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Moderación, radicalización, confrontación: ¿Cristina se está radicalizando o moderando?

¿Hay moderación o radicalización en la apuesta de Cristina por un Ministerio de Seguridad encabezado por Nilda Garré? La primera parece ser la interpretación de Pagni, la segunda, la de Blanck. Para el primero, por tanto, los problemas que cabe esperar nacen de los dilemas que enfrentará un gobierno que no sabe gestionar cuestiones complejas ni revisar sus premisas e innovar, y que tiene que aprender urgentemente a hacer las dos cosas. Para el segundo, en cambio, responderán a la tensión inevitable entre las que hasta aquí han sido sus bases de apoyo predominantes, el peronismo tradicional y su forma de hacer las cosas en este terreno y en muchos otros, y el nuevo polo de poder.

Tal vez haya un poco de las dos cosas, y la cuestión decisiva sea determinar entonces si la radicalización cristinista es una variante factible de la moderación, de superar problemas que se han ido acumulando, o un camino hacia nuevas confrontaciones y problemas sin solución. Lo primero que cabe decir al respecto es que en el conflicto de Villa Soldati y la escalada con Macri hubo de las dos cosas, hubo polarización ideológica motorizada por el “progresismo” kirchnerista, con Filmus, los piqueteros y Hebe a la cabeza, y hubo peronismo puro y duro haciendo el habitual uso de la policía.

Además, el regreso al clima confrontativo que sufrimos durante los últimos días puede atribuirse, al menos en parte, a que la “buena onda” y la moderación que la presidente pareció querer instalar luego de la muerte de su marido en ningún momento incluyó la relación con la oposición política, ni la “moderación K” contempló una revisión del tono beligerante que siempre se ha impreso a la relación con los poderes institucionales que no se controlan (sea el gobierno de la ciudad, la Cámara de Diputados, o los juzgados que insisten en dictar fallos “de cumplimiento imposible”).

Jugaron a favor de este inesperado resurgir de la confrontación, además, ciertos factores estructurales difíciles de remover con meros gestos: la inflación carcome el poder adquisitivo de los sectores populares, sobre todo cuando se trata de trabajadores informales que viven en villas y tienen que elegir entre pagar el “alquiler” que la mafia local, o la “organización barrial” les impone, o darle de comer a sus hijos; situación que los vuelve masa de maniobra para la conquista, por parte de esas organizaciones, de nuevos terrenos públicos de los que extraer recursos; una conquista que, a su vez, razonablemente se orienta a las zonas de las que se puede extraer más plusvalía y en las que es más baja la posibilidad de encontrar una férrea resistencia del estado, sea por la sensibilización de la opinión y las autoridades, sea por la incapacidad de estas últimas para utilizar las fuerzas del orden. No es un secreto para nadie que la Capital se ha vuelto para muchas de estas actividades un territorio quasi liberado por la combinación entre la competencia destructiva que plantea el kirchnerismo y los graves errores cometidos por el macrismo. Si no, comparemos los resultados alcanzados por la comunidad toba de Formosa y por los ocupantes del Indoamericano: aquellos no lograron nada, ni siquiera que Cristina los recibiera, pese a que reclamaban por tierras que les pertenecían; éstos fueron ungidos, a través de uno de sus mentores, Salvatierra, como voz del pueblo desde el mismísimo atril de la presidente y recibieron la promesa de prontas soluciones.

Despejado el humo de la batalla, ¿podrá Cristina retomar el curso moderado que parece querer seguir? En medio de la pelea, hubo un hecho curioso, que habla al menos de la seriedad de sus intenciones al respecto: durante los festejos del 10 de diciembre dejó por primera vez de lado el discurso según el cual la inseguridad es “una sensación”, para peor, una creada por “la derecha” y sus medios afines, para intentar un razonamiento bastante más elaborado, según el cual seguridad y derechos humanos serían dos principios complementarios. Que la seguridad es un derecho, y uno bien básico, no debería ser considerado un descubrimiento ni una innovación política. Pero como están las cosas, es indudablemente innovador para este gobierno: tal vez porque él concibió desde el principio el “control de la calle” no como un bien público, ni como una responsabilidad estatal, sino como un arma política que le proveían “privadamente” sus fuerzas de choque, para que pudiera usarla contra sus enemigos. En este marco, la creación del Ministerio de Seguridad podría interpretarse como la consecuencia lógica del abandono de esta matriz “social” de la seguridad, y un paso más en dirección a una auténtica moderación: tal vez hayan entendido finalmente que algo hay que hacer con la Policía Federal, y que ella algo tiene que hacer en relación al respeto de las reglas de convivencia, la contención del desborde violento de las protestas e, incluso, quién te dice, el combate del delito. La duda que cabría plantear es si el cambio no habrá llegado demasiado tarde: habiendo fomentado durante demasiado tiempo la acción directa, el gobierno kirchnerista puede ahora estar fomentando que sus propios jefes territoriales, también ellos deseosos de ser reelectos y renuentes a hacer el papel de represores, imiten a Macri, y aun cuando tengan más medios de seguridad que él, se nieguen a usarlos a la espera de que sea la Nación la que lo haga.

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