Skip to content


Moyano, inflación, corrupción y patotas: un cóctel difícil de procesar*

En medio de las bataholas de la toma de tierras, los cortes de luz y la falta de billetes y nafta, ha quedado en segundo plano por algún tiempo el que sin duda es el problema más difícil de resolver para el gobierno: su relación con Moyano.

De este conflicto, y de su solución, dependerá en gran medida que Cristina Kirchner pueda consolidar la ventaja que hoy lleva en la carrera presidencial. Incluso podría estimarse que el lanzamiento oficial de su candidatura, probablemente en marzo, está condicionado por la resolución de un dilema decisivo: ¿cuán cerca y cuán lejos ubicar a Moyano en la coalición que sostendría una campaña presidencial de Cristina y eventualmente un segundo mandato si ella gana?

La oposición debería tomar por tanto como una prioridad la crítica a las políticas oficiales hacia Moyano, y plantear un discurso que pueda adecuarse tanto a la eventualidad de un “arreglo” como de una “ruptura” entre ellos: ambas eventuales soluciones serán costosas para el gobierno, y permitirán ilustrar los males que se derivan de los principales déficits de sus políticas: la inflación, la corrupción y la inseguridad pública frente al accionar de patotas y mafias.

Este debate se plantea en dos frentes simultáneos y correlacionados, de un lado el de los procesos judiciales contra la mafia de los medicamentos y demás actos de corrupción en que está involucrado el sindicalismo y especialmente Moyano, del otro la mesa de concertación tendida por el gobierno hacia los industriales para intentar contener la inflación, o al menos aparecer preocupado por contenerla.

Hasta aquí, pareciera que Cristina Kirchner está intentando un doble movimiento: apretar a Moyano con las causas para que se avenga a firmar un techo a las aspiraciones salariales durante el 2011, y aparecer frente a los empresarios, y la sociedad en su conjunto, como la única que puede domesticar al monstruo, y a la vez la que puede usarlo para obtener beneficios para los asalariados en general, es decir, el gobierno “nacional y popular” que es suficientemente pro sindicatos para el bien de los ciudadanos de a pie y suficientemente pro negocios para los inversores.

No está claro sin embargo que esto pueda funcionar. En primer lugar no es nada seguro que las causas puedan ser eficazmente controladas y frenadas por el Ejecutivo, y que Moyano pueda confiar en ello. En segundo lugar, tampoco es claro que aun en caso de que Moyano acepte un techo salarial, ello vaya a ser respetado por el resto de los gremios.

Ante todo, la intervención de otros actores que el gobierno no controla o controla sólo parcialmente dificultan un acuerdo, que requiere de la confianza entre las partes: los empresarios estarían más interesados en negociar directamente con Moyano y presionar conjuntamente sobre el gobierno; los demás sindicalistas parecen estar devolviéndoles favores a Moyano y hacer con él el juego vandorista, mientras el camionero se muestra conciliador ellos amenazan, y cuando Moyano amenaza ellos se ofrecen para conciliar, de modo de sacarles al gobierno y a los empresarios las máximas tajadas; por último los jueces o al menos algunos de ellos parecen haber ganado autonomía y hacer sus propios cálculos, que incluyen la eventual intervención de instancias superiores que podrían anular eventuales acuerdos, que terminarían entonces siendo no sólo inefectivos sino incómodos para ellos por mostrarlos cediendo ante la c0orrupción. En suma, como no hay una autoridad de última instancia que asegure los pactos, las partes exigen prestaciones anticipadas y muy costosas para sus contrapartes.

Esto no vuelve necesariamente imposible un acuerdo de última instancia: si los actores estiman que de no acordar van a sufrir a mediano plazo costos más altos que los que ahora se les exigen para pactar, entonces puede que terminen cediendo. El problema es que la expectativa de los grupos de interés es que quien tiene más que ceder es el gobierno, y por tanto es posible que sea él quien termine haciéndolo. Ceder en este caso puede significar varias cosas: dinero, protección política, intervención futura en decisiones relevantes, etc..

La oposición tendrá la oportunidad de reprocharle que cede, tanto como que no cede: practicando un poco de oportunismo puede sacar ventajas en cualquier caso, tanto si finalmente Moyano obtiene algo de lo que quiere, como de una eventual prolongación del conflicto. Estará tentada de hacer, en suma, algo parecido a lo que los peronistas hacían con Alfonsín durante las sublevaciones carapintadas: reclamarle a la vez pacto y coherencia, orden y juicios.

Porque interviene además otro factor importante, y es que la presencia de Moyano en la campaña electoral será inevitable. Él es, de las figuras “impresentables” del kirchnerismo, la más difícil de ocultar. Jaime, D´Elia, Hebe, pueden seguir estando en un muy segundo plano, o callados. No es el caso de Moyano. La crisis de la CTA, el descontrol con los piqueteros a raíz de la toma de tierras, y la presencia de una izquierda dura en algunos gremios vuelve aún más necesaria la colaboración del camionero. Y más difícil de practicar una operación de desgaste, usando a otros gremios, o de acallamiento, usando los medios oficiales. A lo que se suma la competencia electoral misma. Sobre todo la que atraviesa al peronismo. Con un Macri con chances y un Duhalde decidido a jugar aun sin ellas, la disputa electoral entre facciones del justicialismo y también del sindicalismo peronista se potenciará. Si la aspiración del oficialismo era sacarlos de la carrera, no podían haberlo hecho peor. Han hecho el campo orégano para que una oposición filo peronista gane terreno por derecha. La cuestión del “orden” estará a la orden del día en esa competencia. Tal como ha expuesto con claridad el ex presidente en su carta a Aníbal Fernández.

Volviendo a la cuestión gremial, que Moyano se haya vuelto semejante dolor de cabeza deja expuestos además los problemas de la política laboral del kirchnerismo. Los Kirchner, el ministro Tomada y la gente que manejó el tema obras sociales desde que echaron a Graciela Ocaña tal vez creyeron sinceramente que dándole más poder a los gremios de Moyano iban a revertir los avances neoliberales de los noventa. Y que iban así por buen camino para recuperar la justicia social de la edad de oro del peronismo. Fue una ilusión. Porque el principal problema de injusticia social está fuera del alcance de las paritarias. Estas incluyen sólo a una porción menor de los trabajadores, que tienen sus derechos en gran medida asegurados, y se desentienden de una gran masa de trabajadores desempleados o subempleados, trabajadores informales o en negro, contratados, empleados de “cooperativas” que son en verdad emprendimientos en el filo de la ley toleradas por el estado y por los empresarios. Todos esos trabajadores no tienen ninguna protección. Y es natural por tanto que compartan la idea de que el sindicalismo kirchnerista es una combinación nefasta de lo peor del gremialismo vandorista del apriete y el arreglo circunstancial y del gremialismo de negocios de los noventa. Y de que Moyano es su máximo y necesario exponente. No llama la atención por tanto que sea tan poco estimado por la amplia mayoría de la sociedad.

* Publicado en El Economista

Posted in Politica Argentina.

Tagged with .


2 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Adriana says

    Bueno, en las usinas se dicen otras cosas, como por ejemplo que el gobierno cuenta con una carta fuerte para sosegar a Moyano: dimes y diretes sobre las causas de la muerte de la nuera.

  2. Marcos Novaro says

    Como sea (y aun reconociéndole verosimilitud a lo de la nuera) el problema sigue siendo el mismo, cómo hace el gobierno para hacer pesar esas amenazas judiciales sin que se salgan de las manos y se vuelvan en contra? Hay que tener a un Corach al mando, no al pibe de la Cámpora.