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Ley de Abastecimiento: ¿nuevos derechos?

La fórmula que está tratando de utilizar el gobierno para legitimar el curso de radicalización adoptado desde el agravamiento del default es ya bien conocida, pues la ha utilizado infinidad de veces: contra los medios, contra la oposición política y contra empresas extranjeras. En no pocos casos con bastante buen resultado.

Consiste en presentarse como impulsor de “nuevos derechos”, y representante por tanto de los débiles frente a los poderosos, para poder al mismo tiempo polarizar el campo político entre el gobierno popular y una oposición conformada por todo tipo de privilegiados y reaccionarios, y hacerse desde el estado de instrumentos legitimados de disciplinamiento de la sociedad, particularmente legitimados porque se ejercerán como mecanismos de reparación y liberación antes que como lo que son, nuevas y cada vez más amplias formas de sometimiento.

El caso de la ley de medios fue a este respecto fundacional, y sigue siendo el modelo a replicar. Recordemos que se inició con un conflicto con Clarín en que el gobierno asumió el papel de David frente a Goliat, el débil y asediado representante electo de las mayorías que era impugnado y extorsionado por un multimedios abusivo. Ello le sirvió para presentar su proyecto como “la ley de la democracia”, en reemplazo de la “heredada de la dictadura”, en que supuestamente se afirmaban los derechos adquiridos por las empresas de medios hasta entonces, en particular los del multimedios que se había convertido en el enemigo principal del oficialismo. Con lo cual esos derechos adquiridos pasaron automáticamente a ser privilegios ilegítimos, y los derechos verdaderos eran sólo los que resultaban protegidos por la nueva norma. De este modo se obvió el hecho de que la nueva ley se parecía en mucho a la de la dictadura, por el grado de intervencionismo y las oportunidades para ejercer su discrecionalidad que ofrecía a los funcionarios, y lo que en verdad se estaban derogando eran todas las modificaciones que mal o bien se le había ido haciendo a ella desde 1983, es decir el trabajo acumulado hasta entonces por la democracia para ampliar y mejorar los derechos individuales y empresariales para una comunicación libre. La polarización funcionó, además, porque muchos otros actores, incluso en el campo empresario, supusieron que el problema en todo caso recaería en una gran empresa que podría y se merecía arreglárselas sola, o que por más que se debilitara podría seguir cumpliendo su función, así que prefirieron no correr riesgos y acomodarse a la situación creada por la iniciativa oficial, no fuera a ser que también a ellos les tocara ser señalados como reaccionarios defensores de privilegios creados por la dictadura que se resistían a que “se escucharan todas las voces”.

No es casual que unos cuantos hombres de negocios se pregunten en estos días si no fueron por lo menos “tolerantes de más” ante los abusos oficiales. Porque lo que se está intentando con el proyecto de ley de abastecimiento es ir bastante más lejos que nunca antes en este camino de intervencionismo estatal con ropaje democrático, liberador y justiciero. El proyecto en cuestión promete proteger a los trabajadores y consumidores de los abusos empresarios. En un momento en que se extiende el temor a un agravamiento de la crisis en el empleo y el consumo, la iniciativa cumple de partida dos funciones esenciales: nos dice que esos problemas los causan los egoístas y abusivos dueños de las empresas privadas, no la política económica fallida que se viene aplicando, y que el gobierno sabe cómo lidiar con ellos, sólo que necesita más poder de intervención frente a los poderosos para poder aplicar su receta a favor de los débiles. Démosle la oportunidad, y David nos sacará de encima a estos Goliats.

Al plantear así las cosas además el oficialismo apunta a volver a configurar una escena política que viene desde hace meses a la deriva, en los provechosos términos de la oposición entre un gobierno innovador y reparador y una reacción conservadora atada al pasado. Las fuerzas de oposición se verán obligadas a callar o quedar asociadas a las entidades empresarias críticas y a la defensa de intereses en apariencia al menos minoritarios. El sindicalismo verá cómo sus reclamos por la inflación, el impuesto a las ganancias y la pérdida de empleos quedan por lo menos de momento diluidos ante la alternativa entre “nuevos derechos” o “intereses concentrados”, y los periodistas y los economistas que traten de explicar los perjuicios colectivos que resultarían de seguir incrementando el intervencionismo discrecional tendrán más difícil refutar el argumento de que no son más que “empleados de las corporaciones”.

Es seguro de todos modos que una parte importante de la opinión pública seguirá desconfiando del gobierno y señalando sus responsabilidades en la crisis en curso. Pero como en el caso de los holdouts eso no obsta que el gobierno se pueda salir con la suya en mantener viva la llama de la promesa populista. De eso se trata.

publicado en tn.com.ar el 18/8/2014

Posted in Política, Politica Argentina.


One Response

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  1. Emilio Gaviria says

    Recordar que los multimedios eran socios del gobierno hasta tener diferencias no esclarecidas. Como desde la colonia no hay negocios ni empresas grandes sin la participación del poder de turno, los empresarios los hacen teniendo a un socio legal obligado, a cuyos políticos-dirigentes les hacen contribuciones espontáneas para que alcancen la cima y/o se mantengan, aplaudiéndolos. Ahora al cambiar las relaciones, la concertación con los gremios parece viable, ya que las oposiciones no demuestran unidad ni acciones muy firmes. El país ya nace dividido, con odios y relatos que se utilizan para gobernar, mientras la miseria de su interior, que desde 1950 se puede ver en las ciudades, no ha podido ser solucionada, en esta república monárquica, unitaria por las “cajas”, contradicciones que están aguardando su superación.