideas, con innovaciones estéticas y sobre todo con nuevas y más ricas miradas sobre y para el país, la recuperación económica de estos años. En ausencia de una particular penuria financiera, de limitaciones a la libertad de expresión o al acceso a los resortes del estado, es dudoso que los intelectuales kirchneristas puedan achacar estos déficits más que a sí mismos. La pregunta que les cabe hacerse (y nos cabe hacer más en general) es, tras cinco años de un bastante amplio control de los medios estatales, la educación y otros poderosos resortes públicos, qué hemos (han) logrado, qué innovaciones se aportaron a la cultura nacional? Y, si ellas no son todo lo satisfactorias que debieran, ¿a qué se ha debido?
La respuesta tal vez se halle en que el kirchnerismo en general, y sus intelectuales en particular, han sido en gran medida incapaces de articular ideas fuerza movilizadoras, capaces de moldear una época en la vida de la nación, trascendiendo las fronteras sectoriales y de partido. Alfonsín tuvo la democracia, los derechos individuales, la ciudadanía; Menem, la modernización capitalista, la apertura al mundo; ¿Y Kirchner? La misma Carta Abierta encuentra lo más parecido a una idea de similar categoría en la “memoria articulada en la política de derechos humanos”, lo que describe como el rescate de una “experiencia histórica indesligable de los modos de posicionarse comprensivamente delante de cada problema que hoy está en juego”. Pero lo cierto es que tanto en términos de la memoria como discurso histórico, como de la revisión judicial de los crímenes de la dictadura, se ha fallado a la hora de generar amplias y perdurables innovaciones culturales con ellas. Y no precisamente por falta de entusiasmo de los actores respectivos: los revisionistas históricos de toda laya y los organismos de derechos humanos sin duda han sido los dos grupos más característicos y entusiastas de la cultura k. Pero el entusiasmo no es todo. El resurgimiento del revisionismo al que asistimos en estos años, canalizado y en gran medida alentado por los grandes medios de comunicación, como lo prueba el paradigmático caso de Felipe Pigna, criatura del multimedio hoy vilipendiado, no aportó más que lo que ya había en él tres o cuatro décadas atrás, refritando imágenes de la nación y sus enemigos que tienden a agotarse tan rápido como se consumen. En cuanto a los derechos humanos, el uso partidista de sus consignas y sus logros, como dice la carta “en cada problema que hoy está en juego”, hasta para el mezquino fin de poner en aprietos a los propios aliados del gobierno, ha bloqueado la posibilidad de que se nacionalizaran como valor común, provocando incluso un efecto deslegitimador, que tal vez termine mostrando la cooptación por el poder puede ser más dañina que su indiferencia.
* Este artículo fue publicado originalmente en La Nación el día 28 de mayo de 2008.