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Los dilemas de la licitación de espectro

La licitación de nuevo espectro móvil continúa su marcha, y en los últimos días tuvo una serie de definiciones que confirman las implicancias deslizadas desde el comienzo: que hay un fuerte objetivo recaudatorio en divisas por parte del Gobierno, y que las operadoras ya presentes en el mercado son el principal destinatario de las nuevas bandas. Las novedades también trajeron algunas sorpresas, y reactualizaron algunos dilemas que ponen en peligro el buen desenlace del proceso. Recordemos que se trata de la mayor asignación de espectro de la historia del país, que multiplica 2,4 veces el disponible, abarcando cuatro grandes lotes nacionales en nuevas bandas para servicios 4G y seis lotes regionales de 3G remanente. Y que fue identificada por el Gobierno y las empresas como la vía para solucionar los problemas con los servicios, que están muy degradados.

La novedad más importante vino con la apertura de sobres de precalificación, que confirmó a las empresas que presentaron ofertas. Como era de esperar, participaron las tres operadoras dominantes (Movistar-Telefónica, Personal-Telecom y Claro-América Móvil), a las que se sumó un jugador hasta el momento poco considerado. Se trata de Arlink, la empresa de Internet de SuperCanal, el segundo cableoperador del país (con fuerte presencia en las regiones de Cuyo y Patagonia). La compañía, perteneciente al Grupo Uno de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, se benefició de la sorpresiva deserción de otros dos interesados que habían adquirido los pliegos (Nextel y Cablevisión), lo que la ubicó como la única postulante habilitada para el bloque 4G reservado a entrantes. Una apuesta fuerte y exigente, porque a los US$ 506 millones fijados en la subasta debería sumar los gastos de despliegue y de adquisición de clientes, que en un mercado ya maduro insumen la parte del león. Pero todavía no se conocieron las propuestas concretas, y nada asegura que ArLink puje por el bloque nacional de 4G, o decida apostar sólo por el 3G remante de la zona sur (que coincide con su negocio de cable, es más barato y tiene menos obligaciones). Lo que implicaría un duro golpe para el proceso, dado que dejaría desierto el bloque para entrantes. A lo que se suma otra señal de alarma, ya que Supercanal no concluyó su concurso de acreedores, lo que choca con los requisitos patrimoniales del pliego. Como sea, siempre se debe tener presente la capacidad de Manzano como operador político, y como articulador de recursos de inversión.

Las decisiones de Nextel y de Cablevisión de no participar son entendibles acorde a su contexto económico y político, aunque no eran esperadas. La principal sorpresa fue Nextel, la operadora móvil más débil, que había sido habilitada para pujar por el bloque para entrantes y era considerada la principal plataforma para el ingreso de nuevos jugadores. La matriz estadounidense NII Holdings, en proceso de quiebra, hizo explícita su intención de vender la filial argentina, y varias veces se dio por descontada su transferencia al Grupo Veintitrés de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel (que compraron la filial chilena, pero nunca concretaron el acuerdo local). Desde Nextel confirmaron que encontraron “inconveniente participar debido a los altos montos de subasta y despliegue, más aún sin que esté resuelta la venta”. Esto aumenta los interrogantes sobre su futuro, con un servicio cada vez más en desuso, aunque con una base de dos millones de abonados y una red en funcionamiento en las principales ciudades del país. La empresa ya había anunciado que estudia brindar servicios 4G sobre su espectro actual, aunque parece más probable que termine en manos de un nuevo dueño: podría ser la misma ArLink si concreta su ingreso, o alguno de los otros operadores establecidos.

Cablevisión, el principal cableoperador del país, denunció que los pliegos favorecen a las operadoras incumbentes, obligando a los entrantes a inversiones de despliegue hasta tres veces mayores y discriminándolos por el límite temporal de 15 años para las nuevas asignaciones (frente a las concesiones actuales que no tienen vencimiento). En privado deslizaron que se configuró una “venta privada”, con destinatarios prefijados. Y son innegables las dificultades políticas que tendría una empresa perteneciente al Grupo Clarín para avanzar en el proceso. Sin embargo, sorprende que no se haya presentado, lo que la habilitaba a interponer recursos administrativos que podrían derivar en amparos judiciales, obstaculizando y dilatando los tiempos. La empresa llegó igualmente a presentar una impugnación al pliego, reclamando la suspensión y una nueva redacción.

La presentación de recursos por parte de las empresas que se sienten afectadas es uno de los principales obstáculos que podría tener el proceso, al menos para el cumplimiento de los plazos previstos. Entre éstas se destacan las operadoras de TV paga TeleCentro y AntinaTV, que tienen asignados varios canales en una de las bandas que ahora se destinará a 4G. La SECOM fijó un plazo de 2 años para su migración, pero no estableció fondos específicos de mudanza o resarcimiento.

Desde el lado del Gobierno, la principal novedad vino con la respuesta de la SECOM a las demandas planteadas al pliego por las interesadas. Allí confirmó que los pagos deberán realizarse “con recursos genuinos provenientes del exterior” o en su defecto “bonos del Estado Nacional nominados en dólares con vencimiento no posterior a diciembre de 2015”. Y ratificó los plazos de la subasta, de la asignación de las nuevas bandas y de cumplimiento de las obligaciones.

Como analizamos anteriormente, la convocatoria a esta licitación implicó un fuerte giro en la política sectorial, que estaría motivado en el paso del tiempo de cara a diciembre de 2015, el fin del mandato. El Gobierno habría decidido que debe poner marcha final si quiere cerrar el asunto. Que los costos y plazos de maduración del proyecto ArSat-Libre.ar lo volvían difícil de usufructuar. Y que, por el contrario, volcar todo el espectro a una puja entre privados le permitiría recaudar buena cantidad de fondos fiscales no contemplados, en un contexto en que las divisas son cada vez más valiosas.

El Gobierno también habría tomado nota de las dificultades para atraer postores. Algo que ya es usual en este tipo de licitaciones: se trata de un negocio con fuertes economías de escala que tiende a la concentración a nivel mundial, y en que las operadoras incumbentes buscan cerrar el ingreso de nuevos competidores haciendo gala de su capacidad para pagar a ganador en la subasta (infraestructura ya desarrollada, flujo de caja vigente). A sabiendas de que no era probable una puja en la subasta, el Gobierno fijó un precio base elevado, que le permitiría recaudar alrededor de US$ 2.000 millones, en caso de asignar todos los bloques. Pero también buscó imponer severas obligaciones a esos candidatos, entre las que se destacan la cobertura de un 98 % de la población en cinco años, la compartición de infraestructura y el alojamiento de operadores móviles virtuales.

Esa es la principal disputa con los postulantes, que reclaman que se les permita pagar en pesos a cambio oficial, que el precio de subasta y las obligaciones son muy exigentes, y que tampoco se les confirmó el acceso a divisas para la importación del equipamiento para las nuevas redes. Lo que se ve agravado por el contexto de crisis de bonos en default, que continúa elevando el costo de ingresar divisas al país. Y que abre un interrogante sobre la capacidad y/o la voluntad de los interesados para afrontar los pagos de subasta primero, o de despliegue después. Se llega así a una mala combinación en la que hay mucho espectro disponible a subasta, pero pocos postores, que además dejan saber sus objeciones. No obstante, es de esperar que las operadoras establecidas terminen aceptando el precio que les fija el Gobierno para reasegurar su dominio de aquí en adelante, conocedoras de la rentabilidad que tuvieron durante la última década, que hasta 2012 les permitió una sólida remisión de utilidades.

Finalmente, hay otro dilema que deberá resolverse pronto, y que puede afectar a dos de los candidatos. Se trata de la venta del paquete de control de Telecom Argentina al fondo Fintech del mexicano David Martínez, acordada hace 10 meses con la matriz italiana, pero sin concluir debido a la falta de autorización de la SECOM. Tomando en cuenta que Martínez es el principal tenedor de bonos reestructurados del país, se sospecha que la demora sería una herramienta de cambio del Gobierno para forzar su colaboración en las negociaciones de deuda en default. Pero si la transferencia no se concreta pronto (ambas partes extendieron el plazo hasta este 25 de septiembre), el Gobierno encontraría un problema: su vieja denuncia a la “integración monopólica entre Telefónica y Telecom” se vería reactualizada, puesto que la española continúa siendo el principal accionista de la matriz italiana. Ésta ya informó que si el Gobierno no aprueba pronto la transferencia pondría en marcha un plan alternativo, que prevé mantener la filial local. Lo que podría tomar nuevos bríos acorde a otra novedad de la última semana, en la que Telefónica confirmó un acuerdo de integración con la francesa Vivendi en Brasil, que prevé cederle su tenencia en Telecom Italia. Habría que ver si Martínez queda finalmente fuera del negocio, y en ese caso cómo cuadran los tiempos de los nuevos planes de Telecom y Telefónica. Lo que es seguro es que hay todavía varios frentes abiertos en un mar movido para un proceso que tiene fecha de subasta para dentro de poco más de un mes.

 

 

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