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La “transición tranquila” quedó para otra vez  

Durante varios meses, más precisamente en el período que se abrió con las elecciones legislativas de 2013, se profundizó con la devaluación de enero de este año y se cerró cuando la Corte Suprema norteamericana rechazó la apelación del gobierno argentino por el fallo del juez Griesa, pareció que íbamos a tener una salida tranquila del ciclo kirchnerista. Pero todo eso quedó en agua de borrajas en el último mes y medio.

En esos meses de “transición tranquila” el clima de moderación fue abonado tanto por los movimientos hacia el pragmatismo económico del Ejecutivo como por la tendencia del grueso del peronismo a acompañar las jugadas de Scioli hacia una “continuidad con cambios”, que suponía tenderles puentes de plata a los kirchneristas para que confiaran en una salida sin sobresaltos del poder, con la posibilidad además de continuar ocupando alguna porción del mismo o al menos la de volver a ocuparla más adelante.

Una vez que, con la derrota electoral en las legislativas, quedó del todo claro que el oficialismo no podría evitar un final de ciclo y en el mejor de los casos le esperaba una transición hacia un nuevo gobierno que, pudiendo ser más o menos distante del proyecto y el liderazgo de Cristina, encarnaría necesariamente una cierta discontinuidad, se empezó a abrir en el gobierno un cada vez más amplio abanico de posiciones respecto a cuál sería la alternativa más conveniente, y cuál la que tenía más chance de concretarse: ¿candidato propio para perder dignamente?, ¿candidato afín pero no tanto, como para maximizar el resultado electoral?, ¿listas únicas y controladas por los más fieles en los cargos legislativos y subnacionales, o colaboración con todos los presidenciables para que la dirigencia adicta se distribuyera del mejor modo posible en todas las listasen competencia?, y varias alternativas más. Todas podían ser más o menos compatibles con la idea de la “transición tranquila”, y por eso había tensiones y recelos pero no conflicto. O parecía no haberlo. Pero a medida que pasó el tiempo fue quedando también en claro que, como ninguna de esas opciones prosperaba demasiado en el incómodo escenario de una economía en declive y un gobierno cada vez más acosado por las malas noticias, y con apoyo social y control de la agenda por tanto declinantes, las divisiones internas se agravarían y la capacidad de imponer a la postre una solución que satisficiera sino a todos al menos al mayor número iría disminuyendo más y más.

La transición tranquila, en suma, se fue pareciendo progresivamente, a los ojos de Olivos al menos, a un lento e ineluctable tránsito hacia el aislamiento y la impotencia. Así que, mal o bien, con buen criterio o sin él, la presidente decidió dar un golpe de timón. Haciendo que las apuestas hasta mediados de este año dominantes en el PJ, y que se habían contagiado en el empresariado y los observadores extranjeros, respecto a la moderación oficial y el control mínimo de las tensiones económicas y políticas de aquí a finales de 2015 saltaron por los aires.

El giro emprendido por la presidente puede salir bien o mal, pero en cualquier caso va a perjudicar principalmente a los moderados del oficialismo: si sale bien porque los que se fortalecerán serán sus sectores más duros, que los detestan aún más que los opositores, y si sale mal, porque a éstos ya no les servirán de nada esos frustrados promotores de la conciliación.

Podría considerarse que la culpa de que la tranquilidad no haya prosperado es la terquedad de Griesa, la indiferencia de Obama, el providencialismo de Kicillof o la mala suerte. Pero lo cierto es que desde un principio había pocas chances de alcanzarla. Por lo menos si consideramos como antecedentes válidos todas las ocasiones anteriores en que el kirchnerismo se enfrentó a la opción de pagar costos inmediatos para evitar posibles males mayores en el futuro: en prácticamente todas esas ocasiones él optó por postergar los costos, aunque luego se pudieran agravar. Lo hizo no sólo por comodidad, ceguera ideológica o coyunturalismo. Pesó también la desconfianza en que sus esfuerzos y sacrificios les fueran luego recompensados.

En particular en este caso puede decirse que en la primera mitad del año se volvió evidente que lo que los moderados le pedían a Cristina fue que confiara en algo que ella no podía confiar: que luego de ceder el poder la seguirían respetando, le garantizarían su impunidad, no le robarían los legisladores y funcionarios que hubiera dejado sembrados en los intersticios de la futura elite de poder. Cristina no puede ignorar que, por más que los aspirantes “oficiales” a la sucesión le reconozcan virtudes a su gobierno, le ofrezcan participar en la nueva coalición y le aseguren para todos o la mayor parte de sus fieles, serán los más necesitados de diferenciarse de su legado. Porque para ganar deberán conquistar a los que dudan de su valía. Es por tanto más que nada cálculo, más allá de los caprichos, la petulancia y el delirio del relato, lo que la obliga a radicalizarse, encerrarse en su círculo íntimo, y dar la última batalla por “la idea”.

La “transición tranquila” apuntaba a lograr que al menos una porción de los ciudadanos votara agradecido, y para ello trataba emparchar el barco lo mejor posible, para que se pudiera decir que la herencia era mayormente reivindicable. Pero apostar todo a que “Cristina terminara lo mejor posible”, como sostuvo abiertamente Scioli más de una vez, y una nueva mayoría pudiera dejarse seducir por la fórmula “continuar lo que está bien, cambiar lo que está mal y hacer lo que falta” suponía digerir el kirchnerismo en el horizonte más amplio de los mediocres proyectos que pueblan nuestra historia. No casualmente, esa fórmula se hizo popular con la Alianza, a fines de los años noventa, aunque ahora sus propaladores no quieran acordarse. Y lo que quedó ahora en claro es que el kirchnerismo tiene una imagen de sí mismo demasiado elevada para aceptar tal cosa. Cristina nunca se conformará con que otros le digan qué ha hecho bien, qué hizo mal y qué no hizo. “No permitiremos que vuelvan a ser otros los que escriban la historia” ha dicho y repetido últimamente. De allí que lo que tenemos por delante no se sepa muy bien qué es, pero lo que es seguro es que no tendrá mucho que ver con los planes de Scioli, ni de sus socios del peronismo, el sindicalismo y el empresariado, y que no va a ser para nada tranquilo.

 

 

-publicado en perfil.com el 31/8/2014

Posted in Política, Politica Argentina.


La licitación de espectro 4G: a los conocidos de siempre, con condiciones

El Gobierno dio forma a la licitación de espectro móvil anunciada hace tres meses, dando el puntapié a un proceso largamente demorado que permitirá mejorar la calidad de los servicios móviles. El pliego de bases y condiciones confirma lo que se había anticipado: la imposición de un límite temporal a las asignaciones, exigencias de cobertura y calidad para las redes, y la obligación de compartir infraestructura y alojar a operadores virtuales. Y parece confirmar las implicancias que se venían deslizando: que las operadoras actuales son las principales destinatarias de la subasta, lo que incluye en forma particular a Nextel, que se podrá ver favorecida con un trato especial como entrante (más allá de que hace más de 15 años que brinda servicios móviles en el país).

Se ha estudiado la importancia que tiene el diseño de una licitación en función de los objetivos buscados: las condiciones estipuladas permiten elevar la recaudación o priorizar las obligaciones de los adjudicatarios, alentar el ingreso de nuevos competidores o incentivar el fortalecimiento de los establecidos. La licitación que plantea el Gobierno parece buscar un punto intermedio.

Una subasta por US$ 2.000 millones

Hay un claro objetivo recaudatorio en una licitación que vuelca tanto espectro todo junto al mercado: se trata de la mayor subasta de espectro de la historia, con 180 MHz en dos nuevas bandas para 4G (700 MHz y AWS) y 34 MHz del 3G remanente (que se habían destinado a ArSat en 2012). Como analizamos, es un hecho común en la región que los gobiernos salientes busquen cerrar concesiones o licitaciones de importancia que tienen al alcance: eso les permite no sólo recaudar fondos de uso poco condicionado, sino también intervenir en la conformación del mercado y, en el transcurso, ganarse favores.

Con ese espectro se han conformado cuatro grandes lotes nacionales, indivisibles, que tienen fuertes chances de concitar las ofertas de las operadoras incumbentes, además de un ‘entrante’. A eso se suman otros seis pequeños lotes regionales (AMBA, Norte y Sur) para el espectro 3G remanente, en los que pueden participar tanto las operadoras establecidas como las interesadas en ingresar.

El valor base asignado al espectro, especialmente el de las nuevas bandas, resulta elevado acorde a las comparaciones regionales. Lo que estaría orientado a asegurar una buena recaudación, aún a sabiendas de que no es muy factible una puja por parte de nuevo operadores. Así, el Estado estaría en condiciones de recaudar un mínimo de US$ 1.966 millones, en caso de que ningún lote quede vacante. A eso se suma una ‘Garantía de cumplimiento’ equivalente al 15 % del total ofertado por cada adjudicatario, a ser reintegrada recién cuando se cumplan las obligaciones de cobertura, que tienen un plazo de cinco años.

Las operadoras establecidas y los potenciales entrantes

Es habitual en este tipo de licitaciones que las operadoras establecidas resulten ganadoras exclusivas (salvo que se las diseñe explícitamente para evitarlo, restringiéndoles la participación o estableciendo reservas para los entrantes). Eso sucedió en la última licitación realizada en el país en 1999, pero también en los casos recientes de Brasil, Colombia y Chile. Y se explica por el fuerte interés de las incumbentes en mantener el mercado cerrado, y su capacidad para pagar a ganador en la subasta: al respaldo de la infraestructura ya desarrollada y el flujo de caja vigente suman su conocimiento del contexto y contactos locales.

Esta licitación habilita la participación de las operadoras establecidas. Incluso se ha elevado el tope de espectro vigente, que ya habían alcanzado o estaban cerca de hacerlo. Así, es altamente probable que Movistar, Personal y Claro pujen por los tres grandes lotes nacionales abiertos de espectro 4G, y que se los terminen repartiendo en la subasta.

La licitación también contempla la reserva de un lote específico para “entrantes”, con un total nacional de 60 MHz de espectro. Pero se deben marcar dos salvedades: al tratarse de un bloque indivisible podrá tener un solo adjudicatario; y el pliego habilita a considerar a Nextel como entrante (al no incluir a su sistema de trunking digital entre los servicios que determinan a los operadores como establecidos).

Eso alienta las especulaciones que vienen circulando, que el ‘entrante’ o ‘cuarto operador’ no sería otro que Nextel, que con nuevo espectro podría revalorizar su base de clientes y la estructura ya desarrollada en las principales ciudades del país. La casa matriz NII Holdings, con serios problemas económicos en Estados Unidos, ha anunciado repetidamente su intención de vender la filial local, para lo cual busca un interesado que le garantice las divisas. Y ahí parecen puestos los ojos de quienes quieren ingresar en uno de los negocios más rentables del país en la última década, sólo superado por el bancario. Se comenta incluso que ya hay una opción de compra firmada, pero sin concretar. Como sea, parece claro que el comprador deberá contar con el aval del Gobierno: no sólo tiene que hacerse con divisas para el pago, sino también garantizarse la autorización de la Secretaría de Comunicaciones a la transferencia, y la suerte en la licitación. Eso marcaría la cancha a favor de empresarios con buena llegada.

Igualmente, debe tenerse en claro que dados los montos de inversión el grupo interesado debe contar con una gruesa espalda financiera. Además de la compra (que rondaría entre los US$ 260 ofertados y los US$ 400 millones buscados por la matriz), se sumaría un mínimo de US$ 506 millones en la puja por el lote de espectro para entrantes, y los gastos posteriores de desarrollo de red y captación de clientes, que llevan la parte del león.

Eso mismo limita la posibilidad de ingreso de un nuevo operador. Dada la importancia de las economías de red y de escala, se trata de un negocio que tiende a una alta concentración a nivel mundial: ya no es habitual encontrar más de tres o cuatro operadores con redes propias. A pesar de la insistencia en road show internacionales, resulta muy difícil la llegada de un operador dispuesto a construir una red desde cero, no sólo por los gastos de subasta y despliegue, sino también por los de adquisición de clientes en un mercado con una penetración superior al 130 % (donde la captación de clientes proviene básicamente de lo que logre quitar a los otros operadores).

Una licitación con condiciones

Un punto central que confirma el pliego es la introducción por primera vez en una licitación de espectro de una serie de obligaciones de cobertura, prestación y calidad de servicios para los adjudicatarios. La incorporación de metas públicas como condiciones de adjudicación es uno de los principales modos en que los gobiernos pueden introducir regulaciones sobre el sector, condicionando a las operadoras a invertir.

El establecimiento de un límite temporal es una novedad: hasta el momento todas las licencias de telecomunicaciones y concesiones de espectro se hacían sin plazo de expiración. Un rasgo inusual a nivel internacional, originado en la intención de valorizar el negocio al momento de la privatización de ENTel. El plazo establecido de 15 años está acorde con la práctica internacional, y aunque reduce la valuación presente de las bandas permite al Estado volver a usufructuarlas.

Las obligaciones de cobertura para las nuevas redes comprenden una serie de etapas destinadas a alcanzar al 98 % de la población en un plazo máximo de cinco años. Y contemplan una de las principales medidas de asistencia para el operador entrante, otorgándole mayores plazos para el despliegue.

Otra importante medida de asistencia es la obligación a los operadores establecidos de brindar roaming nacional a los entrantes, lo que les permite alcanzar cobertura nacional de forma inmediata.

Además, con la intención de reducir los costos, tiempos e impacto visual de los despliegues, se establece la obligación de compartición de infraestructura pasiva (espacios físicos, torres, postes, ductos) para todos los adjudicatarios que así lo requieran.

Luz verde a los operadores móviles virtuales

Una de las principales novedades regulatorias que introduce el pliego es la obligación para todos los adjudicatarios de albergar a los Operadores Móviles Virtuales (OMV). Esto es importante porque a pesar de que los OMV están previstos en la normativa desde el año 2000 se enfrentaron con la negativa de las operadoras a acordar el uso de sus redes, bajo el argumento de que estaban muy cargadas. El Gobierno, que no contaba con herramientas normativas para obligarlas pero que tampoco asignaba nuevo espectro, parecía aceptar la situación.

Se trata de un paso positivo para alentar el ingreso de nuevos operadores, principalmente para las empresas y cooperativas que brindan telefonía fija, TV Paga y/o acceso a Internet en muchas localidades del país, que de este modo podrán complementar con servicios móviles. Se debe remarcar no obstante que el negocio de los OMV es la reventa de servicios, en general con estrategias de nicho, y que al depender de las redes establecidas no suelen dinamizar mucho el mercado: no pueden avanzar sobre la calidad de prestación y sólo en forma limitada sobre las tarifas, aunque sí pueden hacerlo sobre la atención al cliente.

Conclusión

Sin duda es positivo que se decida avanzar en la asignación de nuevo espectro móvil para la prestación de servicios de última tecnología, cuya falta ha colocado a la Argentina en un lugar de rezago a nivel regional: es el único país de América del Sur que no tiene redes 4G activas. No obstante, es muy probable que el nuevo espectro quede en manos de las operadoras establecidas, incluyendo a Nextel, más que alentar el desembarco de jugadores completamente nuevos. Resta esperar que el fortalecimiento del operador más débil, el surgimiento paulatino de operadores virtuales o un renovado enfoque de alguno de los incumbentes deriven en una dinámica más competitiva, aunque eso exigiría que alcancen una participación significativa de mercado para promover un “efecto contagio”.

Por otro lado, se debe remarcar que este avance no cae en el mejor momento: coincide con el agravamiento de la crisis de deuda con los holdouts, lo que encarece el costo de ingresar divisas al país. Esto abre un interrogante sobre la capacidad y/o la voluntad de los interesados para afrontar los pagos de subasta, elevando la posibilidad de que alguno/s de los bloques quede vacante. Ese sería un duro golpe para el gobierno, no sólo por la recaudación, sino también porque ha colocado a la licitación como la estrategia para mejorar la calidad de los servicios, que están muy degradados. En ese caso, es probable que desemboque en un nuevo llamado, con menores precios y/o obligaciones. Pero la coyuntura también puede afectar las inversiones, que requieren de equipamiento importado, lo que podría demorar los nuevos despliegues. El proceso está marcha, la presentación de ofertas debe hacerse dentro del próximo mes, y los resultados se anunciarían a fines de noviembre. Mientras, el reloj sigue corriendo.

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Cristina aumenta la carga de su bomba de tiempo

La presidente explicó su renuencia a “firmar cualquier cosa que me pongan delante” para evitar se prolongue y agrave el nuevo default de deuda en que incurrió nuestro país como un gesto de sacrificada responsabilidad frente a las futuras generaciones, y los futuros gobiernos: según ella, le convendría “firmar cualquier cosa” porque así podría endeudarse y evitarse más problemas con la justicia norteamericana y los financistas internacionales, pero los costos los pagarían los que la sucedan en el poder y los contribuyentes durante años; y en cambio “no firmar”, es decir no ceder,  no le conviene porque la lleva a chocar con esos intereses poderosos, que no tienen reparo en ahogar a la economía argentina justo cuando su gobierno es más débil, porque está haciendo las valijas para dejar el poder, ni dudarán, a coro con los irresponsables y oportunistas que pueblan las filas opositoras, en culpabilizarla personalmente a ella por la situación y sus consecuencias.

La verdad, sin embargo, es exactamente la opuesta: la presidente está complicando adrede el legado que entregará a quien la reemplace en el cargo, y complicando en un sentido más amplio todo el panorama político y económico con que tendrán que lidiar la sociedad, las instituciones y la dirigencia argentinas desde 2016. No lo hace simplemente por ceguera ideológica o por mezquindad, sino por un frío cálculo de costos y beneficios; si todavía existe alguna posibilidad de que su liderazgo sobreviva al final de su mandato es una que depende por un lado de que la situación económica no se siga deteriorando, lo que exige postergar costos y barrer problemas bajo la alfombra, lo que como se sabe viene haciendo desde hace tiempo, pero como eso funciona cada vez menos, depende por sobre todo y en medida creciente de que la situación se complique lo más posible apenas ella deje su cargo, de manera que los malos recuerdos que hayan dejado sus últimos años en él enseguida se diluyan por el peso de otros peores.

Dicho más simplemente: una de las consecuencias de que la transición hacia un nuevo gobierno se haya empiojado terriblemente debido al problema de la deuda externa, contradiciendo la expectativa sintéticamente expresada en su momento por Daniel Scioli, y que por añadidura era y sigue siendo la de la enorme mayoría del país, que “Cristina termine lo mejor posible su mandato”, es que a ella ya no le alcanza con postergar costos, tiene que colaborar a aumentarlos, para asegurarse de que por más mal que termine su gestión eso se olvide pronto bajo el ominoso efecto de un nuevo estallido argentino.

La destrucción de la moneda, el agravamiento de los desequilibrios fiscal y externo y de la distorsión en los precios relativos en la economía, la acumulación de deuda oculta en el sistema previsional y entre distintas agencias del estado, la multiplicación de las regulaciones discrecionales, cada vez más difíciles de remover y racionalizar, igual que la de empleados adictos, de productividad nula o negativa para la administración, la fragmentación de las fuerzas políticas, incluida la oficial, para desactivar cualquier posibilidad de coordinación en contra de las iniciativas presidenciales son todos instrumentos ya largamente conocidos en este ciclo que concluye y que sirven al objetivo de armar la bomba de tiempo que el kirchnerismo dejará como legado. Pero nada de eso es ya suficiente. Así que el gobierno está recurriendo a su inventiva y se dedica, en particular en relación al manejo de la deuda, a sembrar el terreno con minas antipersonales, dispositivos explosivos cuya única finalidad es causar el mayor daño posible a quienes se topen con ellos en el futuro.

El proyecto denominado “de deuda soberana” para cambiar la sede de pago de los bonos tanto reestructurados como holdouts que se rigen por la ley norteamericana es un buen ejemplo de ello. Supuestamente está orientado a escapar al fallo de Griesa y evitar que el default se prolongue y extienda. Pero eso sólo en apariencia. Si asumimos que el gobierno está bien informado y sabe perfectamente que la eficacia que tendrá para seducir a los bonistas será muy limitada, habrá que reconocer que sus funciones esenciales son otras muy distintas. En primer lugar, extender el “impedimento legal” a acordar más allá de la fecha de caducidad de la cláusula RUFO, de manera de poder seguir burlando a Griesa después de enero de 2015. Y en segundo lugar y lo más importante, introducir una suplementaria fuente de confusión y trabas legales a la disputa judicial, de modo de asegurarse que los costos y plazos para arreglar el entuerto se amplíen y se vuelva políticamente muy difícil para los que se decidan a cerrar el tema imponer una solución, cualquiera sea. El próximo gobierno, en concreto, deberá elegir entre seguir desconociendo fallos de la justicia norteamericana o derogar esta ley, para lo cual necesitará reunir una mayoría legislativa con la sola meta de “pagarle a los buitres”, que a esa altura serán seguramente muchos más que ahora.

Algunos análisis de la táctica oficial señalan que este y otros instrumentos, como la misma cláusula RUFO, o la continuidad de la ley cerrojo, consisten en recursos de autoatamiento: el gobierno no quiere pagar, y entonces se limita a sí mismo, tanto frente a su base de apoyo, los peronistas, como a los demandantes, el juez y la sociedad local y la comunidad internacional más en general, como para impedirse pagar. De ese modo fortalecería su capacidad de imponer sus preferencias, porque los demás deberían acomodarse en algún momento al hecho de que no va a ceder, y buscar alguna vía alterna para lograr algo de sus objetivos, por ejemplo los bonistas aceptar cobrar menos o hacerlo en Buenos Aires, la sociedad y los peronistas apoyar la salida que el gobierno propone, y la Justicia norteamericana mirar para otro lado y dejarle pasar su desprecio por el derecho y los procedimientos. Podría incluso compararse en este sentido la ley de “deuda soberana” con la de convertibilidad: el gobierno argentino, recordemos, se prohibió a sí mismo en 1991 volver a devaluar, para convencer a los actores económicos de que no siguieran fugándose al dólar y alimentando la inflación.

Pero si es cierto que el gobierno no ignora la eficacia limitadísima de la ley ahora propuesta tendrá para que los bonistas, Griesa y demás actores externos se acomoden a sus deseos, entonces habrá que reconocer que lo que él quiere atar con esta norma no es su propia y eventual voluntad de ceder a las presiones, y que la ley en cuestión no plantea precisamente una promesa que aspira a vincular al estado argentino, los consensos y compromisos que asume nuestra sociedad y los actores externos, sino todo lo contrario: lo que se propone es atar de pies y manos a todos ellos para que no puedan llegar a un acuerdo y cooperar, ni ahora ni en el futuro próximo. Más que autoatamiento lo que tenemos entonces es, como diría Cristina Kirchner, un fenomenal instrumento de extorsión, que ella se reserva para usar en su beneficio con total irresponsabilidad. El antecedente más parecido a esto no sería entonces la convertibilidad, si no la tablita de Martínez de Hoz: igual que ahora, los gobernantes de entonces sabían que era imposible en 1981 que esa regla funcionara, pero les aseguraba que quienes los sucedieran serían incinerados cuando intentaran desmontarla. Y creyeron que cuando eso sucediera sus ideas promercado serían reivindicadas y ellos mismos entronizados por la sociedad. Como se sabe eso no fue lo que sucedió. Y en verdad no había ninguna chance de que sucediera. Pero para cuando ello se hizo evidente ya era tarde para evitar el daño que el gobierno, en su desesperado esfuerzo por lograr que sus ideas los sobrevivieran, le había hecho al país, a sí mismo y a esas mismas ideas.

-publicado en tn.com.ar el 25/08/2014

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Ley de Abastecimiento: ¿nuevos derechos?

La fórmula que está tratando de utilizar el gobierno para legitimar el curso de radicalización adoptado desde el agravamiento del default es ya bien conocida, pues la ha utilizado infinidad de veces: contra los medios, contra la oposición política y contra empresas extranjeras. En no pocos casos con bastante buen resultado.

Consiste en presentarse como impulsor de “nuevos derechos”, y representante por tanto de los débiles frente a los poderosos, para poder al mismo tiempo polarizar el campo político entre el gobierno popular y una oposición conformada por todo tipo de privilegiados y reaccionarios, y hacerse desde el estado de instrumentos legitimados de disciplinamiento de la sociedad, particularmente legitimados porque se ejercerán como mecanismos de reparación y liberación antes que como lo que son, nuevas y cada vez más amplias formas de sometimiento.

El caso de la ley de medios fue a este respecto fundacional, y sigue siendo el modelo a replicar. Recordemos que se inició con un conflicto con Clarín en que el gobierno asumió el papel de David frente a Goliat, el débil y asediado representante electo de las mayorías que era impugnado y extorsionado por un multimedios abusivo. Ello le sirvió para presentar su proyecto como “la ley de la democracia”, en reemplazo de la “heredada de la dictadura”, en que supuestamente se afirmaban los derechos adquiridos por las empresas de medios hasta entonces, en particular los del multimedios que se había convertido en el enemigo principal del oficialismo. Con lo cual esos derechos adquiridos pasaron automáticamente a ser privilegios ilegítimos, y los derechos verdaderos eran sólo los que resultaban protegidos por la nueva norma. De este modo se obvió el hecho de que la nueva ley se parecía en mucho a la de la dictadura, por el grado de intervencionismo y las oportunidades para ejercer su discrecionalidad que ofrecía a los funcionarios, y lo que en verdad se estaban derogando eran todas las modificaciones que mal o bien se le había ido haciendo a ella desde 1983, es decir el trabajo acumulado hasta entonces por la democracia para ampliar y mejorar los derechos individuales y empresariales para una comunicación libre. La polarización funcionó, además, porque muchos otros actores, incluso en el campo empresario, supusieron que el problema en todo caso recaería en una gran empresa que podría y se merecía arreglárselas sola, o que por más que se debilitara podría seguir cumpliendo su función, así que prefirieron no correr riesgos y acomodarse a la situación creada por la iniciativa oficial, no fuera a ser que también a ellos les tocara ser señalados como reaccionarios defensores de privilegios creados por la dictadura que se resistían a que “se escucharan todas las voces”.

No es casual que unos cuantos hombres de negocios se pregunten en estos días si no fueron por lo menos “tolerantes de más” ante los abusos oficiales. Porque lo que se está intentando con el proyecto de ley de abastecimiento es ir bastante más lejos que nunca antes en este camino de intervencionismo estatal con ropaje democrático, liberador y justiciero. El proyecto en cuestión promete proteger a los trabajadores y consumidores de los abusos empresarios. En un momento en que se extiende el temor a un agravamiento de la crisis en el empleo y el consumo, la iniciativa cumple de partida dos funciones esenciales: nos dice que esos problemas los causan los egoístas y abusivos dueños de las empresas privadas, no la política económica fallida que se viene aplicando, y que el gobierno sabe cómo lidiar con ellos, sólo que necesita más poder de intervención frente a los poderosos para poder aplicar su receta a favor de los débiles. Démosle la oportunidad, y David nos sacará de encima a estos Goliats.

Al plantear así las cosas además el oficialismo apunta a volver a configurar una escena política que viene desde hace meses a la deriva, en los provechosos términos de la oposición entre un gobierno innovador y reparador y una reacción conservadora atada al pasado. Las fuerzas de oposición se verán obligadas a callar o quedar asociadas a las entidades empresarias críticas y a la defensa de intereses en apariencia al menos minoritarios. El sindicalismo verá cómo sus reclamos por la inflación, el impuesto a las ganancias y la pérdida de empleos quedan por lo menos de momento diluidos ante la alternativa entre “nuevos derechos” o “intereses concentrados”, y los periodistas y los economistas que traten de explicar los perjuicios colectivos que resultarían de seguir incrementando el intervencionismo discrecional tendrán más difícil refutar el argumento de que no son más que “empleados de las corporaciones”.

Es seguro de todos modos que una parte importante de la opinión pública seguirá desconfiando del gobierno y señalando sus responsabilidades en la crisis en curso. Pero como en el caso de los holdouts eso no obsta que el gobierno se pueda salir con la suya en mantener viva la llama de la promesa populista. De eso se trata.

publicado en tn.com.ar el 18/8/2014

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Cristina cambió, ¿se equivocó?

Entre enero de este año y los últimos días de julio el gobierno de Cristina intentó el camino del pragmatismo económico. Pagó costos políticos ante sus fieles por hacerlo. E incluso empezó a pagar algunos costos económicos: hace pocos días depositó varios cientos de millones al Club de París. Pero a fin del mes pasado dio un giro abrupto, abandonó ese curso y entró en default. ¿Por qué lo hizo? Y lo que es tal vez más importante, ¿se equivocó al hacerlo o respondió a un cálculo racional y razonable, al menos en relación a sus premisas y objetivos?

El primer factor que operó en favor de este cambio fue, sin duda, el inesperado cachetazo que le dio la Corte Suprema de Estados Unidos, al rechazar su apelación por el fallo de Griesa. Que Cristina y los suyos interpretaron como una operación cuya autoría en última instancia cabía atribuir a la Casa Blanca.

Le siguieron los informes según los cuales la recesión ya se había extendido y difícilmente se revertiría en lo inmediato, por más que se lograra acordar con los holdouts y a continuación tomar algo de crédito externo. Que igual iba a ser bastante caro y escaso.

Pero sobre todo parecen haber influido varios factores políticos. En primer lugar, los problemas judiciales de Boudou y el creciente consenso social respecto al carácter bastante corrupto del kirchnerismo. Algo que es bastante novedoso, aunque resulte difícil explicar por qué lo es para una opinión pública siempre inclinada a creer que los gobernantes son inescrupulosos y aprovechados.

En segundo lugar, y lo que tal vez sea más sintomático y paradójico, influyeron las dificultades de Scioli y Randazzo para crecer en las encuestas. Y, más comprensiblemente, su renuencia a compartir los votos que esperan conseguir con el kirchnerismo puro y duro. Los emisarios que éste envió en los últimos tiempos a sondear cómo pensaban estos dos presidenciables armar sus listas para 2015 no se llevaron respuestas muy gratificante: ambos, Scioli y Randazzo, con variaciones menores entre sí, creen que tienen que mostrar ser promotores de cierta renovación para poder atraerse los votos que necesitan para ser competitivos entre sí y frente a otros aspirantes como Massa y Macri, y eso significa adquirir cierta autonomía del elenco estable oficial, en particular de los camporistas y demás kirchneristas puros; todo lo contrario de lo que necesitan estos, que esos candidatos se conformen con ser la frutilla de un postre que armen con sus exclusivas manos.

Es la combinación de búsqueda de competitividad y dificultades para alcanzarla lo que más complica las cosas. Si Scioli en particular pudiera demostrar que será capaz de atraer más de 25 o 30 puntos en la primera vuelta de las presidenciales, cuando se votará por los legisladores nacionales, seguramente podría el kirchnerismo conformarse con un porcentaje más acotado de las nominaciones; pero eso no sucede, ni tiene visos de que vaya a suceder. Peor aún es la situación en el caso de Randazzo. Así que lo que los K se ven obligados a plantearles es todo o nada: o les dan el monopolio de las listas, o que se arreglen solos y no cuenten con su apoyo.

La combinación de las dificultades económicas y políticas reseñadas parece haber sido, en resumen, la que inclinó la balanza en las tratativas con los holdouts y el facilitador de Griesa en contra de un acuerdo. Y a su vez la opción de la radicalización, una vez abierta, se alimentó a sí misma hasta imponerse.

¿Intervino también la ideología? ¿El antinorteamericanismo y antiliberalismo tan caro a la tradición nacional y popular? Si algo de eso sucedió, a diferencia de lo observado en las tratativas con el Club de París, no fue porque éste parezca más cool y menos imperialista, sino porque se las arregló para darle alguna cabida a las necesidades del relato k: excluyó al FMI sin problema, a cambio claro de que les reconocieran todos los intereses y punitorios. Griesa en cambio no ofreció, porque no podía, más que la defensa estricta de los procedimientos y leyes de su país, y eso implicó no darle ninguna vía de escape al autobombo nacional y popular. Pese a que en términos monetarios sí se ofreció opciones bastante más flexibles y económicas que la del frío cumplimiento de su fallo original.

Pero más allá de estas consideraciones ideológicas y marketineras no parece que la decisión de Cristina se haya fundado en ideas, el relato o la difusa ideología que dice defender. Hubo cálculo, bueno o malo. Y tal vez no tan malo.

Para empezar, en términos económicos tal vez un arreglo a principios de 2015 sea mejor que uno ahora: cuando la economía haya tocado fondo podría ser más efectiva la buena noticia de que el gobierno arregló el entuerto y empieza su último año electoral con algo más de financiamiento a la mano.

En términos políticos, en tanto, es aún más seguro que la apuesta tiene algunas chances de funcionar. No tanto por el ánimo de reivindicación nacionalista que está promoviendo, y que en verdad no importa demasiado a la mayoría de los votantes, aunque puede acomodarse a la forma de ver el mundo de muchos de ellos. Sino sobre todo por las perspectivas que abre para una campaña kirchnerista pura y a la defensiva.

La clave del asunto es que en los cálculos oficiales, con una campaña de ese tipo encabezada por Cristina, no se sacarían muchos menos votos que con las que podrían hacer Scioli, Randazzo o cualquier otro candidato. Porque un gobierno en ejercicio, y más una presidenta medianamente popular, tienen un piso de votos a su favor. Y porque muchos votantes van a sufragar con lógica defensiva, para no perder más de lo que ya están perdiendo de lo conseguido en estos años. Por lo que no habría muchos motivos para compartir esos votos con nadie de afuera del riñón.

Si Cristina cree que levantándole el brazo a cualquiera sacaría más o menos los mismos votos que yendo atrás de Scioli, o de Randazzo, ¿para qué hacerse tanto problema con lo que ellos quieran o necesiten para las listas de legisladores, o reclamen hacer en el gobierno para que no les sea tan difícil llegar a presidente?

Mejor un 30% propio, de fierro, que sirva para renovar todas las bancas que se ponen en juego el año que viene, que son un montón (todas las conseguidas en 2011), y para fidelizarlas lo más posible hacia adelante, que tratar de conseguir, pongamos el caso, 35, incluso 40 %, pero compartido con un montón de facciones peronistas en ninguna de las cuales se puede confiar en lo más mínimo.

El cálculo político puede ser correcto. Ahora, ¿qué sucede si el económico falla y horada la eficacia de la estrategia electoral? ¿Qué sucede si de aquí a enero se produce una crisis social peor que la de los saqueos con que se cerró el año pasado? ¿O si la recesión es tan profunda que no hay nada que alcance a revertirla antes de la elección? Y más importante aún: supongamos que en enero se avanza hacia un rápido arreglo, ¿no se desactivará el conflicto “patria o buitres” y con él toda la ventaja política que ahora se puede haber conseguido? Si ese riesgo existe, ¿no se vuelve entonces más razonable arreglar antes o bien ir a un default más general y prolongado, reestructurar toda la deuda bajo ley de EEUU, por ejemplo, manteniendo abierto el conflicto hasta 2016?

Esto último es lo que creen que Argentina hará en varios bancos internacionales y calificadoras de riesgo. Pero de nuevo: ¿Sería un error o puede funcionar? Los riesgos de que no funcione y haya una crisis seria crecen en este caso, claro, pero no hay que descartar del todo las chances de que el oficialismo, de seguir este camino, se salga con la suya: un default sólo de los bonos con ley de EEUU alentaría a los tenedores de todos los demás, la gran mayoría, a mostrarse moderados y ayudar al gobierno a llegar más o menos en pie a las elecciones; lo mismo considerarán conveniente los empresarios con “riesgo argentino”. El problema principal será, en todo caso, de orden temporal: tal vez en principio parezca que sí puede salir bien la apuesta, y entonces Cristina avance por esa vía, hasta que sea ya tarde para cambiar de plan si empieza a surgir evidencia de que el riesgo era real y el barco enfila directo al acantilado, con una economía en caída libre y un gobierno perforando el piso hasta entonces aparentemente firme de su apoyo social. Todo parecido con la crisis del campo de 2008 sería una perfecta casualidad. Y cerraría con triste simetría el periplo del liderazgo cristinista.

publicado en tn.com.ar el 11/8/2014

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Conferencia Pública de Ben Ross Schneider

Llega a Buenos Aires Ben Ross Schneider, investigador del MIT y el mayor experto en las relaciones entre gobierno y empresarios. Disertará sobre “Democracia y roles empresarios en la Argentina que viene” en una conferencia organizada por el Foro de Convergencia Empresarial en colaboración con el Centro de Investigaciones Políticas.  La invitación es para el jueves 21 de agosto de 9 a 11 hs. en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas – Viamonte 1549, piso 2. Los moderadores serán Miguel Blanco (IDEA), Jaime Campos (AEA) y Marcos Novaro (CIPOL).
                                                   

CONFERENCIA

Democracia y roles empresarios en la Argentina que viene

Las enseñanzas de la experiencia internacional para el cambio necesario

 

Expositor: Profesor Ben Ross Schneider – MIT (EE.UU.) –

Moderadores: Miguel Blanco (IDEA – Coordinador Foro)

                                                                            Jaime Campos (AEA)

                                                                            Marcos Novaro (CIPOL)

 

Jueves 21 de agosto de 2014. De 9 a 11 hrs

Lugar: Viamonte 1549, Piso 2 – C.A.B.A. – Consejo Prof. CC. Económicas

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Kicillof presidente

Hay varias versiones sobre por qué no hubo acuerdo con los holdouts y caímos en default, y todas apuntan a Kicillof. La primera explicación señala que él boicoteó el acuerdo entre privados, impulsado apenas disimuladamente por Fábrega y Capitanich, por la disputa de poder que mantiene con ellos. Cuando en la conferencia de prensa del miércoles 30 a la tarde, momento en que parecía que los banqueros de Adeba iban a poner las garantías de pago que les venían exigiendo sin éxito los demandantes del NML y Aurelius al gobierno, el ministro de Economía sacó a relucir que la ley que en 2010 levantó el cerrojo en verdad lo había hecho a medias y el estado no reconocería ni entonces ni nunca más de 35% del valor de los bonos que Brito y sus pares estaban comprometiéndose a pagar al 100%, éstos se mandaron a guardar y todo voló por los aires. Así, Kicillof habría logrado imponer su condición de única voz oficial en la materia y hombre fuerte del gobierno. En adelante podrá o no facilitar un acuerdo a través de otros canales, como los que vienen ofreciendo desde hace meses el J.P. Morgan, el Citi y otros bancos, pero en cualquier caso dependerá exclusivamente de su voluntad.

La segunda versión llama la atención sobre una inclinación ideológica y política más general del ministro, y su preferencia por una buena pelea antes que un mal acuerdo (categoría en que ubica a casi cualquier arreglo posible). Hace tiempo que Kicillof se convenció, y luego en gran medida convenció a Cristina, de que pagar la sentencia no sólo implicaba riesgo material, por la RUFO, sino sobre todo un gran riesgo simbólico, quedar humillados ante un tribunal extranjero y los peores personeros del capitalismo financiero, con la previsible consecuencia de perder apoyo tanto en el núcleo duro que reclama coherencia doctrinaria, como de votantes del común que quieren un gobierno fuerte que de seguridades. Se convencieron también de que la recesión, aun en caso de cerrar el litigio y conseguir algo de financiamiento, seguiría al menos por el resto del año, así que mantener abierto el conflicto ofrecía la oportunidad de echar la culpa por la mala situación doméstica a los demandantes y a Griesa, y descargar de responsabilidades al propio gobierno. Para Kicillof resultó conveniente entonces asumir una tesitura de máxima, inflexible, apostando a que hubiera o no acuerdo él resultara beneficiado: si los demandantes cedían y esperaban para cobrar él habría ganado la pulseada emulando, al menos a ojos de su jefa y de las bases, al Néstor de la reestructuración de 2005; si también aquéllos se mantenían en sus trece y había default, el ministro estaría llamado a liderar la politización y malvinización del conflicto.

Probablemente lo que sucedió fue una mezcla de ambas cosas, internismo y radicalización, y también puso su granito de arena un tercer factor, la torpeza e improvisación. Si en el Ejecutivo se hubiera valorado a tiempo y en serio la oferta de los bancos locales y extranjeros, se habría podido evitar la chapuza de los últimos días. El optimismo con que el propio Kicillof salió del último encuentro con Pollack, su sorpresa cuando éste afirmó que las negociaciones habían fracasado y la todavía esperanzada alusión a un acuerdo entre privados con que cerró su conferencia de prensa, para una vez consumado el default dedicarse a denostar a Brito como si hubiera estado metiendo las narices por su cuenta y entorpeciendo un plan maestro del gobierno, revelan que su promesa de “tener todo estudiado profundamente” quedó en eso. Si ni siquiera ahora está claro qué pretende el gobierno: ¿quiere prolongar el default hasta enero, o aún más allá, para avanzar con una reestructuración general de pasivos fuera del alcance de los tribunales de EEUU, o acotar lo más posible la cuestión en el tiempo y el número de bonos afectados?

Volviendo al rol de Kicillof, su intervención debió ser decisiva también por otro factor, que tiene relación tanto con la interna oficial como con el proceso de radicalización y “salvación simbólica del modelo”, pero los supera con creces a ambos: la propia carrera política del ministro, a la que hasta aquí no se ha prestado tal vez la suficiente atención.

Seguramente Kicillof percibió en estos días el riesgo que estuvo corriendo su cabeza. Pero como el buen aventurero que es debió estar particularmente atento a las oportunidades que la situación ofrecía para proyectarse como líder hacia el futuro. Oportunidades cuyo aprovechamiento dependía no sólo, e incluso no necesariamente, de salvar el ethos oficial, si no de salvar en particular su protagonismo actual.

Todos los que conocen al ministro desde sus tiempos de líder estudiantil acuerdan en algo: que él siempre ha sido leal a una sola cosa y una sola idea, él mismo y el rol providencial que cree le tiene reservado el destino. De allí que jamás se incorporara a ninguna estructura u organización (ni siquiera es miembro de La Cámpora), y siempre dedicara sus mayores esfuerzos a rodearse de un séquito de obnubilados acólitos. De allí también que se resistiera siempre a pagar cualquier costo político, incluso para defender las políticas oficiales: su renuencia a avalar las cifras del Indec hasta el momento en que asumió como viceministro, a fines de 2011, más que como homenaje a la verdad científica o muestra de espíritu crítico dentro del campo oficial, vista desde hoy (después de comprobar cómo el “nuevo Indec” a su cargo sigue mintiendo, y en algunos casos, como el de la pobreza, lo hace más que antes, y el monolitismo doctrinario se fortaleció en vez de suavizarse desde que él y su gente lograran reemplazar a Moreno y los boudouistas) pueden considerarse indicios elocuentes de ese romántico afán de autonomía y excepcionalidad.

Para un político con estos rasgos e inclinaciones, el estallido de la crisis con los holdouts, que puso el foco de atención de todo el mundo en él, en un contexto signado por la incertidumbre sobre el futuro electoral, por la decisión presidencial de mantener abierta la lista de posibles candidatos para 2015 y con ella la búsqueda de un sucesor a la medida para el proyecto oficial, mientras en el propio frente económico se le acumulaban problemas mucho más difíciles de hacer funcionar como trampolín a la gloria, actuó como un estímulo imposible de resistir para hacer progresar su carrera tomando altos riesgos. Kicillof los corrió y por ahora se puede decir que su juego le está dando frutos, aunque los costos para el país sean considerables, y puedan terminar siendo incluso catastróficos.

En estos días varias organizaciones kirchneristas organizaron, como para completar la semana de la desmesura, un homenaje a Boudou, según ellos para resarcirlo por la “condena mediática” que habría sufrido. Aun en su delirio, es seguro que los promotores del encuentro saben muy bien que el vicepresidente es irrecuperable como figura pública. Por eso varios aprovecharon para adelantar que su candidato preferido ya no es Urribarri, ni será tampoco Randazzo, porque quieren entronizar a Kicillof. La deriva que experimenta el proyecto oficial tal vez sea una buena ocasión, aunque por cierto una tan costosa como penosa, para plantearse una pregunta siempre difícil de responder, y que puede ser vital para moldear nuestro aprendizaje político: ¿quién es más dañino, un oportunista, incluso un ladrón que dice cualquier cosa, hasta locuras, para justificarse, o un fanático que en serio se las cree y actúa en consecuencia?

publicado en perfil.com el 3/7/2014

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Nuevo Libro: Peronismo y Democracia. Historia y perspectivas de una relación compleja. (Edhasa, 2014)

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A siete décadas de la aparición de Juan Domingo Perón en la política argentina y cuatro de su muerte, el peronismo sigue estando en el centro de la escena y de los debates nacionales. No es el mismo movimiento de aquel entonces, y podría decirse que no hay década, y a veces lustro, en que no haya mutado de orientación ideológica, programa y aliados. Esa voraz capacidad de adaptación a la coyuntura es una muestra irrefutable de pragmatismo, y a la vez y sobre todo es una declaración de principios. Cada líder peronista ha tenido claro al menos dos cosas: cómo conquistar el poder y, más importante, cómo permanecer en él el mayor tiempo posible.

Naturalmente, nada de esto se puede lograr de espaldas a la sociedad. Desde su origen hasta hoy el peronismo ha sabido cómo ganar elecciones, cómo hacerse de la bandera de los beneficios sociales y mantener, aún con grandes cambios, una interlocución privilegiada con los trabajadores y los sectores populares, a quienes consagró derechos que eran improbables hasta su surgimiento. En esta fórmula a la vez perenne y fantásticamente mutable ¿qué lugar ocupa la democracia como forma de gobierno y como marco de convivencia social? ¿Para el peronismo la república es un escollo, un sistema de reglas pasible de ser adaptado a las propias, o una tradición que se puede aceptar o vulnerar según las circunstancias? ¿Cómo han convivido la ambición de continuismo y el ejercicio desbordante de la voluntad de poder con las leyes e instituciones diseñadas para evitarlos? En definitiva, ¿cómo han convivido y pueden convivir el peronismo y la democracia?

En este libro, compilado y dirigido por Marcos Novaro, los excelentes trabajos de Samuel Amaral, Nicolás Cherny, Edward L. Gibson, Vicente Palermo, Luis Alberto Romero, Kurt Weyland y Loris Zanatta analizan el peronismo desde sus comienzos hasta su última expresión, el kirchnerismo. Sus tendencias populistas; su pendular entre la izquierda y la derecha, que más de una vez se resolvió de manera sangrienta; sus tensiones con el gran capital y el neoliberalismo de los gobiernos de Carlos Menem; su peculiar modo de interpretar la legalidad y el pluralismo democráticos y su manera de ensanchar los límites del accionar político. Peronismo y democracia es un mapa riguroso y crítico de un modo de concebir el poder y sus límites.

Bajar Indice e Introducción haciendo clic aqui.

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El costo de gobernar sólo con palabras

En sus buenos tiempos los gobiernos kirchhneristas supieron hacer dos cosas que se realimentaban entre sí: darle nombre a los acontecimientos y hacer que fueran en la dirección de sus intereses. En ese entonces, los holdouts ya eran “buitres” y se los podía dejar fuera de las cuentas de deuda pública, como si no existieran, no contaran y no fuera a ser necesario jamás llegar a un acuerdo con ellos. Ahora que no logran lo segundo, porque la realidad impone límites crecientes a su voluntad, nuestros funcionarios sobredimensionan el rol de las palabras, tratan de gobernar sólo con ellas. Pero por más que inventan expresiones pretendidamente ocurrentes, como el “Griesafault”, no pueden evitar que el mundo se muestre cada vez más inmanejable y haga oídos sordos a su aspiración de que lo que no se les somete “no existe”.

Hacen acordar, salvando las distancias, claro, al tirano que creyó haber tenido una gran ocurrencia cuando sostuvo, ante la prensa internacional, que “los desaparecidos no está ni vivos ni muertos, son una entelequia, no existen”. También él creyó estar en la cúspide de su poder y ser capaz de moldear la realidad con sus palabras. Cuando en verdad lo que hacía era cavarse su propia tumba y arrastrar al país al desastre.

Las diferencias entre las dos situaciones son lo más importante a destacar. Para empezar, porque el gobierno actual no sólo hace tiempo está resignado a que los litigantes “existen”, sino que ha hecho más de lo que le podían pedir, incluso más de lo que podían imaginar, para favorecerlos.

Las razones de ello son múltiples pero hay una que merece ser subrayada: Cristina y su círculo siempre valoraron los bienes simbólicos mucho más que los materiales (tal vez porque siempre se dedicaron a gastar los que otros recolectaban y acumulaban, considerando como buenos intelectuales que esto último era indigno de su valiosísima atención), y encararon en particular la fase actual de despedida como una situación en que el valor de conservar bienes simbólicos iba en aumento a medida que crecían las amenazas sobre ellos impuestas por la gestión de la economía. En esa situación, el conflicto con los holdouts supuso a la vez un riesgo y una oportunidad: era un riesgo porque casi cualquier acuerdo suponía no sólo costos materiales sino sobre todo otros simbólicos alarmantes, pero era una oportunidad por ser éstos los enemigos ideales para mantener en pie, a pesar del declive y la cuenta regresiva iniciada, el ethos oficial.

Por eso es que resulta tal vez imposible decidir si los negociadores oficiales actuaron o no racionalmente. Si nos ponemos en sus zapatos y consideramos el valor de mantener abierto el conflicto el mayor tiempo posible, la posibilidad de achacarle a los opositores ser “funcionales a los buitres” y de responsabilizar a éstos por todos los problemas que enfrenta y enfrentará la economía de aquí en más, ¿qué importa que haya que pagar en algún momento algunos cientos o miles de millones de más?, ¿o que se extravíe la posibilidad de conseguir un financiamiento que igual iba a ser más caro que el que se podrá manotear ahora de algún recurso patriótico de emergencia si el default se prolonga?

Cabe preguntarse, de todos modos, porqué se actuó, tan sólo unas semanas atrás, en forma tan distinta frente al Club de París. Influyó seguramente que en ese caso fue posible un acuerdo que preservara bienes simbólicos esenciales: si hubiera intervenido el FMI seguramente nos habríamos ahorrado parte de los punitorios, algo más de 3000 millones, que nuestro gobierno reconoció a los acreedores a cambio precisamente de dejar afuera a ese organismo, para evitarse problemas de marketing. La principal dificultad que enfrentaron Griesa y Pollack, puede concluirse, fue que no ofrecieron nada parecido.

Y otra cosa más: es cierto que recién ahora se advierten los enormes costos materiales de mantener los símbolos k, pero esos costos no son de ahora, vienen desde su mismo origen, sólo que la abundancia de recursos los disimulaba. Consideremos si no el punto de partida de los actuales problemas con los holdouts, la renegociación de deuda de 2005. Néstor Kirchner estaba obsesionado en ese entonces con que la tasa nominal de quita fuera mayor a todas las impuestas en anteriores canjes, argentinos y del mundo, para dejar sentado que él y su estilo eran geniales, la mejor forma de defender los intereses nacionales. Fue para evitar que los bonistas rechazaran esa quita que se recurrió a expedientes que entonces no parecieron problemáticos, pero a la larga probarían serlo: la ley cerrojo que impedía nuevas ofertas (y justificó que el gobierno pretendiera luego que los holdouts no existían y los ignorara hasta hoy), la cláusula RUFO (que nadie impuso, el propio gobierno inventó) para dar garantías a los que ingresaran de que nadie conseguiría mejor trato, y los famosos bonos atados al crecimiento, que pagarían un premio muy jugoso año a año, que a la larga más que compensaría la quita.

Hay de todos modos una diferencia importante entre aquella situación y la actual: en 2005 el kirchnerismo igual generó confianza y atrajo inversiones; que siguieron llegando hasta que Kirchner echó a Lavagna, intervino el Indec y consumió el superávit fiscal. En tanto del default de estos días no puede resultar nada bueno. Es apenas el penoso corolario de una historia mal parida y peor digerida.

 

publicado en La Nacion el 3/08/2014

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El default, un arma, una excusa, una trampa

Después de haber incurrido en el default soberano más grande y festejado de la historia, a fines de 2001, estamos cerca de caer en otro, el más ridículo e innecesario: si Argentina no paga a fin de mes romperíamos nuestros compromisos con el mundo una vez más, y no porque no podamos pagar, ni porque algunos acreedores y un juez estén empecinados en “hacernos fracasar”, sino porque ya nuestro gobierno fracasó en sus objetivos más básicos, y para disfrazar ese fracaso no encontró nada mejor que armar una descomunal batahola judicial e internacional.

Tanto tiempo reclamando que el gobierno tuviera alguna vez un plan B para cuando sus primeras preferencias no se pudieran lograr, ahora no habría que quejarse: finalmente lo tiene, y se llama “default selectivo”, “táctico”, “técnico”, o “default impuesto por el juez”, como le gustaría a la presidente que se lo conociera de ahora en más.

Pero ojo: por ahora este “default impuesto” es el plan B, se recurrirá a él si no se logra el plan A, un “acuerdo conveniente”. Que viene a ser uno que reúna las siguientes condiciones: suficientes garantías de que los demás holdouts, los que no tienen todavía fallos firmes a su favor, no los consigan rápidamente, seguridad de que los bonistas reestructurados no podrán reclamar por la cláusula RUFO, y que se pague en bonos y con plazos, es decir, que no produzca una pérdida mayor de divisas antes de fines de 2015.

Como estas exigencias son difíciles de satisfacer, por las muy desfavorables condiciones en que Argentina quedó colocada al perder su caso en todas las instancias judiciales, el default es una posibilidad bastante cercana. Más todavía: dado que la negociación se plantea del lado argentino en estos términos tan exigentes y desproporcionados a sus recursos, y con la amenaza bien clara de patear la mesa si el otro lado no cede en todo lo que se reclama, bien puede suceder que de plan B pronto el default pase a ser el plan A, o que al menos así lo perciba la otra parte, y se resista a entrar en un juego de presiones del que no crea poder sacar nada bueno.

Veamos lo que sucede, en estos términos, con el pedido de una nueva suspensión del fallo: entre las garantías que exigen los funcionarios argentinos está la de que los demandantes, es decir los que llaman buitres malvados e insensibles, intercedan ante el juez Griesa, otro malvado según las autoridades locales, para que reponga la cautelar hasta que se ejecute el pago de los vencimientos de este mes de los bonos reestructurados; así habría dos meses más, hasta septiembre, cuando se vence un nuevo pago, para seguir negociando el modo en que se ejecutaría el fallo; pero es bastante probable que dado el tenor de los planteos del gobierno kirchnerista, los demandantes teman que si colaboran para lograr esa suspensión, en septiembre volverán a estar en la misma situación de hoy, y así hasta diciembre o por aun más tiempo; ¿y entonces cuándo cobrarían?

Como vemos, ni los instrumentos de presión que ha elegido ni sus antecedentes como incumplidor de sus compromisos ayudan al gobierno argentino en la negociación. Tampoco lo hacen la coyuntura económica que atraviesa el país y su acotado margen de acción en el plano internacional. Dos pronósticos sobre las perspectivas económicas para los próximos meses, uno sobre el escaso aporte de los mercados y los organismos que se perdería en caso de default, y uno opuesto sobre la posibilidad de conservar en cualquier caso aportes alternativos ganaron gravitación en los últimos días en el ánimo con que el vértice del gobierno viene considerando la opción de patear el tablero.

En primer lugar, pesa el escepticismo respecto a la posibilidad de lograr un repunte de la economía en el segundo semestre o a comienzos de 2015. Hasta el mes pasado, esa posibilidad era el norte de las decisiones de política económica, incluidas las orientadas a normalizar las relaciones con el mundo financiero y los organismos internacionales (nuevo índice de inflación, pagos al Ciadi, Repsol y Club de París). Pero tras la negativa de la Corte Suprema norteamericana a intervenir en el caso resuelto por Griesa, y en parte por el propio impacto que tuvo esa decisión, se fortaleció el pronóstico de una recesión más prolongada, que ya estaba siendo alimentado por malas nuevas provenientes de la industria, en particular el sector automotriz, la construcción y los indicadores de consumo. Los funcionarios argentinos ahora se preguntan: si la crisis va a seguir, ¿para qué hacer tanto esfuerzo en arreglar el frente externo, que nos exige tamaños costos y nos garantiza poco?

En el mismo sentido influyeron las evaluaciones realizadas por buena parte de los economistas locales, incluso algunos muy críticos del curso oficial, en cuanto a que un eventual default tendría un impacto negativo moderado en la actividad económica, de entre 1 y 2 puntos del PBI. Y que este impacto podría ser además rápidamente compensado si se procediera a una renegociación global y rápida de los pasivos involucrados. Y un efecto semejante parece tener la expectativa de que los aportes chinos más las inversiones que podrían captar YPF, la red 4G y algunas otras iniciativas alcanzarían para construir el puente de plata que hace falta para transitar el período de default. Dichos aportes reemplazarían los recursos que hasta hace poco se aspiraba a obtener vía emisión de bonos en caso de un arreglo con los holdouts, y que tampoco está claro que vayan a ser ni abultados, ni rápidos, ni baratos.

Es en este marco que fue ganando adeptos en el Ejecutivo la tesis del “default táctico”. Que sería políticamente útil, ante todo, como excusa y explicación de una crisis ya desatada, que no tiene visos de terminar pronto y que a medida que avanza el año se siente más y más en el empleo, el consumo popular y en general en el ánimo colectivo. Defaultear permitiría atribuir la responsabilidad por todo ello a la intervención de actores externos enfrentados al gobierno nacional, descargando de toda culpa a éste. Si además hacerlo no provocara una caída suplementaria muy sensible de la actividad, y diera paso a una renegociación rápida, el gobierno cree que podría iniciar el año electoral con nuevas perspectivas económicas y un renovado crédito de la opinión pública a su proyecto y concepción de los problemas domésticos y externos que se enfrentan.

Todo esto suena, de todos modos y por suerte, bastante difícil de consensuar y hacer realidad. Pero ojo, hay que entender la perspectiva con que lo consideran los actores gubernamentales: ¿les queda alguna otra opción que no los obligue a bajar la cabeza y reconocer que metieron la pata hasta el fondo?

 publicado en tn.com.ar el 21/07/2014

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