Skip to content


El duelo Menem-Duhalde: internas justicialistas que no lo son tanto*

Cada vez que el peronismo se enfrenta al desafío de procesar la sucesión de su liderazgo, quedan perfectamente a la vista dos rasgos que lo caracterizan, al menos desde la desaparición de su fundador: de un lado, la heterogeneidad de recursos políticos con que se compite en su seno y la ausencia de reglas de juego definidas y consensuadas como para homologarlos y dirimir la cuestión; del otro, la capacidad de todos o al menos parte de los protagonistas de la disputa para trasladar las diferencias internas al escenario político nacional, haciendo de ella una batalla decisiva por el poder político y el control del estado en la que para muchos no peronistas “vale la pena participar”. Lo primero determina que la competencia gire en gran medida en torno a la definición de las propias reglas de juego, y lo segundo, que esa definición no se logre, o se logre sólo en forma episódica e informal. Así sucedió con las internas de julio de 1988, cuyo resultado recién terminó de decantar gracias al plebiscito por la reforma constitucional bonaerense realizado dos años después, en agosto de 1990; y de nuevo, fue lo que pasó en 1998, a raíz de la convocatoria a un nuevo plebiscito, que finalmente no se concretaría y significó un “empate técnico” que habría de prolongarse nada menos que hasta 2005.

La historia de este segundo episodio es particularmente ilustrativa, sobre todo para los tiempos que nos tocan vivir, signados por una nueva y abierta disputa sobre las reglas de competencia y por la prefiguración de varias coaliciones peronistas alternativas.

Hacia 1998, Menem y Duhalde controlaban recursos suficientes como para bloquearse el uno al otro, en distintos terrenos, pero no para imponerse definitivamente. El presidente tenía en sus manos no sólo el Ejecutivo nacional, sino la Corte Suprema y la presidencia del partido; el bonaerense por su parte disponía de la habilitación formal para ser candidato presidencial, el apoyo de una mayoría de los congresales partidarios y el control férreo del mayor distrito del país. En una convocatoria a los afiliados, podría eventualmente triunfar, pero Menem podía evitarla, y así lo hizo, postergando la resolución de la fórmula presidencial hasta abril de 1999, ganando tiempo para habilitar su segunda reelección, con el respaldo de los gobernadores y del supremo tribunal.

El intento sin embargo sería contenido por Duhalde, echando mano a un recurso externo al “menú” de la interna peronista: el 9 de julio de 1998, estimando que una habilitación de la re-reelección equivaldría a “un golpe de estado jurídico”, consideró se justificaba la convocatoria a un plebiscito para decidir sobre una hipotética nueva reforma de la Cara Magna, un mecanismo que no estaba previsto en ella pero que, lo más importante, le permitía apelar a la opinión antimenemista, ampliamente mayoritaria fuera del PJ, para desequilibrar la trabada lucha interna.

La apuesta surtió efecto. Y es importante atender a las razones por las que así fue. Si tanto la Corte como los gobernadores desde entonces se negaron a acompañar las aspiraciones de Menem, se debió seguramente a que la fractura del peronismo se había vuelto una posibilidad cierta; y en caso de producirse, aún un Menem habilitado caería derrotado ante la coalición no peronista, la Alianza. Los gobernadores peronistas temían ser arrastrados por ese resultado, y los jueces de la Corte, sumar frente a aliancistas y duhaldistas nuevos motivos para impulsar su remoción a los muchos que ya existían. Así que pasaron a ser neutrales en la disputa entre los dos caudillos, apostando a preservar una mínima pax justicialista.

De este modo Duhalde consiguió finalmente su candidatura. Pero no mucho más. Y es que la neutralidad de los poderes institucionales del peronismo se reflejaría en una solución salomónica de la crisis, que dilató la bicefalia que había llegado a conformarse entre él y Menem. A cambio de la resignación de sus aspiraciones por parte del riojano, el bonaerense debería aceptar que el mandato del presidente del partido, que vencía en 2000, se extendiera hasta 2003. En una sorprendente intervención, ello sería poco después avalado por la Corte, contra las impugnaciones presentadas por el duhaldismo: la cuestión no sólo significaba un consuelo para su jefe, sino un reaseguro para su propia estabilidad, como pronto habría de constatarse.

En suma, el peronismo pudo resolver su disputa interna, pero sólo a medias y de modo bastante informal. Lo hizo gracias a la apelación a una competencia electoral externa a él mismo, pero que sus amplios recursos institucionales y la flexibilidad normativa reinante le permitieron, a una de sus facciones, utilizar en su provecho. Ello supuso la manipulación y la torsión de normas constitucionales, además de sucesivos cambios en las reglas de juego internas. Aunque, desde una perspectiva más comprensiva también podría decirse que esas manipulaciones y cambios resultaron adecuadas para dar un cauce mínimamente institucional y reglado a la disputa, y evitar males mayores.

Con vistas a la inminente reedición de esta batalla por la sucesión en el PJ, convendría atender aun a otra enseñanza de aquella experiencia: y es que, finalmente, sólo en tanto existan alternativas no peronistas competitivas electoralmente, la competencia interna peronista puede ser contenida dentro de cierto marco, porque es esa presencia la que amenaza con perjuicios electorales e institucionales generalizados a sus facciones internas, en caso de un conflicto sin límites y acciones abiertamente inconstitucionales. Que esto sea así no deja de ser bastante razonable: en un régimen en que prácticamente la única ley que tiene por sí misma eficacia es la del voto, es de esperar que todo se justifique para conseguirlo y retenerlo. Es harina de otro costal determinar si el resultado de un régimen como este puede considerarse más o menos “democrático”. La pregunta que cabe hacerse hoy es si estamos a este respecto en una situación similar a la de fines de los noventa, o si, por la debilidad de esa amenaza externa, los riesgos que se corren no son bastante mayores.

* Publicado en El Estadista

Posted in Kirchnerismo, Política, Politica Argentina.

Tagged with , , .


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. GermanF says

    Marcos, muy interesante. Yo sugiero otro escenario, en donde Scioli se convierte en el candidato de la unidad, con el respaldo de los intendentes del conurbano, presionando (de formas más o menos convencionales) a los Kirchner a bajarse. Para esto habrá que esperar, no es tiempo de mover (todavía) para Scioli. Los factores determinantes son 1. cuan amenazado se vea en su carrera reeleccionista a gobernador (qué tanta amenaza presente de Narváez) y 2. que exista del otro lado una opción competitiva, que fuerce al PJ a cerrar filas.
    Como sea, si Scioli le tira la provincia encima a los K, quizás Macri se beneficie, mostrando un distrito más ordenado, a pesar de los malos tratos del gobierno nacional que ambos puedan denunciar.
    Puras especulaciones.