Uno de los apotegmas de la época que más ha calado en el sentido común es el que sostiene que hasta que llegaron los Kirchner al poder el estado argentino se venía debilitando, y ellos en cambio han ido paso a paso fortaleciéndolo. Los mojones que señalarían ese fortalecimiento están bien a la vista. El más cercano es YPF, pero hay muchos otros, por ejemplo en el terreno fiscal: actualmente el sector público recauda por distintos conceptos alrededor del 40% del PBI, cerca del doble, de un PBI que es a su vez casi el doble, que en 2001, y lo hace sin hallar mayor resistencia en la sociedad.

¿Es eso bueno o malo? Una respuesta posible es: “depende”, de la redistribución social que se logre a través del gasto público, de su productividad vis a vis la del gasto privado, y del control democrático y republicano que se ejerza sobre él. Las mejoras registradas a lo largo de la última década en el primer terreno son discutibles, mientras que en los otros dos han sido, en términos generales y en el mejor de los casos, nulas.

Aun así podría considerarse un avance, y un logro que podríamos festejar todos los argentinos,  que dispongamos de semejante poder estatal, un poder que estará ahí disponible para que futuros gobiernos lo usen mejor que ahora y para mejores fines. Pero la condición que debería alcanzarse para que esta expectativa tenga alguna posibilidad de concreción es que esos recursos estatales duren en el tiempo. Y al respecto no cabe ser muy optimistas. En primer lugar, porque es probable que el ciclo político del kirchnerismo se consuma junto con el ciclo económico que en los últimos años ha sostenido ese inédito poder fiscal. En segundo lugar porque, aun cuando ese ciclo económico se extienda más allá, el gobierno actual habrá consumido por encima de sus posibilidades durante demasiado tiempo (ya lo ha venido haciendo y es seguro que lo hará en mayor medida aun este año y el que viene) y dejará un tendal de cuentas a pagar. Y en tercer lugar porque se tiende a profundizar un proceso de partidización y desarticulación facciosa del aparato estatal que hará muy dificultoso su uso futuro como instrumento técnico de fines públicos.

Esta última es tal vez la dificultad más seria que tendremos por delante. Ella, además, impugna de lleno el relato kirchnerista sobre el estado y obliga a pensar mejor la relación que existe entre su tamaño, sus áreas de ingerencia, y su poder: en verdad, el estado que él heredó era mucho más pequeño que el actual, pero también más poderoso de lo que el relato k pretende y que el que el kirchnerismo nos dejará como legado, que tiene toda la pinta de haberse vuelto ya un entramado tan extenso y ambicioso, como desarticulado, confuso e ineficaz.

Esta evolución a contramano del relato oficial, y del sentido común, puede ilustrarse con lo sucedido en la relación entre el sector público y las empresas de servicios y energía, incluida YPF. En 2003, cuando llegó Néstor Kirchner a la Presidencia, el estado no tenía control directo de ninguna de esas empresas, pero eso lejos de ser una dificultad era una ventaja, porque le permitía cobrarles impuestos y fijarles precios y demás condiciones de operación sin preocuparse por los costos que eso pudiera implicar, ni los problemas de gestión, acceso al financiamiento y conflictos sindicales que pudiera acarrearles. El fin de la Convertibilidad y la puesta en vigencia de la ley de emergencia económica en 2002 le habían permitido al estado nacional descargar buena parte de los costos del ajuste en esas empresas, sin que ello afectara las cuentas públicas. Estas condiciones fueron una suerte de reverso del contexto hiperinflacionario en que se habían realizado las privatizaciones: de un estado enorme pero incapaz de gobernar ningún precio de la economía ni hacer cumplir ninguna regla para su funcionamiento, y que se había venido deslegitimando debido a las múltiples demandas y actividades con que se cargaba y que no lograba satisfacer, se había pasado a un aparato pequeño pero mucho más eficaz, capaz de asegurar, es cierto que plenamente recién después de la devaluación y el default, el valor de su moneda y la provisión de recursos genuinos para financiarse, y a partir de ello, de establecer reglas para el conjunto de la economía.

El problema es que, visto en perspectiva, el estado que hoy tenemos se parece cada vez menos a aquel del comienzo de la era kirchnerista, y cada vez más al de la crisis inflacionaria. Por obra de una política que se esmeró en asignar en forma discrecional y particularista costos y beneficios, y en consumir todos los stocks de capital disponibles en los sectores de servicios y energía, para subsidiar al resto de la economía y acelerar al máximo su crecimiento de corto plazo, ha conseguido que las empresas de esos sectores dependan de sus decisiones, y que su valor de mercado se acerque a cero. Con lo que enfrenta ahora un dilema que es inconfesablemente semejante al que tuvieron que resolver Alfonsín durante toda su presidencia y Menem al comienzo de su período: ajustar sus tarifas para volverlas rentables, al costo de acelerar inmediatamente la inflación y dañar al resto de los sectores económicos, o seguir subsidiándolas al precio de mayor déficit fiscal, que también traerá a la larga más inflación. En suma, el tipo de discusión que recién está empezando a plantearse en el tema combustibles en estos días, y que es la que realmente importa. Y el tipo de situación en que el estado es omnipresente y hasta puede parecer omnipotente, por ejemplo cuando confisca y viola contratos y derechos de propiedad de hasta muy grandes empresarios, pero sólo porque es el instrumento de un poder político desbordado, que inconteniblemente devora los recursos y la legitimidad públicos.

No es de extrañar por ello que las estatizaciones y el ejercicio cada vez más extenso, punitivo y predatorio del poder gubernamental sobre la economía sean simultáneos a la reaparición de otras viejas costumbres argentinas como son el saqueo de las cajas previsionales, de los recursos del Banco Central, la emisión de bonos y pronto también “cuasimonedas” para cubrir gastos corrientes y otras cosas por el estilo.  A la presidente lo que realmente le importa es mantener en alto su imagen evitista, para que los sacrificios que imponga no puedan atribuírsele a ella sino a los mercados que aun no logra erradicar o a los enemigos del pueblo. Y el peronismo, en su inagotable disposición a probar todas y cada una de sus potencialidades, parece dispuesto en lo que sigue a ofrecernos un tipo de experiencia que en otros momentos críticos bajo su mando (como 1952 o 1973) optó por evitar: la profundización populista. Imposible saber qué del estado habrá sobrevivido cuando esto termine.

La tantas veces anunciada, por muchos soñada y por otros temida, radicalización K finalmente ha comenzado. ¿Qué objetivos concretos se propone?, ¿podrá concretarlos? Viendo el modo en que actúa y los protagonistas y terrenos que ha escogido podemos precisar ya bastante más esos interrogantes: ¿cuánto puede durar el entendimiento entre gente como Kicillof y Moreno, siendo que sus historias, creencias y objetivos son en muchos aspectos distintos y en otros contrapuestos?, ¿será el nuevo vértice de poder capaz de llevar adelante un programa de cambio de la economía y la política argentinas?, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de aquel entendimiento y de estos cambios?

El equipo del que se está valiendo Cristina para tomar decisiones e implementarlas combina ideas nacionalistas y anticapitalistas, algunas de éstas de franca inspiración soviética. De allí que la primera pregunta planteada exija determinar si existe un acuerdo firme entre esas corrientes respecto a hacia dónde se quiere ir.  El problema en sí no tiene nada de nuevo: se planteó de un modo u otro a casi todas las revoluciones del último siglo. Allí donde entraron en crisis el liberalismo y el capitalismo, la convergencia entre nacionalismo y comunismo fue en ocasiones decisivo para la formación de una coalición revolucionaria. Fue el caso de Rusia en el ´17. Y de Irán en el ´79. En los dos, también dicho entendimiento entró en crisis al poco tiempo: los oficiales rusos que se plegaron al Ejército Rojo contra los contrarrevolucionarios blancos, entendiendo que era la mejor forma de defender la integridad territorial y asegurar un destino imperial a su patria frente a los poderes europeos serían purgados por el stalinismo; al revés, los comunistas que respaldaron a Khomeini y a las juventudes nacionalistas e integristas que él movilizó contra el Shá, para terminar con la influencia norteamericana y la europeización de Irán, no tardaron en arrepentirse cuando dieron con sus huesos a las mismas cárceles que habían ayudado a llenar de liberales o debieron exiliarse en los países cuya influencia habían repudiado.

Ha habido en cambio otras experiencias más prolongadas y fraternales de convivencia entre nacionalismo y comunismo, como el castrismo cubano o el chavismo venezolano. En ellas se combinaron varios factores para mantener un cierto equilibrio entre esas dos corrientes: la presencia de un enemigo común que disipó o relativizó sus diferencias, y la debilidad relativa de los países en cuestión.  En la periferia latinoamericana el candidato obvio a cumplir la función unificadora fue claro el imperialismo norteamericano, que al menos en estos dos casos se prestó muy torpemente a cumplir el papel que se le asignó. Pero también intervinieron otros factores: por ejemplo, la posibilidad de cumplir un rol regional o global que permitió acceder a recursos económicos y políticos necesarios para satisfacer los objetivos de las dos ideologías revolucionarias en tensión, y la posibilidad fiscal de atender al mismo tiempo a sus respectivas clientelas. Ello se dio en Cuba gracias a los ingentes recursos económicos y militares provistos por los soviéticos hasta los años noventa, y por los venezolanos cuando el régimen castrista languidecía ya sin esperanza;  en Venezuela gracias a la renta petrolera; y en ambos casos gracias a la ola antiimperialista que agitaba la región cuando se produjeron sus revoluciones.

¿Todo esto tiene algo que ver con lo que sucede actualmente en Argentina? Podría decirse que muy poco. La radicalización cristinista apela a esas corrientes de ideas y su gobierno se nutre de muchos sinceros adherentes a ellas. Pero parece hacerlo con un objetivo de legitimación y manipulación coyunturalista y no de acuerdo a ningún diseño estratégico: es el precio que paga un populismo siempre necesitado de recursos para salir del paso, más que el fruto de un plan revolucionario que se despliega paso a paso, sutilmente, a medida que crea condiciones para avanzar, como algunos publicistas oficiales creen. Sin ir más lejos, ni siquiera en la hasta aquí más resonante victoria de los impulsores de la radicalización, la confiscación de YPF, las cosas parecen alejarse de esa aspiración por salir del paso: a medida que se devela la trastienda de la medida dispuesta por Cristina se advierte hasta qué punto se improvisó en la materia; la confiscación abrazada ahora con fervor resultó del previo fracaso de otras medidas muy distintas, por lo que no podría considerarse la conclusión de ningún plan; y, finalmente, a lo que apunta es a sacar del medio a Repsol para poder desde el Ejecutivo controlar y cobrar un eventual acuerdo con los chinos de Sinopec o los yanquis de Exxon, algo poco acorde a cualquier sueño revolucionario, más cercano a los entendimientos con la Barrick que a la estudiantina rebelde escuchada en los últimos días. En síntesis, si se han radicalizado el discurso y los instrumentos, y se ha pasado de un más o menos tibio nacionalismo a uno mucho más ferviente acompañado de diatribas anticapitalistas, no sería porque se quiere ir hacia nada parecido al socialismo del siglo XXI, sino simplemente porque hace falta cada vez más plata para sostener el gasto y se agotaron todas las otras vías ensayadas anteriormente.

Con todo, aun aceptando que esto haya sido así, no habría que descartar que el curso de los acontecimientos siga una lógica acumulativa y, como fichas de dominó, terminen cayendo en manos de un gobierno apenas populista otras grandes empresas, como si ese hubiera sido la meta de su programa, y lo mismo suceda con todos y cada uno de los resortes que hacen funcionar la economía, así como los que permiten hacer valer derechos y ejercer el poder. Con lo que una experiencia en principio en muchos aspectos modesta, incluso conservadora, terminaría haciendo cambios amplísimos e irreversibles en la economía y la política que en el comienzo ni siquiera había imaginado. En ese caso, la pregunta del inicio volvería a plantearse y a cobrar relevancia: ¿hasta dónde quiere llegar?, ¿cuánto acuerdo hay al respecto en el vértice oficial?

Ante todo cabe decir que una revolución como esta, hecha casi inconcientemente de medidas sucesivas para salir del paso, ha tardado demasiado en madurar para poder imponerse:  tenía tal vez chances de hacerlo años atrás, pero mientras más tiempo pasa sus chances se achican. El kirchnerismo ya consumió lo mejor de su tiempo, y si ahora pretendiera imponer un amplio programa puede descubrir que ya no tiene suficiente combustible en el tanque ni soga en el carretel. No sólo por la escasez relativa de divisas, ingresos fiscales y stocks de capital a expropiar, sino también porque el ciclo internacional favorable a este tipo de experiencias está declinando.

Uno de los efectos de ello puede ser que los problemas fiscales y distributivos debiliten la alianza entre las dos almas de que se nutre el gobierno. Algo que se observa ya hace tiempo en la gestión económica. Y que está apenas disimulado en la misma confiscación de YPF: seguramente muchos nacionalistas k comparten la impotencia frente a las multinacionales que transmitió Kicillof en el Senado: para unos y otros es imposible regular a esas empresas globalizadas, por lo que ellas se tornan enemigas juradas de los intereses nacionales y populares. La incapacidad de integrarse al mundo y la autarquía económica como única solución son por ello compartidas. Pero no lo sería tanto la conclusión que el viceministro pretende extraer de ello: que cualquier empresa global es pasible de igual trato que YPF y no habría diferencias a este respecto entre empresas argentinas o extranjeras. Tampoco debe haber mucho acuerdo sobre su curioso enfoque sobre el decisivo asunto de los precios de los hidrocarburos: si ellos deben seguir siendo la variable de ajuste para sostener el consumo, entonces no habrá ninguna posibilidad de que las empresas privadas inviertan, siquiera quieran quedarse en el sector pues les convendrá mucho más consumir que producir combustibles. Lo que llevará a que intenten lo que Repsol, que alguien las compre (o expropie) para irse a otro lado o dedicarse a otra cosa.

 Lo que resultará de estas tensiones no es imposible de predecir: el nacionalismo tiene fuertes raíces en los actores de la coalición gobernante, en variantes que van del patoterismo fascistoide de Moreno al tibio consignismo patriotero de muy moderados sino francamente conservadores sindicalistas, gobernadores y legisladores. El sovietismo es, en cambio, bastante débil y está organizativamente disperso en expresiones de izquierda que ni siquiera están siempre dispuestas a someterse al gobierno. Una presidente jugada a no repetir la experiencia de Perón ni de Isabel, y sobre todo a esconder el cuerpo a cualquier ajuste, difícilmente se avenga a perder esos apoyos. Pero cuando tenga que firmar con Exxon, Sinopec o quien sea, se verá en la necesidad de compensarlos con más gasto, más diatribas de soberano anticapitalismo, más expropiaciones contra otras empresas. El tipo de inconsistencia que tal vez evite que las dos corrientes en que se inspira entren en crisis sólo porque disfraza detrás de la celebración de su voluntad, la sobreactuación ideológica y el dispendio de carradas de dinero el hecho simple y sencillo de que no sabe hacia dónde nos quiere llevar y, en la práctica, no nos lleva a ningún lado.

Publicado en tn.com.ar