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De “actores progresistas” a “corporaciones extorsivas”

El kirchnerismo ha cambiado radicalmente su percepción valorativa sobre el sindicalismo: en el discurso presidencial aparece cada vez menos como un actor decisivo para la defensa de los sectores populares y bastante más como una corporación tendiente a extorsionar a la sociedad y boicotear el modelo económico. En este cambio valorativo se funda la estrategia de disciplinamiento del movimiento obrero que ha ensayado en las últimas disputas gremiales y que promete extender si los gremios no aceptan un rol subordinado dentro de la nueva coalición de gobierno.

Hasta hace poco se pensaba que el gobierno invertiría parte de su enorme capital electoral en sacar provecho de la competencia por el liderazgo de la CGT, favoreciendo el surgimiento de una nueva conducción más dócil y dependiente. Sin embargo, ha utilizado las recientes disputas con el sindicato de peones rurales (UATRE) y el de personal aeronáutico (APTA) para mostrar que sancionará a los gremios más rebeldes. Especialmente en dos áreas que prometen ser cruciales el año próximo: la protesta social y los reclamos salariales.

Por un lado, desandando el camino de los dos primeros gobiernos kirchneristas, apuesta ahora a reprimir y condicionar judicialmente cierto tipo de de protestas. Al menos eso indica el procesamiento de reconocidos líderes de izquierda (Pitrola, Sobrero, y Ripoll) y el uso de gendarmería para disolver protestas gremiales. En el caso de APTA, ha recurrido al pedido de suspensión de la personería gremial, un recurso hasta hace poco muy afuera de los límites de juego. No parece haber una decisión oficial de criminalizar la protesta pero sí de judicializarla.

Por otro lado, el gobierno de CFK se muestra decidido a imponer un techo salarial “desde arriba” de cara a las negociaciones colectivas 2012. En el caso de UATRE, utilizó por primera vez el acto de homologación del Ministerio de Trabajo como un mecanismo para imponer su política de moderación salarial. La negativa a reconocer un aumento de salario que ya había sido acordado entre gremialistas y empresarios del sector indica que el gobierno considera apelar a su propio capital político e instrumentos para poner un límite a la puja distributiva.

En suma, la estrategia de disciplinamiento podría descansar demasiado en la popularidad presidencial y la eficacia de las sanciones aplicadas unilateralmente. Pero carecerá de apoyo sindical.  De modo que no estará exenta de riesgos y dependerá de cómo impacte el fuerte rechazo del sindicalismo a aceptar una pauta oficial en las futuras negociaciones colectivas y medidas de judicialización de la protesta en la resolución de la conducción de la CGT.

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