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La Corte, Verbitsky y otra guerra perdida

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Más allá de lo que finalmente resuelva, la Corte Suprema de Justicia ofreció a la sociedad y a nuestra democracia una muy valiosa lección de republicanismo liberal, algo que resulta más necesario que nunca en los días que corren.

Lo hizo al convocar audiencias públicas antes de decidir finalmente sobre la constitucionalidad de los artículos más problemáticos de la ley de medios, imprimiéndole rigurosidad e imparcialidad a las mismas. Sin una palabra de más, dejó así en ridículo el alegato descalificatorio de Horacio Verbitskky sobre los procedimientos establecidos, con los que según él los jueces buscaban defender su “torre de marfil” y aislarse de las “demandas y expectativas de todo un país”, y que en opinión del presidente del  CELS justificaban desestimar lo que iba a suceder en las audiencias. Algo de lo que tuvo que desdecirse, aunque sin reconocerlo y recurriendo a más absurdos argumentales que nunca, en su posterior columna dominical.

La única observación crítica fundada a lo hecho hasta aquí por la Corte, que los amicus curiae podrían haber sido seleccionados buscando independencia y no equilibrada afinidad con las dos partes en disputa, va precisamente en dirección opuesta a lo planteado en las audiencias por Verbitsky (y convengamos que había en este caso buenas razones para no atenderla).

Con sus palabras, el escriba oficialista pareció además no haber podido resistirse a hacer explícito una vez más, como si hiciera falta, lo que piensa el kirchnerismo de las reglas y espacios comunes e imparciales: que no sólo no existen sino que son un peligroso engaño, porque si no le aseguran al gobierno, es decir al pueblo, salirse con la suya, son instrumentos de sus enemigos y deberían por lo menos mostrar abiertamente a qué intereses sirven.

No fue casual esa intervención. Ha sido con esta idea digna de la Inquisición que se impugnó en los últimos años a la Justicia independiente, igual que a los medios independientes, como si fueran los más peligrosos instrumentos del demonio. Y con ella fue que se concibió la reforma de la Justicia. Así como la misma ley de medios. De este modo, apenas iniciadas, las audiencias ya habían servido para iluminar el fondo del problema en danza, lo que entiende el gobierno por periodismo, por comunicación pública y por ejercicio de la justicia, a través de uno de sus mayores representantes en los terrenos en conflicto, el del ejercicio y defensa de  los derechos y el del periodismo. ¿Hacía falta decir algo más?

 Lo cierto es que sí. Había que determinar si los artículos de la ley son inconstitucionales porque expresan y pretenden llevar a cabo esta voluntad, y por tanto más allá de sus fines declamados afectan derechos adquiridos y persiguen la limitación de otros, como los de libertad de expresión, acceso a la información o los de propiedad, quitándole sustentabilidad económica e independencia a las empresas de medios y sometiéndolas a todo tipo de imposiciones arbitrarias; o si más allá de los objetivos políticos que persigue el gobierno con su política de medios, con esta ley  y con esos artículos en particular, no pueden éstos en sí mismos considerarse “contrarios a derecho”.

Este es el fondo del problema que tiene que resolver la Justicia. Y es bueno entender su diferencia con el problema general que plantea para la sociedad argentina el conjunto de la política de comunicación del kirchnerismo. Porque bien podría ser que, aun aceptándose que ésta pueda considerarse antidemocrática, antipluralista y dañina para el ejercicio de derechos esenciales por parte de individuos y empresas, la Corte considere que la ley de medios en sí no los viola.

De allí algunas de las preguntas más agudas que los jueces plantearon a los representantes legales y los amicus curiae del grupo Clarín: por ejemplo, la que indagó sobre la eventual división de Cablevisión, que podría considerarse un regreso al statu quo imperante antes de su fusión con Multicanal en 2007, momento en el cual no cabría “decir razonablemente” que estaba afectada la libertad de expresión.

Pero ésta, que podría parecer una vía abierta por el tribunal para negar que la ley, en particular los límites al número de licencias de televisión paga y los procedimientos y plazos establecidos para la llamada “desinversión”, violen derechos, en verdad bien pueden considerarse en sentido opuesto: como la mejor forma de iluminar el hecho de que la ley no sólo no es distinguible de otras iniciativas del gobierno en la materia, sino que es una pieza fundamental de una política dirigida sistemáticamente a violar y restringir derechos básicos que nuestra constitución protege. Porque la diferencia que existe entre 2007 y la actualidad es precisamente que, gracias a la ley de medios, el Ejecutivo podría conseguir el instrumento que ha estado buscando no sólo para impedir una específica fusión u otra operación empresaria, algo que podía ya hacer con buenos o malos criterios en aquel entonces, sino para poner todas las licencias al alcance de su arbitrio, y determinar quiénes las ejercen, o a quiénes las venden y en qué condiciones.

La ley es mala, porque atrasa y enreda un sistema de licencias que ya antes era enredado y proclive a las arbitrariedades. Pero no lo hace por casualidad, sino porque desde un principio se concibió para completar la tarea iniciada con el manejo espurio de la publicidad oficial, la presión para que empresarios independientes vendieran sus medios a amigos del poder y para partidizar completamente los estatales.  Es por ello inconstitucional, afecta la sustentabilidad e independencia de las empresas de medios y por extensión los derechos de expresión de todos los ciudadanos. Y lo sería aun en manos de un gobierno menos arbitrario, del que no se pudiera esperar que la usara con criterios facciosos y fines abusivos, y que no hubiera dado ya suficientes pruebas por otros canales de que la libertad de expresión le molesta.

La Corte puede evaluar estas características de la ley de un modo u otro. Pero ya por lo menos demostró que el kirchnerismo perdió la batalla por la idea. La suya, la que defiende Verbitsky, según la cual el “gobierno nacional y popular” tiene derecho a decir que una empresa de medios, un periodista o un juez, porque no le rinden pleitesía, son enemigos del pueblo y merecen ser perseguidos, porque la “causa del pueblo” todo lo justifica, por suerte ya fracasó. Y no hay ley que pueda rehabilitarla.

publicado en tn.com.ar el 1/09/2013

Posted in Elecciones 2013, Politica Argentina.


2 Responses

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  1. diego says

    Marcos, estoy de acuerdo en los moviles que le atrubuis al gobierno al promulgar la ley de medios. El dia que Clarin empezo a criticar al gobierno (o sea, a partir de la crisis del campo), la concentracion mediatica se transformó en una “seria amenaza” para el funcionamiento de la democracia. No es menos vergonzoso el uso de los medios oficiales para emitir programas netamente propagandisticos como 6, 7, 8, y hasta es muy sospechosa la ferviente e incondicional adhesion de todo un canal (canal 9) a todas las politicas del gobierno. Entiendo y comparto todo eso, pero hay un aspecto que no deberiamos tampoco pasar por alto, y que tiene que ver con una excesiva “judicializacion” de la politica. Coincido en que la interverncion de la Corte hasta aquí ha sido impecable. Pero francamente no sé si esta ley ameritaba una tan minuciosa (y dilatada en el tiempo) intervencion judicial. La declaracion de “inconstitucionalidad” de las leyes sancionadas por un parlamente legìtimamente constituido deberia ser un recurso mas excepcional. Se deberia dar ante leyes que representan una “evidente” amenaza para derechos individuales basicos (casos como la Alemania de los años 30, o el sur de EEUU en buena parte del siglo XX). En los que las decisiones de la mayoria suponen un avasallamiento de los derechos de las minorias. Creo que estuvo bien empleado ese recurso cuando se trató de la reforma del consejo de la magistratura, porque se entendio que atendaba contra la indepencia de uno de los poderes del Estado (es decir, representaba una amenaza para la division de poderes del Estado de Derecho). Pero en este caso, teniendo en cuenta que el principal argumento del Grupo Clarin no tenia que ver con la libertad de expresion (lo cual sí seria atentar contra derechos inalienbles), sino con el derecho de propiedad (por las inversiones comprometidas), creo que el excesivo “celo” de la Corte Suprema, y los tiempos que està insumiendo la puesta en vigencia de la ley obedecio mas a la dimension del actor involucrado que al fundamento juridico de la supuesta vulneracion de derechos.

  2. Marcos Novaro says

    Estimado Diego, es ua forma de ver las cosas, aunque en defensa de los argumentos de la inconstitucionalidad de la ley se podrían plantear dos réplicas.
    Primero, que el recurso a los tribunales sea excepcional o no depende de la vocación de los involucrados, si un gobierno practica sistemáticamente la violación de derechos, incluso a través de leyes reñidas con la constitución, entonces es inevitable que los recursos de iconstitucionalidad se vuelvan “habituales”. Eso creo es lo que ha pasado en los últimos del kirchnerismo.
    Segundo, parte del argumento de Clarín es que si se fragilizan los derechos de propiedad de empresas de medios y se afecta su sustentabilidad económica, entonces se viola también la libertad de expresión, no sé si sus abogados lograron demostrarlo, puede que no lo hayan hecho muy bien y la Corte considere que no lo probaron, pero como argumento no me parece a priori insostenible ni infundado. Me acuerdo una anécdota que contó Federico Pinedo sobre el trámite de la ley, cuando llegó el proyecto a diputados había una cláusula que decía más o menos así: “todo contrato o acuerdo entre el estado y empresas previo a esta norma que la contradiga queda invalidado”, una forma abierta y brutal de establecer el criterio de la violación de derechos adquiridos y la reforma retroactiva. Pinedo decía que se arrepintió en seguida de haber advertido a los kirchneristas que era tan grosero que cualquier juez iba a considerarlo inconstitucional. La discusión hoy es si a pesar de no ser tan groseros, los artículos que quedaron y dicen más o menos eso también lo son.
    Saludos