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Derechos humanos y seguridad pública

Los enfrentamientos de Villa Soldati han tenido dos consecuencias para el manejo de la seguridad pública del gobierno nacional. Por una parte, la creación de un Ministerio de Seguridad podría agilizar los cambios anunciados para la Policía Federal (PFA) anunciados por la Presidenta unos meses atrás. En términos institucionales, las reformas policiales más audaces que se hicieron en algunas provincias de nuestro país han tenido como primer paso la creación de una cartera distintiva que se ocupe específicamente del área de seguridad. Por lo tanto, este sería un buen paso para abordar una necesaria reforma al interior de la PFA. En términos políticos, fue una medida acertada y efectiva de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante las ambiguas declaraciones del Jefe de Gabinete respecto a la actuación de la Policía Federal en estos hechos y su altercado con el Jefe de Gobierno porteño.

No obstante, este cambio llega a raíz de un conflicto que se presenta en un escenario particular: dos niveles de gobierno, el porteño y el nacional, “superponen” en la Ciudad de Buenos Aires sus prerrogativas en el control de la seguridad pública. Esta superposición, no obstante, es aún relativa dado que la Policía Metropolitana tiene funciones sumamente acotadas. Al final del día, la Policía Federal sigue siendo la encargada de ejercer las tareas de prevención y castigo del crimen en el distrito porteño. El hecho de que la Gendarmería y la Prefectura se hayan hecho cargo de la seguridad en el área demostró apaciguar los ánimos entre los involucrados en los hechos de violencia. Pero esto no es nuevo, y podría ser un indicio de una tendencia que ya se viene registrando en las provincias de Buenos Aires y Mendoza: el despliegue de fuerzas de seguridad pública para realizar tareas en forma permanente que corresponden a fuerzas locales. Teniendo en cuenta el conflicto presupuestario entre el gobierno nacional y la jefatura de gobierno porteña que mantiene a la Policía Metropolitana en la minoría de edad, y la poca efectividad que demostró la PFA, esta situación podría resultar la menos costosa en términos políticos. Pero la elusión de la culpa no resuelve la situación de fondo: el gobierno porteño no es capaz de resolver conflictos sociales que acontecen en su área territorial. Una mayor superposición entre las distintas fuerzas abre sólo una fuga hacia delante, y ningún gobierno tiene interés en alterar ese statu quo.

Fuente: Infobae.com

Las consecuencias más directas de los hechos de Villa Soldati en política de seguridad, a saber, la creación de un Ministerio de Seguridad a nivel nacional y una mayor superposición de fuerzas de seguridad interior correspondientes a distintos niveles de gobierno, plantean dos interrogantes: ¿Por qué seguridad y derechos humanos son compatibles después de Villa Soldati y no inmediatamente después de Formosa? ¿No deberían ser tan igualmente reprochables en todo caso las declaraciones del Ministro de Gobierno formoseño como las del Jefe de Gobierno porteño?

Posted in DDHH, Política, Politica Argentina, Violencia y politica.

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