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¿Puede una facción ser reformista?*

El kirchnerismo pasó de un tratamiento absolutamente conservador y prebendario del tema de los medios (otorgándoles a los grandes grupos toda clase de beneficios a cambio de su más o menos enfática adhesión al “modelo productivo”) a uno radicalmente reformista: todo el sistema deberá cambiar, según la ley recién aprobada, en el plazo de un año, en que más de la mitad de las licencias existentes pasarían de manos o desaparecerían.

Este ambicioso reformismo es al mismo tiempo jacobino y estéril, apunta a sacar el máximo provecho de una mayoría circunstancial (y en extinción) pero al hacerlo se revela incapaz de crear reglas de juego duraderas. Y en ello guarda algunas curiosas filiaciones con el conservadurismo previo: en primer lugar, ignora por completo a los demás grupos de opinión, actuando como una facción que no necesita de ellos, ni aspira a crear condiciones para convivir con ellos, sino a “ganar posiciones”; en segundo lugar y debido a ese espíritu de facción, concentra un poder discrecional en sus manos para asignar beneficios y costos, de manera que las reglas de juego que utiliza, incluso las que inventa para avanzar o sostenerse, se devalúan en términos de estabilidad y legitimidad. Y es por esto, en tercer lugar, que ni el conservadurismo inicial ni el actual reformismo se revelan mayormente afectos a la libertad de expresión: buscan imponer una versión de los hechos condicionando al mensajero, y lo hacen actuando sobre los propietarios de medios, para que impongan una línea a sus empleados, los periodistas.

En toda la discusión del proyecto, y en el ánimo que lo inspira, queda claro que los Kirchner y sus seguidores no creen que los periodistas puedan hacer su trabajo con un criterio mínimamente independiente. Por coincidencia ideológica o por subordinación laboral, dependen de quienes los emplean. Por lo que la cuestión del pluralismo dependerá exclusivamente de que los propietarios sean varios y de distintos grupos de interés y opinión. Es decir, si desconcentramos, habrá pluralismo.

Esto sin duda apunta a un costado real del asunto: en Argentina los medios están demasiado concentrados y desconcentrar sería entonces bueno. Pero ignora otro aspecto del problema que es incluso más grave entre nosotros, y que la ley no resuelve, incluso puede complicar más todavía: y es que si los medios no son pluralistas es en gran medida porque las redacciones periodísticas no son suficientemente independientes y porque sus propietarios están frecuentemente inclinados a hacer de la línea editorial que impongan una pieza de cambio con el poder político, sea porque ellos también son políticos, o porque este es el camino más fácil para hacer negocios. Es decir, no sólo la concentración, sino la colusión entre medios y política es un problema, y esto seguirá siendo así en la medida en que no haya redacciones independientes, sean de quien sean los medios, y no haya una mayor autonomía entre las decisiones públicas que afectan las inversiones de los medios, y lo que estos publican.

En este último aspecto la ley recién votada puede incluso significar un paso atrás: en la medida en que los inversores en medios tendrán más motivos para creer que sus negocios dependerán de los detentadores del poder político, que pueden sacarles sus licencias cada dos años, retacearles publicidad o subsidios, etc., estarán más inclinados a la colusión de lo que ya están ahora. Para colmo, como no distingue entre empresas periodísticas (es decir, inversores que se dedican únicamente al negocio de medios) y empresas en general, alentará a la compra de medios por grupos económicos (más poderosos y concentrados que la mayor parte de los dueños actuales de medios) y con intereses en la venta de bienes que no son noticias, por ejemplo obra pública, apuestas, hotelería, etc.; con lo que se generarán más oportunidades de intercambio entre noticias y oportunidades de negocios.

Podrá decirse que, de todos modos, la ley desconcentra, y eso es bueno. Pero el problema es que desconcentra bastante mal. Ante todo, porque absurdamente prohibe la existencia de cadenas nacionales privadas. Un funcionario del CONFER ha argumentado que la presencia de radios y canales privados porteños en el interior, a través de repetidoras, es un peligro porque impone la tonada y el lenguaje de Buenos Aires al interior. Puede que haya motivos más serios que hayan alentado a varios gobernadores a avalar el proyecto kirchnerista: sin radios nacionales, podrán distribuir el espectro de sus provincias entre amigos locales a los que tendrán más cerca para condicionar. También es cierto que, en otros distritos, ello podría permitir el ingreso de actores nuevos, que rompan el oligopolio que beneficia hoy a esos gobernadores, a otros grupos políticos o a multimedios locales. Pero en cualquier caso, que los beneficiarios sean Jenefes, Binner o Alperovich, no hace al fondo del asunto, que es que no hace falta suprimir las cadenas privadas para aumentar el pluralismo, ni para asegurar el federalismo; hacerlo persigue el más espurio interés de incrementar el poder de la red estatal y la fragmentación de los demás actores.

A ello se suma la ya famosa cláusula la “deinversión”. Si algo quedó claro a lo largo del debate del proyecto es que lo que realmente le importaba al Ejecutivo nacional era que ese artículo saliera sin cambios: siendo complementario y transitorio, por naturaleza debería ser puramente procedimental, y por tanto más flexible que el resto, pero dado que era el corazón del proyecto, pues era lo que aseguraba él cumpliera sus objetivos esenciales para el gobierno, sucedía todo lo contrario. Esto prueba de por sí que en la nueva ley las prioridades están un poco enredadas: un año y no dos ni tres debe haber para que los grandes medios se desprendan de todas las licencias que les “sobrarían”, porque eso hace toda la diferencia para los fines a que está destinada la norma. Es ostensible que, para alcanzar esos fines partidistas y circunstanciales que se pretende dar a la ley, no se ha reparado en medios, ni siquiera se ha disimulado la intención de violar contratos de todo tipo: el artículo más sorprendente del proyecto, que mereció críticas de algunos expertos como el constitucionalista Daniel Sabsay, es el que afirma que los particulares no podrán alegar derechos adquiridos en ningún asunto que sea afectado por la nueva ley. Es una ocurrencia extraordinaria. Podría incluso incorporarse como práctica habitual de los proyectos de ley en el futuro: incluyendo en ellos una cláusula de forma que diga algo así como “todos los que sean afectados por esta nueva ley no tendrán derecho a reclamar”, y que acompañase el “archívese”. O directamente dictarse una norma general del tipo “todos los derechos que sean afectados por lo que decida el Parlamento dejan de ser derechos, no existen más”.

Sería esta una forma de generalizar y ampliar el “espíritu reformista”. Pero es conveniente advertir que no sería este cualquier reformismo, ni mucho menos uno especialmente eficaz y productivo, sino uno que actuaría “a tabla rasa” y quedaría atado a la dirección en que en cada momento sople el viento: porque se inspiraría en el principio según el cual las mayorías circunstanciales pueden hacer y deshacer a voluntad, porque se imponen en cada momento por sobre cualquier otra consideración; con lo cual se volvería en apariencia muy poderoso pero a una mirada más amplia, completamente estéril; sus avances y logros tendrán altas probabilidades de ser rápidamente eliminados cada vez que cambie la dirección del viento, y una nueva mayoría borre con el codo lo que ese mismo Parlamento escribió poco antes con la mano.

¿Por qué es que los legisladores que votaron este proyecto no vieron que esto podía ser problemático, e incluso un poquito inconstitucional? Tal vez en el calor de un debate apasionado y apresurado, no tuvieron tiempo de pensar en lo que estaban votando. Tal vez también porque no tenían mucha práctica reformista en su haber: a los oficialistas el reformismo, con medidas en general tan coyunturalistas y desprolijas como esta ley de medios, se le ha pegado en su etapa tardía y decadente, a raíz de la necesidad de salir del paso de problemas de financiamiento (fue el caso de la desaparición de las AFJP) y credibilidad. Pero a más de estos problemas tal vez lo que más ha influido en que estos efectos indeseables del abuso del principio mayoritario pasaran desapercibidos parece haber sido que los kirchneristas y sus aliados no creen que los principios del liberalismo valgan un comino.

Volvamos entonces a lo que se decía al comienzo, sobre los problemas que este reformismo jacobino y antiliberal genera: en esencia, lo esperable, igual que ha sucedido con muchas de las decisiones de los Kirchner, es la inestabilidad e ilegitimidad de las reglas de juego, porque convengamos en que su mayoría dista ya de ser más que un remedo del pasado, y por tanto lo más que logrará será debilitar el terreno público en que los distintos actores se reconocen y aceptan resolver sus conflictos. De allí que lo esperable sea, en la fase final del kirchnerismo, y tal vez prolongándose en años posteriores, un prolongado conflicto en torno a qué reglas son legítimas y rigen los comportamientos colectivos.

Esto ya antes de aprobarse la ley, a lo largo de su trabada y polarizada discusión, ha sido posible observarlo, y no sólo de parte del oficialismo: mientras éste utilizaba todos los recursos a la mano para desprestigiar a sus críticos, y horadar su credibilidad, los grandes grupos de medios se volvieron arenas de defensa del interés empresario. La denuncia hecha por los Kirchner se volvió una profecía autocumplida: lo que según ellos hacía Clarin, pintar una situación negra para perjudicarlos y extorsionarlos, que era en gran medida una fantasía paranoica, ahora se ajusta cada vez más a la verdad, los medios transmiten en cadena su defensa corporativa, frente a una amenaza por cierto real, y trasladarán con toda racionalidad este comportamiento al terreno judicial y a cada conflicto que se presente. En suma, gracias al proyecto de ley en cuestión, aun antes de que se la aplique, ya está produciéndose un agudo deterioro de la calidad del espacio público, y de los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden acceder a información veraz y juzgarla: los hechos tienden a desaparecer de la discusión, no hay más que opiniones interesadas.

El saldo de facciosidad y deterioro de la arena pública se potenciará si se privilegia la creación de medios que sean “voces” sectoriales, órganos de la “comunidad”. La idea primitiva y reaccionaria que anima el privilegio previsto para estos órganos, y que consiste en suponer que es mejor que cada sector tenga su medio y no que haya empresas que ganen plata vendiendo información creíble sobre lo que atañe a todos los sectores, nos retrotrae a un mundo en que los periodistas serían meros publicistas, difusores de una versión de las cosas ya a priori definida por ideología e intereses. Ignora el simple y evidente hecho de que si existe pluralismo en el espacio público moderno es esencialmente por la competencia entre empresas en alguna medida indiferentes a lo que escriben y dicen sus periodistas. Se ignora además que el modelo de comunicación basado en “los interesados”, las “voces”, en suma, en identidades específicas y cerradas, es la preferencia de los comunitaristas de derecha: suponer que eso puede convenirle a la izquierda es algo que sólo se justifica si ella se imagina eternamente en el poder, y por tanto en condiciones de ser la que decida cuáles de esas voces serán subsidiadas y alentadas, y cuáles relegadas.

*Publicado en El Tribuno de Salta.

Posted in Kirchnerismo, Política, Politica Argentina.

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2 Responses

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  1. Lucas says

    Coincido en que las definiciones negativas de la ley (des-inverción, des-concentración) no dicen nada sobre las relaciones que se generarán en torno a la comunicación pública. También en que la distribuciónde voces según los lugares e intereses sectoriales es conservadora y que la prohibición de cadenas privadas nacionales es un riesgo. Sin embargo, la ley dudosamente cambie la idiosincracia periodística y mucho menos la lógica autorreferencial de los medios o la preferencia del público mayoritario por programas como el de Tinelli o noticieros como los actuales; creo que las radios, por lo demás, van a seguir siendo locales (pero con propietarios más locales), como hasta ahora. Si esto es así, probablemente haya pocos cambios sustanciales por las razones que vos esgrimís: donde la ley no estipula nuevas reglas de juego, no habrá ausencia de ellas sino más de lo mismo. Empresarios, periodistas, dueños de medios y políticos oficialistas y de la oposición, en el interior, seguirán encontrándose en los mismos restoranes y clubes.
    Por lo demás, la ley (por suerte y por definición) no deroga muchas otras leyes ni especialmente la Constitución. De modo que en última instancia, recaeremos en la Justicia y en la última instancia de autoridad que parece quedar en pie: la Corte Suprema, la misma que podría actuar hoy en los casos que el interventor del Confer ejerza el arbitrio de que dispone. Lo de los derechos adquiridos es, coincido, un error absurdo: porque los “derechos” viciados en el origen no pueden ser tenidos por adquiridos y porque de serlo, habrán de ser reconocidos en la justicia (de lo contrario, habrá que volverse jacobino o mandarse a mudar). Otro tema es esta deriva hacia la justicia y las doctrinas y teorías de la justicia y de la constitución con que el Poder Judicial se nutre. Pero ¿no es siempre una ley mejor que otra?

  2. Javier says

    Creo que toda ley antimonopólica es en principio problemática. En la información, como en cualquier cosa, es en principio beneficioso que haya múltiples oferentes, para que los consumidores tengan más diversidad de productos al momento de elegir. Pero, por otro lado, al poner límites a la porción del mercado que un único oferente puede abarcar, se restringe la capacidad de los consumidores para actuar sobre la oferta. En otras palabras: si los consumidores eligen mayoritariamente un producto o una determianda marca, ¿por qué debe el Estado prevenir la expansión de dicha marca? ¿No antenta esto contra la competencia y, por lo tanto, contra la calidad del producto o servicio?

    Uno podría pensar que, por sus implicancias políticas y culturales, la información no es un producto más. Pero eso no resuelve el problema, puesto que en cualquier caso no queda claro en qué medida restringir la capacidad monopólica u oligopólica de los medios de comunicación favorece o perjudica la calidad de la información. En cualquier caso, lo interesante es que el Estado parece actuar en alguna medida como guardián de la conciencia de los ciudadanos. El dice: “la mayoría de ustedes quiere leer y mirar por televisión los productos del Grupo Clarín, pero como eso es malo -para cada uno de ustedes o para el bien común, no queda muy en claro este punto-, los obligaré a consumir otros productos”. Ello no es necesariamente negativo: construir ciudadanía e imponer pautas culturales es una función ineludible de los estados modernos. Es curioso, sin embargo, que este aspecto del problema, es decir, la capacidad o incapacidad de la ciudadanía para elegir sin restricciones la fuente de la información que consume, esté ausente. En cualquier caso, no tocar este punto puede ser un peligro en sí mismo, puesto que una vez que el Estado interviene en este sentido, sienta un precedente. En el futuro otro gobierno podrá alegar otros motivos para justificar una nueva modificación del mercado de medios, corriendo el riesgo de deteriorar progresivamente la capacidad de los consumidores/ciudadanos para regular la oferta de información. La pregunta clave sería entonces: en el mercado de la información, ¿conviene consolidar el libre funcionamiento de las reglas del mercado, o imponer regulaciones que contrapesen la voluntad de los actores que en él intervienen?