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Jujuy y las reformas policiales a nivel provincial

La semana pasada Jujuy sirvió de escenario para un problema recurrente en la política provincial de nuestro país: la policía se excede en el uso de su prerrogativa constitucional para ejercer la violencia y provoca muertes innecesarias. Más allá de representar una situación coyuntural, este hecho es un botón de muestra de cómo se correlacionan en muchas provincias argentinas el manejo deficitario de la seguridad pública en general y una situación político-social en la que la violencia policial –y la impunidad que suele ser el reverso de la moneda- es parte de una realidad cotidiana.

La policía es una institución cuya presencia en la esfera pública significa para muchos ciudadanos el contacto más tangible con el Estado. A veces, en el caso de los ciudadanos más marginados de nuestra sociedad, puede llegar incluso a ser el único. Dado el carácter federal de nuestro sistema de gobierno, quienes deben hacerse cargo en nuestro país por las políticas de seguridad pública son los gobiernos provinciales. Y entre los desafíos que se encuentran en esta área, las reformas policiales deberían figurar como prioridad en sus agendas. En este caso fue la policía jujeña la que operó con excesiva violencia. Pero también ocurrieron y ocurren hechos similares en provincias tan distintas entre sí como Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, Formosay Río Negro.

Cabe destacar que en algunas de estas provincias los gobiernos incluyeron en sus agendas la necesidad de reformar sus policías, muchas veces a raíz de escándalos de brutalidad policial. Así es que, aunque los resultados a menudo hayan dejado mucho que desear, contamos con antecedentes de reformas policiales en nuestro país. Y ha existido variación en el tipo de medidas que los gobiernos provinciales tomaron. Provincias como Buenos Aires y Mendoza se propusieron encarar reformas de sus policías sumamente ambiciosas en su relación con la sociedad, los municipios y otros poderes del Estado. Y algunas de estas reformas dejaron incluso su marca en el entramado institucional. Otras provincias como Córdoba y La Rioja promovieron reformas más segmentadas.

Sin embargo, las posibilidades de que se produzcan cambios institucionales en las policías provinciales se derivan de los contextos políticos locales .Y es poco probable que, en escenarios provinciales en los que los gobernadores pueden electoralmente eludir la culpa por estos excesos, se den las condiciones políticas para que estos cambios sean siquiera planteados. Al no haber incentivos para reaccionar ante la movilización popular y realizar cambios de fondo en la institución policial, el gobierno jujeño sólo se limita a tomar las medidas de rigor: remoción de miembros del gabinete y en la plana mayor de la policía. La falta de voluntad política del gobierno jujeño para atender cuestiones de seguridad pública es notoria y difícil de rebatir. Pero, como señalamos anteriormente, de ninguna manera Jujuy es un caso aislado en nuestro país. Tampoco es cierto, por otra parte, que deberían partir de cero: existen antecedentes de reformas policiales en otras provincias.

Ante este escenario, cabe preguntarnos qué papel podría corresponderle al gobierno nacional, que claramente es limitado. La política comparada puede sugerir ideas al respecto. En Brasil iniciativas como el Fundo Nacional de Seguridade Pública (FNSP) demuestran que los gobiernos federales tienen potencialmente la capacidad de generar cambios en el manejo de la seguridad pública por parte de autoridades subnacionales. Promulgado en diciembre de 2001, esta iniciativa tenía como meta estimular reformas en el área de la seguridad pública. Si bien dicha meta se fue desvirtuando en el tiempo hacia el mero equipamiento de las distintas agencias policiales que componen la seguridad pública a nivel estadual, lo sugerente del FNSP fue el hecho de que se estableció el reconocimiento de la municipalización de la seguridad publica en el país vecino. Aunque las relaciones entre los distintos niveles de gobierno están constitucionalmente estipuladas de manera distinta en Brasil, el ejemplo es válido si tenemos en cuenta que ya existen iniciativas a nivel municipal. El gobierno nacional ha tomado un paso en el afianzamiento de la seguridad pública como una política de estado al formar una cartera independiente al respecto. Probablemente sea necesario trascender los acuerdos voluntarios con los gobiernos provinciales y fomentar desde el nivel federal un nuevo tipo de institución policial que pueda atender problemas locales. Acudir a la Gendarmería como solución transitoria para resolver problemas permanentes en la seguridad pública-como en el caso de Plan Cinturón Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- puede tener consecuencias indeseadas a largo plazo. En casos como el de Libertador General San Martín, probablemente el saldo negativo del accionar policial habría sido otro si existiesen instituciones policiales más próximas que atiendan las necesidades de seguridad pública de la población local.

Posted in Kirchnerismo, Política, Politica Argentina.

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