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¿Un Congreso poskirchnerista?*

Ganarle cualquier disputa, aun la más nimia, a los Kirchner equivale hoy por hoy, para quienes lo logren, a anotarse una gran victoria frente a la opinión pública, que desea por encima de todas las cosas, verlos perder. Contra lo que se suele afirmar, la fragmentación que existe en el campo de la oposición puede ser, al menos en algunas ocasiones, antes que un impedimento un incentivo suplementario para plantarse frente al oficialismo y tratar de ganarle: dado que las expresiones de oposición, consideradas aisladamente, son bastante débiles, imaginan estar en una situación de equilibrio relativo entre sí, en la que todos pueden sacar ventajas de colaborar y a ninguno le molesta demasiado que sus eventuales socios prosperen. Es sorprendente lo escasas que son entre nosotros las situaciones que, como esta, favorecen la cooperación. Si a todo esto sumamos el hecho de que los Kirchner abusaron al extremo de su mayoría residual en el Congreso entre el 28 de junio y la semana que pasó, convirtiéndolo en la arena privilegiada de la lucha política, se entiende que haya sido tan necesario y a la vez tan fácil para los opositores encarar la batalla por la distribución de cargos en la Cámara de Diputados.

Pero lo que ayudó a los opositores en la negociación por los espacios en las comisiones parlamentarias puede no seguir ayudándoles a lo largo de las sesiones del Poder Legislativo que tendrán lugar el año que viene; y tampoco es una fórmula útil para resolver los problemas que tienen que enfrentar de aquí en más en el camino hacia la formación de alianzas capaces de competir por la Presidencia. De allí que, si bien es cierto que lo sucedido en el Congreso habilita a tener esperanzas, en cuanto a que la salida del kirchnerismo del poder se procese bloqueando las posturas más extremas, y por tanto las instituciones no se vean mayormente afectadas por la conflictividad y las conductas irresponsables que han caracterizado a otras transiciones, no hay que apurarse a festejar. Será preciso atender a lo que sucede en otras arenas de disputa, y sopesar los efectos de otros incentivos, que orientan a los actores hacia la confrontación.

El primer obstáculo para que lo sucedido en el trámite de asunción de los nuevos diputados se pueda leer como el mecanismo que habrá de regir las conductas en las cámaras a partir de ahora, surge de la misma materia que estará en discusión en ellas: el tratamiento de los proyectos de ley identificados como más relevantes por los opositores y por el oficialismo se presenta como muy complejo, y muy variable según los temas de que se trate.

Los opositores han empezado a trabajar en una agenda parlamentaria propia, centrada en los asuntos que les resultaría más fácil acordar entre ellos, y les podrían asegurar nuevas victorias sobre el oficialismo. En esta lista destacan asuntos como el Indec, el Consejo de la Magistratura, y pueden sumarse otros ligados a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pero difícilmente el gobierno vaya a ceder o entrar en negociaciones a ese respecto. Se trata de asuntos en los que simplemente no tiene nada que ganar, todo es pérdida. Preferirá seguramente bloquear los proyectos, demorar su tratamiento lo más posible, o en caso de no poder evitar ser derrotado, quitarle eficacia a las normas aprobadas. El veto es sólo uno de los medios, tal vez el más costoso, que tendrá para hacerlo. Puede también demorar su reglamentación, o simplemente ignorar las obligaciones que esas leyes contengan. Es sorprendente lo fácil que les resulta a nuestros gobernantes hacerse los distraídos cuando las leyes les mandan hacer lo que no quieren.

Del otro lado están los temas más importantes para el oficialismo, entre los que figuran proyectos que imagina le permitirán volver a poner a parte de la centroizquierda de su lado. La reforma financiera es tal vez el más importante de estos instrumentos; pero también empiezan a despuntar cuestiones como el matrimonio homosexual, el aborto, y pueden reaparecer YPF y otras “renacionalizaciones” o “reestatizaciones”. Para las fuerzas opositoras en general será complicado enfrentar iniciativas de ese tenor. No tanto porque sean, como cree el oficialismo, conquistas sentidas por las masas, sino porque le generan muchas tensiones internas a partidos que en parte comparten, mal que les pese, el ideario nacional-populista que los Kirchner sienten es su último refugio. Es cierto que los recursos en mano del gobierno para acorralar a los opositores serán menores que en los casos de la ley de medios y la reforma política. Pero la inventiva oficial ha probado ser prolífica, y sus recaudos en no impulsar proyectos demasiado insostenibles seguramente disminuirán a medida que disminuya su poder y sus chances de seguir en él.

De allí que el problema a este respecto sean, antes que las prioridades inmediatas del oficialismo, las que pueda llegar a adoptar en el mediano plazo. El terreno decisivo donde esto se jugará será el del manejo de los recursos fiscales y las relaciones entre nación y provincias. No pasará mucho tiempo para que quede en evidencia que los recursos fiscales no alcanzan ya para todo: o se mantienen los subsidios y se desatienden entonces demandas salariales y provinciales, o se cede ante estas y entonces habrá que ir aumentando tarifas. Y a ello se sumará, tarde o temprano, la inversión de las prioridades con que los Kirchner manejan estos asuntos: porque es de prever que ellos utilizarán hasta agotar los instrumentos discrecionales y centralizados con que vienen administrando los recursos públicos, pero cerca del final, cuando sea evidente que no tienen chances de retener el gobierno nacional, y como mucho pueden aspirar a conservar algo de sus bases territoriales, les convendrá, igual que a otros líderes peronistas, eliminar esos resortes de poder, desconcentrar el manejo de recursos, tal vez coparticipando por ley el mayor número de impuestos posible. Lo que significará hacerle la vida imposible a quien los suceda.

Frente a esta posibilidad, se vuelve prioritaria la confección de una agenda de temas fiscales y tributarios para las fuerzas de oposición, en la que ellas deberán esmerarse por avanzar, y lograr acuerdos lo más amplios posibles, ahora, en el curso de 2010, porque tal vez el 2011 sea demasiado tarde. Acordar sobre impuestos, subsidios, transferencias y demás es, claro, lo más difícil de lograr, pero es lo más necesario si se pretende no sólo una transición tranquila sino asegurar condiciones mínimas de gobernabilidad para el futuro.

Mientras tanto, la situación en el Parlamento probablemente permanecerá en equilibrio inestable, basculando en una u otra dirección según los temas que se traten y cómo evolucionen factores externos a él: en particular, según lo que suceda en el PJ, con la protesta social, y la evolución de la economía y las cuentas públicas. Todos factores que hoy por hoy se revelan bastante inciertos, pero que es seguro se condicionarán unos a otros.

* Publicado en El Economista

Posted in Kirchnerismo, Politica Argentina.

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2 Responses

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  1. Pablo DB says

    No le veo estatura y sí demasiada heterogeneidad a la oposición para armar una agenda fiscal parlamentaria. Lozano y Pinedo no se pueden poner nunca de acuerdo en temas fiscales. Hoy Oviedo publica en La Nación que los ingresos fiscales caerán 4,5% en 2010 respecto a 2009, y sin descontar la inflación. Y 2009 termina con fuerte déficit fiscal, como ya se sabía.
    Más en general: si se hace un gráfico del ciclo económico reciente, coincide como un calco con el ciclo político K: a vacas gordas económicas, esplendor de poder político. Conclusión: el ciclo macroeconómico siempre determina el ciclo político. Vale para todos los gobiernos y todos los tiempos. Creo que voy a morir repitiendo este apotegma.

  2. sebastian rinaldi says

    muy buen sitio!