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De la guerra de maniobras a la guerra de posiciones

Hasta hace unos días, el opaco desempeño de la selección argentina en Sudáfrica 2010, la ofensiva opositora con el 82% móvil para los jubilados, las facultades delegadas y las investigaciones sobre la embajada paralela en Caracas parecían retrotraer la relación de fuerzas relativa entre gobierno y oposición a un escenario similar al de mediados de 2008. Lo cierto es que la aprobación de la reforma al Código Civil -para extender el derecho de contraer matrimonio a parejas de personas del mismo sexo- parece haber desdibujado ese escenario. Si bien es difícil estimar cuánto durará la incipiente primavera entre los sectores progresistas de la clase media y el gobierno, lo cierto es que el gobierno está tratando de aprovechar la coyuntura política, capitalizando la cautela que la oposición mostró –sumado a las declaraciones de Franco Macri– ante el procesamiento del jefe de gobierno porteño, o bien promocionando a funcionarios jóvenes como Diego Bossio en clave de renovación kirchnerista. Irían por más: quieren que el proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, del diputado Carlos Heller, empiece a tratarse este año.

Estos rápidos pases de iniciativa legislativa parecen indicar que la relación entre gobierno y oposición puede prescindir de los meros ataques frontales. Antes bien, la acción parece tener lugar en las trincheras: no se puede arrasar con el adversario, quitarle recursos decisivos, ni hacerlo retroceder en forma significativa. El asedio es recíproco, pero ambas partes parecen estar tomándose en serio. En este sentido, la oposición también tiene iniciativa. Podrían citarse el acuerdo Bonasso-Filmus que por ahora permitió una media sanción al reflotado proyecto de ley de protección de los glaciares cordilleranos, o bien la posible teleconferencia con la que Antonini Wilson tomaría la posta de Sadous. Estos hechos revelan que por debajo de la superficie y de todos los fuegos de artificio que unos y otros sean capaces de crear, la coyuntura está dominada por posiciones más o menos estables: gobierno y oposición pueden provocarse daños respectivamente. Pero se permanece en las trincheras.

Como sea, algunas cosas de todos modos van cambiando, con el tiempo se vuelven irreversibles ciertas tendencias. Una de ellas es la que está desnacionalizando las apuestas políticas de los dirigentes peronistas: visto que el gobierno nacional requiere de más y más recursos para mantenerse en pie, y esos recursos se les niegan a los distritos, los gobernadores e intendentes desconfían cada vez más de que un modelo tan necesitado de la concentración de recursos, y que tiende a no poder generarlos con la misma velocidad con que los consume, les convenga en el futuro. En este sentido pueden leerse las crecientes presiones para desdoblar elecciones a gobernador.

La eventual aprobación del proyecto del 82% móvil denota bien esta transición desde las maniobras a las posiciones. Si el Ejecutivo nacional lo veta, estará dando evidencia de que no cuenta ni contará con recursos para atender todas las demandas. En este caso, como debería compensar el veto con aumentos no previstos en el presupuesto, de todos modos su caja se reduciría aún más. En cambio, si es que no lo veta pero lo posterga, ¿Quiénes verían recortados sus ingresos? Si se lo posterga, estaría dando señales de que en el futuro los gobernadores no podrán contar con mayores recursos. Difícilmente los recortes llegarían a aquellos que reciben subsidios como las empresas prestadoras de servicios privatizadas, como propuso hacer Roberto Lavagna. Por lo tanto, a los gobernadores les convendría entonces confiar su destino a alguien que no crea en el distribucionismo por vías administrativas, como Macri, Solá o Duhalde.

Posted in Kirchnerismo, Política, Politica Argentina, Politica Económica.

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