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Un paso adelante del arco opositor, aunque no muy adelante

La aprobación del 82% móvil para los jubilados es la primera ley que las fuerzas de oposición logran aprobar por propia iniciativa desde que arrebataron la mayoría parlamentaria al kirchnerismo. El hecho de que haya sido gracias a un segundo voto decisivo y antioficialista del vicepresidente Cobos tiene su curiosidad y su importancia, sobre todo para ilustración de las fisuras que se han ido abriendo en el control del proceso legislativo que ejerce la Casa Rosada, y para el crédito del propio Cobos, que tal vez logre con esto repuntar un poco en las encuestas. Pero la votación es aún más importante para las fuerzas que forman el arco opositor y en general para el Parlamento, por razones que son bastante obvias pero que conviene de todos modos considerar.

En primer lugar, los partidos opositores no tendrán que mandar a pérdida todo el año 2010. Pese a su fragmentación, la competencia entre sus líderes y la precariedad de los mismos, los opositores lograron cooperar entre sí hasta el final en este proyecto, y sortear todos los obstáculos que el oficialismo puso en su camino. No es poca cosa, y sería bueno que esas fuerzas lo pudieran explicar a la sociedad, para refutar la opinión, acrecentada en los últimos tiempos, según la cual no han hecho más que pelearse entre sí y “defraudar las expectativas” que se pusieron en ellas.

En segundo lugar, el Parlamento ha logrado salir del pantano y funcionar, hacer lo que tiene que hacer, leyes. Y al mismo tiempo, como con la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, mostrarse útil a la sociedad. La cuestión previsional ha sido manipulada y maltratada una y otra vez desde la vuelta de la democracia. Esta ley no será seguramente una solución definitiva, pero más allá de todo lo que se le pueda objetar (la indefinición de las fuentes de financiamiento, su oportunidad en medio de un proceso inflacionario y de una fuerte confrontación política en un clima preelectoral, etc.), tiene una virtud que ninguna de las iniciativas kirchneristas en este terreno, como el otorgamiento de jubilaciones a quienes no habían completado sus aportes, la reestatización del sistema y la discrecionalidad y segmentación de las actualizaciones, también muy discutibles todas ellas, no tuvieron: respetar los derechos adquiridos y tratar del modo más imparcial posible a todos los miembros de la clase pasiva.

En tercer lugar, y tal vez lo más importante, el arco opositor ha logrado poner un pie en el uso de los recursos fiscales, un asunto que los Kirchner siguen hasta hoy controlando con mano de hierro, y sobre el que han sostenido su capacidad de disciplinar a actores sociales y políticos, y hacerse los ciegos y sordos ante todo lo que le reclaman sus adversarios.

En este aspecto, el proyecto merece dos consideraciones particulares: no es tan amenazante para el equilibrio fiscal como sostiene el oficialismo, pero tampoco es inocuo, y su aplicación efectiva (como sería una que evite la salida fácil de empezar a retrasar el salario mínimo, o la inconsistencia temporal que supondría consumir el superávit acumulado en el sistema previsional hasta que se agote, y heredarle el problema al siguiente gobierno), exigiría cambios en otras áreas del gasto público y la política tributaria. Por como viene planteada la discusión sobre presupuesto, retenciones, ganancias y demás asuntos en estos terrenos, no es esperable que algo así se pueda lograr en el corto plazo. Al menos hasta que la situación política cambie y una mayoría más consistente sea posible, o lo sea la cooperación entre gobierno y oposición.

Esta consideración permite evaluar el inmediato veto presidencial con una perspectiva de tiempo un poco más amplia. En lo inmediato él cierra la puerta al avance opositor, y aunque supone un costo para el Ejecutivo, implica uno menor que el que hubiera significado aceptar que sea el Congreso el que reparta los recursos de la recaudación. La oposición además podrá decir que ha quedado sentado que si el Congreso no hizo más en este tiempo es no por su ineficacia, sino por lo renuentes que son los Kirchner a ceder o negociar: que por tanto la sociedad debe elegir el año entrante si desea darles de vuelta la suma del poder público, o terminar con ellos definitivamente. Pero por sobre todo, el veto estará lejos de cerrar la cuestión: no significa la evaporación de los avances que esta ley significó para los opositores y para el Parlamento; y tampoco permite sacar de la agenda política la cuestión previsional tal como ha dejado en claro el propio Moyano un día después del decreto de Cristina. Los derechos de los jubilados han sido difíciles de tratar en estos años, porque suponen un compromiso con el largo plazo y entre generaciones, y como se sabe, si algo ha dominado la etapa democrática, y en particular la del kirchnerismo, ha sido la necesidad del momento. Que eso deje de ser así en el futuro es un mandato imperiosa para todas las fuerzas políticas. Tal vez se ha dado un paso en esa dirección que será difícil desandar.

Posted in Kirchnerismo, Política, Politica Argentina, Politica Económica.

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