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2015, el valle de lágrimas del cambio  

En los análisis prospectivos sobre lo que nos espera el año que viene se destacan dos factores de incertidumbre: no podemos saber si va a haber o no acuerdo con los holdouts, así que puede que la recesión continúe, se agrave aun más o en alguna medida se revierta; y no podemos saber quién va a ganar las presidenciales, porque la competencia es muy pareja y puede que lo siga siendo hasta bien avanzado el año.

Sin embargo, estas incertidumbres vienen compensadas por factores más estables, datos que a veces no se tienen suficientemente en cuenta y marcan una vía bastante más previsible para la transición y la sucesión presidencial.

Por el lado de la economía, ella difícilmente se recupere mucho ni caiga mucho más, porque el gobierno tiene los recursos para mantenerla medianamente a flote, aunque sea rascando el fondo de la olla, y las empresas en general van a aguantar como vienen, a la espera de que en pocos meses un nuevo gobierno empiece a tratarlas mejor, y como contracara, aun cuando Kicillof de pronto hiciera todo bien, la desconfianza hacia él de los inversores y los consumidores y los más bajos precios de las commodities impondrán un techo bajo a una eventual recuperación, un piso alto de inflación y la continuidad de los problemas para generar empleo.

Por el lado de la política, gane quien gane las presidenciales, Macri, Massa o Scioli, tratarán de desarmar lo que puedan de la bomba de tiempo que ha ido armando el gobierno antes de asumir el mando, lo que implicará tensiones parecidas entre las autoridades salientes y las entrantes. Y el resultado de esas tensiones es también bastante previsible: Cristina se comportará seguramente todo lo irresponsable que pueda: como Bignone en 1983 concederá generosos aumentos salariales de último momento, recursos a las provincias y beneficios a las empresas, y los demás actores podrán hacer poco y nada por evitarlo.

La moderación de todos los candidatos con chances en 2015 asegura también que encararán este problema con más resignación que disposición a la lucha: incluso Massa y Macri, siendo claramente opositores, saben que van a necesitar apenas asuman la buena voluntad de los gobernadores y sindicalistas que todavía rodean a Cristina y esperan beneficiarse hasta el final de su generosidad, así que no es muy probable que vayan a entrar abiertamente en colisión con su interés en abrirle la billetera a la presidente saliente.

Desde hace semanas que el pronóstico de un pronto arreglo con los holdouts viró hacia una visión más pesimista, según la cual las autoridades se habrían convencido de que les van a alcanzar las reservas, porque la cuenta de importaciones de combustibles bajó, se consiguieron algunos recursos del mercado local, de China y de Francia, y finalmente con llegar a abril, cuando se empiece a liquidar la nueva cosecha, sería suficiente; de ahí a las PASO de agosto, habiendo ahogado financieramente a los productores del agro, se podría garantizar un flujo mínimo de divisas para llegar a octubre.

Esa convicción por ahora desalienta mayores fugas del peso de los actores locales y en cambio alimenta su disposición a participar de la bicicleta financiera armada con los bonos ligados al dólar y depósitos a altas tasas de interés, que no empardarán la inflación pero sí permiten obtener beneficios en moneda dura gracias a un tipo de cambio cada vez más retrasado y que el gobierno promete mantener así a toda costa.

De este modo, la estabilidad relativa que se asegura de aquí a octubre se sostiene en una horadación de las posibilidades de garantizar un mínimo control sobre las variables económicas después de esa fecha. Y ahí está el quid de la cuestión, entonces: no en lo que pase en los primeros tres trimestres del año, sino en qué va a pasar entre octubre y diciembre.

En ese momento ya no habrá medias tintas, cualquiera que sea electo, para no quedar atado de pies y manos apenas asuma va a tener que forzar que parte de las medidas impopulares que la triple crisis fiscal, de deuda y de nivel de actividad obliga, las asuma el gobierno que concluye; que pueda lograrlo o no es harina de otro costal, y como dijimos nada asegura que vaya a serle fácil.

Por más que haya ganado con amplio margen y una ola de popularidad lo impulse a tomar riesgos y hacerse de la iniciativa, el presidente electo va a necesitar, como adelantamos, el apoyo de gobernadores y sindicalistas a los que inicialmente no controlan y Cristina podrá ofrecerles más que promesas. Además el vencedor de las presidenciales difícilmente habrá ganado con un diagnóstico sincero de lo que sabe estará obligado hacer, bajar subsidios, subir tarifas, devaluar la moneda y liberar el mercado de cambios. Así que ¿con qué cara podría forzar a Cristina a que lo haga por él? Podrían tal vez intentar que el mercado haga parte del trabajo, pero lo más probable es que esté en una situación parecida a la que enfrentó a Viola con Videla y Martínez de Hoz en 1981, cuando el régimen militar convino una transición tranquila, en la esperanza de que el estallido del programa de retraso cambiario y contención de la inflación no liquidara a ambos, jefes salientes y entrantes. Lo que después terminó cargándose de todos modos en los segundos.

En una crisis por goteo, por acumulación progresiva de malas noticias como la que estamos atravesando, el dato fundamental no es la incertidumbre, que no se sepa cómo van a terminar las cosas, si no que hay una tan extendida como firme convicción de que van a terminar mal, y todo va a empeorar bastante antes de poder mejorar, que el consenso se orienta en favor de los intereses de quienes están por dejar el poder y pueden retrasar lo más posible las malas noticias.

Lo que explica otro aspecto notable de la actual situación: queda claro que no es por fe en su proyecto sino por falta de ella que la gente no quiere que Cristina se debilite aún más y pierda por completo la capacidad de preservar el statu quo. Ahí está la principal razón del 40% de imagen positiva de la presidente, y de la drástica caída de la predisposición de la gran mayoría a protestar y reclamar, respecto de lo vivido entre 2012 y 2013; así como de la impotencia de los aspirantes a la sucesión para entusiasmar a la gente. Es lo que la teoría ha denominado el valle de lágrimas del cambio: estamos parados en donde inicia ese valle, lo que vemos por delante no es tanto incertidumbre como un cúmulo inevitable de problemas, y nadie tiene mucho apuro por dar los primeros pasos para adentrarse en ese escenario. Es razonable que así sea, y a la vez es profundamente lamentable.

-publicado en tn.com.ar el 15/12/2014

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Falta sólo un año, pero uno interminable

En apenas un año CFK dejará el poder, de eso podemos estar seguros. A esa altura ella y su familia podrán ostentar un record absoluto en más de 100 años de historia nacional: desde principios del siglo XX ningún grupo político estuvo tanto tiempo, más de 12 años, en control del estado argentino; Menem sumó un poco más de 10 y antes de él la única experiencia comparable era la del primer Perón, cuyo dominio sólo podría considerarse más prolongado si incluyéramos la etapa militar de 1943 a 1946, pero sería hilar demasiado fino; en tanto el primer radicalismo, aunque es cierto que gobernó ininterrumpidamente por 14 años, entre 1916 y 1930, lo hizo dividido en dos facciones que eran casi dos partidos distintos y se alternaron en la presidencia en 1922 y 1928, así que tampoco cuenta.

¿Para qué les sirvió a los Kirchner ese largo predominio, y para qué le sirvió al país? No para superar nuestra crónica inestabilidad. Cuando se explora la inestabilidad política argentina hay que atender ante todo al siguiente dato: la que padecimos hasta hace 30 años fue a la vez de políticas públicas y de regímenes políticos, y aunque esta última quedó atrás desde diciembre de 1983, fecha de la que se cumple también otro aniversario en estos días, y tenemos desde entones gobiernos bastante estables y grupos gobernantes cada vez más longevos, sin embargo la inestabilidad de políticas públicas no desapareció, todo lo contrario.

Esta paradoja parece ir agravándose, además, en el último tiempo y en la etapa que se viene, lo que no es de asombrarse dado que la estabilidad del poder kirchnerista fue desde un comienzo parasitaria de los instrumentos y recursos que sirven para dar solidez al poder del estado, y de los que tendió a abusar cada vez más, alimentando la inestabilidad de sus propias políticas públicas, de los instrumentos de gobierno de la economía. Con lo cual cabe esperar que su conclusión dentro de un año nos dejará como legado un arcón de nuevas fuentes de inestabilidad que apenas si hemos empezado a explorar.

Ha quedado bien a la vista en los últimos meses en la secuencia frenética y contradictoria de medidas contra la inflación, para controlar el tipo de cambio y el comercio exterior, en los fines y los instrumentos utilizados en la política exterior y financiera y en muchos otros asuntos. Cuanto más inestables las políticas, por lo inesperadas, contradictorias e insustentables, más fervorosamente se proclama su necesidad para sostener el “modelo”, que consiste pura y exclusivamente, es lógico concluir, en sostenerse un poco más en el poder resignando lo mínimo posible de él.

Esta tensión no puede sino empeorar en el año que tenemos por delante porque Cristina nos viene obligando a elegir entre males, a sabiendas que el grueso de la sociedad e incluso muchos de sus adversarios preferirán el mal menor hoy, aun cuando sea a la larga fuente de mayores dificultades. Y eso puede permitirle que se salga con la suya, al menos unos meses más.

Un dilema difícil de resolver nos acompañará, así, durante lo que queda de kirchnerismo. Por un lado, nadie en su sano juicio quiere que las cosas terminen mal y se repita una experiencia parecida a las de 1989, 2001 o tantas otras crisis agudas. Ya tantas veces sufrimos caídas económicas y políticas como esas que sabemos bien que una nueva no servirá demasiado como experiencia aleccionadora, ni mucho menos como fondo del pozo para empezar de nuevo. Sólo acarreará problemas más graves y difíciles de resolver.

Pero por otro lado, que las cosas no se compliquen ahora bien puede significar que se sume más poder destructivo a la bomba de tiempo que vienen armando las actuales autoridades, es decir, que los problemas que no exijan atención ya lo hagan del peor modo apenas alguien reemplace a Cristina Kirchner en diciembre de 2015.

Que esto sea así no es ninguna casualidad. El kirchnerismo viene trabajando febrilmente para construir esta escena desde hace tiempo, al menos desde que pasó de trabajar con la hipótesis de Cristina eterna a la más realista de la sucesión inamistosa. Lo ayudan en este cometido, además de sus aliados más fieles, otros que no lo son tanto dentro del peronismo, como el gobernador bonaerense, repitiendo el mantra de que “todo va a salir bien”, y también algunos opositores que se escandalizan con sus lances más ofensivos y nos advierten que estamos a punto de convertirnos en Venezuela, con lo cual involuntariamente alimentan el miedo y la reacción conservadora que hace que muchos toleren los avances efectivos del gobierno en dirección a esconder la mugre debajo de la alfombra como males menores y costos aceptables para que las cosas no empeoren más todavía.

Así que hoy que es tan común que se reclamen consensos sería bueno atender al hecho de que algunos de ellos ya existen y son muy eficaces para la lucha política. Aunque no sean los que se quisieran, estén velados detrás de aparentes disensos irreconciliables, y no generen precisamente, como se espera de ellos, políticas cada vez más estables. “Que todo siga como está” es uno de esos consensos.

La cuota de responsabilidad en sostener este statu quo decadente pero inmutable es, claro, muy diferente entre unos actores y otros. A los opositores puede reclamárseles que no sean capaces de movilizar a la sociedad detrás de propuestas de cambio más potentes y atractivas, y superar la disyuntiva en que se debaten entre la escandalización que atemoriza y la morosa y casi cómoda espera a ser reconocidos como “los más confiables para el cambio seguro”. Pero es claro que no se trata de un déficit de discurso o de coraje, sino de una carencia estructural de recursos, que no depende de la sola voluntad corregir. Y que, por otro lado, muchos de ellos han diagnosticado ajustadamente.

En cambio en el amplio arco de actores del peronismo oficialista y los grupos de interés asociados la reluctancia a correr riesgos y plantear mayores objeciones al curso de los acontecimientos sí parece estar asociada a un error de diagnóstico, a una cierta distorsión cognitiva: la idea de que todo está estructuralmente bien en la economía y la política argentinas y sólo hay algunos problemas de coyuntura originados en una también coyuntural mala praxis, que sería más o menos fácil corregir. Aunque apenas se empieza a hacer la lista de estos “problemas de coyuntura”, el dólar, la tasa de inversiones, los precios relativos, el déficit fiscal, las deudas impagas, las distorsiones impositivas, el desbarajuste regulatorio, los avances del narco y la corrupción, la lista y sus etcéteras son tan largos y agobiantes que resulta imposible sostener tanta autoindulgencia.

-publicado en tn.com.ar el 8/12/2014

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Operación “ladrones somos todos”

En las atolondradas denuncias del kirchnerismo contra Margarita Stolbizer por enriquecimiento ilícito y contra un buen número de empresarios y figuras públicas por tener cuentas no declaradas en Suiza hay bastante de chicana y manotazo de ahogado. Pero hay también doctrina: el ladrón nos alienta a creer que todos son de su misma condición; mensaje que, en la cosmovisión k, posee un sentido ético mucho más amplio que el habitual y la mera justificación de la codicia de este o aquel funcionario. Porque para el kirchnerismo la corrupción siempre tuvo antes que nada una función educativa y correctiva: ella pone las cosas en su lugar en la relación entre política y economía, demuestra que el poder político determina siempre la distribución de la riqueza y la propiedad, y que el liberalismo y el “gobierno de la ley” son sólo disfraces, mentiras de quienes ya se han llenado los bolsillos y no quieren que los demás los imiten. Por eso, aunque los Kirchner se han ocupado de disimularla, no hicieron nunca mucho por taparla: la corrupción les sirvió para corregir lo que siempre consideraron una desviación moral y un error intelectual inaceptable, y para educar y formar en un sentido ético a la sociedad, a la economía y a la política del país. Y hay que decir que, al menos durante un buen tiempo y en alguna medida, lo lograron.

Es fácil comprobar que en las sociedades donde el respeto a la propiedad privada y la confianza en la competencia de mercado son bajos, la corrupción tiende a ser alta. Si está difundida la idea de que “toda propiedad es un robo” y de que “detrás de toda gran fortuna hay un gran embustero” entonces robar, al menos al erario público, puede no ser tan malo. Incluso puede justificarse en términos igualitarios y redistributivos, pues en el fondo es prolongar en provecho de los recién llegados al poder un proceso de apropiación y saqueo que brutalmente y hace tiempo iniciaron quienes hoy a están en la cúspide de la sociedad, y que luego de aprovecharse de él al máximo quieren negarle la oportunidad de un similar usufructo a los que vinieron después. Algo por demás egoísta y arbitrario, aunque se disfrace con la moralina anticorrupción del “respeto de la ley”.

Esta mentalidad populista y antiliberal ha sido difundida con esmero en Argentina por diversos partidos, pero en particular lo fue y lo sigue siendo por el peronista. En distintas variantes a lo largo de su historia. Durante la primera época de Perón se la formuló y practicó en sintonía con una versión algo fascistoide de la doctrina social de la Iglesia. Con Menem, en clave de modernización capitalista y como justificación de las aspiraciones de la elite política de mimetizarse con la de negocios. Lo que se llevó bastante mal con los pocos rasgos auténticamente liberales y de mercado de las reformas en esos años implementadas. Y en los años de los Kirchner con el cuento de la nueva izquierda latinoamericana, el regreso de la política y el estado y la lucha contra los engaños neoliberales. Con lo que se descalificó lo poco bueno y se potenció todo lo malo de la fase anterior.

Ahora que están de salida y cada vez más acorralados, Cristina y los suyos recurren a esta ética menos disimuladamente y con cierta desesperación. Aunque siguen sabiendo golpear donde duele. No fue para nada casual que la presidente reapareciera en público y para responder explícitamente a los avances de investigaciones judiciales locales e internacionales sobre el lavado de los dineros familiares en la reunión de la Cámara Argentina de la Construcción, rubro que se sabe predilecto por la elite oficial desde las primeras denuncias de Carrió contra De Vido y desde aquel mensaje de despedida lanzado por Lavagna cuando se supo expulsado del gobierno de Néstor. Aunque señalar al juez Bonadío como un igual, porque no tendría en orden una empresa de la que es accionista, no le hizo un gran favor a la investidura presidencial, lo fundamental fue lo que no se dijo, pero se insinuó: que Lázaro (y a través suyo, la familia) no es sino un recién llegado al club de la “patria contratista”, la cual no tendría nada que reprocharle a las autoridades ya que en todos estos años han convivido con enorme provecho.

Cristina suele hablar de estos asuntos de dinero, de todos modos, con el desprecio y la distancia de una intelectual. Lo que le ha sido de gran utilidad, pues le permite descargar en otros, antes en Néstor ahora en Máximo, los manejos empresarios de la familia. Recordemos cuando se definió a sí misma como una exitosa abogada, de lo que muchos dudan, pero nada dijo de sus condiciones que nadie le discute, hotelera, rentista inmobiliaria, operadora financiera. Recordemos también cómo, a poco de iniciarse el mandato de su marido, quiso justificar pero a la vez descargar en él la responsabilidad por el manejo de los dinerillos matrimoniales brindando una espectacular lección de “pragmatismo k”, según la cual Néstor la habría convencido al mudarse a Santa Cruz de que “para hacer política hace falta platita”. Cuando en verdad de lo que seguramente se informaron muy bien ambos, no sólo Néstor y no sólo entonces, fue que la más rápida vía para hacer dinero es exprimir en provecho propio las lagunas y demás limitaciones de la ley. Esa era entonces y sigue siendo hoy la piedra de toque de la ética kirchnerista.

El problema para Cristina no fue nunca la inconsecuencia o la ignorancia de esta cruda faceta crematística de su proyecto político, sino las desprolijidades en que ella, su hijo y sus socios parecen haber incurrido a la hora de administrar el tráfico entre lo que de ella se debe mostrar y lo que sólo hay que insinuar. Y no sólo por la torpeza de registrar miles de habitaciones vacías a nombre de empresas de Lázaro, sino por sumarlo a las fotos de familia. Algo de lo que Néstor siempre se cuidó, igual que de mantener velada la trastienda santacruceña de su sistema de poder. Y que puede terminar siendo aún más dañino que haber puesto a Boudou de vice.

Aunque tal vez el paso del tiempo hubiera hecho igual su trabajo de haber sido menor la dosis de torpeza de los gobernantes. Porque el fondo del problema del modelo k es que nunca asumió la conveniencia de prepararse para dejar el poder. No sólo negó por ilusorios el mercado, la competencia, el esfuerzo productivo y, finalmente, la propiedad privada. Sino que los reemplazó por otra ilusión, la muy patente de que sólo existe el poder político y él se puede reproducir ad infinitum si se está dispuesto a ejercerlo sin restricciones. La corrupción, así, no ha sido una desviación en el modelo kirchnerista, sino la puesta en práctica más sincera y auténtica de su ética. Y también ha sido la prueba de su futilidad, de que todo lo que esmeradamente construyó lo moldeó de manera que corre el riesgo de derrumbarse como un castillo de naipes.

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¿Cómo fue que Duhalde y Alfonsín parieron al kirchnerismo?

Ambos habían cometido ya unos cuantos errores en sus carreras políticas, pero no puede negarse que, durante la crisis de 2001 y 2002 tuvieron algunos de sus mayores aciertos: lograron cooperar y hacer que al menos parte de sus partidos cooperaran para sacar al país del abismo proveyéndole condiciones y una orientación innovadora a la economía. Sin embargo, cuando estaba por coronarse con el éxito ese esfuerzo, hacía fines de 2002, fue como si los traicionaran sus instintos, llevándolos a incurrir en errores difíciles de explicar, tal vez los que más terminarían pesando en la historia del país: Duhalde consagró, y Alfonsín no hizo nada para evitar que se consagrara, candidato presidencial a Néstor Kirchner, quien los traicionaría poco después y con el tiempo traicionaría todo lo que había de innovador y potente en el proceso económico por ellos forjado.

¿Por qué lo hicieron? Tenían poco tiempo y pocas alternativas disponibles, es cierto, pero visto en perspectiva eligieron tal vez la peor. Ambos explicarían luego que subestimaron el afán destructivo y autoritario del entonces gobernador santacruceño, al que en verdad no conocían muy bien, lo que sin duda es parte de la explicación. Pero no toda. Otra parte es que subestimaron también la innovación económica que habían gestado, y eso los llevó a no valorar lo suficiente las posibilidades abiertas para un curso político igualmente innovador.

La novedad iniciada con la devaluación y la subsiguiente estabilización, conducida primero por Remes Lenicov y luego por Lavagna, residió en esencia en que por primera vez en décadas una crisis cambiaria no era seguida en Argentina de un ajuste caótico y una aceleración prolongada de la inflación. Y que, al contrario, la ganancia para la competitividad de la producción se acompañara de un aumento sostenido tanto de la recaudación fiscal, que proveyó una base inéditamente sólida para el superávit de las cuentas públicas, como de un amplio superávit comercial y un aumento de la tasa de inversión, primero en las actividades exportadoras y al poco tiempo extendida a muchas otras. Que el superávit fiscal se lograra con algunos tributos de emergencia (como las retenciones y el impuesto al cheque) no significaba que no pudiera convertirse, pasada la crisis, en una conquista más firme asentada en otros menos distorsivos. Y que el dólar se estabilizara en niveles que imponían en principio un bajo nivel salarial no significaba que, a través de la generación de empleo productivo, no se pudiera con el tiempo reequilibrar la productividad con el bienestar de la población. El círculo virtuoso de movida permitió que los capitales fugados comenzaran a volver y que un mercado libre de cambios fuera compatible, ya en la segunda mitad de 2002, con una tasa muy baja de inflación y una expansión de la actividad superior al 10%.

Hubo también innovaciones políticas acompañando este cambio económico, pero no las suficientes, y allí fue donde el diablo metió la cola. Peronistas y radicales, o mejor dicho los duhaldistas y los alfonsinistas cooperaron tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo para fijar y sostener este rumbo, en principio sin mayor adhesión de la sociedad. Un inédito gobierno de coalición estaba evitando que las instituciones democráticas colapsaran junto con la economía y la crisis tuviera efectos sociales aún más graves y prolongados. Pero evitar un mal no siempre es algo fácil de hacer valer en las encuestas. Y cuando recién despuntaba la luz al final del túnel, y la actividad y con ella el empleo iniciaban una recuperación inesperadamente veloz, el gobierno debió llamar a elecciones anticipadas.

Pudo haberlo hecho, de todos modos, con un candidato que continuara el experimento coalicional tanto como la orientación económica. Tibiamente lo intentó con Reutemann, De la Sota, hasta con Macri, aunque la mejor carta que tenía, el propio Lavagna, apenas si fue explorada. Y si ninguna de esas alternativas el gobierno la barajó como vía de continuidad al acuerdo entre partidos fue por otros motivos. Por un lado, Alfonsín estaba convencido de que para recuperar al radicalismo debía tomar distancia de un gobierno que todavía tenía más pasivos que activos económicos y sociales que mostrar, de manera de reabsorber o por lo menos acotar los cismas encabezados por Carrió y López Murphy. De otra manera su versión de la UCR sería deglutida por el peronismo y los neoradicales se quedarían con sus votos, cosa que igual sucedió.

Por su parte Duhalde tenía una visión igual de escéptica de los réditos que la economía podía ofrecer y creía que su problema fundamental era Menem, y sólo oponiéndole la candidatura de un gobernador peronista podría disputarle el control del PJ, evitar que él se dividiera aún más y triunfara un no peronista.

Así, por cálculos de coyuntura en gran medida errados, que les impedían ver el bosque de nuevas posibilidades que se abrían y los llevaban a sobreestimar los obstáculos de algunos árboles más bien residuales, o que no eran todo lo novedosos que pretendían, Duhalde y Alfonsín terminaron descartando la vía de la innovación política. Lo pagarían caro. Para peor, en principio pareció que habían acertado: Alfonsín tuvo sus primeros meses de entusiasmo con Néstor presidente; se dejó seducir por su retórica antimilitar, anticorporativa y de ampliación de derechos, en la que creyó ver la chance de una profundización progresista de la cooperación radical-peronista iniciada con Duhalde. Mientras éste vivió su propio espejismo: se imaginó como hombre de consulta del nuevo mandatario y una suerte de Urquiza entre los jerarcas peronistas, que por largos años podrían negociar pacífica y razonablemente la distribución del poder mientras el país se modernizaba y crecía. Hasta que lo sacaron de su ensueño, arrojándolo de nuevo y del peor modo a la arena.

Debió ser para ambos una iluminación sobre la dimensión del error cometido lo que escucharon decir a Kirchner en un discurso del que hace poco se cumplieron 10 años: el que pronunció en las cercanías de la ESMA en marzo de 2004 y expuso por primera vez el alcance epocal que buscaba para sí el naciente kirchnerismo. Muchos creyeron entonces que, con él, Néstor estaba ampliando el horizonte de los cambios que propondría al país. Pero los dos ex presidentes que habían ayudado a encumbrarlo, y con el paso del tiempo cualquier observador independiente, pudieron advertir que lo que sus palabras y el giro radical que las acompañó traerían consigo era más que nada una restauración, que frustraría las innovaciones que el 2002 había iniciado, imponiendo una orientación regresiva en la política y la economía del país.

Allí Kirchner ajustó cuentas primero con Alfonsín y 1983, a los que consideró una continuidad disfrazada de la dictadura militar, luego con los peronistas, a los que dejó fuera del acto para mostrarles hasta qué punto dependerían de él para reciclarse y relegitimarse luego de la “larga noche de los noventa” y demás complicidades con los “enemigos del pueblo”, y por último también con el movimiento de derechos humanos y la izquierda, que deberían dejarse cooptar y convertirse en una tropa acrítica si querían disfrutar de las mieles del poder.

En poco tiempo se verían rápidos avances en todos esos frentes. Los derechos humanos se volvieron fuerza de choque oficial casi sin disidencias (la única memorable fue la de Miguel Bonasso, entonces destacado referente del sector y pronto enviado a su segundo exilio por sus más dóciles compadres de Carta Abierta). Los peronistas hasta allí renuentes se fueron amoldando al nuevo orden, para hacerse merecedores tanto de los recursos fiscales como de los certificados de indulgencia que el nuevo pontífice graciosamente distribuía, con lo cual no sólo el menemismo sino pronto también el duhaldismo serían deglutidos. Y poco después nacería el radicalismo k, máxima presea de una transversalidad que se anunció como el fin de los viejos partidos y el renacer del mítico movimiento nacional.

Mientras tanto, la gestión económica confirmó que las innovaciones habilitadas en 2002 quedaban de lado para volver paso a paso a lo que había sido norma en la Argentina del medio siglo anterior: que así como los partidos y facciones no cooperarían ya entre sí, aunque se parecieran mucho más de lo que querían reconocer, se volvería a elegir entre alta inflación o bajo crecimiento, luego entre inversión o gasto público, y por último entre dólar atrasado, reprimido o regulado, o crisis financiera. No es causal por ello que, diez años después de ese discurso, en estas estemos.

publicado en La Nación el 25/11/2014

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Argentina Digital en el Congreso

Se inició el tratamiento del Proyecto Argentina Digital de Ley de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), con una serie de audiencias públicas en Comisión del Senado. Las mismas permitieron conocer los posicionamientos públicos de los principales interesados, y dieron lugar a algunas modificaciones al proyecto, que finalmente obtuvo dictamen para su tratamiento en el plenario. Nos proponemos acá pasar revista a las principales objeciones, a los cambios incorporados y a los pendientes, con un análisis que tome en cuenta las características del proceso político en marcha: se requiere de aprobación legislativa, lo que de mínima exige al Gobierno la persuasión de su mayoría en el Senado y el convencimiento de propios y algunos aliados en Diputados. Dado el origen del proyecto, que se dio a conocer de forma sorpresiva y sin discusión previa con ninguna de las partes (al menos públicamente), es de esperar que las mismas busquen explicitar e incorporar sus intereses a lo largo del tratamiento en el Congreso.

Las audiencias en el Senado y los principales reclamos

La brevedad y generalidad del proyecto inicial llevaba a preguntarse si no había pasado muy rápidamente de los cajones a la mesa de negociaciones, y a asumir que era muy probable que recibiera modificaciones o especificaciones de importancia durante el tratamiento legislativo. Algo en lo que el propio Gobierno buscó mostrarse dispuesto.

Las audiencias contaron con la participación de representantes de las empresas grandes, pymes y cooperativas de telecomunicaciones y de cable, cámaras sectoriales, asociaciones civiles y de consumidores, sindicatos y referentes académicos.

Desde el lado de las empresas, se destacaron los testimonios de las grandes telcos, Telefónica y Telecom, que coincidieron en resaltar que el proyecto “no las tiene como beneficiarias”, que a diferencia de las operadoras de cable están sujetas a alta regulación, y que ven su ingreso en TV paga como algo lejano, tomando en cuenta la alta penetración y gran cantidad de prestadores establecidos. La contrapartida vino a través del representante de Cablevisión, que remarcó la enorme diferencia de escala en ingresos entre las grandes telefónicas y los operadores de cable (que sin embargo no se verían reflejadas en las inversiones de red), y solicitó se les impida a esas empresas dar TV satelital, lo que les daría presencia nacional inmediata sin necesidad de inversiones. En esto coincidieron los representantes de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, que además insistieron en la prohibición a las telefónicas incumbentes (Telefónica y Telecom) para ingresar en radiodifusión, establecida en los contratos de privatización de ENTel. Un sentido similar tuvieron los reclamos de las Cooperativas de Telecomunicaciones, que también solicitaron se tenga en cuenta esas asimetrías instaurando recaudos especiales en las obligaciones de desagregación de red y de servicio universal para los operadores más chicos. A lo que se sumaron los representantes de las redes cooperativas, que además solicitaron se las reconozca de forma institucional y se las contemple en los financiamientos del servicio universal. E hicieron un pedido coincidente con el de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), insistiendo en la obligación a los prestadores dominantes a interconectarse y participar de los puntos de intercambio.

Desde el lado de los referentes académicos o profesionales se destacaron los testimonios del ex Secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar, del ex Relator para la Libertad de Expresión de la OEA Eduardo Bertoni y del investigador Martín Becerra, que en general remarcaron la falta de precisión del proyecto en cuanto a la neutralidad de red, la definición de actores con “poder significativo de mercado” y las medidas asimétricas de interconexión y desagregación, e insistieron sobre el problema de una Autoridad de Aplicación con amplias capacidades discrecionales a ser definida en forma exclusiva por el Ejecutivo.

Los cambios en el dictamen y su recepción

Luego de las audiencias, y tras un encuentro entre el Jefe de Gabinete, el Ministro de Planificación y el Secretario de Comunicaciones con parte de la bancada del FPV, el oficialismo decidió dar cuenta de algunos de esos reclamos, aunque no todos. Se anunció que la intención principal era lograr una “protección clara a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas de cable del interior, por medio un plan asimétrico que favorezca a los más pequeños”. Algo en lo que los legisladores de base territorial tienen un fuerte interés, dada la relación cercana que suelen tener con las empresas locales respectivas. A esto se sumaron otras modificaciones puntuales que también permitirían concitar el apoyo de los legisladores, incorporando puntos por los que venían reclamando.

La lectura que acá proponemos es que, más que una cesión, el Gobierno se habría reservado varios de esos aspectos en el proyecto original a sabiendas de la posibilidad de reclamos, de modo de poder incorporarlos posteriormente y capitalizarlos políticamente con relativa facilidad, resaltando que pone de su parte en la negociación de cara a la aprobación legislativa. Proceso que la vez le permite reservar y mantener en segundo plano aquellos puntos en los que es menos proclive a negociar y admitir cambios. Este argumento se desprende de la naturaleza casi lógica de los cambios introducidos, que eran falencias notorias del proyecto original, y son acordes con los objetivos enunciados desde el comienzo.

- Prohibición de TV satelital a licenciatarios TIC. La misma está destinada básicamente a las grandes telefónicas, y resulta razonable acorde al objetivo enunciado de alentar el desarrollo de las redes cableadas. La experiencia regional muestra que las grandes telefónicas han tendido a utilizar sistemas de televisión directa al hogar (TDH) para ganar presencia territorial, y que en todo caso desarrollaron sistemas de IPTV de modo focalizado en zonas de alto consumo (en las que prevén recuperar rápidamente las inversiones en red para alcanzar el ancho de banda que exigen esos servicios). Pero esto se reforzaría aún más en el caso argentino, dada su conjunción con las limitaciones establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que permanecen vigentes para el sector audiovisual: los servicios de TV satelital se pueden brindar con una única licencia nacional con cobertura en todo el territorio, sin quedar sujetos al límite de 24 licencias locales que se aplica a la TV por cable; a la vez, la norma no permite a un mismo prestador brindar ambos servicios. Así, se hacía altamente probable que las grandes telefónicas decidieran ingresar a TV paga por medio de TDH, lo que les permitiría cobertura inmediata sobre todo el territorio, haciendo uso de la infraestructura ya desarrollada en la región (Telefónica y América Móvil / Claro cuentan con sistemas satelitales propios, mientras que Telecom podría hacer uso de los servicios de un mayorista). Eso implicaría la pérdida del principal incentivo para el desarrollo de sus redes cableadas: la necesidad de actualizarlas para quedar en condiciones de brindar IPTV.

- Plan de implementación gradual. El dictamen incorporó la posibilidad de “establecer zonas de exclusión por plazos limitados” para el ingreso de los licenciatarios TIC con “poder significativo de mercado” en servicios audiovisuales. Con lo que busca “fomentar y resguardar a las redes comunitarias” e “incentivar el despliegue de la infraestructura regional y los actores locales”, por medio de recursos específicos de servicio universal u otras partidas o beneficios fiscales. No obstante, reitera el rasgo característico de la mayoría de las disposiciones introducidas en el proyecto: se hace una mención general de esas intenciones, pero sin avanzar en la definición de las formas concretas de implementarlas, que se dejan a decisión de la Autoridad de Aplicación. Este punto busca responder a los reclamos de las empresas y cooperativas locales, y a los respaldos de los legisladores provinciales. Sin embargo, reforzar el peso de disposiciones asimétricas también era esperable en una regulación enfocada en la convergencia entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Y, como veremos, estas especificaciones siguen siendo parciales.

- Neutralidad de red. Se introdujo mayor precisión en cuanto a las prohibiciones a los operadores destinadas a garantizar la neutralidad, algo que apenas era mencionado en el proyecto original. Acá también el Gobierno capitaliza fácilmente la modificación, accediendo a incorporar buena parte del dictamen que la misma Comisión trabajó durante más de un año, y en lo que tuvo la colaboración de otros actores interesados.

- Declaración de servicio público. El dictamen también recoge otra advertencia generalizada: el proyecto declara como servicio público el uso y acceso de las redes de telecomunicaciones entre prestadores, pero no a los servicios mismos. Algo que puede ser entendible, dado que se apunta a regular el uso de las redes por parte de diversos operadores, dejando la prestación de servicios en régimen de competencia. Pero ello implicaba una vuelta atrás respecto a la normativa actual, ya que la telefonía fija perdía su estatus de servicio público. El dictamen vuelve a declarar como tal al Servicio Básico Telefónico (SBT). Y cabe una observación: el texto define al SBT como “el servicio de telefonía de voz, independientemente de la tecnología o medios utilizados para su provisión, siempre que cumpla con la finalidad de permitir a sus usuarios comunicarse entre sí”. Esto pareciera comprender tanto a la telefonía fija como a la móvil (no así a la transmisión de datos). Lo cual daría cuenta de que las llamadas móviles constituyen la principal vía de comunicación del país, y su declaración como servicio público viene siendo largamente reclamada por los legisladores. No obstante, las disposiciones transitorias terminan refiriendo la definición de SBT al pliego de privatización de ENTel de 1990, que contemplan a los enlaces fijos en exclusividad. Se puede pensar que esa limitación transitoria podría ser retirada, pero convendría hacerlo explícito en el proyecto.

- Definición de servicios TIC. La misma fue modificada en el dictamen, y quedó redactada con tal nivel de amplitud que permite extender la regulación pública a todos los servicios que se prestan a través de Internet (mails, mensajería instantánea, llamadas IP, servicios de videos, etc.). Esto parece más producto de una redacción deficiente que de la voluntad específica de regular todos esos servicios (lo que por cierto sería imposible), pero corresponde se especifique su limitación a redes y servicios de telecomunicaciones públicamente accesibles.

- Reválida automática de las licencias actuales. Era una demanda sostenida por todos los licenciatarios actuales, preocupados por los requerimientos de traspaso previstos en el proyecto original.

- Derechos y obligaciones de usuarios y prestadores. No había referencia alguna en el proyecto original, el dictamen incorpora lo establecido en el Reglamento de Telecomunicaciones sancionado por la SECOM en 2013.

Los principales pendientes

- Medidas asimétricas de promoción de la competencia y control de posiciones dominantes. Acorde a las recomendaciones internacionales, el proyecto incorpora medidas tendientes a promover la competencia entre operadores, como la obligación de interconexión y de desagregación de redes locales a precios regulados para todos los licenciatarios TIC. Asimismo, incorpora medidas tendientes al control de aquellos operadores con “poder significativo de mercado”, a los que corresponderían obligaciones asimétricas, como tarifas diferenciales, separación funcional o contable o períodos de exclusión). El problema, como marcamos repetidamente, es que todas esas medidas son enunciadas de modo general, pero no se define en forma concreta su funcionamiento o modos de implementación, que se derivan a la reglamentación por la Autoridad de Aplicación. Por ejemplo, no se precisan los parámetros para considerar a un operador con poder significativo (lo que podría ser en función de participaciones en abonados, tráfico o capacidad de redes, sea a nivel nacional, regional o local). Tampoco qué grado de alcance tendría la desagregación de redes locales, ni si correspondería en forma diferencial y de qué modo a los grandes operadores nacionales por sobre los más chicos, regionales o locales.

Se trata de un punto muy llamativo, porque la justificación de la regulación sectorial pro-competencia a nivel internacional tiene como eje la necesidad de establecer reglas de convivencia entre redes de magnitudes diferentes, en las que se enfrentan operadores poderosos con redes heredadas o desarrolladas a lo largo del tiempo, con alto grado de capilaridad nacional y grandes recursos de inversión, con otros de mucho menor porte. Lo que a su vez se complejiza cuando se apunta a la convergencia entre sectores antes separados, como telecomunicaciones y radiodifusión. En la práctica, no hay interconexión ni convivencia entre iguales; de lo que resulta la necesidad de que aquellos operadores con posición dominante sean sometidos a medidas asimétricas de regulación sectorial ex-ante,  o en su defecto de defensa de la competencia o control de la dominancia ex-post. Algo en lo que el proyecto no pasa de la mera mención de intenciones: se delega el asunto a “las disposiciones dictadas por la Autoridad de Aplicación, las que fomentarán la competencia y se orientarán a la progresiva reducción de asimetrías”.

Puede ser entendible que en un sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones, en el que la evolución tecnológica continua se combina con un equilibrio sumamente inestable entre promoción de la competencia e incentivos a la inversión, se requiera de capacidades técnicas flexibles y medidas graduales. Y que, desde ahí, se decida delegar mayores precisiones a la reglamentación, de modo que no quedar atados en la ley general. Pero eso no excluye que se expliciten las guías de aplicación, lo que va mucha más allá de la simple mención de intenciones. Y que, fundamentalmente, refuerza la necesidad de conformar una autoridad de aplicación y ente de control con altas capacidades técnicas y autonomía relativa para la toma de esas decisiones.

- El problema político-institucional: la Autoridad de  Aplicación. Tal como concluíamos en este análisis previo, el proyecto replica el principal defecto del marco normativo vigente: la concentración de la capacidad de toma decisiones sectoriales en la cúpula del Ejecutivo, y en los intercambios coyunturales con otros actores interesados que logran acceso. La experiencia de los últimos 30 años muestra que eso derivó principalmente en procesos de negociaciones informales, con escasa visibilidad pública, en los que tendieron a imponerse objetivos políticos o de negocios de corto plazo por sobre consideraciones sectoriales o sociales de largo plazo. Dada la importancia económica y social del sector, y de las decisiones que se dejan a su cargo, resulta crucial el desarrollo de un ente de aplicación y de control con capacidades técnicas y con autonomía relativa sobre los actores interesados. Lo cual, por cierto, es una práctica absolutamente difundida a nivel internacional.

La reciente reforma mexicana, que el proyecto pone como referencia, tuvo como eje central la conformación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano constitucional autónomo de integración profesional, independiente de los tres poderes estatales, con atribuciones especiales para la promoción y defensa de la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. La reforma también incluyó la creación de tribunales especializados en la Justicia Federal, destinados a resolver las disputas que puedan presentarse entre las partes.

Podría, no obstante, descreerse de la autonomía efectiva de los entes autárquicos (la literatura de captura ‘bifronte’ apunta a eso), y priorizar la necesidad de que siga siendo el Gobierno quien retenga las capacidades últimas de decisión sobre un sector estratégico. Aún así, como lo muestra el caso colombiano (también referido en el proyecto), cabe pensar en un modelo más equilibrado, que habilite la participación regular e institucional del resto de los actores interesados. La incorporación de mínima de medidas como la obligación de audiencias públicas para la toma de decisiones de importancia, presentación y discusión pública de agendas de trabajo e informes de gestión, o una comisión parlamentaria de control, exige a los actores hacer más explícitos sus intereses y objetivos, otorgando mayor visibilidad y menor disposición discrecional a los procesos de política.

El Gobierno no ha mostrado hasta el momento mayores intenciones de avanzar en un esquema de este tipo, lo que sería un legado para el sector de cara al fin del mandato, que aplicaría sobre quienes lo sucedan. Es posible que la capacidad para tomar o negociar decisiones sectoriales en el tiempo que le queda sea un factor explicativo. Pero también es cierto que esa no es una preocupación que pese con tanta fuerza sobre los legisladores, que son quienes tienen la capacidad de decisión sobre el futuro del proyecto de ley.

 

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Cristina, jefa de campaña de Scioli

El gobernador bonaerense se afirma como candidato oficial a la sucesión. Mientras, la presidente disfruta de cierto brillo crepuscular en el ocaso de su mandato. Ella interpreta que ese brillo, más el temor que con bastante éxito viene cultivando en la opinión a “perder lo que tenemos” le alcanzan para hacer las veces de gran electora en 2015, para dejar sembrado el sistema político (igual que la administración) de sus acólitos y limitar al máximo la autonomía de la dirigencia del PJ. Que empezando por el propio Scioli ensaya otra de sus cíclicas amnesias de lealtades juradas.

Cristina y los suyos enfrentan de todos modos un dilema a este respecto: su popularidad remanente en la sociedad se origina en gran medida en la perspectiva de su salida, y en la percepción colectiva de que ella está cada vez menos envuelta en las batallas del momento y va de camino a ingresar al panteón, controvertido pero broncíneo al fin, de los ex presidentes; por lo que puede muy bien suceder que en caso de oficiar de jefa de campaña, o peor todavía de candidata a algún cargo electivo, pierda buena parte de ese brillo y del capital político que necesita conservar para, eventualmente, volver más adelante al ruedo.

El sciolismo, claro, tiene sus propios motivos para desaconsejarle un rol protagónico en la que espera sea su consagración electoral. Con Cristina jefa de campaña o candidata, aunque sea a una intrascendente banca del Mercosur, será difícil probar que hay algo de cambio en la continuidad que la ola naranja promete. Y podrían repetirse los problemas que en 2003 y 2007 enfrentaron los candidatos oficialistas, sin ninguna de las ventajas de entonces: porque se instalaría la idea de que se ofrece a los votantes un candidato vicario, que estará condenado en caso de resultar electo a ejercer sólo parte del poder, y encima sin el empuje de un proceso económico que haga pensar, como sucedió en alguna medida en esas ocasiones, que él no necesitará ejercerlo en plenitud, o bien que podrá con el tiempo corregir ese déficit.

Así, aunque ya la candidatura de Scioli es un hecho casi inescapable para el kirchnerismo, y tan es así que sus sectores de izquierda se apresuran, tal como hicieran con el papa Francisco, a arriar y en lo posible borrar las duras impugnaciones con que hasta hace poco lo combatieran, lo que no está para nada claro todavía es en qué términos convivirán unos y otros. Para el sciolismo sería aceptable que Cristina reine pero ya no gobierne, para el kirchnerismo Scioli debería aceptar que su llegada al gobierno no significará su conquista del poder. Un conflicto en que se enfrentan, hay que destacarlo, no sólo intereses, el de los kirchneristas de perdurar, el de Scioli de ganar la elección e inaugurar su propio tiempo; sino sobre todo percepciones contraditorias. Más difíciles de conciliar pues, como se sabe, las ideas no se negocian tan fácilmente como los intereses.

Para los kirchneristas la persistente popularidad de su jefa es prueba de que su liderazgo no responde a los transitorios mandatos electivos, sino a las perennes pasiones populares. De allí que pueda trascender a las reglas de la institucionalidad democrática, que si no se ha podido amoldar a sus necesidades y tiempos peor para ella.

Es curioso que para justificar esta idea se recurra a comparaciones con Bachelet y el PS chileno, o Lula y el PT, pues lo que siempre distinguió a Cristina fue que nunca le interesó ser jefa del partido al que pertenece. Por lo que es natural que ahora le resulte más difícil controlarlo: las mayores muestras de debilidad que brindó el Ejecutivo en las últimas semanas, las disidencias de los senadores oficialistas a varios de los proyectos de ley por él impulsados, la rebelión de los jueces federales en casos de corrupción que involucran a las más altas autoridades, el fracaso en contener a los gremios del transporte en sus reclamos contra Ganancias y por un bono de fin de año, y la reunión en Mendoza en la que los jefes provinciales consagraron a Scioli como primus inter pares, hablan todas del mismo problema en su relación con el peronismo.

Y todas ellas alientan a los aspirantes a protagonizar en su seno la próxima etapa a no dejarse impresionar por el brillo crepuscular de la imagen presidencial. Para ellos, que la sociedad haya pasado de estar dominada en el período 2012-3 por pasiones a favor y en contra de Cristina, contraponiéndose entusiasmos, frustraciones y rencores de distinta intensidad, pero todos más o menos pasajeros, a un cuadro en que lo que predomina es el cansancio y el temor, pues casi todos han tenido tiempo de resignarse y a la vez convencerse de que en lo inmediato y antes de posibles mejoras la situación tenderá a empeorar, ofrece una imperdible oportunidad para su propio reciclado: les puede permitir dar vuelta la página de su adhesión al “modelo” sin que el partido sufra tantas tensiones como en 1985-9, o en 1999-2003. Y es natural por tanto que adhieran en general a Scioli, quien sintetiza mejor que nadie esa mezcla de temores y nostalgias.

El punto de equilibrio entre el “que reine pero ya no gobierne” y su opuesto “Scioli al gobierno, Cristina al poder” es de todos modos posible. Y está dado por una coalición electoral aún viable entre todos los que han sacado algún provecho de las políticas de estos años, que como se sabe, son realmente muchos y diversos. Para el oficialismo sería relativamente fácil retener el grueso del voto de sectores bajos que dependen del presupuesto público, y donde el temor a lo que se viene es más pronunciado. A su público de izquierda cree tenerlo asegurado, más todavía a la luz del curso declinante de FAUnen. Y además no hay que exagerar el volumen real de este sector en la sociedad. Así que su desafío es competir por los dubitativos, más moderados, ideológicamente indefinidos, o directamente de derecha. Y allí Scioli puede hacerlo tan bien como Macri y Massa. Con sumar parte de ese voto y asegurarse la fragmentación del resto podría llegar al 40% con 10 puntos de distancia con el segundo, y liquidar el asunto en primera vuelta. Una estrategia de “catch all”, con luchas contra los buitres y el imperialismo mientras se alimenta la bicicleta financiera con bonos de todos los colores, amenazas a los empresarios especuladores que se fugan al dólar o aumentan los precios, a Clarín que sigue “manipulando las conciencias” y también a los gremialistas y las “izquierdas maximalistas” que desestabilizan con sus protestas, incluso ahora a los extranjeros indocumentados, todo al mismo tiempo, sólo en apariencia es un abandono del ideario oficial. Porque siempre ese ideario combinó dosis parejas de fanatismo y oportunismo. Como viene haciendo Scioli desde hace años, diciéndole a cada uno lo que espera escuchar.

Así las cosas, el principal obstáculo que enfrenta el oficialismo para lograr su continuidad no son las distintas versiones que de ella se hacen sus facciones, sino la resistencia social a adoptarla como mejor futuro posible. Y por más que se frustre una amplia coalición opositora, seguirá habiendo un mecanismo a para que esa resistencia se exprese, que el propio kirchnerismo le proveyó: sea en dos, tres o más fórmulas, los opositores podrán usar las PASO como gran interna entre ellos, predisponiendo a los electores, acostumbrados a un uso estratégico del voto desde hace ya tiempo, a apoyar al mejor situado de todos ellos en la primera vuelta.

-publicado en perfil.com el 23/11/2014

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UCR, atrapada entre Massa y Macri

Un fantasma recorre la UCR, uno que asusta con repetir el año que viene ya no la mala elección que hizo Ricardo Alfonsín en 2011, sino la pésima que hiciera Leopoldo Moreau en 2003. Con lo cual el radicalismo vería pasar la oportunidad que representa el final del kirchnerismo, y que sus dirigentes creen muy merecida, de recuperar su tradicional espacio como partido nacional. Y se daría continuidad a los cismas y la sangría de votos que llevan ya más de una década y para muchos de ellos es peor que una muerte súbita.

Muchos en la tropa de Alem e Yrigoyen aprietan los dientes y se niegan a ceder al temor, creen que aunque hoy Cobos y más todavía Sanz están bastante debajo de los 10 puntos de intención de voto, pueden levantar si FAUNEN deja de desangrarse en disputas intestinas. Sobre todo porque la sociedad se está cansando del peronismo y necesita una alternativa progresista ante el giro conservador que encarnan todos los demás candidatos. Con esa idea formaron a comienzos de este año la alianza con las fuerzas de centroizquierda y con Carrió: mantener vivo el sueño socialdemócrata de 1983, aun cuando los vientos no sean muy favorables.

Pero un buen número de radicales tiende a pensar que la opción no es entre Cobos y Sanz, ni entre uno de ellos y Binner, que tampoco está siquiera cerca de repetir los guarismos de 2011, sino entre Macri y Massa. Este sector de la UCR está a su vez dividido, y no sólo por la opción entre esos dos candidatos. Algunos creen que participar de la competencia nacional será por completo estéril, y el partido debe empezar por recuperar los espacios provinciales y municipales perdidos desde los años noventa, que en su caso vendrían a ser los añorados noventa. Para lo cual lo mejor es no atarse a ninguna fórmula presidencial, o atarse moderadamente a varias a la vez para que todas sumen a sus listas distritales, o por lo menos no les resten.

Una pregunta que cabe plantearles es si esta resignación a no tener apuesta nacional puede ser pasajera o terminaría retroalimentándose, y por tanto volviéndose irreversible. ¿La UCR no se estará convirtiendo en el simil argentino del PMDB brasileño?, una fuerza que fue importante en la transición democrática de nuestros vecinos, pero aunque sigue hoy teniendo unos cuantas gobernaciones, intendencias y bancas legislativas, desde hace años sólo pesa a nivel nacional como “socio segundón de”, primero del PSDB, y después del PT.

Otra cuestión, relacionada a lo anterior, es si esta actitud no vuelve a los radicales aliados tan poco confiables como escasamente útiles: dado que privilegiarán sus espacios territoriales y se sacarán fotos con todos los candidatos nacionales que puedan pero no se casarán con ninguno, a éstos podría convenirles participar del juego pero no tomárselo muy en serio. Esta es una sospecha que pesa sobre todo en el macrismo: ¿para qué ir atrás de acuerdos con una dirigencia que adoptó el estilo oportunista y ventajero de los peronistas pero carece del espíritu de cuerpo que a éstos les permite, llegada la hora, actuar en conjunto para sostener a un caudillo electoral y a un gobierno, y que encima no van a poder evitar que quienes los votan en sus distritos se inclinen solos en las presidenciales por alguno de los candidatos a los que quieren cobrarles un peaje ilusorio?

Si Macri revisó este escepticismo en los últimos días, aclaremos, no fue porque pagar por un apoyo que cree poder conseguir gratis le convenza, sino porque en su prescindencia le dejó abierta la puerta a Massa. A quien no le interesa tanto que los radicales sean poco confiables, pues necesita menos asegurarse su lealtad: le alcanza con que nadie obstruya su camino al ballotage y para eso apuesta a borrar lo más posible las fronteras partidarias, las del peronismo y también las radicales. Lo que puede lograr con meras fotos, como las que consiguió con Morales, Cano y Artaza, en Jujuy, Tucumán y Corrientes, y la que acaba de perderse el jefe del PRO en Entre Ríos, a raíz de su indisposición a ceder más lugar a los radicales del distrito.

Ante los peligros de volverse una desagregada cantera de ubicuos y poco respetados caudillejos locales, quienes rodean a Sanz y algunos más están tratando de definir una estrategia nacional que les permita escapar a la mochila de plomo en que, a sus ojos, se convirtió el FAUnen. Pero es inevitable que les cueste optar entre las ventajas de hacerlo en dirección a Macri o a Massa.

El PRO es más afín al credo no peronista y a la idea de que los partidos deben reconciliarse con la sociedad, dos cosas que obsesionan a la mayoría de los líderes de la UCR. Como tendría pocos legisladores propios en caso de ganar, Macri sería mucho más dependiente que Massa del apoyo que aquellos le seguirían ofreciendo. Por lo que podrían cobrárselo más caro, tanto para bien de sus bancadas legislativas como de sus gobernadores e intendentes. Pero ojo: hasta hace poco se pensaba que como el PRO tiene poca implantación territorial sería más generoso con la que le ofrecieran desde la UCR; pero esto no ha sido tan así pues los macristas se convencieron de que debían presentarse como “lo nuevo” contra la “vieja política”, que incluye también a la boina blanca, y que les convenía premiar a leales que garanticen hacer campaña por su jefe. Desde que el PRO adoptó esta tesitura, más “mezquina” al menos a los ojos radicales, muchos empezaron a pensar que Macri está poseído por el espíritu alternativista y antirradical de Chacho Álvarez y no debían repetir la historia de juntarse con quien no quiere aliados sino apenas un aparato que vampirizar. Además, si llegara a ganar el PRO con estas ideas, y en la oposición quedara un PJ en alguna medida inclinado hacia la izquierda y el populismo, ¿cuál sería el futuro de la UCR sino languidecer como furgón de cola de una fuerza hegemónica en el centroderecha?

El tigrense tal vez en un principio necesite de los legisladores y caciques locales radicales, pero en cuanto logre reunificar al peronismo dejaría de precisarlos. Ello supone una desventaja, menos pagos por colaborar con su gobierno, pero también implicaría un horizonte de mayor viabilidad para la UCR: una vez reunificado el peronismo, lo que quede fuera podría volver a encolumnarse detrás del centenario partido y dejar de responder a ese horrible e inasible mote de “no peronismo”, que a los radicales los deja sin destino. Pero por sobre todo es esperable que el FR sea más generoso con los candidatos locales de la fuerza, al menos allí donde no tiene chances de seducir a sectores importantes del PJ. Ello les ofrece a la UCR la posibilidad de cobrar en moneda contante y sonante, apoyo en competencias que creen poder ganar, por simples fotos.

Así las cosas, lo que es seguro es que a los caciques radicales, como al grueso de los peronistas, les conviene seguir oteando sus cartas y las de los demás el mayor tiempo posible, y mientras tanto consolidar sus propias candidaturas, mostrarse abiertos a todos los arreglos posibles, y tratar de cazar todo tipo de votos y apoyos. En un sistema donde casi ya no hay partidos, competir es en esencia personalizar las opciones lo más posible. Si lo hacen los presidenciables, ¿por qué no los habrían de imitar los demás?

De pensar estrategias más serias y de largo plazo que se ocupen otros. Por caso, Sanz. Pero ojo: las dificultades de la opción que éste prefiere no provienen solo del oportunismo y la falta de colaboración de sus correligionarios, son también intrínsecas a ella: por más que el senador mendocino y Carrió se devanan los sesos para imaginar la fórmula de un entendimiento con PRO, no pueden escapar a la disyuntiva entre resignar la presidencia y nominar a Sanz como vice de Macri, lo que implicaría para el resto de los radicales una concesión difícil de digerir, o plantearse una competencia con el macrismo que no pueden ganar, corriendo el riesgo de quedarse sin nada, incluso resultar muy perjudicados en la asignación de bancas legislativas. Es comprensible que incluso muchos simpatizantes del jefe de la UCR se inclinen entonces por dejar las cosas como están a nivel nacional, respaldar a Cobos como la opción menos mala, incluso acompañar a Binner, y priorizar la competencia allí donde tienen algo más o menos cierto por alcanzar.

 -publicado en tn.com.ar el 17/11/2014

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Cristina agotó su cuota de internaciones heroicas

Entre los dispositivos de marketing que inventó o reinventó y potenció el kirchnerismo en estos años uno de los más llamativos y trajinados fue el de las “internaciones heroicas”. A través de ellas, Néstor primero y luego Cristina escenificaban el sacrificio personal del líder en aras de la causa nacional y popular, y sus seguidores la devoción hacia ellos, y más en general el irrompible vínculo de amor y lealtad, real o pretendido, entre el pueblo y su jefe.

La ética del aguante proveía en esas ocasiones el cemento necesario para fraguar una relación apasionada y por tanto acrítica, incuestionable. Porque el aguante ofrece el punto de encuentro ideal entre sacrificio y devoción. Tenía aguante el líder, que llevaba al límite su estado de salud y ponía en riesgo su propia vida, y tenían aguante y “le hacían el aguante” los militantes, dándole a aquél fuerzas para seguir adelante. Un tema, como se sabe, con larga tradición en el peronismo desde la trágica enfermedad y muerte de Eva Perón.

Lo explicó con inesperada claridad Máximo Kirchner semanas atrás, en su hasta aquí único discurso público: según él en octubre de 2010 los militantes kirchneristas habrían probado que para ellos no corre esa conocida máxima pejotista según la cual a los líderes se los sigue “hasta la puerta del cementerio” pero sólo hasta ahí. El hijo de la presidente dio a entender así que lo sucedido con la muerte de su padre, y por extensión lo que se puede esperar suceda con el final del mandato de Cristina, hay que interpretarlo en la clave emotiva y en los tiempos largos propios de los liderazgos perennes, como el de Evita, y no en los cortos y transaccionales de quienes sólo han llegado a ser funcionarios a término o fugaces jefes partidarios.

Pero si esto es así ¿por qué entonces en la internación que Cristina padeció la semana que pasó no hubo nadie acompañándola? ¿Se cansaron los militantes? ¿O ellos temieron que los votantes se estén cansando o ya se hayan cansado? En principio, lo que es seguro es que el dispositivo perdió eficacia y los kirchneristas lo saben. Como en muchos otros terrenos, el oficialismo sufre fatiga de materiales, un creciente deterioro de sus instrumentos de poder y marketing, que ya no está a tiempo ni tiene los recursos necesarios para reemplazar por otros.

No hay que descartar que haya habido también algo de plan en “dejar sola” a Cristina: si la imagen de los leales militantes rodeando el sanatorio o la clínica (nunca el hospital público) en donde la presidente yace en cama ya no sirve, tal vez llegó la hora de apostar a que sirva una variante, la mandataria sufriendo sus dolencias casi en soledad, sobreactuando su debilidad para generar, si no una renacida devoción, al menos temor a lo que podría suceder si su salud se sigue deteriorando. Temor que, como es fácil advertir por otros muchos indicios, se ha vuelto el principal argumento en manos del gobierno: la opinión pública ya no espera que las cosas mejoren, ni siquiera sus fracciones más oficialistas, apenas ansía que dejen de empeorar, y con toda lógica se estima que una Cristina fuerte puede presentarse como condición para lograrlo.

Esta generalización del miedo a lo que se viene puede ayudar a entender también el porqué del silencio opositor ante la enésima internación de la presidente, y que los aspirantes a la sucesión no hayan reclamado como otras veces información más fidedigna sobre lo que le sucedía, el tratamiento que sigue, sobre quién está al mando en su ausencia, etc. Ellos y sus partidos saben que no pueden ofrecer ninguna vía alterna para mejorar la situación, al menos no antes de diciembre de 2015, y ni siquiera están en condiciones de garantizar que el cambio que propugnan a partir de entonces vaya a ser fácil, rápido y sobre todo incruento, pues aun quienes prometen votarlos comparten el temor a que las cosas sean bastante complicadas y vayan para peor antes de poder mejorar. De allí que no les convenga agitar mucho las aguas con el vacío de poder, la ausencia de recambio, la desorientación o el inmovilismo que crecientemente afecta áreas críticas de la gestión de gobierno. Ni siquiera denostar a Boudou sirve ya para sumar adhesiones, dado que todos saben lo que el vicepresidente representa y nadie quiere que le recuerden que Cristina podría llegar a dejarnos en sus manos si las dolencias que la aquejan se agravaran.

Letargo y espera, en consecuencia, es lo que caracteriza la política de nuestros días. Y sea por un motivo o por el otro, no parece que haya muchos interesados en que deje de ser así. Tal vez los más entusiastas de los opositores lo intenten, pero corren el riesgo de que los señalen ya no sólo como agoreros sino como promotores del caos y la sociedad atemorizada les dé la espalda. También puede que los más entusiastas oficialistas vuelvan a las calles y los actos en los próximos días para mostrar que su pasión militante está incólume, pero los que cuentan en el campo oficial, Scioli, los demás jefes territoriales y los funcionarios que como Kicillof, Randazzo, Berni e incluso los camporistas más pragmáticos están trabajando por hacerse un futuro más allá de la salud política y personal de la presidente, están cada vez más en otra. Y cada día que pasa, por más esfuerzos que hace el núcleo oficial por evitar que el tiempo corra y se profundice el síndrome del pato cojo, más claro va quedando que aquellos, mientras siguen aplaudiendo y celebrando a Cristina, en lo que piensan es en cómo maniobrar en la transición para quedar lo mejor parados en la etapa que viene.

Ello dista de significar que abandonan el barco, pero para una líder que se acostumbró a ser la fuente de toda vida y esperanza para toda esa gente debe ser suficiente motivo de enojo y preocupación. Como para no tener ya ganas de ir a dar la cara al G-20. Ni de mantener con su sola palabra cotidianamente en pie la idea de que tras ella hay un gobierno en marcha. Ni de seguir sacando de la galera conejos para que parezca que las batallas inconclusas o ya perdidas aún están librándose. Porque ese es el otro dato que arroja el episodio: la fatiga de materiales está afectando cada vez más gravemente al motor y corazón del kirchnerismo, a la propia presidente.

-publicado en tn.com.ar el 10/11/2014

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La lapicera y el codo de Cristina, hiperactivos

Es todo un espectáculo ver cómo la presidente legisla a diestra y siniestra en estos días. Cada vez más frenéticamente a medida que se acerca el final de su mandato. Y casi a la misma velocidad y con igual entusiasmo va derogando normas que poco antes promoviera, y con ellas los criterios enarbolados como banderas supuestamente irrenunciables y precondiciones irreversibles para lograr un país mejor. Entre estas idas y vueltas su frenesí hiperactivo tiene poco de innovación y de destrucción creadora. Se parece cada vez más a una histeria del poder.

Sucede, se ha dicho ya muchas veces, que la presidente está empecinada en no perder poder, en escaparle al síndrome del pato cojo que afecta a los mandatarios cuando están de salida. Y a la vez trata de prolongar su proyecto y liderazgo más allá en el tiempo. Pero lograr las dos cosas, con los instrumentos que maneja y en la situación que se encuentra le va a resultar muy difícil.

Por ahora viene teniendo bastante éxito en lo primero, reteniendo la iniciativa y manteniéndose en el centro de la escena. Con ello convierte el juego de la política argentina en un presente perpetuo, y bloquea cualquier posibilidad de pensar en el futuro, prescindir de su asfixiante protagonismo y pasar a otra cosa. Lo que supondrá a la corta o a la larga un alto costo para el país. Pero también para su propio futuro: porque aunque se quiera ignorar el paso del tiempo, el tiempo sigue corriendo y en algún momento desbordará los diques que la voluntad presidencial le viene oponiendo; cuando eso suceda será como con la fuga del peso y las devaluaciones, múltiples problemas que por largo tiempo se estuvieron conteniendo se desencadenarán de improviso y todos juntos, y el fracaso coronará un ejercicio de la voluntad política que se empecinó en desconocer sus límites y burlarse de la propia historia.

La fórmula que utiliza Cristina es en esencia la misma combinación de hiperactivismo y polarización que ya practicó entre 2008 y 2011, hay que reconocer que con inesperado éxito. Pero si ganar la lotería una vez es muy difícil, ganarla dos veces seguidas es casi imposible, por más que repitamos las cábalas con las que fantasiosamente nos atribuimos un mérito que le corresponde en exclusiva a la fortuna. Indiferente a estas consideraciones y a los obstáculos crecientes que le opone la realidad, la presidente legisla como quien repite una cábala. Y no puede evitar que quede cada vez más a la vista la paradoja que enfrenta: mientras se esfuerza por seguir escribiendo el relato de su propio experimento y proyectando hacia adelante el país que desea a través de normas que supuestamente habrán de sobrevivirle y regirnos por largo tiempo, más las subordina a las urgencias de la coyuntura, y al hacerlo más rápido y abiertamente va borrando con el codo lo que acaba de firmar con la mano.

Días atrás la presidente se indignó con la promesa de algunos opositores de que derogarán o modificarán algunas de las leyes que el kirchnerismo pretende legarnos, como si su voluntad debiera ser sagrada y válida para siempre. Legados indelebles que, como para complicar del todo las cosas, en los últimos dos meses vienen multiplicándose: abastecimiento, pago soberano de la deuda, hidrocarburos, Código Civil y Comercial, pronto también el Procesal Penal, telecomunicaciones y vaya uno a saber cuántos más. Pero lo cierto es que la vocación derogadora ni queda con ello desautorizada, ni tendrá que esperar tanto como los opositores prometen y Cristina aparentemente teme: ella ya está en acción en relación a la ley de medios, a través de la de telecomunicaciones, al pago de la deuda en virtud de las negociaciones para acordar con los holdouts y tomar de nuevo deuda en el exterior, a la de abastecimiento por medio de una reglamentación con la que el Ejecutivo espera poder evitar que el empresariado se una en su contra y denuncie su inconstitucionalidad, y la lista sigue. El propio Código Civil y Comercial, la menos polémica de las últimas victorias del oficialismo en el Congreso, requerirá pronto aclaraciones de los tribunales sobre el respeto de los derechos de propiedad y otros asuntos no menores. Así, mientras más legisla, más incertidumbre sobre la validez de las normas y su perdurabilidad genera, porque la voluntad legisladora a cada paso se contradice, se pisa y desmiente.

En esta deriva de ir devorando a sus propios hijos el oficialismo cree poder de todos modos dominar el tiempo. Y lo cierto es que al menos lo ocupa y lo consume. Nos mantiene ocupados discutiendo sobre el pago soberano mientras esperamos que llegue enero y se vea si hay alguna chance de arreglar el entuerto de la deuda, para llegar aunque sea a octubre con la nariz fuera del agua. Arregla con las empresas telefónicas, derogando la ley de medios y el poder de Sabbatella, para conseguir de aquéllas algunos dólares mientras gasta sus últimos cartuchos contra Clarín, y así sigue y sigue. Dejando bien a la luz su concepción del poder: la idea de que él no sirve para solucionar problemas sino para perpetuarlos y encontrar culpables, y que las leyes no son reglas generales ni armas para reformar las conductas colectivas sino instrumentos para lidiar con casos particulares, y en particular para impugnar a esos enemigos y culpables que se ha identificado.

En los últimos tiempos el kirchnerismo logró convertir más rápidamente y sin cambios que nunca antes sus proyectos en leyes. Y nunca como ahora lo que queda como saldo es una confusión de derechos afectados, reclamos cruzados y revisiones más o menos inmediatas e inevitables de las normas promulgadas. Y es que siempre él ejerció un poder desbordante, pero lo hizo con fines y métodos en gran medida autofrustrantes, construyendo un monstruo de pies de barro. Mientras la suerte lo acompañó, logró hacer pasar el volumen de su poder por solidez, gravitar sobre los comportamientos económicos, sobre las creencias y expectativas de la sociedad y sobre los demás actores institucionales simplemente por su peso específico. Pero hoy, como la fortuna le es más esquiva y en cada uno de esos terrenos crece la renuencia a acatar su voluntad, él se esmera en ejercer al máximo su poder remanente en aquellos pocos lugares en donde la botonera todavía le responde. Es hasta lógico que así lo haga. Le convendría de todos modos hacerlo con algo más de prolijidad y cuidado, porque de tanto firmar y tachar, reescribir y desdecirse, está abonando el terreno para que los que lo sigan encaren la tarea que él más teme: poner el confuso legado kirchnerista en el tamiz y desechar todo lo que ha demostrado ser inservible, inaplicable o contradictorio.

 

publicaod en tn.com.ar el 3/11/2014

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Argentina – La política hacia una nueva Ley de Telecomunicaciones

El Gobierno volvió a sorprender a propios y extraños con el anuncio del envió al Congreso de un Proyecto para una nueva Ley Nacional de Telecomunicaciones, al que denominó Argentina Digital. El mismo busca englobar bajo una misma normativa al vasto campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), alentando la confluencia de redes de telecomunicaciones fijas, móviles y satelitales para la prestación de servicios de transmisión de voz, audio, video y datos en general. Y que, a diferencia de lo que sucede actualmente, permite a las empresas de telecomunicaciones ingresar en radiodifusión, especialmente a TV paga, habilitando así la denominada convergencia tecnológica (el Triple o Cuadruple Play, la provisión de todos los servicios por parte de un mismo proveedor). El texto modifica en ese punto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), aunque se cuida en remarcar que no contempla la regulación de radiodifusión y generación de contenidos, que seguirán bajo la órbita de la LCSA.

Nos proponemos aquí un análisis político institucional, que pase revista a las motivaciones potenciales y a los principales ejes regulatorios, para terminar enfocando en el esquema de toma de decisiones que emerge del proyecto. Por una cuestión de espacio, no nos dedicaremos a su desglose, para lo cual recomendamos los análisis de Juan Gnius, Fernando Krakowiaky Martín Becerra.

Los tiempos de la política

No deja de ser llamativo el momento elegido por el Gobierno para anunciar el proyecto. Por un lado, es entendible que se decida a avanzar antes del fin de su mandato en un campo de alta trascendencia y que presenta notorias falencias. Como referimos al analizar la convocatoria a la licitación de espectro, cuando se mira retrospectivamente las políticas de telecomunicaciones en la región se observa una fuerte coincidencia: los gobiernos salientes buscan cerrar las asignaciones u otras decisiones sectoriales de importancia que tienen al alcance de la mano. Esto les permite recaudar  fondos fiscales y/o poner sobre la mesa su capacidad para intervenir en la conformación del mercado, condicionando la actuación de otros actores involucrados. En el caso argentino, eso se registró al final del Gobierno de Menen con su intención de reglamentar la liberalización de las telecomunicaciones y la convocatoria a la última licitación de espectro, o incluso estirándonos un poco al final del mandato de Néstor Kirchner con la sanción de la LSCA.

En este caso en particular no se trata específicamente de fondos fiscales (los que sí vienen con la subasta de espectro también en marcha), pero sí permite al Gobierno poner en evidencia su capacidad para avanzar sobre la configuración del sector, condicionando al resto de los actores involucrados. Lo que, como marcamos, no sólo impacta sobre telecomunicaciones, sino también sobre radiodifusión. Un poder considerable para un Gobierno amenazado por el “síndrome del pato rengo”.

Por otro lado, no puede pasar desapercibido que el anuncio se haya hecho tan sólo dos días antes de que se concretara la mayor subasta de espectro de la historia, dado que implica un cambio radical del marco normativo al que se verán sujetas las empresas adjudicatarias. El Gobierno no dio ningún indicio de que evaluara avanzar con una nueva ley, ni abrió ninguna instancia de intercambio previo con los actores interesados, al menos públicamente (a diferencia del extenso proceso de foros federales de la LSCA). Esto dio lugar a dos interpretaciones distintas. Por un lado, que el proyecto y la habilitación del ingreso a TV paga fue una herramienta de cambio de último momento con las telcos, que se mostraban renuentes a pagar en dólares por la subasta de espectro. O por el contrario, que las telcos verían con desconfianza el sorpresivo anuncio de cambio normativo a días de la subasta, por el que se sentirían perjudicadas.

Como sea, la subasta se llevó a cabo tal como estaba prevista y el Gobierno logró cumplir con cada uno de sus objetivos: se adjudicaron la totalidad de los bloques (incluyendo el destinado a un operador entrante, que será la empresa ArLink del Grupo Vila-Manzano), las ofertas se hicieron en dólares (con un mix de cash y bonos del Estado en esa denominación) y las tres operadoras establecidas decidieron pujar por los dos lotes más grandes, aumentando la recaudación base en US$ 267 millones hasta un total de US$ 2.233 millones.

Poco podremos clarificar aquí sobre las intenciones mentadas de los decisores, pero no se puede negar que se trata de una coincidencia de tiempos sorprendente. Por otro lado, el proyecto parece redactado con alto nivel de generalidad, derivando gran parte de sus aspectos centrales a la reglamentación posterior, lo que lleva a preguntarse si no pasó muy rápidamente de los cajones a la mesa de negociaciones. Eso hace probable que reciba modificaciones y/o especificaciones de importancia durante el tratamiento legislativo.

Los ejes de la política

El Gobierno justificó el proyecto como respuesta a dos falencias notorias, que eran resaltadas por diversos sectores y pesaban sobre sus hombros: la existencia de un marco sectorial vetusto y fragmentado, que no da cuenta de los cambios registrados ni logra afrontar las evidentes falencias en la prestación de los servicios; y la exclusión de la convergencia tecnológica en la Ley Audiovisual. En este sentido, se propone reemplazar la totalidad de las normas que regulan el sector, que tienen como base el Decreto-Ley de Telecomunicaciones sancionado en 1972 por el Gobierno de Lanusse, complementado por una sucesión de regulaciones ad hoc que se fueron acumulando por más de 40 años (entre las que se destacan los contratos de privatización de ENTel y el Decreto 764/00 de Liberalización de las Telecomunicaciones).

Y apunta a incorporar buena parte de las recomendaciones y/o prácticas en boga para el sector a nivel mundial y regional, entre las que se destaca la consideración de las TIC como un derecho humano a ser solventado como servicio público por parte de operadores en competencia (privados, cooperativos y/o públicos), bajo la tutela de un Estado planificador que se sustenta en un fuerte poder regulador e interventor. Así, el Estado tiene la capacidad para otorgar o quitar las licencias de prestación de servicios o de uso del espectro radioeléctrico, direccionar recursos de inversión en redes por medio del programa de Servicio Universal y de la Coordinación con los gobiernos provinciales o municipales, fijar las tarifas mayoristas y finales, determinar si algún operador es preponderante e imponerle una serie de medidas asimétricas para contrarrestar su dominio, entre otras. Debemos destacar, sin embargo, que muchas de estas capacidades se encuentran enunciadas pero sin que se defina sus formas concretas de aplicación, las que se derivan a su reglamentación posterior por parte de la Autoridad de Aplicación.

A su vez, el proyecto reincorpora otra serie de medidas regulatorias que ya están presentes en la normativa por el Decreto 764/00, como las obligaciones de interconexión entre prestadores y de desagregación del bucle final o del abonado a precios regulados. Medidas que, remarquemos, han tenido una aplicación precaria o nula por más de una década, bajo la propia decisión del Gobierno. Y que, aunque positivas, presentan ahora un impacto menor frente a un mercado maduro con grandes operadores consolidados, y en el que el cambio tecnológico quita atractivo a las redes locales de pares de cobre de las grandes operadoras.

La convergencia tecnológica

A esto se suma uno de los puntos centrales que introduce el proyecto: la convergencia. Como analizamos en esta columna, el desconocimiento de la convergencia en la LSCA conllevó un fuerte desincentivo para el desarrollo de las redes cableadas, provocando que las principales empresas del sector (las grandes telefónicas pero también las principales cableras) pusieran un freno a su actualización tecnológica. Eso nos llevaba concluir la conveniencia de una normativa que distinguiera entre distribución y generación de contenidos, regulando en forma diferenciada cada esfera. Algo que, de forma un poco más laxa, propone este proyecto: no impide a las propietarias de las redes participar en la generación de contenidos, pero les exige la conformación de unidades de negocio separadas, prohibiendo la aplicación de ventas atadas, subsidios cruzados y otras “prácticas anticompetitivas”.

Hay dos características fundamentales que se deben tener presente respecto a las redes de telecomunicaciones en la actualidad. Por un lado, que tras la digitalización la distinción histórica entre redes de telecomunicaciones y de TV por cable perdió sentido: con mayor o menor capacidad, ambas transportan datos, que pueden corresponder a diversos servicios. Eso determina que la convergencia sea inexorable, y hace obtuso pretender separar por ley aquello que la tecnología ha puesto junto. Pero hay otro dato crucial: la importancia de las economías de escala (a mayor cantidad de usuarios servidos, menores costos; a mayor tamaño de empresa, mayor capacidad de afrontar inversiones de envergadura con altos costos hundidos). De este modo, tanto por tamaño como por capacidad de diferenciación, existe una fuerte tendencia a la consolidación y concentración del mercado.

Frente a ello, la mejor forma de frenarla no es la imposición de límites normativos a los servicios y la cobertura de las redes, sino propiciar lo más posible la competencia de infraestructuras. Y es aquí que el Estado retoma una función esencial: se requiere una regulación pública que limite el abuso de posiciones dominantes, con foco en medidas de asistencia asimétrica para impulsar la competencia o, en su defecto, un control efectivo sobre el prestador preponderante o monopólico.

Es así que se justifican muchas de las herramientas regulatorias introducidas en el proyecto, como la desagregación de redes, la prohibición de subsidios cruzados y la capacidad de imponer regulaciones asimétricas a los actores dominantes. A su vez, el proyecto mantiene la vigencia de las limitaciones de cobertura introducidas por la LSCA (el máximo de 24 licencias y el tope de 35 % del mercado nacional). Eso refuerza la posibilidad de que las telefónicas opten por concentrar su incursión en TV paga en las localidades más rentables, los principales centros urbanos, en los que obtendrían mayor valorización de las necesarias inversiones de red (hay que remarcar que para brindar IPTV se requiere de una conexión de banda ancha robusta, que permita transmitir señales de video a más de un televisor junto con el uso cotidiano que se haga de Internet). Por otro lado, tampoco hay que descartar que las grandes telefónicas se decidan por un sistema de TV satelital DTH al estilo de DirecTV, algo por lo que ya han optado en otros países de la región y que les permitiría contar con una única licencia con cobertura en todo el país.

Por otro lado, el proyecto no incorpora la principal demanda de los cableoperadores respecto a la convergencia, que ya fue aplicada en varios países: un período de transición que les permita tanto adaptar sus redes a servicios digitales como acceder a una cuota del mercado de telecomunicaciones antes de la apertura a la competencia.

El problema político-intitucional

Hay una salvedad crucial al proyecto con la que queremos concluir el análisis. Se trata de la forma en la que se replica la principal falencia del marco normativo vigente: la capacidad discrecional del Ejecutivo sobre la toma de decisiones sectoriales.

El Proyecto deriva a la Autoridad de Aplicación que designe el Ejecutivo la capacidad para tomar todas y cada una de las potestades de regulación que se le asignan al Estado. No se le pone nombre, pero se puede inferir que se trataría de una Secretaría o incluso un Ministerio de Comunicaciones. A la vez, se le adjudica a esa autoridad la capacidad para definir la reglamentación concreta de la mayoría de sus capacidades de regulación, y para modificarla. De este modo, a diferencia de lo que sucede en otros casos citados como referencia en el proyecto, no se prevé la conformación de un órgano de aplicación y regulación autónomo (como el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México), de un organismo colegiado que contemple la integración de otros actores (como por ejemplo fue concebido el AFSCA con directores nombrados por la oposición) ni ningún otro canal institucional que contemple el acceso de otros organismos públicos (como el Congreso) o sociales (colegios profesionales, representantes académicos, asociaciones de usuarios o consumidores,  etc) ni de los operadores del servicio. Tampoco se prevé, como en el caso de Colombia, la realización periódica de audiencias o consultas públicas, ni la presentación de agendas de trabajo.

De este modo, se vuelve a otorgar la plena capacidad de la toma de decisiones sobre las políticas sectoriales a la cúpula del Gobierno, y no sólo del presente sino también de los que le sigan. Y el problema principal no es la dependencia de lo correctas o erradas que sean las intenciones del Gobierno de turno. La experiencia de las décadas pasadas muestra que esa concentración de la capacidad de decisión no significa la exclusión del resto de los actores interesados (entre los que se destacan las grandes operadoras). Sino más bien resalta la conformación de un esquema de negociaciones informales con centro en la alta jerarquía política del sector: el Ministro de Planificación, el Secretario de Comunicaciones y sus intercambios con otros altos funcionarios del gobierno y con otros actores públicos o privados que coyunturalmente logran acceso. Un esquema del que por norma no emerge información pública, quitando toda posibilidad de transparencia y accountability. Y que aumenta considerablemente las oportunidades de captura del decisor y/o del regulador, que muchas veces quedan sujetos a intereses particulares de corto plazo (sean políticos, sean de negocios) que se imponen sobre objetivos sectoriales o sociales de más largo plazo. Es sobre ese punto que debemos llamar la atención, y sobre el que sería interesante que los legisladores pongan una señal de alerta.

@Phillynewrocker

 

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