Como al gobierno nacional le venían reclamando que no exploraba lo suficiente las posibilidades de acuerdo con la oposición, entre muchos otros reproches recibidos en estos días, varios de ellos más fundamentados que ese, a sus capitostes se les ocurrió la idea de llamar a un “gran acuerdo nacional”.

En principio, a los deseosos de replicar el Pacto de la Moncloa la novedad debió sonarles como música celestial. Pero enseguida se desayunaron que el “nuevo GAN” (el original data de 1972) consistía simplemente en negociar el presupuesto del año que viene con la oposición legislativa y los gobernadores “para que compartan el esfuerzo de reducir el déficit fiscal”. Así que el entusiasmo es probable que se evaporara bien pronto.

Los que no mostraron ni un ápice de entusiasmo desde el principio fueron además los que más cuentan en este asunto, los destinatarios directos de la invitación. ¿Qué esperaban? ¿Gobernadores y legisladores peronistas van a estar deseosos de compartir esfuerzos y sacrificios, y sobre todo malas noticias para sus votantes, con quienes tendrán que enfrentar pocos meses después en las urnas y sueñan con dejarlos sin trabajo? Ni modo.

La desproporción entre el glamour del título y lo pedestre del contenido que se le pretende dar a la negociación presupuestaria deja en evidencia la urgente necesidad que muchos funcionarios sienten de hacerle un refreshing al marketing oficial. Que en el apuro se ve algunos de ellos creen puede despacharse con un par de ocurrencias. Mala idea: esta al menos no parece llamada a perdurar, ni ha conmovido el ánimo del público; tal vez porque igual que sucedió con su predecesor del mismo nombre, se olfatea que tiene pocas chances de fructificar.

Pero el tono épico de la convocatoria tiene que ver también con la necesidad de disimular que a lo que se invita a la oposición, y también a la sociedad, es ni más ni menos que a revisar acuerdos que sí se lograron firmar, hace pocos meses, bajo el influjo del “exceso de optimismo” que ahora finalmente el presidente admite lo llevó a errar, y prometer y repartir más de lo que era conveniente.

Sucede que el nuevo GAN no consiste en otra cosa que en borrar con el codo lo que se escribió con la mano en el pacto fiscal de fines del año pasado. Por el cual el gobierno nacional se comprometió a aumentar la coparticipación y devolver sumas millonarias que le reclamaban judicialmente muchas provincias, a cambio de promesas de reducción de impuestos que no se cumplieron. Más bien los impuestos provinciales fueron en la dirección opuesta. Por eso los gobernadores hoy pueden decir que el déficit es un problema exclusivo de la nación: sólo dos distritos tienen desequilibrio, casi ninguno está tomando deuda y el año que viene tampoco planeaban hacerlo. Esos mandatarios provinciales, ¿no pueden acaso presentarse como los más atentos a las necesidades sociales y al mismo tiempo como los mejores alumnos del FMI? No sería la primera vez que lo hagan y no hay que descartar que les de resultado.

Conclusión: fue una mala idea entregar plata contante y sonante a cambio de promesas en noviembre del año pasado. Puede que el equipo de Macri haya pensado entonces que de ese modo generaba certidumbre, y aseguraba su reelección. Pero lo que hoy se ve es que aseguró la de los gobernadores, la mayoría de ellos ubicados en la vereda de enfrente, y tal vez, si las cosas salen mal, hasta puso en riesgo su propio futuro y el de su coalición: ¿a lo más que puede aspirar Macri ahora es a un segundo mandato en que se repita la relación de fuerzas del primero?, ¿cómo algo así le permitiría lograr que las reformas avancen, si no lo ha permitido hasta ahora?, ¿simplemente por cansancio, por el paso del tiempo?

Lo cierto es que por ahora el gobierno no tiene otra que lanzar títulos y no puede hacer mucho más que ganar tiempo. Si para fin de año el crecimiento no se evaporó y las encuestas vuelven a sonreírle, tendrá la posibilidad de encarar una negociación dura en las Cámaras con la actitud de quien demostró tener razón. Aunque aún en ese caso la chance de seducir gobernadores y senadores aislados para descargar costos en el resto será limitada. De otro modo, deberá resignarse a ir a las elecciones ejecutivas del año que viene con lo puesto, y rezar para que la sociedad no opte por una salida que reproduzca más o menos en todos lados el statu quo. Que es lo que esta sociedad frecuentemente ha hecho cada vez que el miedo y la indolencia superan la disposición a hacer esfuerzos para cambiar.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 18/5/18

Varias fuentes de desgobierno se descontrolaron simultáneamente en una serie de eventos desafortunados al estallar la crisis cambiaria: la financiera, por la excesiva exposición a la fuga hacía el dólar, y la debilidad estructural de la coalición política, por la poca coordinación entre ministerios y con el Banco central y los límites de la tolerancia social al ajuste.

Algunos pasos que el gobierno venía dando y sobre todo unos cuantos que empezó a dar ahora para dejar de correr detrás de los acontecimientos le pueden permitir controlar esos frentes. ¿Alcanzan para salvar el gradualismo, su gabinete y su entera gestión? Falta mucho para decirlo.

Por lo menos, tras un par de semanas de andar a los tumbos, el gobierno empieza a tener una estrategia. De los tres problemas que tiene enfrente, el financiero, el político y el social, en los dos primeros parece haber avanzado a un principio de solución, y en el tercero tendrá más tiempo para encontrarla: con las paritarias recién firmadas los sindicatos tardarán en activar sus esperables protestas por el también esperable salto de la inflación. La cosa podría haber sido mucho peor.

El riesgo de caer en un remolino de aislamiento político se percibió en las últimos días no sólo en el Congreso, con la muy fuerte votación del proyecto de tarifas en Diputados, sino también en las encuestas, donde la imagen del oficialismo parece no encontrar un piso, e incluso en el frente interno, de donde surgieron varios despechados por maltratos recibidos en el pasado (Melconian, Prat Gay, Goretti, sigue la lista) que fueron más duros que los más duros opositores. Es una mala señal que te hayas ganado el odio de tus ex colaboradores, que si no a Macri al menos debería hacer reflexionar a su entorno.

En respuesta, la reunión con los senadores de oposición, salvo los del FPV que siguen respondiendo a Cristina, buscó recrear la escena que hasta fin del año pasado más convenía al Ejecutivo: aún con las diferencias por el proyecto sobre tarifas, gobierno y opositores moderados dejaron en claro así que ante un riesgo de ingobernabilidad económica van a cooperar, que son pocos los que quieren que el gobierno se hunda y en esta están aislados. Claro que se les podría preguntar a esos senadores de oposición si con el proyecto que les envió Diputados no se contribuye a la ingobernabilidad. Pero el presidente hizo bien en disimular esa ambigüedad y dejar el tema en segundo plano. Tratar de demorar su tratamiento parece que va a ser la estrategia a partir de ahora.

Al mismo tiempo, el presidente amplió la mesa chica que lo acompaña en sus decisiones políticas más importantes. La “mesa de los accionistas” de Cambiemos, como se la llamaba tiempo atrás, y que ahora va a incluir, además de a Vidal, Larreta y Peña, a Monzó y Frigerio, y a Cornejo y Morales. ¿Estará también Carrió o ella seguirá prefiriendo tener llegada personal a Macri y Peña? Todos los que cuentan con un activo político importante y manejan recursos e información crítica, del Congreso, del territorio y los partidos, obviamente deben reunirse en algún lado para compartir sus perspectivas y contribuir a las decisiones políticas del gobierno. Hasta ahora no pasaba y las mediaciones eran escabrosas. Por eso por ejemplo cuando Monzó avisaba “se viene una jugada de los peronistas en el Congreso” a veces el dato quedaba olvidado en los meandros de la Jefatura de Gabinete y no se reaccionaba.

El otro frente de riesgo al rojo vivo en estos días, el financiero, empezó a contenerse con la negociación con el Fondo, que parece va a obligar además a coordinar mejor los pasos entre los actores institucionales locales: el Banco Central finalmente escuchó de esa fuente lo que había ignorado de las muchas voces de la administración que se lo advertían, no tenía sentido vender dólares sin un criterio sobre el nivel aceptable de devaluación. Su independencia no puede significar descoordinación en medio de una crisis financiera, es preciso que las señales que unos y otros dan a los operadores no se contradigan para no alimentar aun más la incertidumbre. Así que finalmente tenemos algo parecido a un plan de contención, un dólar a 25 que el Banco puede defender, facilitó la renovación de Lebacs y no es incompatible con la negociación externa. Lo es claro con las famosas metas de inflación. Pero si algo quedó en claro con esta crisis es que haberse atado a esas metas al principio del mandato fue un grave error. Con el nivel de incertidumbre y la cantidad de trampas caza bobos que había que desarmar, encima ponerse un cepo con números muy exigentes de inflación futura fue una carga equivalente al cepo cambiario que se desarmaba. Sturzenegger, que fue el guardián más estricto de esas metas, ¿se va a acomodar a su ahora franco incumplimiento? De eso depende probablemente que vaya a seguir al frente del Banco Central.

Por último, el riesgo sindical. Al respecto interviene el costado bueno de haber tenido hasta aquí una meta muy exigente de inflación para este año. Y también, contra los que se rasgan las vestiduras por el supuesto “error del 28 de diciembre”, la enorme ventaja que ofreció el haberla corregido un poco en ese momento: gracias a ello pudo funcionar como techo de las negociaciones salariales. Y así, aunque el desempleo es hoy bastante bajo y la economía no está en recesión, la devaluación puede que no se traslade del todo y rápidamente a los precios. Recordemos que en 2002 lo que evitó que eso sucediera fue el masivo desempleo, que llevó a los gremios a preferir la preservación de las fuentes de trabajo antes que la del salario. Ahora tal vez cumpla esa función la tinta todavía fresca con que cerraron ya la mayoría de sus paritarias y que podrán revisar, pero más adelante. Mientras tanto, el gobierno tendrá tiempo de usar algunos otros instrumentos para frenar la propagación inflacionaria del nuevo tipo de cambio: seguir demorando aumentos de combustibles o nuevas alzas de tarifas y concretar algunas reducciones de impuestos.

¿Pasó lo peor, el Ejecutivo dejó de estar atrapado en el pantano que gestó la crisis y en el que por más ímpetu que pusiera en remar no avanzaba ni para un lado ni para otro? Puede que sí, aunque de momento lo único que podrá festejar es que pasó del dulce de leche a la crema chantilly: para que el barco vuelva a navegar falta bastante.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 15/5/18

Tomar deuda, y a veces repudiarla, parece ser desde hace décadas nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Los populistas dicen que es un arma para someternos, los economistas ortodoxos, la vía para seguir gastando más de lo que producimos. ¿La usamos para facilitar los cambios o para evadirlos? ¿Cómo será esta vez?

La idea no era que volviéramos al mundo como menesterosos pedigüeños. Era que fuéramos atractivos para recibir inversiones, un ejemplo de cómo superar el populismo irresponsable “sin atravesar una crisis”, y un faro para que renazcan viejas y nunca satisfechas expectativas que el mundo desarrollado todavía cada tanto tiene con la América Latina tercamente inestable y subdesarrollada.

Pero muy bien no salió. Primero, porque las inversiones no vinieron, sólo llegaron sonrisas, palmaditas en la espalda y otros gestos incomestibles. Segundo porque aunque llegó sí financiamiento de inversores privados los dos primeros años, mientras las tasas de interés internacionales fueron todavía bajas, en cuanto empezaron a subir ese financiamiento tardó un segundo en evaporarse. Y tercero porque en el medio se cometieron unos cuantos errores de sintonía fina, como endeudarse demasiado y no anticiparse a las malas noticias.

Si no somos todavía destino de inversiones, porque no somos baratos ni muy productivos, y no somos ya merecedores de crédito voluntario, por ser considerados inestables e irresponsables, ¿cuál es la ventaja de estar más conectados que antes con el resto del mundo? ¿No nos convendrá volver a las diatribas nacionalistas, la ruptura de contratos y reglas de juego, para al menos dejarles de pagar por un tiempo a los que, además de querer sacarnos una tajada cada vez más grande tienen una idea tan poco estimulante de nuestra condición argentina?

Volver al mundo fue hasta aquí una de las ideas más redituables para el gobierno de Macri. Y uno de los aspectos, pese a la frustración con las inversiones, en que se valoraban más avances. Una amplia mayoría social parecía conforme con ese aspecto de la política oficial, tal vez porque era visible que se habían evitado males mayores, en una época en que seguir los pasos de Venezuela es inconveniente hasta para los kirchneristas que celebran sus delirios antimperialistas más desopilantes.

¿Va a cambiar esa percepción? ¿Estamos en las puertas de una nueva ola de nacionalismo virulento, de ese que cada tanto nos lleva a pensar que nuestros problemas son causados por los poderosos de la Tierra y si el mundo no nos comprende peor para él? Hay quienes ya la avizoran en las encuestas: el rechazo al FMI es mayoritario incluso entre los votantes de Cambiemos; las redes y los medios están llenas de muestras de repudio, desprecio, desconfianza; Christine Lagarde para muchos actualiza la figura del capitalista embaucador, que disfraza su condición de chupasangre detrás de prolijas condicionalidades cuyo acatamiento nos dejará secos y cada vez más lejos de parecernos a los ricos y poderosos de este mundo.

Puede, de todos modos, que si los costos de recurrir al Fondo no son muy altos, y el barco de nuestra política económica se estabiliza y vuelve a navegar más o menos pronto, más que un renacer de los sueños de autarquía y del victimismo tan gravitantes en otros tiempos tengamos una suerte de “ajuste de expectativas” que tanto al gobierno como a la sociedad les vendría bastante bien.

Pensábamos que volvíamos a ser “un país en serio” sacándonos de encima a Cristina y su banda, y resulta que la cosa es más complicada; también sin esa gente a cargo nos cuesta gestionar razonablemente la economía y el Estado; y “esa gente” es finalmente el fiel reflejo de lo que en parte somos, sigue y seguirá presente de una u otra manera.

La convergencia gradual de las variables económicas hacía un orden más “normal” se imaginó desde el principio como opción para minimizar los costos de salida; pero gobierno y sociedad tendieron a confundir “minimizar” con “evitar” y hay que volver a la realidad: el optimismo se vuelve un problema si en vez de incentivarnos a actuar nos mueve a la indolencia, a creer que dejamos atrás las dificultades antes siquiera de empezar a lidiar con ellas.

Nos lamentamos y buscamos al culpable de que la inflación siga cerca de 25%, cuando sin el efecto de los tarifazos fue en verdad de 16 o 17 puntos el año pasado, y puede todavía que quede un poco más abajo este año, y las tarifas había que subirlas sí o sí. ¿Discutimos sobre opciones reales o consumimos energías inútilmente en quejarnos de lo inevitable?

Tengamos en cuenta que aunque al FMI le fue bastante bien en ayudar a reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial, ayudar a Argentina a tener una economía más sana es bastante más complicado.

Porque volver a levantar ciudades destruidas por las bombas y fábricas desmanteladas finalmente requería de organizar voluntades y recursos disponibles, resolver problemas prácticos bien visibles. Cosas mucho más sencillas que convencer a un argentino de que tiene problemas estructurales que resolver, y hacerlo requiere de él no simplemente sacarse de encima a los inútiles y los malditos, categorías que incluyen, además de a los que le han prestado y siguen prestando dinero, a una buena parte de los otros argentinos, sino esforzarse sostenidamente para acomodarse a algunas reglas bastante básicas que se asemejan a la ley de gravedad.

Recién una vez que se haya logrado instalar esa convicción, prestarle dinero a este país dejará de ser darle una vía de escape para evitar cambiar, como ha sido casi siempre hasta ahora, y pasará a ser un instrumento para volver los cambios más factibles.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 13/5/18

Puede que siga discutiéndose por mucho tiempo si la comunicación del gobierno de Macri fue o no adecuada y suficiente en los dos primeros años de mandato. Lo que ya está fuera de duda es que, en tiempos de crisis como el que ahora enfrenta, va a tener que innovar, hacer mucho más de lo que hizo hasta aquí y corregir algunos vicios o déficits que antes podían pasar más o menos desapercibidos.

Algo de esto pareciera que ya está intentando: en el espacio de pocos días hubo dos intervenciones del presidente bastante anómalas, ni el típico reportaje con periodistas destacados, ni el discurso institucional convencional, una sobre el consumo responsable de gas en Vaca Muerta y otra muy escueta para anunciar la solicitud de un préstamo al FMI; y dos conferencias de prensa enfocadas en la crisis cambiaria, una del duo Dujovne-Caputo y otra de Marcos Peña.

¿Fueron oportunas y estuvieron bien planteadas? ¿Revelan que el gobierno sabe lo que hay que hacer y está mejorando su comunicación o que reacciona a las apuradas, improvisando, una vez más abusando del ensayo y error, en un momento en que puede que no haya ya margen alguno para el error?

Lo más probable es que tengamos un poco de las dos cosas. Están hablando y explicando más, distribuyendo roles y eligiendo formatos según el objetivo sea anunciar decisiones o transmitir ideas, al público en general o a los actores económicos. Sin embargo no todas esas intervenciones fueron igual de efectivas. Y se corre el riesgo de pasar muy rápido del orden minimalista anterior a un cierto desorden y una sobreexposición riesgosa, que debilite aún más la confianza en la palabra oficial, hasta aquí celosamente preservada, sobre todo en el caso del presidente y de temas delicados como los económicos.

El minimalismo comunicacional, recordemos, fue útil para ese objetivo. Le permitió además a Macri y su gente desinflar la escena pública heredada, saturada de palabrería y fraseología ideológica, revalorizando la palabra del presidente, restaurando el valor muy elemental de la promesa y la construcción de confianza, la exposición de problemas y datos en diagnósticos acotados de la situación.

Pero todo eso supuso explicar muy poco y confrontar aún menos con otros discursos y argumentos. Más bien el método fue dejar pasar la mayor parte de las oportunidades que se presentaban para esas lides argumentativas que tanto gustan a otros políticos, y que el macrismo dejó en claro desde un comienzo que considera inconducentes. Como esos debates suelen consumirse solos y terminar en nada, pasado el tiempo la historia pareció muchas veces darle la razón a dicho método.

El problema es que con la crisis que ahora se enfrenta dudosamente va a pasar lo mismo, y en cualquier caso el gobierno no va a poder darse el lujo de intentarlo.

Con las tarifas hubo un anticipo de lo que se venía. “Hacemos lo que hay que hacer” no alcanzó como argumento, además de que Aranguren no era desde el principio su vocero más adecuado. Así que debió jugarse la carta presidencial, en un mensaje dirigido a toda la sociedad, para apelar a su responsabilidad como consumidores. En el momento en que se había perdido la capacidad de acordar con la oposición, a la que se acusó de impulsar un proyecto irresponsable en el Congreso, no parecía mala idea.

El problema fue más bien que la iniciativa quedó sepultada por la aceleración de la crisis, que de las tarifas pasó a enfocarse en el dólar, y cuestionar la más elemental y crítica capacidad de control de la situación para todo gobierno argentino. Así que las respuestas oficiales también se aceleraron.

La conferencia de Dujovne y Caputo del viernes 4 tuvo todavía algo de preparación y eso al menos en parte se notó: en sus exposiciones iniciales los ministros no resultaron del todo convincentes, pero al menos transmitieron con claridad lo que se pretendía hacer y en el peloteo posterior con los periodistas ganaron un poco de confianza. Con más práctica podrían hacerlo mejor.

Todo volvió a complicarse la semana siguiente, cuando Macri estuvo obligado a hacer el anuncio de la solicitud al Fondo, en un escuetísimo mensaje cuyo único mérito fue permitirle cumplir su obligación de dar la cara con una mínima exposición. En general en esos momentos es justamente cuando presidente y ministros más se necesitan: uno expone su autoridad para decidir, los otros explican en qué consiste lo que se pretende hacer y disipan dudas o descartan críticas más o menos técnicas. El problema es que Macri nunca ensayó ese tipo de combinaciones, muy habituales en tiempos de Alfonsín o de Menem, para dar algunos ejemplos de los que podría abrevar. Y además en su caso el apuro del momento y la exposición pocos días antes de los ministros del ramo impedían intentar algo así.

Para peor a continuación viajaron a Washington todos los que podían comunicar algo más que los tres minutos presidenciales y protocolaras del lunes. Así que el miércoles Marcos Peña brindó su propia conferencia de prensa, de todas las intervenciones oficiales de estos días sin duda la más desencaminada.

Fueron 45 minutos de largas respuestas en que el Jefe de Gabinete se esmeró en transmitir tranquilidad y un par de ideas difusas: que ir al Fondo no significa que se repita la historia de todos los fracasos previos (lo más interesante que dijo, o que pretendió decir porque no lo desarrolló y la idea quedó medio confusa), y que el gradualismo seguía vigente. Podría haberlo explicado en unos pocos minutos. En las conferencias de este tipo, a diferencia de los programas periodísticos, las respuestas cortas y claras en general le ganan en eficacia a los argumentos que se estiran como chicle. La falta de práctica puede que le haya jugado también una mala pasada a Peña, pero si además se tenía presente que no se iban a hacer anuncios, no se entiende cómo se decidió jugar esa ficha con tan poca preparación, en medio del debate parlamentario por tarifas y con casi todo el equipo económico en Washington. ¿No hubiera sido mejor prepararlo bien, contar con una mínima explicación técnica de lo que se pretendía hacer con los recursos que se pidieran al Fondo, hilar las varias cuestiones que se habían ido anunciando en los días previos, ordenar al menos el escenario? Como fuera, el efecto fue en el mejor de los casos, nulo. Y dejó un sabor amargo: habrá que seguir esperando para que la comunicación oficial deje de ser parte del problema y pase a serlo de la resolución de la crisis.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 11/5/18

Era una posibilidad que se barajaba desde hace tiempo. Cada vez que se la mencionaba los miembros optimistas del equipo de Macri decían que no hacía falta, que conllevaba un alto costo político, que solos se las iban a arreglar. Y claro, todo eso cerraba mientras en los mercados voluntarios encontraran quien le sonriera al plan oficial y abriera su billetera.

Como dejó de haber sonrisas y empezó a cundir el pánico el ala optimista tuvo que recapacitar. ¿Tal vez debió hacerlo antes? Puede ser: desde que cambió la conducción de la Reserva Federal y quedó claro que no iba a esperar ni un minuto para subir las tasas, anticipándose a una eventual suba de la inflación era claro que Argentina iba a sufrir, y o bien insistía con la austeridad y las tasas del Central al mango, o intentaba algo más. Como fuera, el pesimismo de la Reserva Federal liquidó las pocas chances que desde un principio tenía el optimismo de la Casa Rosada.

¿Cuán costoso fue que se siguiera esperando sin hacer nada o casi nada los últimos dos o tres meses, insistiendo con una meta de inflación poco creíble, con tasas de interés tan ineficaces como insustentables?

El costo para las reservas del Central fue importante, y también para la confianza en la capacidad de las autoridades de resolver los problemas (y más todavía para anticiparse a ellos).

Pero el haber experimentado el susto de una corrida fue aleccionador y hasta necesario no solo para esos funcionarios, siempre propensos a imaginar solo los buenos escenarios. También lo ha sido para una parte importante de la sociedad, y hasta puede que lo sea para algunos opositores. Cuando los argumentos no alcanzan suele pasar que no queda mejor nutriente de la prudencia que el miedo al caos.

Tras la experiencia de los últimos días quedó en claro que el país necesita preservar sus escasos recursos de gobernabilidad económica. Cuyos titulares son unos señores tal vez no tan avispados como ellos creen, pero tampoco del todo inútiles ni responsables de todos nuestros males como se ha venido repitiendo en los últimos días (y no sólo desde la oposición más virulenta). Y que para salir del brete en que están tienen pocas opciones a la mano: o hacen un ajuste mucho más duro del hasta aquí intentado, o toman prestado de quienes todavía están dispuestos a prestarnos, los organismos financieros internacionales.

El gobierno igualmente recibirá críticas por “ceder una vez más soberanía”. Pero es difícil que esa opinión se vuelva mayoritaria si se explican bien las alternativas y sobre todo si se logra que las exigencias del Fondo sean moderadas. Es decir, que el ajuste no sea mucho más duro de lo que ya se estaba viviendo con las tarifas.

Para lograr esto último también la crisis de estos días, y la velocidad con que se decidió cambiar de prestamista a raíz de ella, pueden facilitar las cosas: de haber seguido esperando es probable que el gobierno hubiera consumido muchas más reservas y perdido del todo credibilidad, tanto interna como externa, así que un giro como el que ahora se intentará hubiera requerido un entero cambio de gabinete, más devaluación y dar por perdidos el crecimiento y la batalla contra la inflación en 2018.

Los opositores llamados “dialoguistas” de todos modos serán renuentes a una discusión sensata de alternativas o a considerar “lo que se evitó” mientras estimen que su prioridad es expresar el malhumor social en auge. Clima en que es razonable que insistan con sus críticas al programa económico, también que las adornen ahora con argumentos nacionalistas y las enfoquen no sólo en las tarifas, sino en ponerle límites a la toma de deuda, en lo que viene insistiendo el kirchnerismo desde hace tiempo.

Pero también es probable que esa agenda quede en mayor medida que antes encapsulada en el Congreso: salvo Rodríguez Sáa ningún gobernador querrá repetir lo de sus predecesores de los años ochenta y rezar, como ante Alfonsín, “Patria querida dame un presidente como Alan García”: ya se sabe cómo terminan esas cruzadas nacionalistas, no hace falta siquiera refrescar la memoria de la experiencia peruana del final del mandato de García, basta ver lo bien que defiende la soberanía venezolana el chavismo, eso sí, mientras repudia cada dos por tres al Fondo y sus programas de crédito. Y además: ¿no les convendría a los opositores cuidarse esta vez de atar su suerte a pronósticos pesimistas, no vaya a ser que queden pedaleando en el aire si el gobierno encarrila las cosas y el malhumor en unos meses remite?

Contra esa invitación a practicar un optimismo moderado juega, sin embargo, el muy mal historial que Argentina tiene con el Fondo Monetario. ¿Podrá Macri evitar que se repita la historia de los muchos programas de financiamiento que el país firmó con el FMI pero no cumplió, y que dieron lugar a otros programas más abultados, con nuevas exigencias de ajustes y reformas, que tampoco se cumplieron, o en lo que se cumplieron no funcionaron, y tanto por una cosa como por la otra finalmente desembocaron en crisis más graves que las que se pretendía evitar en un principio?

Este es, finalmente, el mayor desafío que va a tener desde ahora el Ejecutivo. Aunque en cierto sentido era ya el que tenía desde un principio: lograr que el financiamiento que consiga se use para hacer los cambios que hacen falta, no para evitarlos.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 8/5/18

Aunque fue una semana corta igual le alcanzó para ser la peor en lo que va de la gestión de Macri. Pero pasó, y con ella parece haber quedado atrás lo más duro de la tormenta financiera desatada a raíz del alza de las tasas internacionales.

Nos dejó de todos modos unas cuantas secuelas. Entre ellas, un debate que ya era intenso y que se actualizó e intensificó aún más: ¿qué está bien y qué está mal de la gestión económica de Cambiemos, qué cosas podrían haber hecho mejor, o mucho antes?, ¿qué problemas deberían haber anticipado, qué instrumentos, aunque les funcionaran por un tiempo, deberían haber revisado? Y qué otros no podían saber que iban a tener que usar, porque nadie puede preverlo todo.

Una convicción parece estar bastante extendida: ante la emergencia terminaron actuando bien, pero tardaron, podrían haber coordinado antes y mejor sus reacciones. Por ejemplo, la conferencia de prensa de Dujovne y Caputo podría haberse realizado un par de días antes, y entonces la tasa en vez de a 40 tal vez alcanzaba con ponerla a 35. El Central dio la impresión que vendía o dejaba de vender dólares, en los días previos al desenlace, sin una idea clara de a qué nivel pretendía anclar el tipo de cambio, como si no tuviera un diagnóstico de la gravedad de la situación. El gesto de “en esta cerramos filas” finalmente brindado por el oficialismo fue además de tardío, parcial: no se entiende por qué los radicales no estuvieron en la Casa Rosada ni en Olivos en los momentos críticos, como sí estuvieron Carrió y su gente; ¿no los llamaron, ellos no quisieron ir, a nadie se le ocurrió que fuera necesario que estuvieran (que es lo más probable, y lo más incomprensible después de los disensos con el tema tarifas)?

Son más discutibles en cambio algunos señalamientos que se hacen sobre “errores de origen”, que también desde un comienzo se vienen achacando al macrismo y según algunos analistas y observadores ahora ya no cabría duda que son graves y deberían corregirse: Cavallo criticó una vez más que no haya un ministro de Economía y que Macri pretenda, igual que Kirchner, cumplir él esa función; algunos se han vuelto a tirar contra el gradualismo, u objetan la supuesta o real descoordinación en el gabinete, la autoconfianza de la Jefatura de Gabinete, incluso la falta de un pacto de gobernabilidad con sectores de oposición. En general siguen siendo opiniones sobre las que es difícil tomar una fundada posición: puede ser que algo de todo esto esté perjudicando la gestión, pero ¿cómo saberlo con precisión sin sopesar también las desventajas y dificultades de las soluciones alternativas propuestas?

De todos modos, sí probablemente sea cierto que se subestimaron dos cambios parametrales registrados en los meses previos al estallido de la crisis, y que la hacían en alguna medida previsible: la suba de tasas y el cambio de humor de la sociedad.

Desde un principio lo que determinó cuán estrecho sería el andarivel por el que habría de avanzar el programa económico gradualista fue el ritmo al que subiría sus tasas de interés la Reserva Federal. Cuando a comienzos de este año ese ritmo se aceleró era de prever no sólo que, como se encarecía el crédito al sector público, aumentaría la presión sobre el dólar, sino que ella podría aumentar aún más si optaban por migrar fondos especulativos que hasta allí habían sido atraídos por las Lebacs.

Mucho no se podría hacer por evitar el sacudón. Pero tal vez hubiera sido conveniente y razonable que los anuncios sobre un mayor esfuerzo fiscal y una más limitada toma de deuda no fueran adelantada dos o tres días sino varias semanas. ¿No era mejor prevenir que curar dada la centralidad de esta cuestión para la entera estrategia gubernamental? ¿Hubo una vez más un exceso de optimismo detrás de la renuencia a atender los factores de riesgo y anticiparse al agravamiento de los problemas?

Algo similar cabe decir de la actitud adoptada ante el cambio de humor social, y los consecuentes efectos políticos: el endurecimiento de la oposición y el aumento de los disensos en la coalición oficial.

Desde fines del año pasado era ostensible que, una vez corrida del centro de la escena Cristina Kirchner por su derrota en las elecciones legislativas, habría menos motivos para que los ciudadanos toleraran sacrificios impuestos a sus bolsillos. Más todavía cuando el propio presidente decía que “lo peor había quedado atrás”. Sin embargo el malhumor ante la reforma previsional y luego los tarifazos fue subestimado por los voceros oficiales: “acá no pasa nada, son unos pocos puntos de imagen que en unos meses se recuperan, porque la gente no tiene en quién más confiar, por eso ningún opositor crece en las encuestas” repetían a diestra y siniestra; ignorando el hecho de que la política odia el vacío, y los peronistas lo odian más todavía, así que se lanzaron a coordinar su “resistencia al ajuste”.

Por lo que se sabe, además, el Ejecutivo ignoró las muy concretas señales que desde el Congreso sus propios representantes le enviaron de que se estaba gestando una movida capaz de unir por primera vez a todo el arco opositor. Movida que era posible desbaratar con una reacción anticipada, actuando sobre alguno de esos grupos de oposición, como luego se haría, también tarde y a los ponchazos, con los reclamos de los radicales. Y podría evitarse lo que terminó sucediendo con la cuestión “tarifas”: que ella transmutara de un asunto puntual y mayormente despolitizado al caldero en que se calentó una inédita tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, encima justo cuando el dólar se desbocaba.

¿Errores de origen disimulados hasta allí por éxitos circunstanciales? ¿Barridos bajo la alfombra por la sistemática propensión al optimismo y la subestimación de los riesgos, agravados para colmo ahora por la reincidencia y la coincidencia de varios frentes de tormenta en el peor escenario imaginable? Si es así, no sería del todo inconveniente que el susto esta vez haya sido mayúsculo y los efectos duren en el tiempo.

Porque es claro que si las tasas tienen que seguir en 40% durante meses el crecimiento va resentirse. Pero si todo volviera rápido a la normalidad podría suceder algo aún peor: tener que ver a algunos funcionarios que deberían poner sus barbas en remojo hinchar de nuevo el pecho y espetarnos “¿vieron que teníamos todo bajo control y acá no pasa nada?”.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 6/5/18

El Foro de Convergencia Empresarial, expresión de un amplio arco de organizaciones del mundo de los negocios, que representa en conjunto a la enorme mayoría de los dueños del capital con intereses en nuestra economía, acaba de dar a conocer un documento muy crítico de los proyectos que los grupos de oposición están tratando de aprobar en el Congreso, y que apuntan a congelar o incluso retrotraer aumentos de tarifas implementadas por el Ejecutivo desde hace más de un año.

El texto del documento es sorprendente en varios aspectos. Ante todo, porque advierte en forma explícita contra el oportunismo que según los firmantes anima esas iniciativas, al que atribuyen directa responsabilidad en la crisis energética que volvió inevitables los recientes aumentos y una indirecta en espantar las inversiones para resolver los problemas de provisión de energía que nos agobian.

Según el texto, los de la oposición serían “proyectos de ley que cambian las reglas de la actividad económica y desalientan la inversión” justo cuando se están programando iniciativas públicas y privadas en la materia “cuya viabilidad depende de la fijación de tarifas”. “Todos deberíamos tener claro que el costo político de no resolver este conflicto con seriedad y pensando en el futuro no lo está pagando ni el Gobierno ni ningún otro sector. Lo está pagando Argentina en posibilidades de inversión y creación de puestos de trabajo” agrega. Para concluir que “es imprescindible dejar de lado las especulaciones electorales y el afán de confrontar con el Gobierno, que están claramente presentes en las propuestas presentadas por diversos sectores de la oposición y aceptar las decisiones ya tomadas que, siguiendo las pautas dictadas por la Corte Suprema de la Nación, fueron aprobadas en audiencias públicas”.

Nunca el empresariado se había manifestado tan abiertamente en contra de un sector partidario y sus iniciativas legislativas ni a favor de las políticas de Macri. Ante lo que cabe preguntarse: ¿su apoyo será efectivo para el oficialismo, o le jugará en contra?, ¿no será visto como confirmación de que el de Macri es un “gobierno de los ricos”, al servicio de las empresas e insensible ante las necesidades de la gente común?

Es muy probable que al menos parte del arco opositor interprete el comunicado en esta clave: la prueba que hacía falta para confirmar que el grueso de la sociedad está de un lado, con ellos como sus representantes, y los empresarios y Macri del otro, defendiendo sus intereses minoritarios y cada vez más perjudiciales para el resto.

Pero puede también que al menos parte de los opositores modere el impulso que trae con el tema tarifario: para el “peronismo de centro” que quieren representar Pichetto, Urtubey y varios más, una diferencia central con el kirchnerismo es que ellos no son anticapitalistas, quieren que las empresas tengan rentabilidad y sean competitivas según precios de mercado, y que vuelva a existir un mercado de energía pareciera que es un paso necesario en ese camino. Así que no parece muy razonable que se abracen con aquellos a quienes nada de eso interesa porque la solución siempre es que el Estado intervenga, ponga los precios que convenga para ganar las elecciones y reemplace inversiones por subsidios.

Incluso ese sector “razonable” del peronismo debe tener presente las ventajas de que a Macri, aunque sometiéndolo a todo tipo de críticas por hacerlo, se le permita completar el ajuste de tarifas en marcha: finalmente es una medida tan antipopular como necesaria, que ningún opositor quiere quede pendiente para futuras administraciones, y que a ningún gobernador ni intendente opositor deja de beneficiar dado que evita que el ajuste se cargue en sus espaldas y diluye aumentos simultáneos implementados por ellos en sus jurisdicciones.

También llama la atención que el documento del Foro haya logrado tal grado de acuerdo entre sectores muy distintos de actividad, muchos de los cuales sufren directamente los aumentos en los servicios. De allí la referencia que hace el texto a que “la solución de esta situación no es fácil y tiene un impacto importante tanto en las economías familiares como en las empresas en las cuales la energía es un insumo relevante”.

En los últimos días algunas entidades sectoriales habían dado señales de malestar con los tarifazos, que sumados a otros factores, afectan la rentabilidad, aceleran la inflación y perjudican el consumo. Y pareciera que el Foro de Convergencia quiso introducir una visión más general del problema, para evitar que esos intereses específicos e inmediatos terminaran instalándose como el punto de vista empresario sobre el problema, bloqueando una perspectiva más de largo plazo: también las empresas deben pagar costos en la transición hacia un orden de precios en equilibrio y reglas de mercado, y ello se justifica si aceptamos que el statu quo, por más beneficios circunstanciales que ofrezca, a la larga es perjudicial para todos, o al menos para la gran mayoría.

El problema que al respecto puede presentarse es que los sectores más frágiles de ese heterogéneo arco empresario que acaba de respaldar los tarifazos no se sientan tan seguros de que el sacrificio se justifica, o siquiera de que sea viable afrontarlo. ¿Se mantendrá tan sólida como en principio aparece la postura de las entidades reunidas en el Foro si esos temores empiezan a manifestarse? Algunos tal vez sospechen que fue el gobierno el que reclamó del Foro una declaración de este tenor, por lo que él habría perdido autonomía y legitimidad.

Se verá, según cómo reaccionen los distintos sectores y sus representantes, si esta inédita incursión en el debate político de los dueños del capital sirve para fortalecer una voz común y pública del sector, algo muy necesario para la salud de la vida política argentina, o si el resultado es el opuesto.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 2/5/18

Durante varios meses del año pasado un conjunto bastante amplio de personas y organizaciones sostuvo la hipótesis de que el Estado de Derecho en Argentina estaba en extinción o directamente había desaparecido.

La evidencia para demostrarla fue fabricada ex profeso por algunos de esos actores: se manipuló información, se falsearon testimonios, algunos supuestos testigos mintieron descaradamente ante los jueces, y actores políticos, periodísticos y de la sociedad civil hicieron otro montón de cosas para dar por válidas esas mentiras y por demostrada su fabulación, había habido un desaparecido y el gobierno nacional era el responsable. Y para lograr que la sociedad actuara luego en consecuencia: negara legitimidad a las instituciones del Estado, a lo que hacían los jueces, policías, funcionarios de gobierno directa o indirectamente vinculados al decisivo “caso”.

¿Que muchos abrazaron esa fábula pero “de buena fe” y sin “mentir ex profeso”, y que es legal desconfiar así que no se les puede atribuir a los desconfiados responsabilidad en el desaguisado? Claro que sí. Tan cierto como que nada de lo que sucedió entre agosto y octubre de 2017 alrededor de la supuesta desaparición de Santiago Maldonado hubiera sido posible sin una parte importante de los “impulsores de las denuncias” operando a conciencia, ocultando información vital a la Justicia, engañando y violentando la ley en forma sistemática.

¿Cuán dañina puede considerarse esa conspiración? Si se hubieran salido con la suya los máximos representantes de ese Estado que se decía estaba, igual que bajo la dictadura, “amenazado de muerte por quienes debían hacer cumplir la ley”, hubieran sido encontrados “culpables de una desaparición forzada” y hubieran perdido toda autoridad y capacidad para ejercer sus cargos. Es decir, efectivamente se hubieran horadado las bases del Estado de Derecho. Lo de menos hubiera sido que el oficialismo perdiera las elecciones. Lo más grave, que ningún juez, fiscal, agente de seguridad, ni funcionario gubernamental hubiera podido ya gozar de la confianza de los gobernados ni ejercido sus funciones esperando la obediencia de los mismos y un clima de desgobierno y anomia se hubiera instalado en el país.

Como sabemos, el Estado de Derecho hizo finalmente bastante bien su trabajo y evitó que eso sucediera. Perdió un par de meses dando vueltas al asunto, y gastó algo más de 50 millones de pesos en el ínterin. Pero convengamos que eso es una bicoca comparado con lo que se pudo perder. Lo importante de todos modos es que si esto fue así es mérito de quienes actuaron dentro del Estado de Derecho y combatiendo la conspiración, no fruto de una autolimitación de los conspiradores. Así que la gravedad del crimen de estos últimos no debería evaluarse de acuerdo con el saldo del proceso, sino con el alcance de sus planes y los pasos que dieron para cumplirlos.

Eso es lo que están tratando de determinar en estos días las investigaciones que paso a paso realizan sobre lo sucedido los tribunales a cargo y el Ministerio de Seguridad. Identificar a quienes cometieron perjurio, a quienes falsearon documentos u ocultaron pruebas, desentrañar el entramado de responsabilidades de modo de determinar si estamos frente a una o varias asociaciones ilícitas creadas para delinquir contra el mismo Estado de Derecho.

Como era de esperar, los sospechosos insisten y seguirán insistiendo en que el “caso Maldonado” es si no uno de desaparición forzada, al menos si de “muerte institucional”, por el abuso de poder y otros procedimientos ilegítimos de parte de los gendarmes, los jueces y fiscales del caso, etc. No sólo lo hacen para tratar de darle visos de coherencia a su relato victimista y para justificar las extremas visiones políticas que defienden. Lo hacen también más simplemente para salvar su pellejo de la cárcel.

¿Qué podemos aprender de todo esto? Que el Estado de Derecho liberal tiene fama de no saber defenderse y por tanto, cuando es atacado por enemigos decididos, correr el riesgo de quedar a su merced, pero no siempre es así.

Suele considerarse esta cuestión a la luz de la idea de que el mal es más eficaz que el bien en la lucha política: los no liberales o anti liberales suelen estar dispuestos a usar todos los instrumentos a la mano para lograr sus objetivos; en cambio los liberales no, tienen pruritos, se atienen a las leyes, respetan los derechos de sus adversarios, incluso de aquellos que no respetan derecho alguno; así que frente a la necesidad de dar pasos que supongan graves daños y no sean fáciles de justificar dudan, y al hacerlo les dan ocasión a sus enemigos de salirse con la suya.

La solución de quienes plantean así las cosas y no quieren renunciar del todo a los principios liberales suele ser conseguir un maldito inescrupuloso que haga el trabajo sucio por ellos. Un matón del barrio al que se otorgan las licencias que haga falta para equilibrar el juego, sin que los liberales bien pensantes se ensucien las manos.

Pero esa no es una buena idea, ni las premisas que supuestamente la justifican la mejor forma de ver las cosas. En verdad no es para nada necesario que los grupos animado de ideas liberales sea menos exitosos que otros a la hora de defenderse. No lo demuestra al menos la historia de los estados liberales. Si bien es cierto que las democracias pluralistas suelen ser más renuentes a entrar en guerra que estados autoritarios, totalitarios u otros por el estilo, cuando no tienen escapatoria en general suelen hacer la guerra bastante mejor que estos otros, con mejores resultados.

Y un resultado similar ofrece la comparación en el terreno de la seguridad interna de los estados. Es cierto que en ocasiones los liberales suelen ser más lentos y dan más vueltas que otros sistemas políticos para proveer sus servicios de seguridad, pero sin duda arrojan al final del camino un mejor producto, son más auténticamente seguros para sus ciudadanos que cualquier otros, en los que en muchos casos las apariencias engañan.

El caso Maldonado puede anotarse, dentro de nuestra limitada historia de éxitos, como una buena prueba de ello. Y eso que todavía la historia no terminó.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 30/4/18

No fue la primera vez ni será probablemente la última en que la mayor celebración de la cultura por estos pagos se transforme en una muestra de intolerancia, falta de respeto mínimo a las reglas y al prójimo e indisposición para el diálogo.

Como siempre sucede, para que así fuera hicieron el mayor aporte un grupo de militantes fanatizados. En este caso fueron los estudiantes de profesorados de la ciudad de Buenos Aires que consideran un atropello inadmisible la reforma que propone pasar de 29 centros de formación docente a uno con categoría universitaria. Dicen que con el cambio perderán sus trabajos muchos docentes. Y que la reforma es inconsulta. Si es un proyecto de ley seguramente se discutirá donde debe, en la Legislatura. Que ellos, los estudiantes y tal vez también los docentes de profesorado deben ser escuchados al respecto es sin duda cierto. Pero es absurdo que pretendan tener un derecho a veto sobre el tema. O siquiera que pretendan que los legisladores o el gobierno de la ciudad los escuche más a ellos que, digamos, a expertos independientes en la materia, o a quienes administran estos asuntos en otros lugares. ¿Es común y razonable que haya 29 centros de formación en una sola ciudad? Seguro que no. El ánimo reaccionario de los manifestantes era bien palpable: “el cambio es malo porque algunos que están cómodos con el statu quo se verán afectados”. Como argumento es bastante pobre. De allí que les haya resultado útil gritar y maldecir, cosa de disimular sus falencias.

Pero lo más penoso del episodio no fue tanto lo que hicieron estos manifestantes sino el modo en que reaccionaron otros actores intervinientes, algunos voluntarios y otros involuntarios.

Se suponía que en el acto de apertura de la Feria iban a hablar entre otros los ministros de Cultura de la ciudad y la nación, Avogadro y Avelluto, y lo cerraría con su discurso inaugural la escritora Claudia Piñeiro. Cuando empezó el griterío de los manifestantes se optó porque subiera al escenario esta última, a ver si dejando para el final las palabras de los funcionarios la cosa se calmaba. Pero no fue así. Y Piñeiro puso de su parte una buena cantidad de frases poco felices para lograrlo.

Empezó celebrando los gritos de los militantes porque es “la función del escritor desafiar a la autoridad y es lo que ellos están haciendo”, adhirió al reclamo que se voceaba ignorando por completo si el modo y el lugar era adecuados, con la excusa de que ella también había hecho el profesorado y se oponía a la unificación de los 29 centros de formación, y agregó que los estudiantes “merecían ser escuchados” dando a entender que el problema era que las autoridades no lo hacían. Encima luego de despotricar sin mayor precisión contra las editoriales levantó el pañuelo verde de la despenalización del aborto, hizo una invocación a la lucha contra los que “nos quieren imponer cómo vivir”, y terminó de legitimar que la fiesta de la cultura se volviera un encuentro de voces facciosas con poco interés en integrar perspectivas ajenas.

Le tocó a continuación el turno a Avelluto, quien hay que decir que se curtió en los últimos dos años largos de remar con situaciones parecidas, así que reaccionó muy bien y le dio una lección cívica no sólo a los que siguieron impidiéndole hablar, sino también a la Piñeiro: como los gritos y silbidos continuaban invitó a uno de los manifestantes a decir unas palabras, a ver si eso los satisfacía, y dando por cierta la ocurrencia de la escritora, que sus gritos se justificaban por la sordera gubernamental. El resultado fue que se envalentonaron y adueñaron por completo de la situación, siguieron gritando y volvieron por completo imposible que el ministro diera su discurso. Consultada sobre lo que había pasado Piñeiro se lavó las manos: “yo como escritora tengo que desafiar a la autoridad” insistió, como si con ese mantra le alcanzara para hacer lo correcto siempre, indiferente a cualquier resultado.

Tal vez un escritor que está encerrado en su estudio pueda manejarse con ese criterio, aún en un entorno plagado de conflictos como suele ser el nuestro. Pero alguien que usa su éxito en las letras para promover sus ideas, es decir que se vuelve a conciencia y por propia voluntad un intelectual público, no la tiene tan fácil. Si pretende disfrutar de ese privilegio no puede escapar, al menos no del todo, a una consecuente responsabilidad, hacerse cargo de lo que sucede cuando sus ideas se vuelven actos.

Algo que quedó bien a la vista al poco rato cuando Pacho O´Donnell, en una entrevista televisiva, fue consultado sobre lo sucedido en la inauguración de la Feria. Según él el episodio era consecuencia del “divorcio que existe entre la Cultura y el gobierno”, fruto de la “mutua incomprensión” y, en lo que toca a las autoridades, “de su desconfianza hacia el mundo de la cultura”, el desfinanciamiento de sus actividades, su “indiferencia” ante todo ese mundo. Algo sobre lo que han machacado Sarlo y otros.

“La Cultura” no es un actor como lo es el gobierno, y no fueron precisamente una representación fiel del espacio que ella conforma, ni de la multiplicidad de sus actores, los cien energúmenos que gritaban para que Avelluto no hablara. De hecho en la sala había varios centenares de personas “de la cultura” que se sintieron seguramente impotentes ante la patota formada por gremialistas y militantes de organizaciones estudiantiles, bien entrenados en la tarea de imponerse por la fuerza en piquetes y asambleas. Forzando las cosas entonces más bien habría que decir que los que se habían enfrentado allí eran “la cultura” contra “la fuerza”.

Que en el gobierno de Macri haya desconfianza y recelo frente a ciertos “actores de la cultura” puede ser cierto, y puede explicarse por el hecho de que en su mayoría los funcionarios vienen de la dirección de empresas, son economistas o ingenieros, o simplemente porque se sienten amenazados por una izquierda radicalizada que los detesta y usa arenas de la cultura para bombardearlos y deslegitimarlos. Pero habría que hacer algunas salvedades. Primero, si algo caracteriza la actitud oficial ante esos actores es el respeto de sus santuarios por más virulentas que sean sus expresiones antigubernamentales. Por ejemplo, contra lo que dijo O`Donnell en esa entrevista, no es cierto que haya desfinanciado al instituto del cine; él sigue bancando decenas de películas al año, que poca gente ve, por más que sus directores y actores en muchos casos hagan público su odio al macrismo cada vez que puedan.

Segundo, no habría que ignorar el hecho de que también el macrismo está formado por “gente de la cultura”, sus funcionarios son en un porcentaje inédito posgraduados de las mejores universidades, y el apoyo a sus ideas es más alto entre los sectores más educados del país. ¿No estamos en presencia entonces de un choque de culturas más que ante un enfrentamiento entre “la cultura” y “el dinero” o “la fuerza” o como se quiera descalificar al otro? Si esto es así, más razón para desconfiar de las simplificaciones, y más necesario va a ser que la gente culta se esmere en dejar de hacer papelones y decir burradas para justificarlas, porque están quedando bastante mal frente a los millones de argentinos que vendrían a ser “los incultos” pero tantas pavadas no dicen ni hacen.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 28/4/18

Acosado por el malhumor social frente al aumento de las tarifas, el gobierno nacional no deja de ampliar el número de invitados a su operación para distribuir todo lo posible las responsabilidades al respecto y la no menos importante jugada por encontrarle una salida fiscalmente viable al despelote. La lista de involucrados es ya bastante larga.

Como los peronistas y radicales levantaron su voz indignada contra los aumentos, sumó a gobernadores e intendentes, que colaboran disimuladamente al entuerto con sus propios tarifazos, además de con el cobro de impuestos y tasas sobre las facturas, muchas bastante absurdas.

Permitió además que Carrió subiera al tren a las empresas proveedoras de servicios, de las que cabe sospechar no hacen siempre bien su trabajo, ni tampoco hacen bien los números de lo que cobran a sus clientes. De allí que la gobernadora Vidal hiciera también un gesto en esa dirección, con un 0800 QUÉJESE DE LAS EMPRESAS que enseguida se saturó.

Por su parte el propio Macri incorporó desde Vaca Muerta a los usuarios, a los que reclamó un uso responsable de la energía.

A los únicos que el gobierno no quería invitar era a los miembros del Congreso, porque temía ahí los números no lo favorecieran y el debate se escapara de su control. Lo que, visto la rapidez con que la oposición legislativa buscó invitarse sola, coordinándose para impulsar proyectos que retrotrajeran las últimas subas, era bien comprensible.

Pero parece que esa actitud del Ejecutivo acaba de cambiar. Va a presentar un proyecto para forzar la baja de tributos de municipios y provincias sobre los servicios.

En medio de tantos apurones, no está claro qué puede esperarse de cada uno de estos invitados, deseados o indeseados, ni si el gobierno tiene una estrategia para avanzar y salir del lío en que él mismo se metió, o simplemente está buscando capear el temporal, que sabe lo golpea mal en las encuestas y no quiere que lo deje al pairo, sin velas ni timón.

La presentación del mencionado proyecto puede ser vista como otra improvisación más. Aunque puede también que ayude a ordenar un poco una situación y un debate que venían cada vez más confusos.

Veamos caso por caso lo que ha ido sucediendo. En cuanto a los gobernadores, el Ejecutivo nuevamente los sorprendió con su reclamo de eliminación o al menos reducción de impuestos locales sobre las facturas. Así que no es de asombrarse que los mandatarios radicales se hayan negado en principio a imitar a Vidal y Larreta: Cornejo directamente lo descartó y el correntino Gustavo Valdéz sugirió que fuera la nación la que redujera el IVA.
De allí que tampoco sorprendió que los gobernadores peronistas optaran por silbar bajito: si ni siquiera los aliados del presidente le hacen caso en esta cruzada, ¿por qué ellos iban a tener que seguirle la corriente?

Las tensiones con ellos vienen creciendo además desde la firma del pacto fiscal a fin del año pasado, y no precisamente porque los mandatarios de oposición hayan cambiado de actitud, sino porque un poco tarde el gobierno nacional advirtió que el optimismo y el apuro con que encaró ese pacto lo habían metido en un brete: en vez de forzar una reducción de impuestos distritales, en particular de Ingresos Brutos, el acuerdo permitió que unas cuantas provincias los aumentaran, y dejó intocada la licencia para que las provincias y los municipios creen nuevos gravámenes cuando sus cuentas no cierran. Algo que sobre todo estos últimos suelen hacer utilizando el subterfugio de agregar renglones en las cuentas de servicios de sus contribuyentes. A veces con nombres bastante absurdos como “contribución por la recolección de ramas”, “aporte extraordinario para el combate de las inundaciones” o cosas por el estilo. De esa manera no aparecen como lo que son, más exacciones dispuestas por los concejos deliberantes para sostener las plantillas de empleados, y los vecinos se ven obligados a pagarlas si no quieren sufrir el corte de servicios imprescindibles, lo que en caso de no pagar por ejemplo las facturas de ABL u otras tasas municipales no sucede.

Así que cuando estalló el debate sobre el último tarifazo el gobierno encontró la oportunidad de unir dos cuestiones que hasta allí corrían por cuerda separada, y que así como venían lo tenían por principal damnificado: la intención hasta aquí frustrada de bajar impuestos, sobre todo los que afectan la competitividad y alimentan la inflación; y su decisión de cargar el mayor costo del ajuste de gastos en los subsidios, es decir en las tarifas de servicios públicos, que también alimentan la inflación, y que cada vez enfrenta menos tolerancia social.

Y como entendió ahora seguramente que no tenía muchas chances de convencer con argumentos ni con el buen ejemplo de sus representantes en el territorio a socios y opositores, dio un paso más: en vez de resistir la intervención del Congreso, intentará orientarla según sus objetivos; es decir, a la discusión de un proyecto de ley que baje la carga impositiva de los servicios en vez de reponer subsidios.

¿Logrará convencer a algunos de los gobernadores peronistas y sus legisladores de apoyar un proyecto de este tenor? Puede que no y el asunto se empantane, con debates desgastantes en que no se tome ninguna decisión. O puede que algunos de ellos no vean bien la opción de seguir dándole aire a los kirchneristas y demás grupos que buscan congelar tarifas y que el programa fiscal vuele por los aires y quieran volver a mostrarse responsables y colaborativos.

De todos modos al oficialismo le va a costar reconstruir un terreno de negociación con esos actores moderados. Y eso porque él mismo les ofreció una salida demasiado fácil y tentadora para sus necesidades fiscales en el acuerdo del año pasado. Y desde entonces no ha hecho más que ir detrás de los acontecimientos, sacando conejos de la galera para apagar incendios recién después de ver como ellos estallan.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 24/4/18