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AMIA: por un verdadero nunca más, control institucional de las actividades de inteligencia.

Otro 18 de julio sin justicia y con muchos lamentos. Lamentos profundos, añejos, de familiares y amigos de las víctimas, lamentos de ciudadanos desorientados, atónitos. También lamentos, tweets y estados de facebook de políticos, ministros, exministros, jefes de gobierno, parlmentarios, secretarios, subsecretarios, ”jefes, contrajefes, truco y contraflor al resto”. El horror en palabras que se vuelven palabrerío. Si no hay decisiones políticas, si no hay un verdadero intentar algo nuevo atrás de cada lamento repetido, la palabra política no sólo se vacía, se vuelve insulto a las víctimas y a la ciudadanía.

El 4 de marzo de 2005, a través del decreto 812 el Estado Nacional asumió una responsabilidad sin precedentes: el reconocimiento de su propia responsabilidad en la falta de prevención y de justicia, y la promesa de medidas concretas para evitar nuevos atentados, nuevas corrupciones, nuevos desvíos. El decreto contiene los compromisos asumidos por el Estado Argentino con los familiares y víctimas del atentado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el punto 5.a. nuestro Estado se compromete a “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la SECRETARIA DE INTELIGENCIA”. Cualquiera sea la interpretación que se le de a la palabra “transparentar”, eso no ha ocurrido.

El Congreso no realiza ninguna fiscalización real para verificar si el presupuesto destinado a actividades de inteligencia se ejecuta de modo adecuado para asegurar la defensa nacional y dentro de los marcos de la legalidad. Es decir, con el control institucional actual, no podemos saber si el gasto de inteligencia realmente es eficaz para prevenir un tercer atentado o para evitar el pago ilegal a testigos.

Los pocos proyectos elaborados a tal fin y presentados al parlamento no lograron prácticamente avance legislativo alguno. El Poder Ejecutivo Nacional no generó iniciativas relevantes con posterioridad al decreto 812/05. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires designó como jefe de la policía metropolitana a Jorge “Fino” Palacios, investigado por irregularidades en la causa AMIA cuando se desempeñaba en la Policía Federal, primero, y por actividades de escuchas ilegales ya en la función metropolitana. En 2006 y recientemente se filtraron e-mails privados de periodistas, funcionarios y hasta artistas de TV. Acaba de ocurrir nuevamente. La sospecha de ex agentes de inteligencia se hizo presente otra vez. La falta de mecanismos institucionales eficaces de control de las actividades de inteligencia, la falta de voluntad política del gobierno y de la oposición de legislarlos y usarlos, la falta de castigo político a este desinterés, el fácil expediente del lamento y la solidaridad de palabra deberían llenarnos de vergüenza.

Para el año que viene, no hacen falta tweets, ni facebook, ni siquiera la simbólica presencia física en los actos recordatorios. Hacen falta medidas concretas. Una reforma de la ley de inteligencia que permita un efectivo control parlamentario sería un modo de mostrar que el corazón realmente está donde las palabras de solidaridad del día de hoy dicen que está. Con las víctimas y por un verdadero nunca más.

Posted in DDHH, Política, Politica Argentina, Violencia y politica.

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