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Empresarios, de “los negocios sin voz” a “la voz sin negocios”

Héctor Méndez, presidente de la UIA, planteó días atrás que los empresarios habían sido “demasiado tolerantes” ante los abusos cometidos por el oficialismo en estos años contra la economía privada. Hablaba, claro, a raíz de la inmodificable voluntad del gobierno de hacer aprobar la nueva ley de abastecimiento. Aunque no dejó muy en claro si con su autocrítica se refería a la entidad que preside o al empresariado más en general. Ni si lo que habían hecho mal en dejar pasar era la intervención discrecional en la fijación de precios y la asignación de premios o castigos, ahora hecho norma con la nueva ley, o los ataques más directos en su momento y todavía hoy practicados por el gobierno nacional contra empresas y empresarios que se rebelaron a sus dictados, sin mucha solidaridad de sus pares, como le sucedió a Shell, a Clarín, a los productores agrarios, etc.

Pero tal vez no hacía falta que aclarara nada de esto. Porque sus declaraciones se entienden bien en el contexto en que fueron pronunciadas: una creciente preocupación del empresariado por los dislates cada vez mayores con que el oficialismo trata de ocultar que su proyecto político y económico decae sin remedio, en medio de una creciente impotencia para mantener en pie el nivel de actividad, el consumo y el empleo, lo que hace pensar a los hombres de negocios que las pérdidas se generalizarán y ya no tiene entonces mayor importancia si se llevan bien o mal con los funcionarios de turno, porque igual es posible que les toque cargar con una buena cuota de ellas. Pueden perder negocios y rentabilidad Shell o Clarín, pero también los supermercadistas, los banqueros nacionales, los molinos harineros o cualquier otro grupo que haya estado dispuesto hasta aquí a callar sus disidencias.

Muchos le han reprochado a Méndez que su autorreproche es algo tardío. Pero ¿no es además un poco injustificado? Es cierto que los empresarios deberían estar comprometidos con reglas de juego que aseguren un buen funcionamiento global de la economía en la que actúan, y también que sería deseable que fueran mínimamente solidarios con sus pares. Pero su obligación inmediata como hombres de negocios es hacer funcionar, y en la medida de lo posible hacer crecer, sus empresas; ¿por qué deberían sacrificarse para mantener en alto la bandera de una economía sana y normal si no lo hacen los trabajadores, los políticos ni los intelectuales que los rodean?, ¿por qué los empresarios deberían ser más solidarios que, por caso, la clase media, que no hizo ni un atisbo de organizarse a raíz de la persecución fiscal practicada contra algunos de sus exponentes más críticones y renombrados, ni, cuando pudo, dejó en estos años de fugar dólares pese a ser ampliamente beneficiada por subsidios de todo tipo? Decir que los empresarios deberían hacer algo que el resto de la sociedad no hace simplemente porque tienen más dinero, y se supone entonces que más responsabilidad social que los demás no alcanza. El capitalismo abierto y competitivo es algo demasiado complicado de lograr como para dejarlo en manos de los capitalistas, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Por eso es precisamente que deben existir estados, instituciones políticas y económicas eficaces y razonables. Y son éstas las que, en nuestro caso, no funcionaron adecuadamente para frenar los abusos ni la irracionalidad.

Como sea, Méndez pone el dedo en una llaga indisimulable: es bueno que los empresarios estén recuperando la capacidad de tener una voz común y legítima para intervenir en los debates públicos, y malo que recién se interesen seriamente en ello y exploren vías para superar su crónica fragmentación y desinterés cuando las cosas están ya claramente mal. La formación del Foro de la Convergencia Empresarial es el mejor ejemplo de los intentos del sector por actuar colectivamente ante una crisis que se insinúa larga y compleja. El ilustra la inconveniencia de pensar la democracia y el desarrollo como un combate contra las corporaciones. Y se preocupa por argumentar sobre la importancia de lograr una relación más madura, pública y constructiva entre gobiernos y actores empresarios. Pero en concreto lo que el Foro muestra hasta aquí es, sobre todo, que sometidos a amenazas crecientes de parte del gobierno de turno, y enfrentados a perspectivas de pérdidas generalizadas, es más fácil dejar de lado diferencias y la búsqueda de oportunidades particulares, y más atractivo asumir una posición pública común. Por lo que cabe preguntarse: ¿será posible sostener ese compromiso público una vez que las amenazas hayan pasado?

Por de pronto, aunque el gobierno nacional ha reaccionado con las habituales amenazas y aprietes, tanto a la presencia del Foro como a las palabras de Méndez, poco ha conseguido: no sólo porque muchas empresas ya están perdiendo mercados, rentabilidad y perspectivas, por lo que no creen que vayan a perderse de nada bueno por hacer enojar a las autoridades; sino porque no hay ninguna hipótesis creíble de continuidad del proyecto gobernante, así que pelearse con los que hoy están en funciones no es un obstáculo serio para llevarse bien con los que los reemplacen, todo lo contrario.

¿Significa esto que será fácil para el empresariado, imaginemos que organizado en la forma más amplia posible, colaborar con las futuras autoridades? Es seguro que a éstas les va a interesar hacer una política más amigable hacia los mercados. Les sería casi imposible hacer una que no lo fuera. Pero de ahí a que les convenga negociarla públicamente y con representantes poderosos del campo empresario hay un buen trecho.

Por otro lado, el espíritu anticapitalista siempre ha sido muy fuerte en Argentina, no sólo lo fue en los últimos años, y no hay por qué pensar que vaya a dejar de serlo, por más mal que termine el ciclo del populismo y el intervencionismo radicalizado. Es probable que una porción importante de las elites y la opinión pública sigan convencidas después de 2015 que el empresariado local es peor que el de otros países, es el culpable de la inflación, la falta de inversiones, etc. Y además probablemente la nueva elite política necesitará alguien a quien responsabilizar de los costos que va a tener y el tiempo que va a insumir el freno a la inflación, el ajuste de precios relativos, la normalización de las relaciones financieras con el mundo, etc.; y tal vez echarle la culpa al kirchnerismo sea cada vez menos útil, porque será una forma de recordarle a los votantes que la responsabilidad en alguna medida es suya y de agitar resquemores y complicidades con un pasado del que buena parte de la dirigencia tampoco querrá acordarse.

En suma, por hache o por be una buena dosis de anticapitalismo puede sobrevivir al ciclo kirchnerista. Trabajar sobre ese sentido común, que sin querer el propio Méndez en alguna medida avaló e incluso alimentó con sus palabras, puede resultar por tanto una buena meta a desarrollar por el campo empresario. Justo ahora que influir en las políticas públicas parece algo que no tiene mucho sentido siquiera intentar.

publicado en tn.com.ar el 15/9/2014

 

 

 

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Irreversible: el duelo social por la segunda frustración con CFK

Máximo Kirchner opina que su mamá fue, es y será imbatible en las urnas y por eso la oposición no quiere que se viole la Constitución para que pueda competir en 2015.

En general, la idea de que los padres son invencibles y eternos se deja de lado a una edad más temprana de la que ostenta el hijo presidencial, pero ese no es su principal problema. Además, no hace falta aclarar que las leyes y la Constitución están para cumplirlas no según lo que les parezca o interese ni a los gobernantes ni a los opositores, pero eso tampoco es lo más importante que el jefe de La Cámpora ignoró con sus palabras.

Lo más sorprendente del caso, y la verdadera meta de sus palabras en el acto convocado bajo el lema de lo “irreversible” fue ignorar y negar lo que sucede en la relación entre su progenitora y la sociedad: el hecho de que el duelo colectivo ante la frustración en que termina el experimento kirchnerista, y en particular por la defraudación en que por segunda vez (la primera fue en 2008, apenas iniciara su primer mandato) incurre la presidente en el ejercicio del poder, respecto de las expectativas con que fuera electa para ejercerlo, es lo único verdaderamente irreversible.

Se ha dicho ya muchas veces de los argentinos que tendemos a entusiasmarnos con proyectos a los que nos negamos a verles fallas, hasta que estas se vuelven tan evidentes y dañinas que nos desenamoramos, incineramos a sus líderes y buscamos otros. Así, no sólo las crisis se vuelven agudas y recurrentes sino que las vivimos como auténticos duelos, con sus tres estadios obligados: negación, depresión y aceptación.

Con el kirchnerismo no es diferente, sólo que, como el amor fue largo e intenso, la caída es más complicada, y como además aún tiene recursos para estirarla, negación y depresión se mezclan en un cuadro que combina incertidumbre y retraimiento con un pasable statu quo.

Hay que decir ante todo que si algo supo hacer Cristina Kirchner fue llegar al corazón de la gente. En mayor medida que en su momento Menem y Alfonsín, o su propio marido. Néstor fue valorado como líder y gobernante, pero también considerado “demasiado profesional”, un político entre otros, más cercano a Duhalde que a Menem en cuanto a sus dotes carismáticas. Su idilio con la opinión fue además bastante corto, dos años entre 2004 y 2006, tras lo cual vino la intervención del Indec y los primeros escándalos serios de corrupción y el amor empezó a disiparse, para desaparecer con la crisis del campo y recién resurgir tras su muerte. En cambio Cristina fue siempre más eficaz para tocar las fibras afectivas de la sociedad: recordemos que triunfó en las elecciones de 2005, 2007, y en forma aplastante en 2011, mientras que Néstor nunca ganó fuera de su provincia natal.

Esta capacidad de Cristina fue ampliamente beneficiada por otro duelo, el suyo personal: el período que siguió al 27 de octubre de 2010 fue su cénit, hizo sentir a los argentinos que la habían criticado sin razón y con funestas consecuencias, y que ella era capaz de sobreponerse a todo eso y relanzar su proyecto, para el cual “lo mejor estaba por venir”.

Como se sabe, eso funcionó excelentemente bien hasta exactamente su reelección. Después todo fue barranca abajo. Y lo fue porque, contra lo que ella sostenía y la mayoría creyó, el proyecto oficial estaba moribundo desde mucho antes. No podía Cristina, sin desmentir su glorioso triunfo, hacer otra cosa desde entonces que ocultar problemas, dilatar decisiones difíciles y tratar de que el tiempo disipara un dilema irresoluble. Y ni así logró evitar que el pico de optimismo colectivo de ese octubre fastuoso se convirtiera en pocos meses en un pozo depresivo.

Con todo, consiguió que muchos siguieran considerando al barco oficial capaz de resistir, aun con prestaciones decrecientes y un final cada vez más difícil de disimular. El duelo se inició, en suma, bastante tiempo atrás, pero se estiró y se estiró. ¿Su final será tan explosivo como los de 2001, 1989, o 1982? Lo que es evidente es que el gobierno no halló hasta ahora una vía segura para evitarlo, y los demás son demasiado débiles, están demasiado necesitados de diferenciarse unos de otros como para imponerle condiciones al respecto.

Si Massa, Scioli y Macri (se podrían sumar varios otros a la lista) se parecieran un poco menos o uno de ellos descollara sobre los demás en las encuestas, encaminándose hacia un triunfo seguro, o si estuvieran obligados a aliarse para tener chance de ganar, tal vez habría chances de una transición concertada, si no con el gobierno entre los demás. Pero en la situación imperante éstos no pueden hacer mucho más que lo que hacen, que es bastante parecido a esperar y ver.

Lo que termine sucediendo, por tanto, dependerá casi en exclusiva de lo que la presidente decida. Como en 1982 frente a la Multipartidaria, como en 1988 con el Plan Primavera, como en 2001 con el último plan Cavallo, de lo que se trata es de ver hasta dónde el Ejecutivo está dispuesto a ir en darle cuerda al reloj y alimentar la carga explosiva de la bomba de tiempo que entregará a sus sucesores. Y si la sociedad será pasiva espectadora. Respecto a esto último, tampoco es que la mayoría quiere le digan la verdad: que muchos, en todos los sectores y niveles, estuvieron viviendo por encima de sus posibilidades y es hora de pagar la cuenta.

El duelo que atravesamos no sólo sepulta el amor por un líder que nos falló, sino nuestros propios sueños de éxito individual y colectivo. Que esta vez parecieron más cerca de realizarse que en el pasado, lo que torna la situación más difícil de comprender y aceptar.

publicado en tn.com.ar el 15/09/2014

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La patria k se achica, pero todavía flota

La condena al paro del sindicalismo opositor como un “favor a Griesa” fue la continuación lógica de identificar a los empresarios que objetaron la ley de abastecimiento como “voceros de los buitres”, y extiende las descalificaciones que desde antes reciben los políticos y los periodistas críticos por carroñeros, promotores del fracaso y demás desgracias. Semejante batería de insultos, dirigida contra un arco de opiniones y reclamos cada vez más variopinto, hace acordar al chiste sobre un conductor completamente alcoholizado que toma una calle contramano y empieza a gritar por la ventanilla a los sorprendidos automovilistas con los que se cruza: “¡animal, mirá por dónde vas!”.

Claro que el gobierno, a diferencia del borracho del chiste, puede decir que no está solo, que unos cuantos lo siguen en su camino, por lo que todavía sería un juego abierto la definición de cuál es la dirección correcta del tránsito. Está convencido además, en base a un cálculo bastante lógico, y no sólo por terquedad o ideología, que mientras pueda evitar un choque, y convencer a una porción significativa de la sociedad y las dirigencias de que cambiar de rumbo sería, en principio al menos, más costoso y complicado que seguir adelante, no importa tanto que ellos crean que la suya es la dirección correcta, le alcanzará para evitar que se forme una mayoría en contra que lo obligue a frenar y dar la vuelta. Lo que busca, en suma, para conservar el rumbo y defender sus ideas, ya no es tanto alimentar la fe en ellas como desalentar el deseo de cambiarlas, y complicar la viabilidad de hacerlo. De allí el carácter sólo en apariencia rebelde e innovador, y en esencia defensivo y conservador, del curso adoptado. Y la similitud con el ocaso de la convertibilidad, perceptible en el clima de temor al futuro, desánimo y desorientación política.

La disonancia con el cuadro de opinión en que se basó el oficialismo en sus épocas de gloria es notable. Y más relevante que la mera diferencia cuantitativa entre opiniones favorables y negativas en un momento y otro: al menos hasta 2008, y de nuevo en 2011, el kirchnerismo supo encarnar el optimismo colectivo, la expectativa de que el país progresaba y a todos podía tocarnos una cuota del beneficio; en cambio ahora representa en el mejor de los casos, para una porción cada vez menor, el temor a perder lo que se tiene, ante la percepción, que se va volviendo más y más firme para todos, de que un período de pérdidas generalizadas se ha iniciado.

En este contexto se entiende que la protesta social crezca, pero no tanto como pudo hacer pensar el paro general de abril pasado, o los cacerolazos de 2012 y 2013. Y se entiende que la coalición oficial se achique, pero no en la medida que esperaban los vencedores de las últimas elecciones: ellas no desencadenaron ni una fuga en masa, ni una abrupta caída de la popularidad presidencial. Y sigue siendo casi tan difícil como antes de esa votación, para los demás actores, ofrecer una alternativa atractiva y que entusiasme: el período de duelo del liderazgo de Cristina recién se abre, será largo, y por ahora él se da abasto para que la atención se centre en su fase inicial, y más difícil, la de negación y depresión.

Funciona a este respecto, además, una secuencia que conecta las fugas de su coalición y la descarga de problemas y costos, que hay que reconocer el gobierno administra con maestría. Imaginemos la coalición oficial como un barco averiado, que va haciendo agua a medida que pasa el tiempo y se acerca así al momento crítico, en que se pase la línea de flotación y el hundimiento se acelere. El capitán y su tripulación se desesperan por tapar agujeros, pero con ello demoran, no detienen el proceso, y el reloj les indica que no van a llegar a puerto, así que tienen que hace algo más; la oportunidad se presenta cuando enfrentan a porciones de la tripulación y el pasaje que les reclaman cambios de estrategia, compensaciones por los costos crecientes que enfrentan, etc.; y sabiendo que si los atienden tendrán menos recursos para tapar los agujeros y puede que igual esos sectores sigan insatisfechos, opta por endurecerse y tirarlos por la borda: con ello suelta lastre, se desentiende de sus problemas y libera recursos para atender a otros grupos. Así hizo con los gremios que reclaman reapertura de paritarias y correcciones en ganancias, con los banqueros que querían arreglar con los holdouts, y con los mismos holdouts, con los industriales que reclaman contra la presión impositiva y por una devaluación, y con los gobernadores que querían coordinar reclamos en el peronismo. En todos los casos la polarización achicó un poco la coalición, pero preservó lo mínimo y necesario de ella y alejó el agua de la línea de flotación.

Los expulsados tienen que arreglárselas en sus botes salvavidas o aferrados a algún pedazo de madera, y van poblando más y más las inmediaciones del barco. A la larga, el resultado puede que siga siendo inevitable, pero mientras tanto los que permanezcan abordo contemplarán a los que flotan alrededor como testimonio vivo de lo que les espera, así que seguirán bregando para que el futuro se demore lo más posible.

Lo que el capitán del barco está obligado a considerar, en cualquier caso, es que la peor amenaza para su estrategia no viene de los expulsados que lo maldicen, sino de los que se creen más vivos que nadie y suben y bajan del barco según lo que en cada momento les conviene: los gremios como la UTA, los gobernadores y empresarios alternativamente críticos y colaborativos, en suma, un conjunto muy variado de actores, de límites muy borrosos, a los que inevitablemente debe tolerar, porque si no corre el riesgo de quedarse tan solo como el borracho del comienzo, pero al mismo tiempo tiene que aleccionar y acotar, porque si no va a terminar en el peor de los mundos, hundiéndose solo.

En este marco la carrera contra el tiempo en que el gobierno está embarcado ya no tiene descanso, ni reglas ni garantía de salida: ¿fue un éxito volver a subir a la UTA o apenas sirvió para una victoria pírrica y a medias sobre Moyano, que pronto se revelará como un lastre demasiado caro, que habrá que compensar abriendo otros conflictos más serios? Imposible saberlo. Y lo mismo pasa con los holdouts, con los gobernadores y los industriales. Porque el fondo del problema no es tanto que el barco hace agua como que no va camino a ningún puerto discernible. El capitán es incapaz de explicar dónde quiere llegar y crece la sensación de que da vueltas en círculos, y va a dejar el barco no sólo averiado sino a la deriva.

 publicado en clarin.com el 2/9/2014

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Descartada la “transición tranquila”, ¿ahora qué?

Hay un debate abierto entre los analistas respecto a si Kicillof dinamitó el acuerdo con los holdouts por torpeza, sin darse cuenta de lo que hacía, porque deliberadamente se lo propuso, o por instrucción de la presidente. Dilucidar la cuestión podría ser relevante para anticipar lo que nos espera: en el primer caso, habría más chances de que la radicalización en curso fuera sólo en apariencia estratégica y cabría interpretarla como cobertura circunstancial para ocultar la ineptitud, hasta tanto llegue una nueva oportunidad para intentar lo que fracasó en julio, un acuerdo; en los otros casos, en cambio, no habría que darle muchas chances a un acuerdo en enero próximo ni hasta que termine el actual período presidencial y cabría esperar más que nada nuevas iniciativas a la Chávez.

Aunque tal vez la discusión así planteada sea sólo importante para historiadores. Porque, sea por un motivo o por el otro, lo cierto es que el gobierno ya enfiló por un sendero que lo obliga a seguir avanzando en la misma dirección, haciendo en todo caso de la torpeza e improvisación virtud, y un plan cada vez más ambicioso e inmodificable

En este sentido habría que decir que, por más que en enero logre reabrir alguna vía de acuerdo, o deje que otros lo hagan (de nuevo los empresarios y banqueros nacionales, los fondos de inversión que administra el estado brasileño, o cualquier otro actor interesado en que las relaciones de Argentina con el mundo no se deterioren demasiado) el ministro tal vez pueda vanagloriarse de ser a la vez un rebelde y un gran negociador, pero ya el gobierno no podría conseguir que el litigio se cierre en el corto plazo. La normalización siquiera de los pagos a los bonos reestructurados, hoy en el limbo (y más en el limbo una vez que se apruebe la ley de pago soberano de la deuda) llevará por sí sola unos cuantos meses. Así que en lo que a Cristina respecta la cuestión estaría definida: no habrá solución a este entuerto con los holdouts hasta que haya dejado el poder.

La discusión sobre la torpeza o la perfidia de Kicillof oculta además otro dilema más serio que el oficialismo viene tratando de resolver hasta aquí sin éxito: tiene que transformar lo que cree es un capital todavía sólido y vital, la popularidad remanente de Cristina (nada despreciable por cierto) y los logros que la sociedad aún le reconoce a la “década ganada”, en votos y poder político para después de 2015, y no encuentra la manera. Ese dilema ciertamente no se simplificó con el intento de trazar una “transición tranquila” hacia un nuevo gobierno, que encadenó una serie de medidas de moderación económica y política en la primera mitad de este año: devaluación de la moneda, esfuerzos por arreglar los conflictos externos, activación del PJ para resolver la disputa por la sucesión, en suma, todo lo que indujo a políticos y empresarios a creer que una vía hacia la normalidad era posible. Al contrario: a medida que se avanzó por esta vía, quedó más y más claro que la opción por una transición tranquila era una apuesta de Scioli y el empresariado no para facilitar el objetivo oficial sino para realizar los suyos propios, que podían contemplar tenderles puentes de plata a la presidente y los suyos para que no temieran por su futuro, pero no contemplaban seguir siendo rehenes del que éstos todavía ansían imponer.

Si la polarización con Macri hubiera funcionado mejor en estos meses, es decir, hubiera servido para debilitar a Scioli sin que ello implicara beneficiar a Massa, tal vez las cosas hubieran sido distintas. Pero desde la elección del año pasado las relaciones de fuerza no cambiaron demasiado en ese terreno, y mientras tanto el declive económico fortaleció la conexión esperable entre una “transición tranquila” y un ocaso sin remedio del proyecto y el poder kirchnerista.

Así fue que éste se ve obligado a buscar una de dos alternativas: conseguir que Scioli haga en 2015 a nivel nacional lo que aceptó en 2011 en la provincia, entregarse de pies y manos y ceder todas las demás listas y cargos, incluida la vicepresidencia, para poder salvar su candidatura (lo que por ahora éste rechaza pues equivale a sacrificarse por nada) o forzar un cambio de escenario para que un candidato propio, de la mano de Cristina, pueda entrar al ballotage y disputar la segunda vuelta, en lo posible con un no peronista.

Por de pronto, aunque el gobierno no logra avanzar con ninguna de las dos, sí está consiguiendo, con una retórica de la innovación y la rebeldía, imponer una lógica bien conservadora: al arrastrar al país a conflictos de futuro incierto hace que la caída de las expectativas en el futuro de su “proyecto” no vaya acompañada de una apuesta por otro que se perciba como mejor y superador; porque el ánimo colectivo se ubica bien cerca del piso y se vuelve básicamente defensivo.

¿Conseguirá que siga siendo así, que el miedo al futuro se extienda y se prolongue, y al menos una importante minoría de los ciudadanos piense al ir a votar que lo que viene será peor, y le conviene “proteger lo que tiene”? Es lógico esperar que tendrá más chance de conseguirlo en los sectores peor preparados para enfrentar la adversidad: ellos saben muy bien que en cuanto se encrespen un poco más las olas, el agua que tienen hoy al cuello les cubrirá la cabeza. También lo es que el clima de protesta social no perjudique demasiado los planes oficiales: confirma para muchos que una apuesta conservadora es lo más razonable, pues generaliza el miedo a pérdidas inminentes. Las eventuales mejoras resultantes de un cambio quedan demasiado lejos y son demasiado inciertas.

El problema es cuándo esto puede dejar de funcionar, y si para el momento en que se advierta que se ha llegado a ese punto será tarde para volver a ensayar alguna forma de cooperación y moderación. Una cosa es que la sociedad perciba que hay riesgos adelante que por ahora la preservación del statu quo le permite evitar, y otra muy distinta que vea ese statu quo como insostenible y fuente de perjuicios crecientes, y al gobierno incapaz de ofrecer soluciones; y sucede que la frontera entre una percepción y otra puede ser muy tenue, y dar lugar a un vuelco de un momento para el otro. Del conservadurismo a la fuga, ya se vio al final de la convertibilidad, se puede pasar con un solo chispazo.

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La licitación de espectro 4G: a los conocidos de siempre, con condiciones

El Gobierno dio forma a la licitación de espectro móvil anunciada hace tres meses, dando el puntapié a un proceso largamente demorado que permitirá mejorar la calidad de los servicios móviles. El pliego de bases y condiciones confirma lo que se había anticipado: la imposición de un límite temporal a las asignaciones, exigencias de cobertura y calidad para las redes, y la obligación de compartir infraestructura y alojar a operadores virtuales. Y parece confirmar las implicancias que se venían deslizando: que las operadoras actuales son las principales destinatarias de la subasta, lo que incluye en forma particular a Nextel, que se podrá ver favorecida con un trato especial como entrante (más allá de que hace más de 15 años que brinda servicios móviles en el país).

Se ha estudiado la importancia que tiene el diseño de una licitación en función de los objetivos buscados: las condiciones estipuladas permiten elevar la recaudación o priorizar las obligaciones de los adjudicatarios, alentar el ingreso de nuevos competidores o incentivar el fortalecimiento de los establecidos. La licitación que plantea el Gobierno parece buscar un punto intermedio.

Una subasta por US$ 2.000 millones

Hay un claro objetivo recaudatorio en una licitación que vuelca tanto espectro todo junto al mercado: se trata de la mayor subasta de espectro de la historia, con 180 MHz en dos nuevas bandas para 4G (700 MHz y AWS) y 34 MHz del 3G remanente (que se habían destinado a ArSat en 2012). Como analizamos, es un hecho común en la región que los gobiernos salientes busquen cerrar concesiones o licitaciones de importancia que tienen al alcance: eso les permite no sólo recaudar fondos de uso poco condicionado, sino también intervenir en la conformación del mercado y, en el transcurso, ganarse favores.

Con ese espectro se han conformado cuatro grandes lotes nacionales, indivisibles, que tienen fuertes chances de concitar las ofertas de las operadoras incumbentes, además de un ‘entrante’. A eso se suman otros seis pequeños lotes regionales (AMBA, Norte y Sur) para el espectro 3G remanente, en los que pueden participar tanto las operadoras establecidas como las interesadas en ingresar.

El valor base asignado al espectro, especialmente el de las nuevas bandas, resulta elevado acorde a las comparaciones regionales. Lo que estaría orientado a asegurar una buena recaudación, aún a sabiendas de que no es muy factible una puja por parte de nuevo operadores. Así, el Estado estaría en condiciones de recaudar un mínimo de US$ 1.966 millones, en caso de que ningún lote quede vacante. A eso se suma una ‘Garantía de cumplimiento’ equivalente al 15 % del total ofertado por cada adjudicatario, a ser reintegrada recién cuando se cumplan las obligaciones de cobertura, que tienen un plazo de cinco años.

Las operadoras establecidas y los potenciales entrantes

Es habitual en este tipo de licitaciones que las operadoras establecidas resulten ganadoras exclusivas (salvo que se las diseñe explícitamente para evitarlo, restringiéndoles la participación o estableciendo reservas para los entrantes). Eso sucedió en la última licitación realizada en el país en 1999, pero también en los casos recientes de Brasil, Colombia y Chile. Y se explica por el fuerte interés de las incumbentes en mantener el mercado cerrado, y su capacidad para pagar a ganador en la subasta: al respaldo de la infraestructura ya desarrollada y el flujo de caja vigente suman su conocimiento del contexto y contactos locales.

Esta licitación habilita la participación de las operadoras establecidas. Incluso se ha elevado el tope de espectro vigente, que ya habían alcanzado o estaban cerca de hacerlo. Así, es altamente probable que Movistar, Personal y Claro pujen por los tres grandes lotes nacionales abiertos de espectro 4G, y que se los terminen repartiendo en la subasta.

La licitación también contempla la reserva de un lote específico para “entrantes”, con un total nacional de 60 MHz de espectro. Pero se deben marcar dos salvedades: al tratarse de un bloque indivisible podrá tener un solo adjudicatario; y el pliego habilita a considerar a Nextel como entrante (al no incluir a su sistema de trunking digital entre los servicios que determinan a los operadores como establecidos).

Eso alienta las especulaciones que vienen circulando, que el ‘entrante’ o ‘cuarto operador’ no sería otro que Nextel, que con nuevo espectro podría revalorizar su base de clientes y la estructura ya desarrollada en las principales ciudades del país. La casa matriz NII Holdings, con serios problemas económicos en Estados Unidos, ha anunciado repetidamente su intención de vender la filial local, para lo cual busca un interesado que le garantice las divisas. Y ahí parecen puestos los ojos de quienes quieren ingresar en uno de los negocios más rentables del país en la última década, sólo superado por el bancario. Se comenta incluso que ya hay una opción de compra firmada, pero sin concretar. Como sea, parece claro que el comprador deberá contar con el aval del Gobierno: no sólo tiene que hacerse con divisas para el pago, sino también garantizarse la autorización de la Secretaría de Comunicaciones a la transferencia, y la suerte en la licitación. Eso marcaría la cancha a favor de empresarios con buena llegada.

Igualmente, debe tenerse en claro que dados los montos de inversión el grupo interesado debe contar con una gruesa espalda financiera. Además de la compra (que rondaría entre los US$ 260 ofertados y los US$ 400 millones buscados por la matriz), se sumaría un mínimo de US$ 506 millones en la puja por el lote de espectro para entrantes, y los gastos posteriores de desarrollo de red y captación de clientes, que llevan la parte del león.

Eso mismo limita la posibilidad de ingreso de un nuevo operador. Dada la importancia de las economías de red y de escala, se trata de un negocio que tiende a una alta concentración a nivel mundial: ya no es habitual encontrar más de tres o cuatro operadores con redes propias. A pesar de la insistencia en road show internacionales, resulta muy difícil la llegada de un operador dispuesto a construir una red desde cero, no sólo por los gastos de subasta y despliegue, sino también por los de adquisición de clientes en un mercado con una penetración superior al 130 % (donde la captación de clientes proviene básicamente de lo que logre quitar a los otros operadores).

Una licitación con condiciones

Un punto central que confirma el pliego es la introducción por primera vez en una licitación de espectro de una serie de obligaciones de cobertura, prestación y calidad de servicios para los adjudicatarios. La incorporación de metas públicas como condiciones de adjudicación es uno de los principales modos en que los gobiernos pueden introducir regulaciones sobre el sector, condicionando a las operadoras a invertir.

El establecimiento de un límite temporal es una novedad: hasta el momento todas las licencias de telecomunicaciones y concesiones de espectro se hacían sin plazo de expiración. Un rasgo inusual a nivel internacional, originado en la intención de valorizar el negocio al momento de la privatización de ENTel. El plazo establecido de 15 años está acorde con la práctica internacional, y aunque reduce la valuación presente de las bandas permite al Estado volver a usufructuarlas.

Las obligaciones de cobertura para las nuevas redes comprenden una serie de etapas destinadas a alcanzar al 98 % de la población en un plazo máximo de cinco años. Y contemplan una de las principales medidas de asistencia para el operador entrante, otorgándole mayores plazos para el despliegue.

Otra importante medida de asistencia es la obligación a los operadores establecidos de brindar roaming nacional a los entrantes, lo que les permite alcanzar cobertura nacional de forma inmediata.

Además, con la intención de reducir los costos, tiempos e impacto visual de los despliegues, se establece la obligación de compartición de infraestructura pasiva (espacios físicos, torres, postes, ductos) para todos los adjudicatarios que así lo requieran.

Luz verde a los operadores móviles virtuales

Una de las principales novedades regulatorias que introduce el pliego es la obligación para todos los adjudicatarios de albergar a los Operadores Móviles Virtuales (OMV). Esto es importante porque a pesar de que los OMV están previstos en la normativa desde el año 2000 se enfrentaron con la negativa de las operadoras a acordar el uso de sus redes, bajo el argumento de que estaban muy cargadas. El Gobierno, que no contaba con herramientas normativas para obligarlas pero que tampoco asignaba nuevo espectro, parecía aceptar la situación.

Se trata de un paso positivo para alentar el ingreso de nuevos operadores, principalmente para las empresas y cooperativas que brindan telefonía fija, TV Paga y/o acceso a Internet en muchas localidades del país, que de este modo podrán complementar con servicios móviles. Se debe remarcar no obstante que el negocio de los OMV es la reventa de servicios, en general con estrategias de nicho, y que al depender de las redes establecidas no suelen dinamizar mucho el mercado: no pueden avanzar sobre la calidad de prestación y sólo en forma limitada sobre las tarifas, aunque sí pueden hacerlo sobre la atención al cliente.

Conclusión

Sin duda es positivo que se decida avanzar en la asignación de nuevo espectro móvil para la prestación de servicios de última tecnología, cuya falta ha colocado a la Argentina en un lugar de rezago a nivel regional: es el único país de América del Sur que no tiene redes 4G activas. No obstante, es muy probable que el nuevo espectro quede en manos de las operadoras establecidas, incluyendo a Nextel, más que alentar el desembarco de jugadores completamente nuevos. Resta esperar que el fortalecimiento del operador más débil, el surgimiento paulatino de operadores virtuales o un renovado enfoque de alguno de los incumbentes deriven en una dinámica más competitiva, aunque eso exigiría que alcancen una participación significativa de mercado para promover un “efecto contagio”.

Por otro lado, se debe remarcar que este avance no cae en el mejor momento: coincide con el agravamiento de la crisis de deuda con los holdouts, lo que encarece el costo de ingresar divisas al país. Esto abre un interrogante sobre la capacidad y/o la voluntad de los interesados para afrontar los pagos de subasta, elevando la posibilidad de que alguno/s de los bloques quede vacante. Ese sería un duro golpe para el gobierno, no sólo por la recaudación, sino también porque ha colocado a la licitación como la estrategia para mejorar la calidad de los servicios, que están muy degradados. En ese caso, es probable que desemboque en un nuevo llamado, con menores precios y/o obligaciones. Pero la coyuntura también puede afectar las inversiones, que requieren de equipamiento importado, lo que podría demorar los nuevos despliegues. El proceso está marcha, la presentación de ofertas debe hacerse dentro del próximo mes, y los resultados se anunciarían a fines de noviembre. Mientras, el reloj sigue corriendo.

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Cristina aumenta la carga de su bomba de tiempo

La presidente explicó su renuencia a “firmar cualquier cosa que me pongan delante” para evitar se prolongue y agrave el nuevo default de deuda en que incurrió nuestro país como un gesto de sacrificada responsabilidad frente a las futuras generaciones, y los futuros gobiernos: según ella, le convendría “firmar cualquier cosa” porque así podría endeudarse y evitarse más problemas con la justicia norteamericana y los financistas internacionales, pero los costos los pagarían los que la sucedan en el poder y los contribuyentes durante años; y en cambio “no firmar”, es decir no ceder,  no le conviene porque la lleva a chocar con esos intereses poderosos, que no tienen reparo en ahogar a la economía argentina justo cuando su gobierno es más débil, porque está haciendo las valijas para dejar el poder, ni dudarán, a coro con los irresponsables y oportunistas que pueblan las filas opositoras, en culpabilizarla personalmente a ella por la situación y sus consecuencias.

La verdad, sin embargo, es exactamente la opuesta: la presidente está complicando adrede el legado que entregará a quien la reemplace en el cargo, y complicando en un sentido más amplio todo el panorama político y económico con que tendrán que lidiar la sociedad, las instituciones y la dirigencia argentinas desde 2016. No lo hace simplemente por ceguera ideológica o por mezquindad, sino por un frío cálculo de costos y beneficios; si todavía existe alguna posibilidad de que su liderazgo sobreviva al final de su mandato es una que depende por un lado de que la situación económica no se siga deteriorando, lo que exige postergar costos y barrer problemas bajo la alfombra, lo que como se sabe viene haciendo desde hace tiempo, pero como eso funciona cada vez menos, depende por sobre todo y en medida creciente de que la situación se complique lo más posible apenas ella deje su cargo, de manera que los malos recuerdos que hayan dejado sus últimos años en él enseguida se diluyan por el peso de otros peores.

Dicho más simplemente: una de las consecuencias de que la transición hacia un nuevo gobierno se haya empiojado terriblemente debido al problema de la deuda externa, contradiciendo la expectativa sintéticamente expresada en su momento por Daniel Scioli, y que por añadidura era y sigue siendo la de la enorme mayoría del país, que “Cristina termine lo mejor posible su mandato”, es que a ella ya no le alcanza con postergar costos, tiene que colaborar a aumentarlos, para asegurarse de que por más mal que termine su gestión eso se olvide pronto bajo el ominoso efecto de un nuevo estallido argentino.

La destrucción de la moneda, el agravamiento de los desequilibrios fiscal y externo y de la distorsión en los precios relativos en la economía, la acumulación de deuda oculta en el sistema previsional y entre distintas agencias del estado, la multiplicación de las regulaciones discrecionales, cada vez más difíciles de remover y racionalizar, igual que la de empleados adictos, de productividad nula o negativa para la administración, la fragmentación de las fuerzas políticas, incluida la oficial, para desactivar cualquier posibilidad de coordinación en contra de las iniciativas presidenciales son todos instrumentos ya largamente conocidos en este ciclo que concluye y que sirven al objetivo de armar la bomba de tiempo que el kirchnerismo dejará como legado. Pero nada de eso es ya suficiente. Así que el gobierno está recurriendo a su inventiva y se dedica, en particular en relación al manejo de la deuda, a sembrar el terreno con minas antipersonales, dispositivos explosivos cuya única finalidad es causar el mayor daño posible a quienes se topen con ellos en el futuro.

El proyecto denominado “de deuda soberana” para cambiar la sede de pago de los bonos tanto reestructurados como holdouts que se rigen por la ley norteamericana es un buen ejemplo de ello. Supuestamente está orientado a escapar al fallo de Griesa y evitar que el default se prolongue y extienda. Pero eso sólo en apariencia. Si asumimos que el gobierno está bien informado y sabe perfectamente que la eficacia que tendrá para seducir a los bonistas será muy limitada, habrá que reconocer que sus funciones esenciales son otras muy distintas. En primer lugar, extender el “impedimento legal” a acordar más allá de la fecha de caducidad de la cláusula RUFO, de manera de poder seguir burlando a Griesa después de enero de 2015. Y en segundo lugar y lo más importante, introducir una suplementaria fuente de confusión y trabas legales a la disputa judicial, de modo de asegurarse que los costos y plazos para arreglar el entuerto se amplíen y se vuelva políticamente muy difícil para los que se decidan a cerrar el tema imponer una solución, cualquiera sea. El próximo gobierno, en concreto, deberá elegir entre seguir desconociendo fallos de la justicia norteamericana o derogar esta ley, para lo cual necesitará reunir una mayoría legislativa con la sola meta de “pagarle a los buitres”, que a esa altura serán seguramente muchos más que ahora.

Algunos análisis de la táctica oficial señalan que este y otros instrumentos, como la misma cláusula RUFO, o la continuidad de la ley cerrojo, consisten en recursos de autoatamiento: el gobierno no quiere pagar, y entonces se limita a sí mismo, tanto frente a su base de apoyo, los peronistas, como a los demandantes, el juez y la sociedad local y la comunidad internacional más en general, como para impedirse pagar. De ese modo fortalecería su capacidad de imponer sus preferencias, porque los demás deberían acomodarse en algún momento al hecho de que no va a ceder, y buscar alguna vía alterna para lograr algo de sus objetivos, por ejemplo los bonistas aceptar cobrar menos o hacerlo en Buenos Aires, la sociedad y los peronistas apoyar la salida que el gobierno propone, y la Justicia norteamericana mirar para otro lado y dejarle pasar su desprecio por el derecho y los procedimientos. Podría incluso compararse en este sentido la ley de “deuda soberana” con la de convertibilidad: el gobierno argentino, recordemos, se prohibió a sí mismo en 1991 volver a devaluar, para convencer a los actores económicos de que no siguieran fugándose al dólar y alimentando la inflación.

Pero si es cierto que el gobierno no ignora la eficacia limitadísima de la ley ahora propuesta tendrá para que los bonistas, Griesa y demás actores externos se acomoden a sus deseos, entonces habrá que reconocer que lo que él quiere atar con esta norma no es su propia y eventual voluntad de ceder a las presiones, y que la ley en cuestión no plantea precisamente una promesa que aspira a vincular al estado argentino, los consensos y compromisos que asume nuestra sociedad y los actores externos, sino todo lo contrario: lo que se propone es atar de pies y manos a todos ellos para que no puedan llegar a un acuerdo y cooperar, ni ahora ni en el futuro próximo. Más que autoatamiento lo que tenemos entonces es, como diría Cristina Kirchner, un fenomenal instrumento de extorsión, que ella se reserva para usar en su beneficio con total irresponsabilidad. El antecedente más parecido a esto no sería entonces la convertibilidad, si no la tablita de Martínez de Hoz: igual que ahora, los gobernantes de entonces sabían que era imposible en 1981 que esa regla funcionara, pero les aseguraba que quienes los sucedieran serían incinerados cuando intentaran desmontarla. Y creyeron que cuando eso sucediera sus ideas promercado serían reivindicadas y ellos mismos entronizados por la sociedad. Como se sabe eso no fue lo que sucedió. Y en verdad no había ninguna chance de que sucediera. Pero para cuando ello se hizo evidente ya era tarde para evitar el daño que el gobierno, en su desesperado esfuerzo por lograr que sus ideas los sobrevivieran, le había hecho al país, a sí mismo y a esas mismas ideas.

-publicado en tn.com.ar el 25/08/2014

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Ley de Abastecimiento: ¿nuevos derechos?

La fórmula que está tratando de utilizar el gobierno para legitimar el curso de radicalización adoptado desde el agravamiento del default es ya bien conocida, pues la ha utilizado infinidad de veces: contra los medios, contra la oposición política y contra empresas extranjeras. En no pocos casos con bastante buen resultado.

Consiste en presentarse como impulsor de “nuevos derechos”, y representante por tanto de los débiles frente a los poderosos, para poder al mismo tiempo polarizar el campo político entre el gobierno popular y una oposición conformada por todo tipo de privilegiados y reaccionarios, y hacerse desde el estado de instrumentos legitimados de disciplinamiento de la sociedad, particularmente legitimados porque se ejercerán como mecanismos de reparación y liberación antes que como lo que son, nuevas y cada vez más amplias formas de sometimiento.

El caso de la ley de medios fue a este respecto fundacional, y sigue siendo el modelo a replicar. Recordemos que se inició con un conflicto con Clarín en que el gobierno asumió el papel de David frente a Goliat, el débil y asediado representante electo de las mayorías que era impugnado y extorsionado por un multimedios abusivo. Ello le sirvió para presentar su proyecto como “la ley de la democracia”, en reemplazo de la “heredada de la dictadura”, en que supuestamente se afirmaban los derechos adquiridos por las empresas de medios hasta entonces, en particular los del multimedios que se había convertido en el enemigo principal del oficialismo. Con lo cual esos derechos adquiridos pasaron automáticamente a ser privilegios ilegítimos, y los derechos verdaderos eran sólo los que resultaban protegidos por la nueva norma. De este modo se obvió el hecho de que la nueva ley se parecía en mucho a la de la dictadura, por el grado de intervencionismo y las oportunidades para ejercer su discrecionalidad que ofrecía a los funcionarios, y lo que en verdad se estaban derogando eran todas las modificaciones que mal o bien se le había ido haciendo a ella desde 1983, es decir el trabajo acumulado hasta entonces por la democracia para ampliar y mejorar los derechos individuales y empresariales para una comunicación libre. La polarización funcionó, además, porque muchos otros actores, incluso en el campo empresario, supusieron que el problema en todo caso recaería en una gran empresa que podría y se merecía arreglárselas sola, o que por más que se debilitara podría seguir cumpliendo su función, así que prefirieron no correr riesgos y acomodarse a la situación creada por la iniciativa oficial, no fuera a ser que también a ellos les tocara ser señalados como reaccionarios defensores de privilegios creados por la dictadura que se resistían a que “se escucharan todas las voces”.

No es casual que unos cuantos hombres de negocios se pregunten en estos días si no fueron por lo menos “tolerantes de más” ante los abusos oficiales. Porque lo que se está intentando con el proyecto de ley de abastecimiento es ir bastante más lejos que nunca antes en este camino de intervencionismo estatal con ropaje democrático, liberador y justiciero. El proyecto en cuestión promete proteger a los trabajadores y consumidores de los abusos empresarios. En un momento en que se extiende el temor a un agravamiento de la crisis en el empleo y el consumo, la iniciativa cumple de partida dos funciones esenciales: nos dice que esos problemas los causan los egoístas y abusivos dueños de las empresas privadas, no la política económica fallida que se viene aplicando, y que el gobierno sabe cómo lidiar con ellos, sólo que necesita más poder de intervención frente a los poderosos para poder aplicar su receta a favor de los débiles. Démosle la oportunidad, y David nos sacará de encima a estos Goliats.

Al plantear así las cosas además el oficialismo apunta a volver a configurar una escena política que viene desde hace meses a la deriva, en los provechosos términos de la oposición entre un gobierno innovador y reparador y una reacción conservadora atada al pasado. Las fuerzas de oposición se verán obligadas a callar o quedar asociadas a las entidades empresarias críticas y a la defensa de intereses en apariencia al menos minoritarios. El sindicalismo verá cómo sus reclamos por la inflación, el impuesto a las ganancias y la pérdida de empleos quedan por lo menos de momento diluidos ante la alternativa entre “nuevos derechos” o “intereses concentrados”, y los periodistas y los economistas que traten de explicar los perjuicios colectivos que resultarían de seguir incrementando el intervencionismo discrecional tendrán más difícil refutar el argumento de que no son más que “empleados de las corporaciones”.

Es seguro de todos modos que una parte importante de la opinión pública seguirá desconfiando del gobierno y señalando sus responsabilidades en la crisis en curso. Pero como en el caso de los holdouts eso no obsta que el gobierno se pueda salir con la suya en mantener viva la llama de la promesa populista. De eso se trata.

publicado en tn.com.ar el 18/8/2014

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Cristina cambió, ¿se equivocó?

Entre enero de este año y los últimos días de julio el gobierno de Cristina intentó el camino del pragmatismo económico. Pagó costos políticos ante sus fieles por hacerlo. E incluso empezó a pagar algunos costos económicos: hace pocos días depositó varios cientos de millones al Club de París. Pero a fin del mes pasado dio un giro abrupto, abandonó ese curso y entró en default. ¿Por qué lo hizo? Y lo que es tal vez más importante, ¿se equivocó al hacerlo o respondió a un cálculo racional y razonable, al menos en relación a sus premisas y objetivos?

El primer factor que operó en favor de este cambio fue, sin duda, el inesperado cachetazo que le dio la Corte Suprema de Estados Unidos, al rechazar su apelación por el fallo de Griesa. Que Cristina y los suyos interpretaron como una operación cuya autoría en última instancia cabía atribuir a la Casa Blanca.

Le siguieron los informes según los cuales la recesión ya se había extendido y difícilmente se revertiría en lo inmediato, por más que se lograra acordar con los holdouts y a continuación tomar algo de crédito externo. Que igual iba a ser bastante caro y escaso.

Pero sobre todo parecen haber influido varios factores políticos. En primer lugar, los problemas judiciales de Boudou y el creciente consenso social respecto al carácter bastante corrupto del kirchnerismo. Algo que es bastante novedoso, aunque resulte difícil explicar por qué lo es para una opinión pública siempre inclinada a creer que los gobernantes son inescrupulosos y aprovechados.

En segundo lugar, y lo que tal vez sea más sintomático y paradójico, influyeron las dificultades de Scioli y Randazzo para crecer en las encuestas. Y, más comprensiblemente, su renuencia a compartir los votos que esperan conseguir con el kirchnerismo puro y duro. Los emisarios que éste envió en los últimos tiempos a sondear cómo pensaban estos dos presidenciables armar sus listas para 2015 no se llevaron respuestas muy gratificante: ambos, Scioli y Randazzo, con variaciones menores entre sí, creen que tienen que mostrar ser promotores de cierta renovación para poder atraerse los votos que necesitan para ser competitivos entre sí y frente a otros aspirantes como Massa y Macri, y eso significa adquirir cierta autonomía del elenco estable oficial, en particular de los camporistas y demás kirchneristas puros; todo lo contrario de lo que necesitan estos, que esos candidatos se conformen con ser la frutilla de un postre que armen con sus exclusivas manos.

Es la combinación de búsqueda de competitividad y dificultades para alcanzarla lo que más complica las cosas. Si Scioli en particular pudiera demostrar que será capaz de atraer más de 25 o 30 puntos en la primera vuelta de las presidenciales, cuando se votará por los legisladores nacionales, seguramente podría el kirchnerismo conformarse con un porcentaje más acotado de las nominaciones; pero eso no sucede, ni tiene visos de que vaya a suceder. Peor aún es la situación en el caso de Randazzo. Así que lo que los K se ven obligados a plantearles es todo o nada: o les dan el monopolio de las listas, o que se arreglen solos y no cuenten con su apoyo.

La combinación de las dificultades económicas y políticas reseñadas parece haber sido, en resumen, la que inclinó la balanza en las tratativas con los holdouts y el facilitador de Griesa en contra de un acuerdo. Y a su vez la opción de la radicalización, una vez abierta, se alimentó a sí misma hasta imponerse.

¿Intervino también la ideología? ¿El antinorteamericanismo y antiliberalismo tan caro a la tradición nacional y popular? Si algo de eso sucedió, a diferencia de lo observado en las tratativas con el Club de París, no fue porque éste parezca más cool y menos imperialista, sino porque se las arregló para darle alguna cabida a las necesidades del relato k: excluyó al FMI sin problema, a cambio claro de que les reconocieran todos los intereses y punitorios. Griesa en cambio no ofreció, porque no podía, más que la defensa estricta de los procedimientos y leyes de su país, y eso implicó no darle ninguna vía de escape al autobombo nacional y popular. Pese a que en términos monetarios sí se ofreció opciones bastante más flexibles y económicas que la del frío cumplimiento de su fallo original.

Pero más allá de estas consideraciones ideológicas y marketineras no parece que la decisión de Cristina se haya fundado en ideas, el relato o la difusa ideología que dice defender. Hubo cálculo, bueno o malo. Y tal vez no tan malo.

Para empezar, en términos económicos tal vez un arreglo a principios de 2015 sea mejor que uno ahora: cuando la economía haya tocado fondo podría ser más efectiva la buena noticia de que el gobierno arregló el entuerto y empieza su último año electoral con algo más de financiamiento a la mano.

En términos políticos, en tanto, es aún más seguro que la apuesta tiene algunas chances de funcionar. No tanto por el ánimo de reivindicación nacionalista que está promoviendo, y que en verdad no importa demasiado a la mayoría de los votantes, aunque puede acomodarse a la forma de ver el mundo de muchos de ellos. Sino sobre todo por las perspectivas que abre para una campaña kirchnerista pura y a la defensiva.

La clave del asunto es que en los cálculos oficiales, con una campaña de ese tipo encabezada por Cristina, no se sacarían muchos menos votos que con las que podrían hacer Scioli, Randazzo o cualquier otro candidato. Porque un gobierno en ejercicio, y más una presidenta medianamente popular, tienen un piso de votos a su favor. Y porque muchos votantes van a sufragar con lógica defensiva, para no perder más de lo que ya están perdiendo de lo conseguido en estos años. Por lo que no habría muchos motivos para compartir esos votos con nadie de afuera del riñón.

Si Cristina cree que levantándole el brazo a cualquiera sacaría más o menos los mismos votos que yendo atrás de Scioli, o de Randazzo, ¿para qué hacerse tanto problema con lo que ellos quieran o necesiten para las listas de legisladores, o reclamen hacer en el gobierno para que no les sea tan difícil llegar a presidente?

Mejor un 30% propio, de fierro, que sirva para renovar todas las bancas que se ponen en juego el año que viene, que son un montón (todas las conseguidas en 2011), y para fidelizarlas lo más posible hacia adelante, que tratar de conseguir, pongamos el caso, 35, incluso 40 %, pero compartido con un montón de facciones peronistas en ninguna de las cuales se puede confiar en lo más mínimo.

El cálculo político puede ser correcto. Ahora, ¿qué sucede si el económico falla y horada la eficacia de la estrategia electoral? ¿Qué sucede si de aquí a enero se produce una crisis social peor que la de los saqueos con que se cerró el año pasado? ¿O si la recesión es tan profunda que no hay nada que alcance a revertirla antes de la elección? Y más importante aún: supongamos que en enero se avanza hacia un rápido arreglo, ¿no se desactivará el conflicto “patria o buitres” y con él toda la ventaja política que ahora se puede haber conseguido? Si ese riesgo existe, ¿no se vuelve entonces más razonable arreglar antes o bien ir a un default más general y prolongado, reestructurar toda la deuda bajo ley de EEUU, por ejemplo, manteniendo abierto el conflicto hasta 2016?

Esto último es lo que creen que Argentina hará en varios bancos internacionales y calificadoras de riesgo. Pero de nuevo: ¿Sería un error o puede funcionar? Los riesgos de que no funcione y haya una crisis seria crecen en este caso, claro, pero no hay que descartar del todo las chances de que el oficialismo, de seguir este camino, se salga con la suya: un default sólo de los bonos con ley de EEUU alentaría a los tenedores de todos los demás, la gran mayoría, a mostrarse moderados y ayudar al gobierno a llegar más o menos en pie a las elecciones; lo mismo considerarán conveniente los empresarios con “riesgo argentino”. El problema principal será, en todo caso, de orden temporal: tal vez en principio parezca que sí puede salir bien la apuesta, y entonces Cristina avance por esa vía, hasta que sea ya tarde para cambiar de plan si empieza a surgir evidencia de que el riesgo era real y el barco enfila directo al acantilado, con una economía en caída libre y un gobierno perforando el piso hasta entonces aparentemente firme de su apoyo social. Todo parecido con la crisis del campo de 2008 sería una perfecta casualidad. Y cerraría con triste simetría el periplo del liderazgo cristinista.

publicado en tn.com.ar el 11/8/2014

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Conferencia Pública de Ben Ross Schneider

Llega a Buenos Aires Ben Ross Schneider, investigador del MIT y el mayor experto en las relaciones entre gobierno y empresarios. Disertará sobre “Democracia y roles empresarios en la Argentina que viene” en una conferencia organizada por el Foro de Convergencia Empresarial en colaboración con el Centro de Investigaciones Políticas.  La invitación es para el jueves 21 de agosto de 9 a 11 hs. en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas – Viamonte 1549, piso 2. Los moderadores serán Miguel Blanco (IDEA), Jaime Campos (AEA) y Marcos Novaro (CIPOL).
                                                   

CONFERENCIA

Democracia y roles empresarios en la Argentina que viene

Las enseñanzas de la experiencia internacional para el cambio necesario

 

Expositor: Profesor Ben Ross Schneider – MIT (EE.UU.) –

Moderadores: Miguel Blanco (IDEA – Coordinador Foro)

                                                                            Jaime Campos (AEA)

                                                                            Marcos Novaro (CIPOL)

 

Jueves 21 de agosto de 2014. De 9 a 11 hrs

Lugar: Viamonte 1549, Piso 2 – C.A.B.A. – Consejo Prof. CC. Económicas

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Kicillof presidente

Hay varias versiones sobre por qué no hubo acuerdo con los holdouts y caímos en default, y todas apuntan a Kicillof. La primera explicación señala que él boicoteó el acuerdo entre privados, impulsado apenas disimuladamente por Fábrega y Capitanich, por la disputa de poder que mantiene con ellos. Cuando en la conferencia de prensa del miércoles 30 a la tarde, momento en que parecía que los banqueros de Adeba iban a poner las garantías de pago que les venían exigiendo sin éxito los demandantes del NML y Aurelius al gobierno, el ministro de Economía sacó a relucir que la ley que en 2010 levantó el cerrojo en verdad lo había hecho a medias y el estado no reconocería ni entonces ni nunca más de 35% del valor de los bonos que Brito y sus pares estaban comprometiéndose a pagar al 100%, éstos se mandaron a guardar y todo voló por los aires. Así, Kicillof habría logrado imponer su condición de única voz oficial en la materia y hombre fuerte del gobierno. En adelante podrá o no facilitar un acuerdo a través de otros canales, como los que vienen ofreciendo desde hace meses el J.P. Morgan, el Citi y otros bancos, pero en cualquier caso dependerá exclusivamente de su voluntad.

La segunda versión llama la atención sobre una inclinación ideológica y política más general del ministro, y su preferencia por una buena pelea antes que un mal acuerdo (categoría en que ubica a casi cualquier arreglo posible). Hace tiempo que Kicillof se convenció, y luego en gran medida convenció a Cristina, de que pagar la sentencia no sólo implicaba riesgo material, por la RUFO, sino sobre todo un gran riesgo simbólico, quedar humillados ante un tribunal extranjero y los peores personeros del capitalismo financiero, con la previsible consecuencia de perder apoyo tanto en el núcleo duro que reclama coherencia doctrinaria, como de votantes del común que quieren un gobierno fuerte que de seguridades. Se convencieron también de que la recesión, aun en caso de cerrar el litigio y conseguir algo de financiamiento, seguiría al menos por el resto del año, así que mantener abierto el conflicto ofrecía la oportunidad de echar la culpa por la mala situación doméstica a los demandantes y a Griesa, y descargar de responsabilidades al propio gobierno. Para Kicillof resultó conveniente entonces asumir una tesitura de máxima, inflexible, apostando a que hubiera o no acuerdo él resultara beneficiado: si los demandantes cedían y esperaban para cobrar él habría ganado la pulseada emulando, al menos a ojos de su jefa y de las bases, al Néstor de la reestructuración de 2005; si también aquéllos se mantenían en sus trece y había default, el ministro estaría llamado a liderar la politización y malvinización del conflicto.

Probablemente lo que sucedió fue una mezcla de ambas cosas, internismo y radicalización, y también puso su granito de arena un tercer factor, la torpeza e improvisación. Si en el Ejecutivo se hubiera valorado a tiempo y en serio la oferta de los bancos locales y extranjeros, se habría podido evitar la chapuza de los últimos días. El optimismo con que el propio Kicillof salió del último encuentro con Pollack, su sorpresa cuando éste afirmó que las negociaciones habían fracasado y la todavía esperanzada alusión a un acuerdo entre privados con que cerró su conferencia de prensa, para una vez consumado el default dedicarse a denostar a Brito como si hubiera estado metiendo las narices por su cuenta y entorpeciendo un plan maestro del gobierno, revelan que su promesa de “tener todo estudiado profundamente” quedó en eso. Si ni siquiera ahora está claro qué pretende el gobierno: ¿quiere prolongar el default hasta enero, o aún más allá, para avanzar con una reestructuración general de pasivos fuera del alcance de los tribunales de EEUU, o acotar lo más posible la cuestión en el tiempo y el número de bonos afectados?

Volviendo al rol de Kicillof, su intervención debió ser decisiva también por otro factor, que tiene relación tanto con la interna oficial como con el proceso de radicalización y “salvación simbólica del modelo”, pero los supera con creces a ambos: la propia carrera política del ministro, a la que hasta aquí no se ha prestado tal vez la suficiente atención.

Seguramente Kicillof percibió en estos días el riesgo que estuvo corriendo su cabeza. Pero como el buen aventurero que es debió estar particularmente atento a las oportunidades que la situación ofrecía para proyectarse como líder hacia el futuro. Oportunidades cuyo aprovechamiento dependía no sólo, e incluso no necesariamente, de salvar el ethos oficial, si no de salvar en particular su protagonismo actual.

Todos los que conocen al ministro desde sus tiempos de líder estudiantil acuerdan en algo: que él siempre ha sido leal a una sola cosa y una sola idea, él mismo y el rol providencial que cree le tiene reservado el destino. De allí que jamás se incorporara a ninguna estructura u organización (ni siquiera es miembro de La Cámpora), y siempre dedicara sus mayores esfuerzos a rodearse de un séquito de obnubilados acólitos. De allí también que se resistiera siempre a pagar cualquier costo político, incluso para defender las políticas oficiales: su renuencia a avalar las cifras del Indec hasta el momento en que asumió como viceministro, a fines de 2011, más que como homenaje a la verdad científica o muestra de espíritu crítico dentro del campo oficial, vista desde hoy (después de comprobar cómo el “nuevo Indec” a su cargo sigue mintiendo, y en algunos casos, como el de la pobreza, lo hace más que antes, y el monolitismo doctrinario se fortaleció en vez de suavizarse desde que él y su gente lograran reemplazar a Moreno y los boudouistas) pueden considerarse indicios elocuentes de ese romántico afán de autonomía y excepcionalidad.

Para un político con estos rasgos e inclinaciones, el estallido de la crisis con los holdouts, que puso el foco de atención de todo el mundo en él, en un contexto signado por la incertidumbre sobre el futuro electoral, por la decisión presidencial de mantener abierta la lista de posibles candidatos para 2015 y con ella la búsqueda de un sucesor a la medida para el proyecto oficial, mientras en el propio frente económico se le acumulaban problemas mucho más difíciles de hacer funcionar como trampolín a la gloria, actuó como un estímulo imposible de resistir para hacer progresar su carrera tomando altos riesgos. Kicillof los corrió y por ahora se puede decir que su juego le está dando frutos, aunque los costos para el país sean considerables, y puedan terminar siendo incluso catastróficos.

En estos días varias organizaciones kirchneristas organizaron, como para completar la semana de la desmesura, un homenaje a Boudou, según ellos para resarcirlo por la “condena mediática” que habría sufrido. Aun en su delirio, es seguro que los promotores del encuentro saben muy bien que el vicepresidente es irrecuperable como figura pública. Por eso varios aprovecharon para adelantar que su candidato preferido ya no es Urribarri, ni será tampoco Randazzo, porque quieren entronizar a Kicillof. La deriva que experimenta el proyecto oficial tal vez sea una buena ocasión, aunque por cierto una tan costosa como penosa, para plantearse una pregunta siempre difícil de responder, y que puede ser vital para moldear nuestro aprendizaje político: ¿quién es más dañino, un oportunista, incluso un ladrón que dice cualquier cosa, hasta locuras, para justificarse, o un fanático que en serio se las cree y actúa en consecuencia?

publicado en perfil.com el 3/7/2014

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