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La revancha del Estado en el caso Maldonado

Durante varios meses del año pasado un conjunto bastante amplio de personas y organizaciones sostuvo la hipótesis de que el Estado de Derecho en Argentina estaba en extinción o directamente había desaparecido.

La evidencia para demostrarla fue fabricada ex profeso por algunos de esos actores: se manipuló información, se falsearon testimonios, algunos supuestos testigos mintieron descaradamente ante los jueces, y actores políticos, periodísticos y de la sociedad civil hicieron otro montón de cosas para dar por válidas esas mentiras y por demostrada su fabulación, había habido un desaparecido y el gobierno nacional era el responsable. Y para lograr que la sociedad actuara luego en consecuencia: negara legitimidad a las instituciones del Estado, a lo que hacían los jueces, policías, funcionarios de gobierno directa o indirectamente vinculados al decisivo “caso”.

¿Que muchos abrazaron esa fábula pero “de buena fe” y sin “mentir ex profeso”, y que es legal desconfiar así que no se les puede atribuir a los desconfiados responsabilidad en el desaguisado? Claro que sí. Tan cierto como que nada de lo que sucedió entre agosto y octubre de 2017 alrededor de la supuesta desaparición de Santiago Maldonado hubiera sido posible sin una parte importante de los “impulsores de las denuncias” operando a conciencia, ocultando información vital a la Justicia, engañando y violentando la ley en forma sistemática.

¿Cuán dañina puede considerarse esa conspiración? Si se hubieran salido con la suya los máximos representantes de ese Estado que se decía estaba, igual que bajo la dictadura, “amenazado de muerte por quienes debían hacer cumplir la ley”, hubieran sido encontrados “culpables de una desaparición forzada” y hubieran perdido toda autoridad y capacidad para ejercer sus cargos. Es decir, efectivamente se hubieran horadado las bases del Estado de Derecho. Lo de menos hubiera sido que el oficialismo perdiera las elecciones. Lo más grave, que ningún juez, fiscal, agente de seguridad, ni funcionario gubernamental hubiera podido ya gozar de la confianza de los gobernados ni ejercido sus funciones esperando la obediencia de los mismos y un clima de desgobierno y anomia se hubiera instalado en el país.

Como sabemos, el Estado de Derecho hizo finalmente bastante bien su trabajo y evitó que eso sucediera. Perdió un par de meses dando vueltas al asunto, y gastó algo más de 50 millones de pesos en el ínterin. Pero convengamos que eso es una bicoca comparado con lo que se pudo perder. Lo importante de todos modos es que si esto fue así es mérito de quienes actuaron dentro del Estado de Derecho y combatiendo la conspiración, no fruto de una autolimitación de los conspiradores. Así que la gravedad del crimen de estos últimos no debería evaluarse de acuerdo con el saldo del proceso, sino con el alcance de sus planes y los pasos que dieron para cumplirlos.

Eso es lo que están tratando de determinar en estos días las investigaciones que paso a paso realizan sobre lo sucedido los tribunales a cargo y el Ministerio de Seguridad. Identificar a quienes cometieron perjurio, a quienes falsearon documentos u ocultaron pruebas, desentrañar el entramado de responsabilidades de modo de determinar si estamos frente a una o varias asociaciones ilícitas creadas para delinquir contra el mismo Estado de Derecho.

Como era de esperar, los sospechosos insisten y seguirán insistiendo en que el “caso Maldonado” es si no uno de desaparición forzada, al menos si de “muerte institucional”, por el abuso de poder y otros procedimientos ilegítimos de parte de los gendarmes, los jueces y fiscales del caso, etc. No sólo lo hacen para tratar de darle visos de coherencia a su relato victimista y para justificar las extremas visiones políticas que defienden. Lo hacen también más simplemente para salvar su pellejo de la cárcel.

¿Qué podemos aprender de todo esto? Que el Estado de Derecho liberal tiene fama de no saber defenderse y por tanto, cuando es atacado por enemigos decididos, correr el riesgo de quedar a su merced, pero no siempre es así.

Suele considerarse esta cuestión a la luz de la idea de que el mal es más eficaz que el bien en la lucha política: los no liberales o anti liberales suelen estar dispuestos a usar todos los instrumentos a la mano para lograr sus objetivos; en cambio los liberales no, tienen pruritos, se atienen a las leyes, respetan los derechos de sus adversarios, incluso de aquellos que no respetan derecho alguno; así que frente a la necesidad de dar pasos que supongan graves daños y no sean fáciles de justificar dudan, y al hacerlo les dan ocasión a sus enemigos de salirse con la suya.

La solución de quienes plantean así las cosas y no quieren renunciar del todo a los principios liberales suele ser conseguir un maldito inescrupuloso que haga el trabajo sucio por ellos. Un matón del barrio al que se otorgan las licencias que haga falta para equilibrar el juego, sin que los liberales bien pensantes se ensucien las manos.

Pero esa no es una buena idea, ni las premisas que supuestamente la justifican la mejor forma de ver las cosas. En verdad no es para nada necesario que los grupos animado de ideas liberales sea menos exitosos que otros a la hora de defenderse. No lo demuestra al menos la historia de los estados liberales. Si bien es cierto que las democracias pluralistas suelen ser más renuentes a entrar en guerra que estados autoritarios, totalitarios u otros por el estilo, cuando no tienen escapatoria en general suelen hacer la guerra bastante mejor que estos otros, con mejores resultados.

Y un resultado similar ofrece la comparación en el terreno de la seguridad interna de los estados. Es cierto que en ocasiones los liberales suelen ser más lentos y dan más vueltas que otros sistemas políticos para proveer sus servicios de seguridad, pero sin duda arrojan al final del camino un mejor producto, son más auténticamente seguros para sus ciudadanos que cualquier otros, en los que en muchos casos las apariencias engañan.

El caso Maldonado puede anotarse, dentro de nuestra limitada historia de éxitos, como una buena prueba de ello. Y eso que todavía la historia no terminó.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 30/4/18

Posted in Política.