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¿Una transición dominada por los jueces?*

Como vienen las cosas, lo más probable es que de aquí en más los jueces se vuelvan los principales administradores de conflictos en el país, al menos hasta que se forme un nuevo gobierno capaz de reemplazarlos en ese rol.

Se ha visto que el Ejecutivo no tiene ningún interés en resolver problemas, más bien lo tiene en agravar los existentes y generar otros nuevos. De lograr que se apruebe la ley de servicios audiovisuales pasará al siguiente punto de su agenda, la ley de internas abiertas obligatorias y la de limitación de la propaganda política en los medios audiovisuales. Que guardan con la anterior, en los términos en que han sido formuladas, un significativo aire de familia: las tres se han concebido como instrumentos para quitarle poder y libertades a los demás actores, para retener lo máximo posible los propios. Para ilustrar el punto: de prohibirse las campañas pagas en los medios, como pretenden los Kirchner, sólo los oficialismos de turno podrán, vía las pautas de publicidad institucional que manejan, hacerse oír; ¿qué mejor garantía de que ningún adversario con recursos tenga otra vez la pretensión y las chances de derrotarlos?

En la eventualidad de que el actual Congreso aprobara estos proyectos, el resultado será semejante en los tres casos: los afectados, que serán muchos y muy variados, reclamarán a los jueces por su inconstitucionalidad, y entonces no sólo quién y cómo nos cuente lo que pasa en el país, sino quién tenga derecho a siquiera invertir en una proclama para decir lo suyo, quién pueda armar listas electorales y presentar candidatos, dependerá de los tribunales.

Hay quienes en la oposición se ilusionan con poder hacer del nuevo Congreso, a partir de diciembre de este año, la gran casa de la democracia y el instrumento para un reequilibrio del poder. Pero habrá considerables obstáculos para que algo así se concrete. Los kirchneristas ya están prevenidos de que “todo lo que ahora le hagamos a la oposición ella querrá devolvérnoslo a partir del 10 de diciembre”, y buscarán bloquear sus iniciativas, aun al precio de que el Parlamento deje de funcionar. El peor escenario para el oficialismo sería uno en que los grupos opositores se coaligaran para desplazarlo de los cargos más importantes de las cámaras, sus presidencias, secretarías, la conducción de las principales comisiones, etc.. Una operación en este sentido ya estaría en marcha, pero es poco probable que logre su cometido, y aun en caso de avances en esa dirección, el Ejecutivo podría recurrir a vetos y a decretos de necesidad y urgencia en todos aquellos asuntos que no logre hacer pasar por el Congreso o no le plazca el modo en que éste decida. De nuevo, el resultado previsible será la derivación de disputas recurrentes entre estos dos poderes al tercero, la Justicia.

Y existe aun un tercer camino a través del cual los conflictos políticos y sectoriales se judicializarán: como sucede siempre en los períodos de declive de un gobierno, se incrementan tanto la propensión de los funcionarios y dirigentes a sacar el máximo provecho personal del ejercicio de sus cargos, como la de sus colegas, subordinados y aspirantes a reemplazarlos, a denunciarlos. La etapa kirchnerista, como se sabe, no ha sido tan generosa en escándalos como la menemista, pero por lo que también se sabe, o se intuye, ello no se debe tanto a su mayor frugalidad como a la mayor discreción impuesta desde el vértice político, cuando él era o parecía ser todopoderoso. Ahora que esta autoridad se va debilitando, es razonable esperar un síndrome tipo “destape de la olla a presión”. Algo de esto se está viendo ya en el caso de los medicamentos truchos y las obras sociales, cuyas ramificaciones con el financiamiento de la campaña oficial de 2007 no será fácil acallar, y se vio antes ya con las declaraciones juradas del matrimonio presidencial, cuya sinceridad sólo puede explicarse por una inubicua omnipotencia, o por el apuro por blanquear parcialmente una situación más grave, y desactivar así una bomba de tiempo.

Como sea, también en estos asuntos serán los jueces los que adquirirán un rol protagónico, y tendrán la última palabra sobre conflictos eminentemente políticos. Cuando eso suceda, tal vez los Kirchner terminen de arrepentirse de la que fuera su primera, más audaz y sin duda más progresista reforma institucional, la que permitió la formación de una Corte Suprema honesta e independiente como no había en Argentina desde 1990 a esta parte.

* Publicado en El Economista

Posted in Kirchnerismo, Política, Politica Argentina.

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6 Responses

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  1. Rinconete says

    Marcos
    El kirchnerismo no tiene ningún interés en resolver problemas, solo agrava los existentes y genera otros nuevos. Le ley de medios, que un ciudadano ignorante de las oscuras intenciones del oficialismo podría tomar como un paso adelante con respecto a la ley anterior no es más que un instrumento para quitarle poder y libertades a los demás actores, las próximas leyes, que aún no conocemos, irán sin duda en el mismo sentido. Si no ha habido más casos de corrupción que en la era menemista es porque el oficialismo ha sido más poderoso para taparlos pero no que fue más virtuoso. Que la oposición amenace con anular una ley votada con amplia mayoría solo nos sirve como argumento para entender que el oficialismo se abroquelará en su eterna ceguera.
    Por último suponemos que la Corte, la única molécula sana de este gobierno tan inútil como desaforado, tan destructivo como inoperante, será para el propio Moloch un motivo de arrepentimiento.

    Nuestras certezas están a buen resguardo. No hay fisuras en el modelo.

  2. desvinchado says

    Un poco de objetividad Marcos. Todo lo que escribis no se corresponde con tu vision del postkirchnerismo. En que quedamos? estan en retirada y no tienen ningun poder? o se van a quedar 40 años? no entiendo

  3. Jorge D. Ferraris says

    Marcos:
    Distingo en este “post” un tono un poco más sombrío que el habitual. Sustancialmente coincido, pero a pesar de las falencias del campo opositor (sobre esto escribo en mi blog), me parece que hay más margen, para disminuir los detrimentos a la democracia, que esta gente quiere perpetrar.
    Habría que dividir la cuestión en dos etapas. La anterior y la posterior al 10 de diciembre. Coincido en que tratarán de introducir al proceso parlamentario, la ley de los partidos políticos (incluyendo los límites a su financiamiento), probablemente una reforma financiera y, sin alternativas de eludirlo, el proyecto de presupuesto para el 2010. Primero, es muy poco tiempo; y segundo, creo que la oposición “dura” (Pan Radicalismo y PRO) tendría que hacer un mayor aprovechamiento de las posibilidades que le proporciona una alianza circunstancial, diseñada caso por caso, con el centro-izquierda, que acaba de darle al oficialismo, la mayoría que necesitaba en Diputados. Al “parecer” esta sería la estrategia para tratar en el Senado la ley de Medios. Este procedimiento constituiría un instrumento más práctico para “disminuir los daños” que el que puede proporcionar el Poder Jucial, aunque no está de más recurrir a su competencia. Lo que pasará después del 10 de diciembre, merece un mayor análisis, incorporando las consecuencias que introducirá es este proceso, “la política del veto”. En mi blog, también me ocupo del tema, te invito a visitarlo: http//www.politicamasalgomas.blogspot.com

  4. Un liberal argentino says

    No es dificil coincidir con Novaro cuando adjudica al Gobierno poca intención por resolver problemas. Creo, de todas formas que ese es un tópico común a la democracia argentina, si se hace un ejercicio (sin exagerar, claro) de política comparada con nuestro vecinos regionales, verremos de que modo ellos avanzan, de a un paso, pero avanzan, mientras nosotros nos contentamos con redescribir al infinito los problemas sin atisbo de solución.
    Pero no es ese el comentario central que quisiera dejar. Me convocó mucho la entrada y me fue imposible no emparentarla con dos textos de sutores en apariencia disímiles. En una entrevista que dio hace una buena cantidad de años, Peter Sloterdijk señala lo que para el iba a resultar del ejercicio democrático que estaría sustentado de manera especialísima por lo que nosotros podríamos denominar como poder judicial. En otro registro, Bruce Ackerman, en su libro sobre el diálogo liberal, también sosotine esto aumento su escala hacia lo que llama un constitucionalismo mundial.
    Habría que pensar si las instituciones de la patria nos permiten tener demasiadas esperanzas si esto termina por resolverse de este modo.
    Saludos

  5. Marcos Novaro says

    Esperemos que los demócratas entusiastas como Jorge y no los liberales escépticos tengan razón, saludos

  6. julio says

    Es verdad,les va a terminar saliendo el tiro por la culata en cuanto a los jueces.