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Del 88 al 98

La política económica del gobierno nacional parece encaminada a utilizar herramientas de 1988 para alcanzar resultados de 1998. Tras haber cerrado casi todas las vías para implementar un programa de estabilización heterodoxo capaz de reducir la inflación sin recesión, el gobierno se apresta a colocar al país en condiciones de tomar deuda para financiar el gasto público y mantener a través de ello el control del proceso político, aun al costo de inducir una recesión.  Con ello procura que el final del kirchnerismo se parezca, en definitiva, más al final del menemismo que al del alfonsinismo. Pero contra ese objetivo conspiran tanto la consistencia de las decisiones como la credibilidad de los policymakers.

Hasta hace pocos meses era todavía posible pensar en un programa de estabilización heterodoxo. El gobierno parecía avanzar en esa dirección al permitir aumentos de precios, no esforzarse demasiado en disciplinar a los sindicatos en las paritarias, indicar la necesidad de incrementar las tarifas de los servicios públicos, acelerar el ritmo de devaluación del peso e iniciar negociaciones con los acreedores – holdouts, REPSOL, Club de París. Los movimientos de precios y salarios y tipo de cambio y los aumentos de tarifas podrían haberse encaminado, como ocurrió en las vísperas del Plan Austral en 1985, a configurar una estructura de precios relativos que pudiera soportar unos meses de congelamiento. Las negociaciones con los acreedores podrían haber sido el prólogo para la toma de créditos en el Banco Mundial y los bancos de desarrollo de los países centrales, o para la colocación de bonos en el mercado de capitales. Con precios relativos de equilibrio y financiamiento internacional, el Banco Central podría haber iniciado la reducción del ritmo de emisión monetaria, y la combinación entre el colchón de precios, salarios y tipo de cambio y la menor oferta de dinero hubiera podido colocar la economía en el camino de la desinflación sin inducir ninguna caída en el nivel de actividad. La introducción de un nuevo índice de precios al consumidor en tal contexto podría haber contribuido a la credibilidad del programa.

Sin embargo, el gobierno mismo desactivó dos herramientas clave en este esquema. Por un lado, suspendió el aumento de tarifas de luz y gas, clave para reducir las necesidades de financiamiento del sector público y, con ello, la emisión monetaria que centralmente las abastece. Por otro lado, implementó una política de minidevaluaciones que, en lugar de reducir, incrementó las expectativas de devaluación e inflación. Ambas decisiones impidieron configurar una estructura de precios relativos de equilibrio que pudiera servir como anclaje para un programa antiinflacionario. Sin ese anclaje, las expectativas inflacionarias no caerían y cualquier intento de corrección cambiaria o tarifaria sólo las incrementaría. En tales condiciones, el financiamiento internacional sería caro en tasa o condicionalidad. Los ajustes de tarifas y tipo de cambio que inevitablemente acontecerían inducirían recesión y desempleo, sin por ello contribuir de manera decisiva a una reducción sostenible de la inflación.

Desactivadas esas herramientas, el gobierno apeló a incrementar los impuestos, aumentar las tarifas de transporte, acelerar bruscamente la devaluación del peso y acordar precios en productos centrales para el nuevo IPC. Los aumentos de impuestos y de tarifas apuntarían a reducir las necesidades de financiamiento y, con ellas, la emisión. Los acuerdos de precios, precedidos como estuvieron de aumentos más allá de lo autorizado, servirían como colchón para el sector empresario. La devaluación brusca, además de mejorar la competitividad del sector exportador, podría acercar el tipo de cambio a un valor de equilibrio que fuera defendible para el Banco Central sin pérdidas dramáticas de reservas. Con estas decisiones en vigencia, y de funcionar particularmente la devaluación, el gobierno podría presionar a los sindicatos para moderar las demandas salariales mientras busca financiamiento internacional que le permita seguir gastando a voluntad – pero sin requerir tanta emisión monetaria que ponga un piso alto a la inflación.

De consumarse esta secuencia, el gobierno habría puesto en marcha un programa de contención de la inflación. Las herramientas – devaluación, aumento de tarifas, incrementos de impuestos, acuerdos de precios y salarios – reciclan parcialmente el menú de otro programa de similar objetivo: el Plan Primavera de 1988. Como entonces, frente a una escalada inflacionaria y carente de apoyo internacional, el gobierno busca con estas herramientas reducir las expectativas inflacionarias, mejorar las condiciones de negociación con los acreedores y obtener financiamiento en los mercados de capitales privados a tasas de interés razonables. Y tal como en 1988, el objetivo del programa no sería terminar con la inflación, ni siquiera iniciar un sendero sostenible de reducción, sino contenerla, evitar su aceleración.

Tal programa de contención inflacionaria no apuntaría, empero, al mismo objetivo del Plan Primavera de 1988 sino más bien al objetivo de la política económica de Roque Fernández de 1998. Conteniendo la inflación, el gobierno no buscaría margen para adelantar las elecciones presidenciales de manera tal que ocurran en condiciones más o menos propicias para el desempeño de un candidato propio – como intentaran entonces Alfonsín y Angeloz. La meta sería, en cambio, similar a la de Menem: generar condiciones para seguir financiando un nivel de gasto público que permita al/a presidente sobrevivir en el cargo sin crisis y mantenerse durante el mayor tiempo posible como figura central del proceso político.

Hay, sin embargo, diferencias importantes con aquellas coyunturas. Dos favorecen las chances del gobierno. El Banco Central cuenta aun con reservas para defender una paridad cambiaria – de las cuales carecía en 1988 – y los sindicatos se inclinan por ahora a postergar el inicio de las paritarias. Otras cuatro diferencias atentan contra esas chances. Por un lado, la consistencia del programa: si la devaluación se traslada a precios y el gasto público no se ordena, la emisión con efecto inflacionario continuaría, reactivaría las demandas salariales y minaría la contención – lo cual era obturado en 1998 por la convertibilidad. Por otro lado, la credibilidad de los policymakers: un ministro autodenominado marxista no aparece creíble implementando un programa ortodoxo – lo cual no era problema para Roque Fernández. En tercer lugar, los efectos sobre el nivel de actividad; el programa de contención generaría al principio recesión, y tal vez también a posteriori de haber correcciones cambiarias y tarifarias – lo cual deteriora el capital político del kirchnerismo como no lo hacía con un menemismo habituado a legitimarse imponiendo recesiones a cambio de estabilidad. Por último, el kirchnerismo no enfrenta el mismo tipo de oposición que le tocara en suerte a Menem: ya no están los líderes de una Alianza electoralmente competitiva buscando asegurarse una transición tranquila, sino una miríada de fuerzas políticas – que incluye un fuerte peronismo opositor – con pocos incentivos para cooperar con una estrategia que – de funcionar – sólo postergaría para 2016 la resolución de los serios problemas económicos y sociales presentes. Por todo ello, pues, ingeniárselas para pasar desde una coyuntura similar a la de 1988 a otra similar a la de 1998 no garantiza, por más fuerte que sea la voluntad política, terminar en 1999.

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