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Insólito argumento de Rosenkrantz contra el pago de Ganancias por los jueces

En una conferencia dictada en el Rotary Club de Buenos Aires el titular de la Corte Suprema condicionó el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces a que ellos ganen “como un abogado con éxito”. E insinuó además que los sueldos en la Justicia deberían ser más altos de lo que son. Postura que, en el contexto del duro ajuste que viven no sólo los empleados públicos sino en general la sociedad, a muchos les habrá sonado inoportuna o irritativa.
Es que, en sus propios términos, Rosenkrantz no habló “para la tribuna” sino para la corporación, con el cometido de defenderla en su órgano más sensible, el bolsillo.
Hasta aquí el argumento “oficial” para defender la excepción del pago de ese impuesto a los integrantes del Poder Judicial es que de ese modo se garantiza su independencia. Si sus ingresos son “intocables” también lo sería su función. El argumento puramente económico a que apeló el presidente de la Corte va por otro lado: si queremos buenos jueces hay que atraer a los mejores de su gremio, y eso se logra con incentivos económicos, o por lo menos asegurando que no haya un desincentivo muy fuerte por el lado de los ingresos.
Para empezar, mezclar la discusión sobre el ingreso adecuado de los magistrados con la obligación de pagar un impuesto, y en particular este impuesto, es ya de por sí un enredo y una fuente de confusión. Porque Ganancias no se cobra en función de lo que cada uno “debería ganar” dentro de su gremio o profesión, sino en relación a lo que ganan los demás en todas las profesiones y oficios. En todos lados del mundo lo pagan las personas de mayores ingresos como una vía para redistribuir recursos en favor de las de menos ingresos. El impuesto no compara a jueces con abogados, sino a todos ellos con los empleados informales y no calificados, por poner un ejemplo.
Rosenkrantz debe saber también que en Argentina este impuesto tan vital para la justicia de cualquier sistema tributario (se suele decir que el porcentaje de PBI que se recauda con Ganancias es un indicador básico del grado de desarrollo y civilización alcanzado por una sociedad) ha venido sufriendo una sistemática deslegitimación por obra de gremios y grupos profesionales privilegiados, tanto por sus ingresos como por su poder corporativo, que se rebelaron una y otra vez contra esta obligación apelando al argumento de que se está perjudicando a “asalariados”.
El gremio de Camioneros, en particular, ha hecho de este uno de sus princiaples caballitos de batalla. También han seguido esta pauta los petroleros y otros sindicatos de altos ingresos. ¿En serio al titular de la Corte le resulta razonable que los jueces se asocien a esa cruzada de los privilegiados del mundo sindical? ¿No se le ocurre que al hacerlo puede estar alimentando aún más el desprestigio que sufre la Justicia, y que él atribuyó algo exageradamente a cómo la tratan los medios de comunicación? Por más que diga que no se trata de “defender un privilegio”, en un país en que el resto de los impuestos es claramente regresivo, y a menos del 10% de quienes cobran un sueldo les corresponde hoy en día pagar Ganancias, seguir deslegitimando ese tributo no sólo es una forma de enfrentar a la “tribuna” sino de chocar con el ya tenue sentido de comunidad e integración que nos va quedando.
Por último, el criterio al que apeló el supremo es por completo inaplicable y él debería saberlo. ¿Cómo se determinaría un nivel de ingreso “adecuado” o “mínimo” para los jueces, por encima del cual él aceptaría que se le cobre el impuesto en cuestión, en comparación con qué tipo de “abogado exitoso”? ¿Si eso se hiciera con los jueces, no correspondería hacerlo entonces con todos los demás funcionarios o empleados públicos? ¿Se imaginan el despelote resultante? Pensemos un minuto: los economistas que trabajan en Hacienda y en todas las demás reparticiones públicas, que son muchos, podrían apelar al mismo argumento y compararse con lo que ganan los brokers de la city, o los gerentes de grandes empresas. Los aviadores de las Fuerzas Armadas pedirían su homologación con los pilotos de aerolíneas privadas. Y así sucesivamente. El resultado sería un caos total del sector público. ¿Será que Rosenkrantz no se detuvo a pensar cómo funciona el aparato estatal, que por algo existe un escalafón, que se respeta en todo el mundo más allá de los incentivos a que se pueda echar mano para ciertas funciones, e independientemente de las reglas tributarias, que se aplican por igual a todo el mundo?
Los jueces nombrados recientemente deberían pagar Ganancias, porque una ley de fines de 2016 así lo establece. Pero muchos han apelado también en contra de esa norma, ante sus comprensivos pares, por lo que siguen sin tributar. Claro que es mucho más importante que hagan bien su trabajo que el hecho de que paguen o no el impuesto. Pero si lo que quiere transmitirnos la Corte Suprema es que no vamos a poder exigirles que cumplan con su función a menos que les aseguremos muy altos ingresos, como los de los “exitosos” de este mundo, y excepciones impositivas para que sean aún más altos, la verdad es que suena peor que la legitimación inorportuna e insolidaria de un privilegio, parece casi una extorsión.

por Marcos Novaro

publicado en TN.com.ar el 23/11/2018

Posted in Política.


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