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K-tástrofe autoinfligida, imposible de achacar a los policías

Después de festejar los 30 años de democracia bailando en medio del incendio, el gobierno nacional se apresta a recibir el decimosegundo aniversario de las movilizaciones masivas que pusieron fin a la convertibilidad en diciembre de 2001 saturando las calles del país de uniformados.

Lo que más quisiera, y en verdad necesita con desesperación, es no sólo que las fechas del 19 y 20 de diciembre pasen desapercibidas, sino que en particular lo haga su abrupto cambio de actitud en la materia y las contracciones en que incurre a raíz de ello. Y es que de arrogarse la herencia de esas manifestaciones, que hasta ahora consideró siempre máxima expresión de la resistencia popular contra el neoliberalismo y punto de inicio de la nueva Argentina que él luego se ocuparía de perfeccionar desde el estado, el kirchnerismo ha pasado a repudiar a los epígonos de carne y hueso de aquellas jornadas, y a todos los que pretendan inspirarse en ellas para hacer algo parecido en su contra.

Peor todavía, mientras acusa a las policías provinciales de estar detrás de esos revoltosos con la aviesa intensión de orquestar un “golpe de derecha”, se abraza a esas mismas y otras fuerzas de seguridad, mediante muy generosos aumentos salariales, para que detengan como sea la amenaza que representan los pobres, quienes dejaron de pronto de considerarse integrantes de nobles “movimientos sociales” para ser identificados como lúmpenes y ladrones.

Todo un enredo argumental, que podría estimarse fruto excelso de la torpeza y la mentira oficiales y máxima perversión del delirio llamado “relato”, si no fuera por las funcionalidades que ofrece para un gobierno que enfrenta el final prematuro de un mal disimulado y peor concebido ajuste antinflacionario. Es esto finalmente lo que está detrás de la reciente crisis, y lo que signará el tiempo por venir.

La idea era ya de por sí flojita. Contemplaba ponerle un techo a las paritarias y a los subsidios, para recuperar algo de la competitividad y de los superávits gemelos perdidos en los últimos años, vía también el incremento del ritmo de devaluación y la suba de los combustibles, mientras se elevaban asimismo las tasas de interés, para refrenar al menos parcialmente la inflación al mismo tiempo que se corregían en alguna medida los desequilibrios acumulados en los últimos años. De esta manera se aprovecharía el verano, período en que la gente tiende a estar menos atenta a los problemas políticos y las malas noticias económicas, para estirar algunos meses la vía útil del “modelo”. Los meses que hacen falta para llegar medianamente como estamos a 2015, sin estallidos ni cambios mayores.

Las revueltas policiales y los saqueos liquidaron las pocas chances que había para que el plan prosperara. Los aumentos salariales en el sector público se descuenta perforarán el techo que pretendía imponerse de alrededor del 20%. Los gremios podrán aprovecharse, encima, de que el gobierno nacional se ocupó, confiado, de anticipar las paritarias. Con lo que además habrá que demorar los ajustes de las tarifas y de los combustibles que se preveía anunciar en estos días. Como en otros finales de ciclo, tendremos un verano caliente, en que la sociedad estará más atenta que lo habitual a lo que las autoridades hagan o dejen de hacer, y menos dispuesta a distraerse en el sopor vacacional.

El plan requería, para funcionar, de condiciones políticas que existían medianamente en 2011, pero hace tiempo han desaparecido. Para empezar, un cierto control de los gremios y de los gobiernos provinciales. Y también una mínima confianza tanto de esos actores como del resto de la sociedad en la capacidad de las autoridades nacionales de cumplir sus promesas y amenazas: si al menos algunos confiaban en que el gobierno lograría disciplinar a los empresarios mientras Moreno siguiera agitando su látigo, cuando se decidió sacarlo del medio habría que haber pensado mejor con qué se lo iba a reemplazar. La estudiantina que se reparte los despachos de Economía desde su salida no parece en condiciones de hacer mejor que el brutal Nariga lo que él al menos parecía conseguir. Y tampoco trae consigo ideas alternativas, más que usar planillas de Excel allí donde se practicaba la pura oralidad y el cálculo a ojo.

La cuestión a determinar es si el gobierno nacional, advertido del cambio de circunstancias, modificará su enfoque, o insistirá en él contra viento y marea. Si opta por insistir, tendremos seguramente intensos conflictos gremiales, sobre todo en el sector público, y también tensiones crecientes entre nación, provincias y municipios. Pero tal vez el gobierno lograría mantener en alguna medida en pie su apuesta por ralentizar la fuga de divisas y el alza de precios y moderar el desequilibrio fiscal.  Mientras las cosas no se descontrolen, tal vez lo que pierda de perfil progresista no sea mucho, ni interese a muchos, y mientras tanto logre robarle aunque sea en parte las banderas en que se ha hecho fuerte la oposición: con la ayuda de empresarios que siguen dispuestos a colaborar con quien puede habilitarles oportunidades de negocios, Capitanich podría decir entonces que logró lo que Massa, Scioli y los economistas más o menos serios venían reclamando, y que puesto que se esmeró en recuperar competitividad, desplazar a Moreno, arreglar con Repsol y puede que hasta con los organismos internacionales, no habría por qué insistir con el mentado cambio de ciclo.

Si en cambio el gobierno opta por la primera alternativa seguramente los gremios estatales y luego el resto del sindicalismo conseguirían más o menos lo que reclaman y perderán en principio menos frente a la inflación. Aunque ella se seguirá espiralizando. Lo que tampoco será un obstáculo insuperable para el gobierno nacional, que es finalmente quien recauda el impuesto inflacionario. Y aseguraría para empezar una paz social que hoy por hoy aparece amenazada: gobiernos provinciales y municipales podrán seguir recostándose en la disposición del gobierno central a emitir para atender sus necesidades. El problema es que esa salida requerirá de un grado de coordinación que hasta aquí los funcionarios de Economía de la era k nunca alcanzaron para que los desequilibrios de precios no se vuelvan explosivos. Por ejemplo, exigirá una devaluación más dosificada y correcciones mucho más amplias en las tarifas, administrar más previsoramente negociaciones salariales que se reabrirán varias veces al año, etc..

El problema podría resumirse en que las preferencias del equipo económico no parecen ser compatibles con la primera opción, ni sus recursos técnicos suficientes para hacer viable la segunda. Más en general, podría decirse que para seguir el primer camino haría falta un cambio mucho más amplio en la coalición de gobierno, y para el segundo uno igual de profundo en el equipo que esté al frente de la gestión. Y en ambos casos se requeriría que el jefe de gabinete reciba una delegación de autoridad mucho más efectiva y abarcadora que la que le concedió la presidente al designarlo. Y que tras la ola de saqueos no parece que pueda conseguir.

La pregunta que cabe hacerse entonces es si no hubiera sido mejor para el gobierno prescindir del cambio tardío y parcial que intentó en su estilo de administrar el poder y en la orientación de las políticas económicas para responder a la derrota electoral de octubre pasado. De querer cambiar, tendría que haberlo hecho en forma más amplia y sobre todo antes, cuando sacar a Moreno realmente podría haber generado confianza en los mercados. Llegados a este punto, tal vez era mejor que lo dejara en su puesto hasta el final, para que al menos siguiera siendo creíble el chasquido de su látigo.

Posted in Kirchnerismo, Politica Argentina.