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Maldonado, el gobierno huinca y su exceso de optimismo

El razonamiento en el gobierno parece ser, demasiado frecuentemente, que como ellos son honestos, bien intencionados y dicen la verdad entonces no les van a pasar cosas malas. La política en general, y más todavía la política argentina, son demasiado complicadas como para ser tan esquemáticamente racionalistas y esperar que el mundo se acomode a las intenciones.

En vez de prepararse para lo peor y actuar en consecuencia, el gobierno de Macri empieza apostando a que la verdad y el buen sentido los conducirán al éxito. Sólo después de chocar contra la pared que en cada caso se interpone, sus funcionarios se acuerdan de hilar más fino ante una realidad compleja, llena de grises, ambigüedades y dobleces. Les pasó con el aumento de las tarifas, la devaluación y el freno al resto de los precios, también con la liberación de los mercados y la convocatoria a invertir, y era muy posible que les sucediera asimismo, como terminó sucediendo, con el control de la protesta social.

En el caso Maldonado esto se complicó aun más por otras razones. En primer lugar, porque desde el comienzo la situación daba para ser optimistas: nunca la Gendarmería había cometido un acto de violencia de tal gravedad como matar y hacer desaparecer a una persona en una protesta; si se hubiera tratado de la Bonaerense seguro las alarmas hubieran sonado a tiempo; y enfrentaba, en la organización de la protesta, a un grupo manifiestamente violento y, peor todavía, acostumbrado a mentir sobre cualquier cosa, sin límite alguno, con tal de jorobar a los “huincas”.

En segundo lugar, cuando el caso empezó a tomar volumen, entre el optimismo que extra que proveyó el resultado de las PASO del 13 de agosto y el alarmismo ya gastado que hicieron sonar los organismos de derechos humanos y el resto de la oposición kirchnerista se alimentó la tesis de que había que esperar y mantenerse firme en la hipótesis del Ministerio de Seguridad: afirmar la confianza en la fuerza de seguridad preferida y agotar la investigación de todas las demás hipótesis que andaban dando vueltas. Que encima eran unas cuantas, y no todas se han descartado siquiera ahora, más de un mes después de los hechos.

A ello se sumó la falta de coordinación habitual. Como el problema se lo cargó en soledad Patricia Bullrich los demás funcionarios que tendrían que haber intervenido desde el comienzo, en particular los de Justicia, se limitaron a esperar. No se les ocurrió que el caso merecía una mirada propia y algún grado de involucramiento sobre lo que pensaban, y necesitaban, jueces y fiscales. Para no hablar de la total pasividad de los organismos de inteligencia, que el gobierno se ha abstenido de reformar, y también de involucrar en casi cualquier asunto importante, pero que igual cada tanto venden pescado podrido por la suya.

Siempre se está a tiempo de corregir estos problemas, claro. Aunque ahora el gobierno deba correr atrás de los acontecimientos y aceptar premisas que ya se han instalado en la escena pública, por su propia distracción, como la caracterización del caso como una “desaparición forzada”, lo que supone que además de un delito institucional hubo ocultamiento institucional; o el hecho de que Bullrich, Patricia, ya no puede hablar en público porque ha perdido toda credibilidad (el otro Bullrich ya desde antes venía haciendo mutis por el foro, pero eso a nadie le extraña).

¿Afectará esto la elección de octubre? Difícil saberlo. En principio, comparado con el escenario previo a las PASO, pareciera que los puntos fuertes y débiles de la agenda de cada contendiente se han invertido: el gobierno hasta agosto venía callando los temas económicos y resaltando los avances institucionales, en particular las investigaciones sobre corrupción, que afectaban a los opositores más duros, los que con toda lógica de lo único que hablaban era de una economía decepcionante. Ahora el oficialismo habla de repunte de actividad, nuevos empleos y renovado optimismo de los consumidores; pero parece decidido a callar los asuntos institucionales. Tal vez le convenga hacer algo más arriesgado, pero potencialmente productivo: mostrar que se toma en serio el discurso de los derechos y convertirlo en fundamento de una política de control institucional responsable y efectiva, para que deje de ser la excusa de un planteo faccioso y degradado.

Finalmente, tanto la suerte de la economía como la de la vida institucional dependerán de que se fortalezca la confianza. Y la gente va a confiar, en ambos terrenos, si tiene primero la chance de desconfiar y luego su desconfianza es desmentida.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 10/9/17

Posted in Política.


2 Responses

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  1. Emilio Gaviria says

    Valoración post factum con desarrollo lógico acertado, con ausencia de variables a considerar. Después del indudable triunfo electoral,( más algunas dilaciones ya conocidas en dar resultados), y su muy probable repetición, hay alianzas increíbles con recursos desesperados para que ello no ocurra. Confianza no hay, el gobierno debe gobernar aplicando las leyes vigentes.

  2. Jorge says

    Se repite una y otra vez:: el gobierno tiene problemas de comunicación con la sociedad.
    No solo le falta un líder carismático, sino que no encuentra un buen orador.
    PD: A quién le importa si La Piba se la banca?



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