Uno podría pensar que, por sus implicancias políticas y culturales, la información no es un producto más. Pero eso no resuelve el problema, puesto que en cualquier caso no queda claro en qué medida restringir la capacidad monopólica u oligopólica de los medios de comunicación favorece o perjudica la calidad de la información. En cualquier caso, lo interesante es que el Estado parece actuar en alguna medida como guardián de la conciencia de los ciudadanos. El dice: “la mayoría de ustedes quiere leer y mirar por televisión los productos del Grupo Clarín, pero como eso es malo -para cada uno de ustedes o para el bien común, no queda muy en claro este punto-, los obligaré a consumir otros productos”. Ello no es necesariamente negativo: construir ciudadanía e imponer pautas culturales es una función ineludible de los estados modernos. Es curioso, sin embargo, que este aspecto del problema, es decir, la capacidad o incapacidad de la ciudadanía para elegir sin restricciones la fuente de la información que consume, esté ausente. En cualquier caso, no tocar este punto puede ser un peligro en sí mismo, puesto que una vez que el Estado interviene en este sentido, sienta un precedente. En el futuro otro gobierno podrá alegar otros motivos para justificar una nueva modificación del mercado de medios, corriendo el riesgo de deteriorar progresivamente la capacidad de los consumidores/ciudadanos para regular la oferta de información. La pregunta clave sería entonces: en el mercado de la información, ¿conviene consolidar el libre funcionamiento de las reglas del mercado, o imponer regulaciones que contrapesen la voluntad de los actores que en él intervienen?