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El camino de la omnipotencia a la derrota

por Sebastián Lavezzolo y Nicolás Cherny

Elegida para un período de cuatro años y bajo un contexto económico con oportunidades inéditas, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) pasó, en sólo siete meses, de la omnipotencia a la derrota. Abrazada a la intransigencia y el unilateralismo de su marido, la presidenta logró dividir a su partido, dilapidar su popularidad y ponerse a buena parte de la sociedad que la había votado en su contra. El resultado es una paradoja, es decir una situación que envuelve una contradicción. ¿Por qué?

CFK llegó a la presidencia con un discurso fuertemente marcado por un cambio de rumbo en las formas de hacer política. Había llegado la hora de institucionalizar la política argentina. Durante la campaña electoral en 2007 subrayó la importancia de contar en el futuro con “instrumentos económicos, sociales y sobre todo políticos que permitan canalizar democráticamente el conflicto social” para “elevar la calidad institucional y cívica de la Argentina”. Sus recurrentes referencias a los Pactos de la Moncloa en la campaña electoral, y su particular admiración por el socialismo español, hacían pensar que su gobierno estaría dispuesto a actuar con cierta perspectiva de largo plazo: ampliando el diálogo político, incentivando la cooperación de los actores sociales y económicos así como constriñendo comportamientos oportunistas propios y ajenos. La inclusión de un líder provincial proveniente de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), el actual vicepresidente Julio Cobos, procuraba mostrar una inclinación por la construcción plural.

Pasados apenas tres meses desde la toma de posesión del cargo de Presidenta, CFK se enfrentó a un conflicto de intereses. Su gobierno decidió legítimamente romper la situación de equilibrio que mantenía con el sector agro-exportador desde 2002. Dicho equilibrio funcionaba del siguiente modo: el Estado aumentaba los márgenes de rentabilidad de los exportadores de materias primas manteniendo devaluada la moneda local (lo que le permite al campo ingresar dólares y gastar en pesos) a la vez que retenía una parte de sus ganancias. Esta ecuación le permitió al gobierno recomponer las cuentas fiscales, destinar recursos para intervenir en el mercado -a través de subsidios y programas de inversión pública- así como controlar el precio de los alimentos locales. Por su parte, los productores agrarios se dedicaban a disfrutar de los altísimos márgenes de rentabilidad que generaba la combinación de devaluación e incremento persistente de los precios internacionales, pues, aun disconformes con el impuesto, sus demandas carecían de cohesión interna y suficiente fuerza política. El conflicto estalló con la modificación de la ecuación: el gobierno decidió subir los impuestos a la exportación del 35% fijo a un porcentaje variable en función del precio internacional, que los lleva hoy al 42% (pudiendo incluso retener hasta el 95% del plus de ganancias que excedan un umbral de precios máximos). El gobierno de CFK justificó esta medida como un instrumento para establecer una regla capaz de neutralizar las fluctuaciones de los precios internos de los alimentos y aumentar los recursos fiscales para avanzar en una mayor redistribución de la renta. Las agrupaciones de productores reaccionaron con una huelga que paralizó rutas, dejó ciudades al borde del desabastecimiento y alimentó comportamientos especulativos sobre el valor del peso argentino. Puesto que la medida no discriminaba entre grandes hacendados y pequeños productores la protesta ganó en cohesión y legitimidad. La demostración de poder del campo, aunque al margen de la legalidad, encontró apoyo en parte de las clases medias urbanas huérfanas de representación política y sensibles a la aceleración de la inflación.

Desafortunadamente, la preferencia del gobierno no fue encauzar el conflicto dentro del marco institucional. Su primera reacción fue asumir una posición dura y subestimar el poder del campo: el gobierno se resistió a abrir una vía de negociación aún pudiendo dar concesiones de bajo coste que hoy serían una anécdota. Sumado a ello, rescató la peor tradición del peronismo. “Lo único que se nos ocurrió fue enfrentarlos con el bombo y la marcha peronista” reconoce hoy un dirigente kirchnerista en forma de autocrítica. Desde la tribuna oficial el gobierno alentó viejas antinomias (pueblo democrático vs. oligarquía golpista) y legitimó las movilizaciones populares que se encaraban (a veces con violencia) a la protesta del campo.

Varapalo institucional

El rápido descenso en la imagen positiva de CFK (del 60% al 20% en pocos meses) forzó al gobierno a moderar su posición, convocar al campo al diálogo y a ofrecer ciertas concesiones (bajar el tipo máximo de retención y compensar a los pequeños productores). Pero, el campo, fortalecido por la resonancia pública de su protesta, echó un órdago al gobierno y rechazó una propuesta que podría haber aceptado en una etapa anterior de la disputa. Su fuerza y su correlación (¿causal?) con el goteo de disidencias del propio sector peronista (fundamentalmente los Gobernadores de Provincias) forzaron a la presidenta a perseguir, por fin, la vía institucional que había eludido. Sin un partido de oposición consistente, el gobierno trasladó su intransigencia al parlamento y transformó la oportunidad de una negociación institucional en una quimera. Bajo la tensión entre disciplina partidaria nacional y electorados locales, la votación terminó de dividir al oficialismo. El Vicepresidente Cobos, expresión originaria de la pluralidad del gobierno, rompió el empate en el Senado rechazando el proyecto de retenciones móviles del gobierno. He aquí la paradoja: la utilización práctica de las postulados electorales que llevaron a CFK a la presidencia –institucionalidad y pluralidad- mostraron que el gobierno no sabe incorporarlas a su praxis política y por tanto, propiciaron su derrota.

¿Puede un gobierno impulsar el diálogo y a la vez definir a uno de sus interlocutores como golpistas? La gestión de la crisis por parte del gobierno generó una escalada que polarizó las posiciones de los actores y acabó aumentando el poder de influencia política del actor cuya capacidad de resistencia pretendía neutralizar. El gobierno ha perdido una oportunidad para corregir el rumbo político-institucional: si el comportamiento irresponsable de un grupo de interés es reprochable lo es más el de un gobierno que -aun sosteniendo una medida defendible en términos de equidad- acentuó los problemas que se comprometió a resolver. En suma, la propensión de los actores políticos a la unilateralidad, la intransigencia y a resolver los conflictos fuera de los canales institucionales sigue siendo uno de los problemas recurrentes de la política argentina. Fortalecer las instituciones exige un gobierno menos ocupado en inventar enemigos de la democracia y más involucrado en gestionar de forma inteligente los incentivos para la cooperación entre los actores económicos y sociales que permitan poner en marcha una agenda de crecimiento y redistribución de la renta.

Posted in Kirchnerismo, Paro Agropecuario, Política, Politica Argentina, Politica Económica, Populismo.

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