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Más allá del republicanismo de cartilla*

Confirmando el principio físico que nos dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto, los términos de la disputa política y del debate institucional argentinos de hoy se han polarizado. A fuerza del torpe despliegue hiper-presidencialista de las administraciones Kirchner, parte de la oposición, y muchos intelectuales, adoptaron una versión rudimentaria de la cartilla republicana. “El Congreso debe ser el órgano de decisión”, “Argentina necesita regresar a la división e independencia de los poderes; el Congreso debe legislar y el Ejecutivo limitarse a aplicar la ley”. Estos lugares comunes se leen o escuchan todos los días. Como republicano de pleno derecho que soy, me gustaría salir al cruce de esta curiosa lectura de nuestras formas de gobierno.

La ideas inspiradas en Montesquieu, o en los federalistas norteamericanos, de separación de poderes, en modo alguno refieren forzosamente a una supuesta “independencia” de poderes sino, al contrario, pueden entenderse, desde un ángulo, como control recíproco (como el medio eficaz de limitar al poder con el poder) y, desde otro ángulo, como interdependencia, en tanto que ciertas funciones de autoridad se comparten. Así, separar el poder es más bien que ciertos poderes – por caso los legislativos – sean compartidos por distintos actores, y no que a cada actor le corresponda la totalidad exclusiva de una determinada función de poder.

En el presidencialismo, los presidentes cuentan con capacidades legisferantes, y es bueno que así sea. En el caso argentino, esas capacidades han nacido con la constitución concebida por nuestros padres fundadores. Con el tiempo, al Poder Ejecutivo – tal como en muchas otras democracias del mundo entero, tanto en regímenes presidencialistas como parlamentarios – se lo fue dotando de nuevas capacidades y competencias y de mecanismos proactivos y reactivos que lo han convertido en un actor ineludible a la hora de legislar. Posee fuertes poderes de veto y de decreto, importantes atribuciones sobre el presupuesto, ninguna restricción en la formación del gabinete (de modo tal que puede establecer en las arenas de la Presidencia las bases de coaliciones estables), capacidades técnicas y administrativas superiores a las del Congreso y los gobiernos provinciales para diseñar e implementar políticas públicas, la atribución de reglamentar las leyes sancionadas por el Congreso, etc.

No cabe duda de que desde hace tiempo – aquí y casi en todas partes – esta transformación de los formatos institucionales del régimen democrático ha creado un pernicioso desequilibrio en desmedro del Congreso (y hasta del Poder Judicial), y en desmedro de la sociedad – desde las preocupaciones, muy justificadas, por la escasa accountability (rendición de cuentas) vertical tanto como horizontal, a los distintos análisis que nos presentan a los “estados (permanentes) de excepción” como uno de los peores peligros para la democracia, denuncian pertinentemente estos excesos. Aunque también es verdad que en muchos casos se contraponen a estos procesos saludables respuestas institucionales: más y mejor calificados recursos a la mano de los legisladores, nuevas instituciones que habilitan a los ciudadanos a protestar, vigilar y controlar el ejercicio del poder, y aun a coparticipar de los procesos legislativos. Pero no es este el nudo de la cuestión.

El nudo de la cuestión es que parece existir un obstáculo epistemológico en académicos y asimismo en segmentos de la dirigencia política, que impide percibir la crucial importancia, en regímenes presidencialistas, de las funciones integrativas del Poder Ejecutivo, que provienen tanto de sus facultades legisferantes como de sus facultades de nominación. Esas funciones pueden ser indispensables aun en casos en que las preferencias electorales arrojen una mayoría parlamentaria del mismo signo que el jefe del Ejecutivo, ya que ello no garantiza automáticamente la cooperación entre los poderes que es imprescindible dado el hecho de que éstos comparten funciones de autoridad. Los puentes entre los dos poderes necesarios para alcanzar los requisitos de cooperación, deben ser construidos activamente. Quienes conciben la función de los poderes según la lectura de la “tajante separación de poderes”, tienden a considerar las facultades legisferantes del Poder Ejecutivo en términos de “interferencia / intromisión que no respeta el principio de la división de poderes”. Este déficit de percepción “doctrinarista” sale paradójicamente al encuentro de la concepción mayoritarista en la que se ha formado una parte sustancial de la dirigencia política argentina, según la cual los presidentes gobiernan solos y en todo caso, las coaliciones deben resolver el problema de cooperación simplemente proporcionando al Ejecutivo mayorías pasivas y sumisas en el Congreso. Hay, pues, dos culturas políticas, la del republicanismo de cartilla, y la del mayoritarismo político, que contribuyen poco y nada al aprovechamiento de las posibilidades reales de gobernabilidad que ofrece el cuadro constitucional vigente.

En él, los presidentes cuentan con grados de libertad para escoger entre una estrategia de desarrollo unilateral de la autoridad política (la opción en que los Kirchner han persistido con contumacia), y una estrategia de desarrollo cooperativo o integrativo de la misma, así como entre una orientación de composición y una de contraposición en la construcción de bases estables del poder político. Los instrumentos proactivos y reactivos que la Presidencia dispone, así como sus facultades de nominación, pueden ser utilizados según sus preferencias, en acciones de autoridad unilaterales / imperiales que tienden a la legislación concentrada en el Ejecutivo o en acciones de autoridad cooperativas / integrativas que tienden a la co-legislación entre poderes. La primera opción se ha mostrado recurrentemente desastrosa; la segunda es, a mi entender, la clave de la reconstrucción de la gobernabilidad democrática.

Publicado en LA NACION, 31 de julio de 2009

Posted in Kirchnerismo, Política, Politica Argentina.

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