El problema que los peronistas argentinos, a diferencia de los chinos maoístas, no hemos podido resolver, dijo Cristina, es el de la estabilidad, la “continuidad en el tiempo de políticas de desarrollo”. Con ello la presidente pudo querer aludir tanto a que, como tantas veces se ha dicho, nos ha faltado un “proyecto nacional”, como a que lo que realmente faltó fue control monopólico y sostenido del estado, o para decirlo de modo más acorde a las circunstancias actuales, que nos sobra alternancia en el poder, en suma, democracia.

Tal vez simplemente estaba queriendo caerles simpática a sus anfitriones. Recordemos que la última vez que los Kirchner quisieron conseguir ventajas económicas de China, la reconocieron como “economía de mercado”, algo que los países desarrollados se niegan a hacer y con lo que nuestros gobernantes transigieron sin duda porque para ellos el asunto carece de toda importancia. Considerando ese antecedente, podría creerse que ahora quisieron dejar en claro que tampoco les importa mucho que allí haya o no libertades políticas y pluralismo. Pero el asunto no acaba ahí. Porque las palabras de la presidente no fueron una mera ocurrencia del momento, ni estaban sólo dirigidas a oídos orientales, sino también al público local, y encierran una buena cuota de confesión intelectual: revelan algo de lo que los Kirchner, igual que muchos otros en nuestro país, siempre han pensado sobre lo que “nos hace falta”, y lo que “nos podría haber evitado muchos males”.

Ellas permiten comprender mejor, por caso, el hecho de que toda la estrategia kirchnerista para afirmarse en el poder, desde que se hicieran de él, ha estado encaminada a limitar la competencia, cooptando, dividiendo o destruyendo por cualquier medio a sus adversarios. Así como la reminiscencia de “revolución cultural”, guardias rojos incluidos, que acompaña a casi todo lo que los Kirchner han promovido en la sociedad civil y el espacio público. Pero por sobre todo iluminan el modo en que han encarado la posibilidad de tener que abandonar el poder, como una verdadera lucha a matar o morir.

Hace unas semanas Eduardo Fidanza publicó un interesante artículo en La Nación en el que consideraba las perspectivas que supondría para el país la continuidad en el tiempo de las políticas en curso. Su argumento era, muy esquemáticamente, que Argentina podría seguir creciendo a buen ritmo, y durante bastante tiempo, aún con inflación alta y baja calidad institucional, o para decirlo en los términos que aquí hemos usado, con una democracia cada vez más limitada. Apelaba para sostener su argumento a dos casos históricos: no precisamente el de China, sino los períodos desarrollistas de Brasil y Corea. Fidanza, sin embargo, pasaba por alto el hecho de que la inflación y el autoritarismo, que podían ser más o menos “tolerables” en los años sesenta del siglo pasado, lo son mucho menos hoy en día (a menos que se tenga para ofrecer un mercado del tamaño de China, y las ventajas de su mercado laboral), y también que existe otro “modelo” más cercano, y mucho menos promisorio, al que tendríamos más chances de imitar: el venezolano.

Es indudable que en los últimos tiempos los Kirchner han mejorado sus posibilidades de seguir en el poder más allá de 2011. ¿Podrían acaso en esa eventualidad “dar estabilidad al desarrollo”? ¿Podrían, por ejemplo, institucionalizar reglas económicas para dejar de alentar la fuga de capitales, e institucionalizar el peronismo, para dar estabilidad y consistencia a la elite política? Si no lo hicieron entre 2005 y 2008, cuando tuvieron la oportunidad, y una por cierto envidiablemente buena, no hay mayor motivo para pensar que puedan, o quieran, o sepan hacerlo en el futuro. El problema que enfrentarían para intentarlo en el futuro sería doble. De un lado, hay algo que a Argentina, en comparación con esos otros casos, indudablemente le falta: la estabilidad de un estado desarrollista, aun una autoritaria como la de los generales brasileños de los sesenta, o totalitaria como la de los comunistas chinos de la actualidad, tiene poco y nada que ver con la mayor o menor prolongación en el tiempo de la suerte de una banda de oportunistas. Del otro, hay algo que nuestro país posee, y de lo que difícilmente pueda prescindir: un grado y una valoración del pluralismo que, con todo lo bueno y lo malo que pueda acompañar la discordia política, nos vacunan contra el tipo de estabilidad que el matrimonio gobernante promueve.

* Publicado en El Economista

También se sabe que, por regla general, no son las hinchadas las que ganan los partidos, mucho menos los mundiales. Y que, contrariamente, para que las hinchadas sean nutridas y entusiastas, conviene que haya profesionales, jugadores y técnicos, que hagan bien su trabajo. Pero esto último no siempre se verifica: hay hinchadas que acompañan a equipos largamente fracasados. Lo hacen en función de una épica del fracaso, que genera un tipo particular de entusiasmo, inmune a los sinsabores, que incluso puede alimentarse de ellos: en estos casos se deja ver una curiosidad del entusiasmo tout court, el hecho de que él, en última instancia, se alimenta de sí mismo. Es por ello que sólo en el fracaso el “aguante” llega a su máxima expresión. Está, por decirlo así, en “estado puro”, precisamente porque no depende de logros circunstanciales, de las mieles efímeras del éxito, sino que se afirma pura y exclusivamente en la identificación con la camiseta, es pasión, amor y odio, cero cálculo o “especulación”.

Contra lo que se suele creer, los comportamientos resultantes no carecen de lógica. Todo lo contrario: puede decirse que están animados de una lógica imbatible, incuestionable. Porque, como sucede con las ideologías totales, no hay dato o acontecimiento capaz de desmentirla. Es por ello que tantos intelectuales tienden a abrazar la cultura de la hinchada, a actuar ellos también como la gente del tablón. Y, por la misma razón, no tiene nada de extraño que políticos “de convicciones” como los Kirchner, a medida que se volvieron más ideológicos y menos prácticos en sus reacciones y decisiones, más dispuestos hayan estado a rodearse de hinchas y justificarse en sus términos.

Lo interesante del caso es que en esta deriva hacia el “hinchadismo”, los Kirchner hacen más que lo que quisieran y advierten por el bien de sus adversarios: ante todo porque anuncian que, de su mano, podemos esperar poco más que “heroicas derrotas”; y además, porque se obligan a enamorar (más precisamente en este caso, a ser apañados por quien concita y administra el amor de los hinchas), y en caso de no lograrlo, corren el riesgo de que el odio los arrastre. Los ideólogos del “hinchadismo” podrían contra argumentar que esos riesgos son un precio razonable a pagar por el premio que significa el monopolio de la pasión, con el que el resto, los políticos profesionales de la oposición, jamás podrían siquiera soñar. Pero existe evidencia suficiente como para desconfiar de tal justificación. Los más eficaces políticos han sido siempre, aquí y en todos lados, los que han sabido reunir capacidades pasionales y profesionales. Y es bastante evidente que, en los últimos tiempos, el creciente y constante deterioro de las calidades profesionales del vértice kirchnerista ha enaltecido a los políticos opositores sin requerir mayor esfuerzo de su parte. Y lo ha hecho no sólo en esas capacidades, sino en todos los terrenos: la seducción colectiva concitada por figuras apenas conocidas, gracias a unos pocos gestos o intervenciones parece indicar que el mercado pasional argentino está desde hace tiempo sobreofertado y con poca inversión se pueden obtener grandes ganancias en él.

Por otro lado, las dificultades que desde siempre han tenido los Kirchner para enamorar, incluso a sus más entusiastas seguidores (de las que Luis D´Elía ha dado en estos días una explicación que podemos considerar definitiva), debería haberlos prevenido contra la tentación de jugarse a todo o nada en ese terreno. Tal vez una explicación más plausible de por qué lo han hecho sea que esa opción siguió y no precedió a los fracasos: el “aguante” más que una premisa ha sido un refugio ad hoc para una camarilla que, sintiéndose asediada y careciendo de muchos otros recursos para actuar, ha decidido mantenerse en sus trece y jugar su destino simplemente a que “pase la mala racha” y vuelvan los buenos tiempos. Claro que, a más de suerte, será preciso que no se crucen con ningún equipo medianamente motivado y profesional.

* Publicado en El Economista

La historia de este segundo episodio es particularmente ilustrativa, sobre todo para los tiempos que nos tocan vivir, signados por una nueva y abierta disputa sobre las reglas de competencia y por la prefiguración de varias coaliciones peronistas alternativas.

Hacia 1998, Menem y Duhalde controlaban recursos suficientes como para bloquearse el uno al otro, en distintos terrenos, pero no para imponerse definitivamente. El presidente tenía en sus manos no sólo el Ejecutivo nacional, sino la Corte Suprema y la presidencia del partido; el bonaerense por su parte disponía de la habilitación formal para ser candidato presidencial, el apoyo de una mayoría de los congresales partidarios y el control férreo del mayor distrito del país. En una convocatoria a los afiliados, podría eventualmente triunfar, pero Menem podía evitarla, y así lo hizo, postergando la resolución de la fórmula presidencial hasta abril de 1999, ganando tiempo para habilitar su segunda reelección, con el respaldo de los gobernadores y del supremo tribunal.

El intento sin embargo sería contenido por Duhalde, echando mano a un recurso externo al “menú” de la interna peronista: el 9 de julio de 1998, estimando que una habilitación de la re-reelección equivaldría a “un golpe de estado jurídico”, consideró se justificaba la convocatoria a un plebiscito para decidir sobre una hipotética nueva reforma de la Cara Magna, un mecanismo que no estaba previsto en ella pero que, lo más importante, le permitía apelar a la opinión antimenemista, ampliamente mayoritaria fuera del PJ, para desequilibrar la trabada lucha interna.

La apuesta surtió efecto. Y es importante atender a las razones por las que así fue. Si tanto la Corte como los gobernadores desde entonces se negaron a acompañar las aspiraciones de Menem, se debió seguramente a que la fractura del peronismo se había vuelto una posibilidad cierta; y en caso de producirse, aún un Menem habilitado caería derrotado ante la coalición no peronista, la Alianza. Los gobernadores peronistas temían ser arrastrados por ese resultado, y los jueces de la Corte, sumar frente a aliancistas y duhaldistas nuevos motivos para impulsar su remoción a los muchos que ya existían. Así que pasaron a ser neutrales en la disputa entre los dos caudillos, apostando a preservar una mínima pax justicialista.

De este modo Duhalde consiguió finalmente su candidatura. Pero no mucho más. Y es que la neutralidad de los poderes institucionales del peronismo se reflejaría en una solución salomónica de la crisis, que dilató la bicefalia que había llegado a conformarse entre él y Menem. A cambio de la resignación de sus aspiraciones por parte del riojano, el bonaerense debería aceptar que el mandato del presidente del partido, que vencía en 2000, se extendiera hasta 2003. En una sorprendente intervención, ello sería poco después avalado por la Corte, contra las impugnaciones presentadas por el duhaldismo: la cuestión no sólo significaba un consuelo para su jefe, sino un reaseguro para su propia estabilidad, como pronto habría de constatarse.

En suma, el peronismo pudo resolver su disputa interna, pero sólo a medias y de modo bastante informal. Lo hizo gracias a la apelación a una competencia electoral externa a él mismo, pero que sus amplios recursos institucionales y la flexibilidad normativa reinante le permitieron, a una de sus facciones, utilizar en su provecho. Ello supuso la manipulación y la torsión de normas constitucionales, además de sucesivos cambios en las reglas de juego internas. Aunque, desde una perspectiva más comprensiva también podría decirse que esas manipulaciones y cambios resultaron adecuadas para dar un cauce mínimamente institucional y reglado a la disputa, y evitar males mayores.

Con vistas a la inminente reedición de esta batalla por la sucesión en el PJ, convendría atender aun a otra enseñanza de aquella experiencia: y es que, finalmente, sólo en tanto existan alternativas no peronistas competitivas electoralmente, la competencia interna peronista puede ser contenida dentro de cierto marco, porque es esa presencia la que amenaza con perjuicios electorales e institucionales generalizados a sus facciones internas, en caso de un conflicto sin límites y acciones abiertamente inconstitucionales. Que esto sea así no deja de ser bastante razonable: en un régimen en que prácticamente la única ley que tiene por sí misma eficacia es la del voto, es de esperar que todo se justifique para conseguirlo y retenerlo. Es harina de otro costal determinar si el resultado de un régimen como este puede considerarse más o menos “democrático”. La pregunta que cabe hacerse hoy es si estamos a este respecto en una situación similar a la de fines de los noventa, o si, por la debilidad de esa amenaza externa, los riesgos que se corren no son bastante mayores.

* Publicado en El Estadista

Es difícil saberlo, y más difícil aun predecir quién y cómo podría formar una nueva mayoría. Lo que es en cambio más predecible es que, dada la renacida competitividad del Kirchnerismo, la elección no sólo se polarizará contra él , sino dentro de la oposición, a favor de la opción que parezca tener más chances. Hasta hace unos meses, de los tres tercios en que quedó distribuido el grueso del electorado tras las parlamentarias de 2009 (ACyS, peronismo disidente y oficialismo), este último era el que parecía tener menos chances de crecer, aun de mantenerse en el tiempo. Como la perspectiva era de una continua declinación oficial, que incluso podría dejar a los Kirchner fuera de la segunda vuelta, las otras dos opciones, e incluso corrientes menores de la oposición, tenían margen para crecer tanteando el terreno, marcando las diferencias que más combustible les aportaran, dejando en suspenso la selección de aliados y las definiciones estratégicas. Hoy la situación parece ser bien otra: con un oficialismo recuperado, son los dos conglomerados opositores los que están sometidos a la amenaza de la “desclasificación”, y están compelidos por tanto a ganar competitividad, para que esa amenaza no actúe como profecía autocumplida y naufraguen sus posibilidades ya antes de empezar la campaña. Con un electorado demostradamente movil a conquistar, la posibilidad de que quien “parezca más débil” termine debilitándose y quede fuera de la competencia es muy alta. De allí que la carrera presidencial se esté anticipando y acelerando, y no haya mucho margen para el error.

No hay mal que por bien no venga. Las exigencias que impone esta mayor competitividad están actuando ya como fuertes incentivos a la cooperación dentro de los conglomerados opositores. Con todo, es claramente observable una diferencia de intensidad y dirección en las reacciones que ello está produciendo en uno y en otro campo. Mientras que el peronismo disidente no tardó en abroquelarse, y emitir señales para crear confianza entre sus integrantes, con las que además trazaron el camino que les permitiría resolver los desafíos estratégicos que tienen por delante (y uno en particular, participar o no de las internas del PJ), las fuerzas del ACyS, en vez de sacar provecho de la ventaja que significa contar con estructuras partidarias mínimamente organizadas, ven limitadas sus posibilidades de cooperar y avanzar, por el internismo que tiende a predominar en ellas.

Dos episodios resonantes de los últimos días ilustran el punto. El primero, la reacción que generó la boutade cometida por De Narváez cuando acusó a Macri de derechista bipolar: el consenso general en el peronismo disidente es que una negociación con el macrismo será inevitable y vital para la suerte de ambas partes, sobre todo en el muy probable caso de que las internas abiertas no se concreten, o se hagan pero ellos no participen en las del PJ; y esa fue la perspectiva que todos, incluso el propio De Narváez, quisieron dejar abierta cuando reaccionaron y corrigieron sus palabras. Del otro lado, Ricardo Alfonsín anunció una serie de actos públicos junto a Elisa Carrió, que los llevarían a recorrer distritos gobernados por referentes del cobismo, del GEN y otros sectores. Con ello pareció dar una respuesta lapidaria a la propuesta hecha por la cúpula del radicalismo para mostrar unidad partidaria, y coalicional, estableciendo un diálogo entre ambos aspirantes y fijando reglas de juego que permitan contener la competencia entre ellos dentro de un marco en que todos sumen. La elección de Carrió como partenaire no es inocente en otro sentido: indica que, para el bonaerense, su interna con Cobos dirimirá no sólo candidaturas, sino opciones coalicionales excluyentes, y como se suele decir en estos casos para que no quepan dudas sobre lo irreconciliable y significativo de la disputa, “proyectos de país” alternativos. Pareciera que Alfonsín se ha convencido de que polarizar internamente es el camino para crecer, no sólo dentro de la UCR, sino a partir de ello, en la sociedad. Tal vez porque lee sus recientes avances a la luz del recorrido que inició su padre en 1983, en su interna contra el balbinismo. Interna, aclaremos, que funcionó como trampolín hacia la presidencia, entre otras cosas porque fue mucho más concurrida que la hoy en curso. Y es que las cosas ya no son lo que eran, ni volverán a ser como fueron, ni en la UCR ni en la política argentina en general. La competencia es mucho más exigente, y la capacidad de los partidos de organizarla es mucho menor. En particular la del radicalismo, lo que sumado a los sinsabores acumulados desde aquellas jornadas de gloria, más le limita disfrutar del lujo del error. Concebir una larga y trabada disputa entre sus facciones internas, que concita y concitará el interés de unos pocos miles de afiliados, como la vía regia para llegar al poder, se parece demasiado a uno de esos lujos. Dependerá de la dirigencia de la UCR, pero tal vez en mayor medida de la de sus aliados, que surja un espacio más amplio, más representativo, y sobre todo más colaborativo, para sentar las bases de una coalición “no peronista” competitiva.

Los peronistas disidentes dieron un paso que, por lo pronto, es difícil de evaluar, aunque a largo plazo puede terminar siendo decisivo: conformaron una mesa de conducción que potencie su eventual participación en la interna abierta del PJ, o en su defecto la alternativa de rechazarla y competir en 2011 fuera de esa estructura. La apuesta coloca a Kirchner frente a un dilema. Si acepta las condiciones que los disidentes pretenden para que la competencia sea imparcial, esa interna abierta puede volverse ocasión para que se movilice toda la opinión antikirchnerista del país. Como lo viene advirtiendo Duhalde desde hace meses, conviene no minimizar lo que pueden valer las internas para liquidar los sueños continuistas antes incluso de las elecciones generales. Y es que el bonaerense al menos está convencido de poder darles a esas internas un uso equivalente al que con provecho le dio a la convocatoria al plebiscito bonaerense contra la re-re de Menem en 1998. Si temiendo este aprovechamiento de su reforma política, el kirchnerismo opta en cambio por manipular las reglas de juego, y volver a las internas un mero trámite, o directamente hace imposible su instrumentación, legitimaría una salida en bloque de los disidentes, que podrán presentarse fortalecidos como sostén de una candidatura del “peronismo verdadero” contra el aparato, al estilo de los renovadores en 1985. En cualquiera de los dos casos, de todos modos, los disidentes aun deben resolver quién sería su candidato, y si en el trámite de definirlo pierden la cohesión lograda, o terminan optando por alguien poco convocante, extraviarían la oportunidad que han ganado. Por lo pronto es poco lo que se puede decir al respecto: los protagonistas principales del sector, y sus eventuales aliados, como Macri, tienen muchas opciones abiertas, las que combinadas entre sí dan un enorme número de resultados posibles, por lo que conviene evitar especulaciones y esperar.

Donde en cambio las opciones posibles parecen ser muchas menos es en el otro espacio opositor con chances de pesar en la competencia, el que gira en torno a la UCR. Allí, el triunfo de Ricardo Alfonsín en la interna bonaerense, contra mucho de lo que se ha dicho, tal vez más que abrir nuevas oportunidades cerró algunas de las que existían. Y es que lo que ganó Alfonsín en esa competencia puede terminar siendo mucho menos de lo que perdió Cobos.

El principal interesado en que esto sea así es, obviamente, el gobierno nacional. Su interés en dejar sentado que el resultado evidencia el ocaso de Cobos así lo revela. Su postura, aclaremos, no carece de asidero: todavía hoy el mendocino sigue siendo un candidato mucho más competitivo que Alfonsín (en las encuestas serias triplica la intención de voto del bonaerense), tiene una experiencia de gestión de la que éste carece y llegada a sectores de centro y centroderecha del electorado, votantes del campo y del interior, a los que su antagonista interno hasta ahora no llega, y difícilmente llegue. De lo dicho puede concluirse que la actitud de Cobos por no involucrarse en la interna, y antes de eso, no usar su popularidad para construir alianzas con sectores políticos y sociales ofreció a sus adversarios, internos pero sobre todo externos, la oportunidad de minar y aislar su figura.

Además, su derrota reintrodujo un problema coalicional extremadamente complejo: el factor Carrió. Su paulatino alejamiento del ACyS no había significado mayores costos para los tres partidos que seguían colaborando con vistas al 2011 (UCR, PS y GEN) y en cambio llevaba a que su figura y convocatoria pública siguiera declinando sin pena ni gloria. Ahora la posición pública Carrió de respaldo a Alfonsín ha sido premiada, incluso por el directo beneficiario, que la reincorporó al primer plano del juego de alianzas, poniendo presión sobre el resto del radicalismo y sobre los otros aliados, con la evidente finalidad de hacerles más difícil dialogar y cooperar con Cobos. La pretensión de darle a la eventual coalición un claro perfil “socialdemócrata” va en la misma dirección, y puede ser tan efectiva para definir a favor de RA la opinión interna de estas fuerzas, como contraproducente para la competencia electoral general.

En cualquier caso, una prolongada interna que entrecruzará a facciones radicales y a las fuerzas aliadas, en la que la confianza entre las partes puede verse amenazada por tácticas desleales de “desalineamiento”, y en la que los climas de opinión militante pueden volverse contraproducentes para la construcción hacia la sociedad, es muy probable. Ella exigirá de esas fuerzas la inversión de considerables esfuerzos, que en otras circunstancias podrían haberse destinado a fines más productivos.

A esto se suma un enfoque que trae el propio Alfonsín en sus alforjas: el del panradicalismo, o para denominarlo más precisamente, el peculiar patriotismo de un renacido “radicalismo socialdemocrata”. Afecto a la visión tradicional de la UCR como la “fuerza del cambio” y expresión local de la socialdemocracia, parece decidido a desplazar a quienes, como el GEN y el PS, se han beneficiado hasta aquí de la decadencia de esas ideas. De allí que haya anunciado su pretensión de “reabsorber” a los sectores que se “alejaron” de la UCR desde que fracasara su padre en ese proyecto: su idea parece ser que, una vez que el partido esté en sus manos, no tendría sentido que sigan existiendo el GEN, ni la CC. Afortunadamente no se atrevió a decir lo mismo del PS, pero ya se puede uno imaginar el modo en que concibe la construcción coalicional.

¿Qué puede esperarse? ¿El escenario más probable es uno que reproduzca las condiciones de la competencia que se dieron en la provincia de Buenos Aires en 2009, con dos opciones filoperonistas polarizando entre sí y la UCR y sus aliados teniendo que defender un voto potencialmente propio, pero que opta razonablemente por “el peronismo menos malo”? No son pocos los factores de poder que han empezado a acomodarse a tal posibilidad. La suerte del renacido ACyS depende de poder contrarrestar su apuesta.

*Publicado en El Economista

Curiosamente, una de las pocas cuestiones que sí se han puesto en discusión no refiere realmente al bicentenario sino a lo que podemos llamar el “segundo centenario”. Muchos de quienes proclaman en estos días inspirarse en el modelo económico vigente en 1910 y celebran los indudables logros que entonces el país podía mostrar a sus habitantes y al mundo, se han referido a la centuria transcurrida desde entonces como “los cien años perdidos”. Desde el revisionismo (que en verdad, en los años treinta fue el que inventó esa visión decadentista hoy ya nacionalizada, y a la que en estos días recurre con más frecuencia el liberalismo conservador) y el oficialismo se ha tendido a responder que el centenario no fue la maravilla que se cuenta, que dominaba entonces una pequeña oligarquía que había creado un país para pocos. Se recrea así una discusión que viene de largo: para los conservadores y liberales, Argentina perdió el rumbo cuando irrumpió el populismo, y abandonó las políticas de apertura al mundo, economía de mercado y control de la movilización política de las masas que hasta entonces tan buenos resultados habían dado; para los populistas en cambio, el problema fue la reacción conservadora y oligárquica ante el incontenible avance de los sectores populares en su aspiración de compartir los frutos del desarrollo ampliando sus derechos políticos y sociales.

No se pretende aquí analizar los aciertos o errores de una y otra postura, sino más bien aquello que ambas dan por obvio, que al país no le fue todo lo bien que hubiera podido irle, y la posibilidad de que hayan intervenido en ello algunos factores que no se tienen en cuenta pero que podrían ser parte de las dos perspectivas en pugna. Entre estos factores hay uno que naturalmente se destaca: la inestabilidad.

Que Argentina es un país que se ha caracterizado, durante el último siglo y hasta el presente, por el alto grado de inestabilidad es algo bien sabido. No por ello deja de ser pertinente reflexionar sobre las dificultades que ello ha acarreado a lo largo de la historia, y sobre el modo en que condiciona nuestra actual vida política: ¿de qué tipo de inestabilidad se trata?, ¿cuáles son las causas de este fenómeno?, y tal vez lo más importante, ¿la inestabilidad debe ser considerada una fuente de oportunidades o de problemas? ¿es un síntoma de la apertura al cambio, de una realidad en transformación, o es más bien indicio de la frustración recurrente de proyectos de cambio, de la dificultad para estabilizar un orden compartido dentro del cual sea posible procesar cambios duraderos?

En los últimos tiempos ha ganado crédito la idea de que la inestabilidad no sería un problema a resolver, sino el indicio de una “batalla en curso”, desde hace décadas indefinida, entre fuerzas del cambio y el statu quo. Si esto es así, todavía sería necesario atravesar fases de inestabilidad aguda, para poder llegar más adelante a una situación, además de estable, deseable en términos de calidad democrática, igualdad social, respeto de derechos, o lo que sea. Dar prioridad a la estabilidad, según esta perspectiva, sería una forma de detener y frustrar cambios posibles y necesarios. Estos argumentos, por tanto, legitiman lo que podemos llamar una “cultura de la inestabilidad”.

Es hora de someter a crítica esta cultura. Volver la mirada al centenario es a este respecto provechoso: la convivencia establecida hasta 1910 con gran éxito, y todavía con algunos buenos resultados sociales hasta mediados del siglo XX, entre inestabilidad y movilidad social y democratización, desde entonces fue sustituida por otra, entre inestabilidad y desigualación y deterioro institucional, que justifica asociar los esfuerzos por recuperar grados de igualdad perdidos a iniciativas estabilizadoras. Con esta idea en mente, es posible hoy sostener que la inestabilidad económica, política e institucional experimentada en forma aguda entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado no tuvo por causa la democracia de masas, la igualdad de condiciones heredada, ni el “empate social” de ella resultante, sino fundamentalmente otros rasgos, sólo circunstancialmente asociados a ellos, y que los sobrevivieron en el tiempo: la debilidad del estado, el espíritu refundacional presente en casi todos los proyectos políticos y el comportamiento mayormente faccioso de los actores sectoriales. En segundo lugar, y en relación a lo anterior, que la desigualdad creciente a partir de los años setenta no ha estado tan asociada a la aplicación de “políticas estabilizadoras” como a su frustración, y al imperio de relaciones de fuerza crecientemente desiguales en un contexto persistentemente inestable. Y por último, que la capacidad transformadora de la política no ha probado ser mayor, ni en nuestro caso ni en ningún otro, en un ambiente inestable que en uno estable. La inestabilidad que aún padecemos, y la cultura que la celebra, deben considerarse, en este sentido, como remanentes estériles de fenómenos en su origen asociados efectivamente a la juventud, la movilidad y la apertura al cambio que caracterizaron a la sociedad y la política argentinas hasta mediados del siglo pasado, y más en particular a la vía populista a través de la cual se canalizó entonces la democratización y la igualación social. Pero, en la imposibilidad de reeditarse esa asociación, la inestabilidad, y con ella el populismo, se han vuelto obstáculos más que alicientes o recursos para recuperar el dinamismo y la integración social perdidos.

*pubilcado en El Economista

En los últimos días, algunos periodistas progresistas que entre 2001 y 2008 fueron tolerantes o comprensivos con los escraches contra los representantes de la “política tradicional”, o tal vez no contra ellos, pero sí contra los militares procesistas, y entonces habilitaron una distinción entre los que “merecían” ser golpeados por la calle y los que no, han tomado una forzada y cruel lección de lo que termina resultando de este tipo de prácticas. Porque si estas costumbres no suponen la violación injustificada de derechos, sino que son un recurso legítimo que exige un juicio sobre merecimientos, entonces su justificación queda librada a la opinión. Y no necesariamente a la de la masa, sino, en términos prácticos, a los de grupos pequeños pero decididos de activistas.

Esos que hoy se esmeran en ganar puntos ante sus líderes y se ocupan de señalar a los “periodistas del monopolio” en carteles y marchas callejeras, en “juicios populares” y otros circos por el estilo. Ellos, simplemente, están trasladando la experiencia “exitosa” de los escraches contra los represores, y la no menos exitosa campaña de agresiones en que consistió el “que se vayan todos”, a la escena de los actuales conflictos entre el pueblo y sus enemigos. ¿Por qué reprochárselos, por qué objetarles que escupan e insulten a Fernando Bravo, si estuvo bien hacerlo con Alemann, o quien fuera?

Más que la brutalidad de un gobierno desde el principio brutal, y ahora encima desesperado por conservar el poder y una escena que confirme sus prejuicios y su pretendida superioridad moral, lo más alarmante de lo sucedido en los últimos días con los señalamientos fascistas contra periodistas opositores ha sido, por un lado, el eco que las incitaciones oficiales o paraoficiales encontraron en un activo político bastante extendido y dispuesto a pasar de las palabras a los hechos; y por otro, las dificultades del resto de los actores para movilizarse de modo de sancionar esas prácticas, aislarlas, y neutralizar a sus promotores.

Si algo ha quedado en claro tras lo sucedido en los últimos dos años de “decadencia kirchnerista”, es que, aunque el gobierno pierda calor de masas, no pierde el de este activo militante, politizado y entusiasta, que lo acompaña fielmente, y tal vez lo siga acompañando hasta el final. Los cientos de organizaciones que lo nuclean son muy diversas, promueven iniciativas concretas también muy distintas, pero el kirchnerismo no ha tenido dificultad sin embargo para vertebrarlas y mantenerlas alineadas detrás suyo. El uso muy extenso e intenso de recursos públicos puede explicar en parte esta capacidad, pero sólo en parte. Hay detrás de ella también la eficacia articulatoria de una ideología “orgánica” que organiza y da sentido a la acción del gobierno y de sus seguidores: la del populismo regenerativo. Él es particularmente propenso a dividir la escena política en buenos y malos, y a atribuir a la eliminación de los malos una función reparadora y transformadora. De nuevo, no es que los Kirchner lo hayan inventado: esa forma de ver las cosas está grabada en los genes de muchos argentinos, y es lo que ha hecho del resentimiento una de las pasiones más constantes en nuestra vida política.

Lo otro que ha quedado en claro en el desarrollo de las recientes agresiones a periodistas es lo mucho que contribuye el discurso de los organismos de derechos humanos a la descalificación de los enemigos del “gobierno nacional y popular”. Estos organismos, o al menos los más activos de ellos, nunca tuvieron raíces liberales y republicanas firmes. Y la poca afinidad que tenían con esos principios la perdieron del todo en los últimos años. En la medida en que ellos fueron adquiriendo un único y exclusivo foco, y una visión polar y excluyente de la lucha política que encaraban, la de demostrar la culpabilidad y castigar a los violadores a los derechos humanos de la última dictadura, no es de asombrarse que se prestaran dócilmente a legitimar una gestión de gobierno que satisfacía esa meta. Y lo han hecho por cierto con entusiasmo, proveyéndole argumentos justificatorios no sólo en ese, sino en todos los demás asuntos y terrenos. Al ceder a esta cooptación, esos organismos perdieron toda capacidad para promover la protección de derechos de la sociedad en general, o para formar consensos amplios en la vida política, que incluyan a más de al oficialismo y a su subcultura de izquierda, los puntos de vista de otros actores. Pero eso no les ha impedido ejercer una suerte de censura moral sobre muchos de estos actores que descalifican, incluidos los periodistas. Para muchos hombres de prensa, concluir que entidades como las que dirigen Bonafini y Carlotto han dejado hace tiempo de ser promotoras de los derechos ciudadanos, y pueden incluso ser dañinas para ellos, supone una ruptura dolorosa con su propia historia, además de un muy concreto riesgo moral, el de ser “señalados” como derechistas, procesistas, “cómplices de la dictadura”. Tal vez es hora de correr ese riesgo, y aceptar que el problema ha sido, en todo caso, no haberlo corrido tiempo atrás.

Lo opuesto sucede con los otros candidatos radicales. Y en ello coincidirán con sus contrapartes del peronismo. Según cómo se de esta coincidencia, Ricardo Alfonsín puede terminar siendo compañero de ruta en este terreno tanto de los disidentes del PJ, como de los Kirchner. Se entiende por ello hasta ahora ni él ni Cobos hayan hecho ninguna mención a cómo piensan resolver este asunto.

Es mucho más claro en cambio lo que piensan los demás candidatos. Tanto para Macri como para Carrió lo mejor es pelear con Kirchner, y que se hagan las internas abiertas si eso lo garantiza, y se suspendan si el PJ pudiera usarlas para consagrar a algún disidente que les diputaría sus bases electorales, o las que sueñan con tener. Es decir, es más claro lo que los outsiders quieren, que lo que quieren en los dos grandes partidos, pero tampoco es claro cómo piensan conseguirlo.

Todo dependerá, en suma, de lo eficaz que sean los Kirchner en llevar a la práctica lo que anuncia Rossi: empiojar al máximo la competencia política en y entre los partidos de aquí al 2011.

El otro problema que el gobierno tiene que resolver es la cuestión de los desdoblamientos: si los gobernadores le ganan de mano a los Kirchner y adelantan sus comicios, volverán inaplicable la reforma para los cargos locales. Su autonomización respecto de lo que suceda con los candidatos nacionales será total. La reforma puede ser usada para evitar esto, pero hacerlo puede llevar a un choque abierto con los gobernadores. Para evitarlo, adelantar las nacionales, con o sin internas abiertas mediante, parece convenirle más a los Kirchner.

Imaginemos en cambio lo que sucedería si Reutemann, o algún otro candidato con chances, se decidiera a competir por la candidatura del PJ. En ese caso claramente la reforma se volvería un tiro por la culata, y lo mejor sería que algún juez la suspendiera. Los rechazos a los vetos presidenciales podrían incluso ayudarlo. Y tendrían finalmente alguna lógica más que la mezquina de empiojarle las cosas a Solanas. El problema podría ser, en este caso, cómo lograr que la reforma se detenga, si entre los adversarios se lograse una coordinación suficiente como para impulsarla. ¿Tendrían Cobos o Reutemann recursos a la mano para obligar al gobierno a poner en marcha la reforma? Sería difícil pero no imposible. En vista a un escenario como este, lo mejor es que se sigan acumulando objeciones en la Justicia y el propio Congreso. Finalmente el resultado será que la convocatoria a elecciones y sus reglas de juego ad hoc se judicializarían, como está sucediendo con todo lo demás. Los jueces deberían mediar y tratar de encontrar una forma de dejar conformes a todos, algo que parece bastante difícil de lograr.

Para evitarlo hay que empezar por saber cuáles fueron. Al respecto hay unos cuantos debates económicos en curso. Pero los más importantes, y los que están más verdes, son los aspectos políticos del problema. Así lo ha revelado en estos días Elisa Carrió: creyendo que daba una buena explicación de los mismos, lo que en verdad hizo fue dar ejemplo de lo fácil que es ser víctima de ellos.

Veamos: su argumento fue que los “malos radicales” están en este momento tomando el control de ese partido, esto es, alejándolo de sus manos, las de Carrió, y que por ese camino terminarán por “repetir lo de la Alianza”. Carrió puso en práctica así, tal vez sin saberlo, la misma pauta que imperó casi siempre en la relación entre quienes conducían la coalición UCR-Frepaso: la permanente disposición a “hacerle la interna” a los aliados, debilitar lo más posible su cohesión, para tratar de absorber sus sectores más afines y, finalmente, quedarse con sus bases electorales. En aquella época eso se llamaba “transversalidad”.

Y es la misma fórmula que años después utilizaría, aún con más éxito y desenfado, el kirchnerismo para cooptar a los sectores afines de cada fuerza política existente en el convulsionado escenario post 2001. Así Kirchner creó una coalición “progresista” mucho más amplia y consistente que todo lo hasta entonces conocido. Y creyó, igual que antes había creído y ahora volvía a creer Carlos Alvarez, que podría disolver los tradicionales clivajes de la política argentina y reemplazarlos por otros nuevos, más representativos, más productivos, en suma, mejores.

La idea subyacente a esta pretensión es bastante más antigua que esos líderes. Es casi tan vieja como esos mismos partidos que se busca descomponer y recomponer en nuevas formaciones: parte del supuesto (que por cierto no carece de asidero), de que los intereses y las ideologías están mal agrupados dentro de los partidos argentinos (los obreros están con los conservadores, las clases medias acomodadas con los reformistas sociales y cosas por el estilo), y que esa es una causa fundamental de nuestra inestabilidad política. Para tener una mejor política, hay por tanto que empezar por agruparlos “bien”, antes de empezar a preocuparse por cuestiones más instrumentales y secundarias, como el Estado, las políticas públicas, y cosas por el estilo.

Si uno pasa revista a nuestra historia reciente, puede ver que todos los gobiernos gastaron buena parte de sus energías en “hacerle la interna” a los otros, incluso a sus aliados. Lo hicieron los radicales frente al peronismo, pero también, como se ha visto con Kirchner, los peronistas con los radicales, e incluso los militares con todos ellos. El resultado siempre fue decepcionante. A fines de los noventa, cuando “pareció” que la ambigüedad peronista había terminado y el PJ ya sólo podría representar intereses e ideas conservadores, muchos radicales y frepasistas creyeron que había llegado el momento de aclarar las cosas, y de formar una gran coalición progresista que absorbiera las banderas distribucionistas y los votos obreros.

Pero visto desde el Frepaso, hacerlo también exigía terminar con la “anomalía” radical, la que permitía que dentro de la coalición habitara un conservador como De la Rúa, y que Menem con sus políticas también había puesto en crisis. En tanto que para los radicales que soñaban todavía con una UCR socialdemócrata la solución era la inversa, reabsorber al progresismo que se había fugado hacia el Frepaso por las propias falencias, para lograr lo que ya había intentado Alfonsín sin éxito en los ochenta, ahora que las circunstancias eran favorables.

Es así como la Alianza se concibió, desde cada uno de los socios, como el camino más corto para arrebatarle al aliado su razón de ser, absorber sus sectores más afines y completar la tarea de “clarificación” que Menem había empezado. Por supuesto, no fue este el único inconveniente que tuvo la Alianza. Pero ayudó bastante a que sus dirigentes ocuparan gran parte de su atención en menesteres facciosos y se debilitara la confianza entre sus partes.

Y es que no existía ninguna predisposición a fortalecer a los aliados, todo lo contrario: el acuerdo se hizo con la inconfesable previsión de que pronto sería irrelevante, porque la contraparte estaría mucho más débil, o directamente habría sido absorbida como porción menor de la propia fuerza. Algo que hemos visto se repitió en la experiencia reciente de la Concertación Plural. Y en alguna medida también ha signado la suerte de la Coalición Cívica: ninguno de ellos ha sido una auténtica coalición entre partidos, son fórmulas transversales orientadas a fusionar a las partes en un magma que luego se verá cómo se institucionaliza.

En suma, si la Alianza fracasó fue al menos en parte por lo mismo que han fracasado otros muchos experimentos políticos que en vez de consolidar las fuerzas políticas existentes apuntan a disolverlas para crear otras nuevas.

Estos experimentos en ocasiones logran hacer lo primero, pero recurrentemente fracasan en su promesa de “barajar y dar de nuevo”, reordenar de raíz el sistema de partidos para terminar con la “vieja política”.

Tal vez el mejor camino para no repetir los errores de entonces sea crear una verdadera coalición de partidos, fundada en el respeto de la conducción, la organización y las bases políticas de las contrapartes, y dedicarse a esos menesteres que entre nosotros suelen parecer secundarios, como es el desarrollar las mejores políticas públicas que sea posible.

* Publicado en Clarín el día 17 de marzo de 2010.