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El giro a la izquierda y la falta de reformas policiales en América Latina

El amotinamiento de la Policía Nacional ecuatoriana del pasado 30 de septiembre ha dejado varias inquietudes entre quienes indagan la política de las dinámicas policiales o policing. Sabemos que las policías se distinguen de sus pares en el entramado estatal dado que cuentan con la potestad para ejercer la coerción en forma cotidiana tanto en forma preventiva como represiva. Pero lo cierto es que, más allá de que su funcionamiento día a día incide de manera fundamental en el desempeño democrático de nuestros países, las horas de tensión vividas en aquella jornada demostraron el potencial disruptivo de esa peculiaridad institucional.

¿Por qué en Ecuador se vivió una situación así? En nuestro país la condición de posibilidad de las reformas policiales puede remontarse a la exitosa demarcación de competencias entre las fuerzas de seguridad interior y de defensa externa. Esta demarcación fue conseguida en nuestro país gracias al consenso de las mayorías legislativas. En Ecuador, en cambio, esta condición de posibilidad no existe. Así como en el resto de los países sudamericanos, las trayectorias históricas de las fuerzas policiales han estado sujetas a distintas realidades políticas, y por tanto, han seguido rumbos distintos. La Ley Orgánica de la Policía Nacional de 1998 establece que la policía ecuatoriana ratifica una estructura organizativa centralizada y vertical, siguiendo un patrón militarizado. Y esto no ha sufrido cambios en los últimos años. A tres años de la llegada de Rafael Correa al Palacio de Carondelet, la discusión sobre la reforma policial ha estado perdiendo fuelle desde los esfuerzos iniciales evidenciados con la creación de la Comisión de Modernización de la Policía Nacional. Aunque como bien señala Daniel Pontón, es sugerente que estos esfuerzos hayan sido caracterizados desde un comienzo como modernizadores, y no reformistas.

Los hechos de los últimos días en Ecuador nos dejan algunas preguntas sobre la relación entre la movilización política y las políticas de seguridad que encontramos en los países que, según Steven Levitsky y Kenneth Roberts, pueden considerarse como la izquierda populista en Latinoamérica: Ecuador y Venezuela.* En estos países las tendencias centralizadoras en los sistemas de seguridad pública presentan ciertas similitudes. Hablamos de policías fuertemente centralizadas, subordinadas al poder político, pero como demuestra el caso ecuatoriano, policías capaces de ser potencialmente actores de veto.

Algunos interrogantes surgen al reverbero de los hechos en Ecuador. Por un lado, si se dieron efectivamente sustantivos aumentos salariales a los miembros de la Policía Nacional, ¿Por qué no se acompañaron estas medidas de una modificación de sus derechos de agremiarse como trabajadores estatales? ¿No habría sido esta una forma más certera de canalizar el malestar y contrarrestar el espíritu corporativo de la institución? ¿No cabe suponer que estos regímenes tendrían que ser adalides de la democratización al interior de las fuerzas policiales? Y en otro orden de cosas, ¿No es contradictorio que regímenes que emergieron buscando sustentarse en la movilización popular acentúen, o mantengan en el mejor de los casos, los rasgos centralizadores del sistema de seguridad pública ? ¿Es realmente una solución a los problemas de la seguridad interior involucrar a las Fuerzas Armadas? Y finalmente, ¿A qué actor de la coalición de movimiento PAÍS ha beneficiado la rebelión policial?

*Este comentario surge de una idea original de Gustavo González del Programa Delito y Sociedad de la UNL.

Posted in DDHH, Política, Política Exterior, Violencia y politica.

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