Dado que la continuidad en el poder es el máximo objetivo de cualquier elite gobernante, y lo es en grado sumo en la que nos tocó en suerte, no es de asombrarse que para conseguirla ahora que se enfrenta un obstáculo contundente se convoque todo el menú de creencias y empeños que forman el particular “mundo kirchnerista”. Que, como todo orden político, aunque un poco más que otros porque en él la política está dedicada especialmente a producir un mundo de verdades selladas contra toda evidencia en contrario, está hecho de palabras utilizadas de forma sólo inteligible dentro de sus propios códigos y su sistema. Orientarse en él requiere, por tanto, un buen diccionario de esos códigos y un mapa del sistema, es decir, de la relación entre el orden de significados k y sus referentes en el mundo que, a falta de mejor calificativo, podemos llamar “de sentido común”. A continuación se ofrece un muy elemental decálogo de esas sentencias que configuran el mundo kirchnerista, tal como ellas están siendo utilizadas para justificar la absoluta prioridad que tendría la continuidad de Cristina en el poder respecto a cualquier otra consideración, y algunas señas para guiarse en él, yendo de dichas sentencias a las duras realidades de nuestra vida política.

1. “El gobierno popular es débil y está amenazado por enemigos muy poderosos, que esperan la salida de Cristina del poder para retrotraer todo lo que hasta aquí él logró”. Al mando de un estado que recauda y gasta el 36% del PBI, del cual alrededor del 75% está en manos del gobierno nacional y la mitad se gasta a voluntad del presidente, y habiendo legitimado el uso partidista de todas las agencias públicas, desde el Banco Central a la AFIP, pasando por la distribución de publicidad oficial y los medios públicos, no sólo se impone firmemente en el territorio sino que ha logrado identificarse como la única solución disponible para el país y someter a sus condiciones aun a los intereses más poderosos.
2. “Si no hay más competencia y pluralismo es culpa de la oposición, porque es su rol crear la diferencia política y su carencia de ideas le impide hacerlo”. Reverso de la sentencia anterior, completa el argumento de que hay que elegir entre el gobierno y el caos, y en caso de que el ciclo kirchnerista concluya nos someteríamos una vez más a la amenaza de la ingobernabilidad. Con lo que se vela de paso el hecho de que nunca ha sido tan marcado como hoy el desequilibrio de recursos entre quien está en control del estado y quien debe competir por acceder a él desde el llano.
3. “La política de comunicación oficial busca que se escuchen voces marginadas por los grandes medios, pues así como toda voz es interesada, sólo la del gobierno defiende un interés que es general”. La función pública de reequilibrio de las desigualdades presentes en la sociedad se ha utilizado así para legitimar un régimen monopólico de la verdad política, por completo opuesto a la noción de ´lo público´.
4. “La polarización sincera una lucha entre intereses que ya antes existía pero estaba oculta a la vista del público, y esta mayor publicidad asegura más calidad institucional y auténtica transparencia política que cualquier regla liberal”. Versión actualizada de la vieja distinción entre democracia real y formal, justifica el desprecio por los procedimientos y las reglas de juego, a favor de una visión populista radicalizada de la democracia en que ningún interés posee autonomía, siquiera entidad propia, fuera de las necesidades del “gobierno popular”.
5. “La sociedad y en particular la juventud se han repolitizado en estos años gracias al impulso del gobierno, que promueve en ellos los valores del pensamiento crítico y la autonomía”. La hiperpolitización oficialista ha generado disciplinamiento y seguidismo en las filas propias y más retraimiento y conformismo que pensamiento y acción en la sociedad. En la gran mayoría de los votantes pocas veces fue tan bajo el interés por siquiera estar informados, y los movimientos sociales se han visto sometidos a la cooptación y se han fracturado y debilitado.
6. “El gasto discrecional del estado se justifica por sus fines redistributivos, que en verdad es lo que irrita a quienes critican los procedimientos”. Como se observa en el caso de los subsidios, y lo mismo podría decirse de la obra pública, los controles de precios e importaciones, etc., la discrecionalidad nada tiene que ver con la justicia social, persigue exclusivamente la reproducción del actual poder político.
7. “El modelo económico k se enfrenta globalmente a otro opuesto, y permite vivir con lo nuestro, promover la industrialización y protegernos de la crisis internacional”. Pocas veces como en estos años la economía argentina ha dependido de factores externos para su progreso y ha sido, correlativamente, tan frágil a las malas noticias del exterior, así como ha sido tan ostensible su concentración y primarización.
8. “La inflación es expresión de una puja distributiva en que el capital resiste el avance de los sectores populares, ante lo cual el gobierno toma partido por ellos, con controles de precios, con una política de ´bolsillos llenos´ y, también desarmando el corsé político que a través de los índices aquél busca imponerle al proyecto de cambio”. La estabilidad económica vendría a ser, en estos términos, en esencia reaccionaria, y los grandes empresarios, además de responsables de la inflación, los que quieren usarla como arma política para volver a imponerle sus condiciones a la política. La conclusión es que sincerar los índices y volver a hacer de la lucha contra la inflación una prioridad es parte de esa regresión antipopular que “la derecha” busca imponer. Cuando en verdad lo que sucede es que la inflación precariza el estándar de vida de los desfavorecidos, y los vuelve así dependientes de quien administra salarios y gastos.
9. “El regreso del estado ha permitido mejores políticas de educación, salud y vivienda pero todavía podría ser revertido por un cambio de gobierno”. Abundan los datos tanto para desmentir lo primero, ya que en general lo que se ha hecho en la última década es gastar más pero mal, en los mismos bienes y servicios que se ofrecían ya con bastante ineficiencia en el pasado, como lo segundo, pues un estado inéditamente rico no sólo podría sobrevivir sino fortalecerse y mejorar sus rendimientos con la alternancia.
10. “Gobiernos como los kirchneristas son más reformistas e innovadores que los tibios gobiernos no populistas de otros países de la región, que no se han atrevido a alterar el orden preexistente y se sometieron a sus reglas”. También a este respecto las comparaciones distan de favorecer al kirchnerismo: los países de la región han mejorado con gobiernos de derecha, de izquierda, liberales y populistas, pero sólo con éstos últimos enfrentan problemas serios de inflación, falta de inversiones, pérdida de libertades y partidización del estado. Aunque, claro, es natural que el relato oficial en todos ellos diga otra cosa, para justificar que nadie sino sus líderes pueden hacer progresar a esas sociedades y todo lo que tienen lo perderían si dejaran de ser gobernados por ellos, que es finalmente el mensaje que se busca transmitir.

La pregunta que cabe hacerse a esta altura no es si Boudou se merece el trato que recibe, tampoco si está dispuesto a tolerarlo (ha demostrado ya que la respuesta es indubitable). La cuestión más importante es si al kirchnerismo le conviene o no ser tan verticalista y maltratador con su propia gente. Dicho más precisamente: ¿si llegado el caso no tiene otra que buscar un sucesor entre lo que hay disponible, no lamentará haber subordinado y ninguneado tanto a sus “empleados”, no haberles dejado un resquicio de autonomía como para que al menos alguno, el mejor dotado, ganara cierto favor en la opinión?

La respuesta que está dando el vértice del poder es que no, que si esa circunstancia llega, bastará que la presidente levante la mano del aspirante que sea, para que él se convierta en “su” sucesor y portaestandarte.

Esta apuesta es clave para entender mucho de lo que viene haciendo el gobierno en los últimos meses, en la escena pública y detrás de ella, y no sólo en relación a Boudou sino también a los gobernadores y demás figuras peronistas con sueños presidenciales. Todos ellos reciben un trato que deja traslucir la “guerra preventiva” lanzada para encarar la cuestión de la sucesión: todavía no se sabe en la Rosada cómo se resolverá el dilema que se enfrenta, inédito en el ciclo kirchnerista, de no tener habilitado hacia adelante un nuevo turno presidencial, qué margen habrá para imponer la solución ideal, una que de continuidad a CFK, o el second best de un presidente vicario y obligado a ser leal, pero por de pronto se asume que en cualquier caso convendrá horadar lo más posible a cualquier potencial sucesor, porque así se evitará el síndrome del pato cojo, y si no se puede finalmente habilitar la continuidad, al menos se estará en posesión del poder suficiente para ejercer un dedazo inapelable; para lo cual lo que hace falta es que sólo ella esté en condiciones de votar: quien sea favorecido por su elección se convertirá ipso facto en presidente.

Está de más decir que Boudou no es ni por asomo el más castigado por esta estrategia. Hay que ver los disgustos que están pasando Urtubey y Capitanich. Y claro, no llama la atención que Scioli la esté pasando tan mal en su relación con el kirchnerismo, ni debería sorprender que la siga pasando igual o peor. Él representa el hueso más duro de roer para estas guerras preventivas de la presidente, sobre todo después de que salió medianamente airoso de la doble trampa que se le tendió en las elecciones con la dupla Mariotto-Sabbatella.  La apuesta del gobernador, se ha visto, no deja de ser razonable: aguantar todo, porque finalmente el tiempo corre a su favor, llegará el momento en que tanto los moderados del kirchnerismo como los del antikirchnerismo converjan en su apoyo, y lo dejen encarnar la reconciliación de la familia peronista. Sólo si a la presidente le fuera demasiado bien, o demasiado mal, su estrategia correría verdadero peligro.

Uno de los problemas es que en el ínterin se presentan demasiadas ocasiones para la exageración. Y ya sabemos que la evolución de estas rencillas entre peronistas es siempre incierta, porque ellas son poco afectas a someterse a reglas y altamente sensibles a la improvisación de sus protagonistas. Una de las oportunidades que se presentarán para que el diablo meta la cola, y la guerra de trincheras se convierta en batalla campal, son los conflictos salariales.  Las negociaciones con los gremios en las provincias, y sobre todo en la de Buenos Aires, serán en este sentido toda una prueba para los bandos en pugna, frente a la cual todos ellos buscarán sacarse ventaja, pero pueden terminar perjudicándose mutuamente.  Y esto porque, además, en esa ocasión se puede producir un cruce que todos deberían temer entre la interna política y la sindical. Tal vez se vea entonces que son demasiados los interrogantes abiertos como para encararlos con estrategias tan poco colaborativas: ¿cuánto ajuste se necesita en las cuentas públicas y dónde apretará el zapato?, ¿quién conducirá la CGT y cuántas centrales habrá?, ¿a través de qué vías y en qué medida se dejará traducir el poder sindical en poder político?, ¿será posible competir por el premio mayor dentro del PJ o él seguirá desactivado y se alentarán nuevos cismas? Curiosa sumatoria de incertidumbres en un país donde el poder está tan firmemente concentrado.

Publicado en tn.com.ar el 22/01/2012

Lo primero que habría que hacer para ser fieles al método comparativo es recordar qué fue lo que sucedió entre la vuelta del peronismo al poder en 1973 y, digamos, la muerte de Perón. Un dato no siempre recordado es que, al comienzo, la llamada Tendencia Revolucionaria, esto es, Montoneros y quienes acompañaban su estrategia general, fueron bastante colaborativos con los intentos del general de poner en caja a los sindicatos. Jugaron como se sabe entusiastamente a favor de Cámpora y contra Cafiero, el candidato de la CGT, y aceptaron compartir el gabinete del primero con lo más granado de la ultraderecha, Osinde, López Rega, etc., y dejar a los gremios recluidos en el Ministerio de Trabajo, desde donde podrían hacer poco y nada frente a los planes económicos de Gelbard, a quien la Tendencia también apoyó sin chistar. Y es que la idea entonces compartida por ésta y por Perón era que la burocracia sindical representaba de momento la peor amenaza para ambos. Lo que tenía su lógica: había resistido todos los intentos de desperonizarla y dividirla, se había fortalecido con las generosas concesiones de la Revolución Argentina (en particular los aportes obligatorios para las Obras Sociales), y mientras que el territorio había sido permeable al crecimiento de la juventud radicalizada (hasta tal punto que ella había logrado ubicar a gobernadores o vicegobernadores en muchos distritos), los sindicatos seguían siendo mayormente reacios a su “penetración”, tanto por tradición anticomunista como por celo corporativo.

Como se sabe, esa circunstancial cooperación entre derecha e izquierda duraría bien poco: ya antes de Ezeiza los choques por el control de los ministerios se volvieron muy intensos. Sobre todo por razones ideológicas, pero también porque el estado no alcanzaba para todos: no eran tiempos en que se pudieran repartir contratos a troche y moche para dejar contentos a los miles de militantes movilizados. Finalmente, ir a la vez contra los gremios y ese aparato estatal sería letal para la izquierda, que rápidamente perdió presencia en el territorio y quedó aislada, lista para ser masacrada.

¿Qué de todo esto tiene similitudes con lo que sucede hoy? Muy poco. Es ostensible que la izquierda kirchnerista carece casi por completo de inserción territorial y es nula su vocación gremial. Cuenta en cambio con una creciente presencia en el estado central, inéditamente generoso en términos de contratos y conchabos de todo tipo. En ello reside su poder. ¿Puede utilizarlo para crecer y llegar a influir algo, sino en los gremios, en los distritos y la compulsa electoral? El experimento iniciado por la presidente en las elecciones pasadas apunta en esa dirección. Pero al menos hasta donde ha llegado hoy en día, difícilmente alcance para contrapesar la capacidad de movilización sindical: de hecho, el kirchnerismo deberá refrenar su pasión por las movilizaciones de masas si no quiere seguir mostrando la hilacha, como le sucedió el del 10 de diciembre último. ¿Podrá por otros medios la Cámpora contrapesar la influencia sindical en la vida económica? Lo está intentando, ganando presencia en las áreas respectivas del gabinete y en los directorios de empresas, públicas y privadas, con vistas a presentarse como un agente coordinador de las iniciativas deshilvanadas que el resto de los funcionarios de gobierno es capaz de ofrecer, y un órgano pensante capaz de planificar el mediano y el largo plazo.

Sin embargo, en estos terrenos enfrenta varios problemas. El primero, que sus comportamientos suelen generar aun más tensiones y desconfianzas que los sindicales entre el empresariado. Y ello porque muchos camporistas parecen actuar con el criterio que Luchino Visconti utilizara para que uno de sus más terribles y célebres personajes se presente: “somos una elite a la que se permitirá cualquier cosa”. Siguiendo la analogía con los setenta, claro que para los dueños locales del capital los Montoneros eran mucho peores. Pero ha pasado demasiado tiempo para que esto sea consuelo suficiente. El segundo problema es que por más cerebro, discurso y coordinación que pretendan ofrecer los camporistas, en términos prácticos han tenido hasta aquí poco que ofrecer, y tienden por tanto a quedar relegados al papel de cara joven y académica de personajes algo más efectivos, como Moreno y su troupe. Y lo que el omnipresente Moreno opina de la izquierda K no es muy distinto, convengamos, de lo que suele decir Moyano.

Publicado en tn.com.ar, el 14 de enero de 2012

Es que tiene, por un lado, visibles motivos económicos, bien fundados para ambos contendientes: si el gobierno quiere evitar que el enfriamiento de la economía se convierta en estanflación, y no acepta hacer un programa de estabilización como se debe, con devaluación, ajuste de tarifas, reducción de impuestos, de emisión monetaria y del gasto global, y metas de inflación, le queda la opción de ajustar puntualmente sus gastos, como viene haciendo con los subsidios, y refrenar la inercia de los aumentos salariales; en tanto el jefe cegetista, consciente de la situación y del modo en que el gobierno busca resolverla, apuesta con buen criterio a elevar el costo político que para éste significará instrumentar esa opción, para que la modere, o mejor aun lo reemplace por otra más amigable para los intereses sindicales. Hasta aquí, nada que sorprenda.

Por otro lado, sin embargo, están las desinteligencias políticas, que se vienen acumulando desde la muerte de Néstor y se potenciaron con la confección de las listas de candidatos por parte de la presidente: Moyano exigió entonces, recordemos, su recompensa por haber sostenido al gobierno cuando éste fue abandonado por la opinión pública y buena parte del peronismo territorial, en el período que va de la crisis del campo de principios de 2008 a las elecciones de mediados de 2009; pero el Ejecutivo actuó guiado por la idea de que el mérito por la inesperada recuperación y la victoria electoral debía ser sólo suyo, pues no podía confiar más que en sus propias fuerzas y había llegado la hora de liberarse de todo compromiso con quienes pudieran condicionarlo en el futuro, o traicionarlo; de allí su opción por listas “presidenciales”, un gabinete monocolor y disciplinado, y por una ofensiva sin cuartel sobre los poderes autónomos que, siendo parte de su coalición, podrían eventualmente abandonarla. Como es el caso de Scioli, y lo es también el de Moyano.

Nótese ante todo la diferencia entre los factores económicos y los políticos que intervienen en el conflicto: respecto a los primeros los contendientes comparten un mismo diagnóstico, que los pone en veredas enfrentadas porque las circunstancias han limitado la disponibilidad de los bienes a distribuir, por lo que de volverse a una situación en que ellos abunden la convivencia podría restablecerse; en cambio en el terreno político se enfrentan porque no comparten el diagnóstico en cuanto a la capacidad de daño que cada uno tiene sobre el otro, y porque creen que pase lo que pase en la actual coyuntura lo más probable es que el futuro los encontrará en veredas opuestas.

Son, en suma, las apuestas políticas las que potencian y aceleran un conflicto que de otro modo podría procesarse sin demasiada pirotecnia ni escándalo. Sin ir más lejos, recordemos que durante la crisis de 2009 la CGT se avino a topes salariales similares a los que ahora rechaza. Y también que los retrasos en los pagos a las obras sociales se vienen acumulando desde hace años. Conclusión: el motivo decisivo del divorcio no está en ninguno de estos asuntos, sino en que las partes no pueden ya imaginarse resolviéndolos de común acuerdo y cada uno cree, por los motivos opuestos, que le conviene confrontar a esperar.

Muchos piensan que uno de los dos, o los dos a la vez, se equivocan, se desconfían mutuamente por paranoias que el abuso prolongado de poder ha agigantado, o el deseo de “ir por todo” los ha vuelto intolerantes hasta con sus socios más necesarios. Se suele decir además que el gobierno, en la cúspide de su poder, quiere hacer y deshacer a su antojo, mientras que Moyano sería algo así como un kamikaze que prefiere morir peleando que esperar a que lo aíslen y tiren por la borda como ha visto le pasó a tantos ex aliados del kirchnerismo.  Algo de todo esto puede haber, pero seguimos viendo sólo la superficie. Detrás de todo esto tal vez no haya tanto error o desinteligencia, sino un problema más definido y concreto, de orden temporal, que revela que el gobierno no es tan omnipotente como pretende, ni lo será en el futuro, y lo será aun menos si no resuelve problemas serios de sustentabilidad que enfrenta en relación a su propia coalición.

La clave política del conflicto está, finalmente, en las dificultades que enfrenta ya en este momento el kirchnerismo para controlar la sucesión presidencial. Y ello por el hecho de que las recientes elecciones fueron su mayor victoria, pero tal vez la última a la que puede acceder, a menos que cambie drásticamente las reglas de juego. Y en ellas para colmo, pese a todos los esfuerzos hechos para evitarlo, o disimularlo, no se terminó de dirimir la disputa entre el poder electoral del kirchnerismo y el del peronismo tradicional. A este respecto, el conflicto con Moyano adquiere pleno sentido a la luz del simultáneo agravamiento de las tensiones en La Plata, en torno a un gobernador que ha mostrado no tener límite en su voluntad de conciliación con la presidente, pero también ser más eficaz de lo esperado para conservar autonomía electoral: a pesar del esfuerzo de Mariotto por espantarle votos moderados, y del de Sabbatella por robarle los kirchneristas, empardó a la presidente; si los resultados hubieran sido otros tal vez la Rosada no estaría tan urgida en cortarle las alas a los que pueden eventualmente construir una coalición alternativa desde el peronismo, y acrecentar así sus chances de burlar de algún modo su fecha de defunción. Ni Scioli y en particular Moyano estarían tan convencidos de que, finalmente, se trata de aguantar, porque el vendaval k no tardará en amainar, y dejará a la vista que el peronismo de siempre es lo único que sobrevive al paso del tiempo.

Imposible saber hoy quién acierta y quién se equivoca. Son apuestas, y su validación depende de un montón de otras acciones y contingencias.

 publicado en cronista.com el 23/12/2011

Una cosa llevó a la otra. Como un número creciente de investigadores y centros de estudios en ciencias sociales criticó durante las últimas semanas la creación del Instituto del Revisionismo histórico, y sobre todo los argumentos sectarios y ultranacionalistas utilizados por la presidente en el decreto correspondiente para justificarlo y darle aliento “nacional y popular”, un funcionario de Conicet no tuvo mejor idea que imitar lo que vio tantas veces hacer a sus jefes y subió la apuesta: prohibió a los investigadores e institutos que integran ese organismo de ciencia y técnica que comprometan la “unidad de discurso” del mismo, o que con las opiniones que dan a conocer en los medios lo involucren en posiciones que no son las suyas.

 Quienes trabajamos en el Conicet hasta aquí desconocíamos que nuestro empleador, el estado, tuviera entre sus tareas tomar posición sobre ningún asunto sustantivo en discusión en las ciencias, tanto sociales como duras, mucho menos defender públicamente esa posición como la correcta. Sería bueno que el funcionario en cuestión, y el resto de las autoridades del organismo y del gobierno,usaran su “unidad de discurso” para hacer públicas esas “posiciones institucionales” sobre asuntos que nos tienen a mal traer, por ejemplo, cuál hubiera sido el resultado deseable de la batalla de Caseros para la modernización del país, qué tendría que haber hecho Perón para evitar el golpe del 55, o cuál es el nivel de inflación y cuáles sus costos y beneficios en la Argentina actual.

La cosa podría quedar ahí. Pero el episodio no es el mero fruto de la inventiva de un funcionario que habría actuado tan descarriadamente como los opinadores molestos que quiso meter en caja. Porque afecta un asunto que ha sido central tanto en la primera gestión de Cristina Kirchner, como en su reciente campaña electoral: la identificación de su liderazgo con el avance de la ciencia, la innovación tecnológica, el pensamiento crítico y otras formas de conocimiento aplicadas al progreso de la sociedad. Y porque remite a una historia de desencuentros y conflictos entre los gobiernos peronistas y la libertad de pensamiento, tanto en la esfera pública y los medios, en el terreno general de las opiniones, como en particular en los centros de estudio y de investigación.

 ¿Cómo es que después de haber creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de haber puesto al frente del mismo a un reputado investigador como Lino Barañao y haberle entregado año a año cuantiosos recursos para invertir en el desarrollo de todas las formas del conocimiento científico, después de haber construido Tecnópolis como ícono de la Argentina que se viene y de haber promocionado a los jóvenes investigadores del Conicet como protagonistas estelares de ella, se mete tan abrupta e innecesariamente en conflictos de este tenor? ¿Es que el alma populista del gobierno no puede con su genio y vuelve a los viejos hábitos de la “conciencia nacional” y la unidad orgánica entre el pueblo y sus intelectuales? ¿O es que en las ciencias sociales aun anidan resabios de un pensamiento reaccionario y antinacional, en camarillas que se reproducen con la excusa tramposa del “prestigio internacional” y los “estándares de calidad académica”, camarillas que por suerte en las ciencias duras no existen y que será preciso erradicar con algún tipo de intervención punitiva, para que por fin el “pensamiento crítico” florezca también en ellas?

 La alianza con las ciencias duras es un logro notable del gobierno a este respecto, pero parece no ser suficiente. Desde hace tiempo que se observa en los organismos de altos estudios y de ciencia y técnica una sutil coincidencia. Los funcionarios kirchneristas que en ellos actúan defienden la tesis de que lo que se dice en ciencias sociales está siempre determinado por las preferencias ideológicas y políticas de quien habla. De lo que concluyen que no es posible establecer parámetros objetivos o internacionales de evaluación: evaluar es en ese terreno siempre e inevitablemente dirimir entre intereses y fines políticos en pugna. Igual que en los medios, no hay profesionalismo que valga, hay militantes, intelectuales más o menos orgánicos, es decir más o menos disimulados, de una causa o de la otra, del bien o del mal. No son pocos los profesionales de ciencias duras que llegan a una conclusión similar cuando distinguen sus disciplinas de las de sus “pares” sociales: también para ellos la llamada ciencia social no es tal, porque carece del rigor, la objetividad y los métodos que le han permitido a los científicos alejarse de la metafísica y las creencias; así que ¿por qué molestarse si se imponen criterios localistas o abiertamente políticos para juzgar lo que en esos terrenos se financia o se rechaza?; si no es más que literatura, y sobre gustos no hay nada escrito, ¿qué otra cosa se podría hacer? El problema que esta convergencia encuentra es que, afortunadamente, en el Conicet y otros pocos ámbitos locales más o menos rigurosos de trabajo científico las ciencias sociales han avanzado en las últimas décadas en la incorporación de estándares internacionales y muy formalizados de evaluación de los rendimientos y capacidades. Y resulta muy difícil convencer a los investigadores involucrados de que renuncien a ello y vuelvan para atrás. Porque es claro que de hacerlo no sólo resultaría un sometimiento al discurso que ejerce circunstancialmente el poder, sino la destrucción de las bases mismas que hacen posible su práctica profesional.

 Un gobierno menos devoto de las banderas del progresismo y los oropeles intelectuales podría conformarse con el consenso que ya ha ganado entre los investigadores en ciencias duras; finalmente los que más pueden aportar a su apuesta por una modernización económica promovida desde el estado, y olvidarse de los científicos sociales, dejando que languidezcan en sus cenáculos académicos, incluso tolerando que batan el parche con sus objeciones y remilgos liberales en los medios que aun estén dispuestos a darles cabida. Era lo que hacía el PRI en sus años de gloria: dejaba en paz y hasta aceptaba financiar cierto pluralismo intelectual, sabiendo que hacerlo en alguna medida lo legitimaba como “democracia” y ese pluralismo sería siempre menos peligroso que el que podrían protagonizar sindicalistas, empresarios o gobernadores, a los que no se les toleraba, por tanto, tanta disidencia.

 Pero para el kirchnerismo, y en particular para el cristinismo, esto parece ser intolerable y totalmente inconveniente. Tal vez porque confía, con buen criterio, mucho menos que los priístas en la perdurabilidad de su control del estado. Así que quiere tener razón y quiere tenerla aquí y ahora, no cuando acabe el debate académico sobre su tiempo. Y quiere además y por sobre todo que le den la razón los intelectuales progresistas. Para lo cual, visto que no puede convencerlos, parece haber asumido que deberá reemplazarlos. Allí, más que en el panteón de héroes nacionales, es donde el gobierno está queriendo ejecutar un recambio de nombres radical e irreversible: de lo que se trata no es de destronar a Sarmiento y a Mitre, sino a Tulio Halperín Donghi, a los Romero, a Guillermo O´Donnell y a Beatriz Sarlo, para poner en su lugar a los amigos. Esa es la idea, y para instrumentarla no se escatimarán esfuerzos.

 La comunidad científica en su totalidad, y también la sociedad, deberían estar atentas a lo que en ello está en juego. Ningún país del mundo que haya acallado a sus científicos, sean los sociales, los blandos o los duros, logró evitar la deriva autoritaria. Eventualmente puede seguir creciendo su economía, como en su momento logró México, como logra ahora China: para hacer negocios no hace falta libertad de pensamiento. Y bien puede hacerse de héroes del saber nacional, como los tenía la rusa soviética. Pero no conquistará ni el progreso ni el desarrollo. Lo que la ciencia social y la democracia tienen finalmente en común es que ambas necesitan de un mínimo de liberalismo político para sobrevivir y desarrollarse. No es ni más ni menos que eso lo que está entre nosotros en cuestión.

Publicado en TN.com.ar, el domingo 11 de diciembre de 2011.

Paradójicamente, uno de los últimos en enterarse de que estas son las condiciones reinantes resultó quien llegó a considerarse primero entre los beneficiarios de la nueva etapa y el más posible sucesor de Cristina: bastaron un par de episodios banales antes incluso de que asumiera su nuevo cargo, una disidencia inoportunamente filtrada a la prensa, una ceremonia intrascendente en Puerto Madero, para que Boudou se desayunara que la regla de oro del kirchnerismo sigue siendo que el poder no se comparte.

La incertidumbre asociada al “modelo”, en el ínterin, debió quedarles bien en claro a los industriales, grupo invitado a incrementar sus beneficios pero al que se mantendrá hasta último momento en la ignorancia respecto al cuánto y al cómo. En la conferencia de la UIA Cristina les dio una buena noticia, que no apoyará una ley para limitar las transferencias de utilidades al exterior, acompañada de varias malas: que lo que cada empresa podrá transferir se resolverá caso por caso, según lo que esté dispuesta a invertir y lo que el gobierno considere justificado, y que los controles sobre el dólar seguirán. Es el método Moreno que se extiende, devorando reglas y precios porque él no pone nada por escrito y todo puede cambiar en cualquier momento.

También caso por caso se está resolviendo el retiro de los subsidios a los servicios. La incertidumbre respecto a cuánto deberán pagar los usuarios, y desde cuándo, domina el ambiente. Boudou y De Vido acusan a los medios independientes de llevar malos augurios a los hogares. Pero lo cierto es que, en este terreno igual que en el del dólar son ellos los que más preocupación han generado, aplicando una selectividad que, si bien hasta aquí se orienta con criterios redistributivos, lo que más cultiva es la discrecionalidad asignativa.

En este contexto no debe sorprender el secretismo con que se manejó la cuestión del gabinete. La clave en este asunto, sin embargo, está bien a la vista: y es que los nombres mucho no cuentan, porque las cosas se seguirán manejando con un método que los devalúa. Los cambios son marginales, no habrá superministros y la coordinación seguirá ausente. Detrás de Cristina todos son y serán actores de reparto, que le reportan sólo a ella y cuyas destrezas técnicas y opiniones no importan, lo que importa es su disposición a ir para un lado o el otro según lo que en cada momento la presidente disponga. De lo que ellos se desayunarán con escasa ventaja respecto al resto de los gobernados, o ninguna.

Gobernar la incertidumbre ha sido siempre una máxima influyente en la política peronista. Que contempla no sólo manejar la incertidumbre que existe, sino en alguna medida crear más desde el poder: así se amplían sus márgenes de libertad y se vuelve a todos dependientes de su voluntad. Pero se sabe por experiencia que el método funciona cuando el gobierno tiene buenas noticias para dar, y no tanto cuando las novedades que por sorpresa comunica son malas.

El problema que tiene por delante el gobierno es, para colmo, aun más complejo que el de dar malas noticias: tiene que lidiar con actores celosos de su autonomía, como son los dueños del capital y los gremialistas, para incrementar la tasa de inversión, si no quiere que la economía tambalee, ahora que el aliento al consumo ya no basta. La gran pregunta es si podrá convencer a los empresarios que inviertan en un contexto marcado por la incertidumbre y por una discrecionalidad gubernamental que no deja de alimentarla.

Mostrarse duro con los gremios y amistoso caso por caso con los empresarios difícilmente alcance. Por regla general, hay una relación inversa entre la extensión de tiempo que los empresarios calculan necesitan para recuperar sus inversiones y la incertidumbre sobre el futuro: de allí que, cuando esta impera, sólo se invierte en actividades con altas ganancias de corto plazo. En Argentina, por décadas, la inestabilidad de los gobiernos y la desconfianza hacia su capacidad de dar continuidad a sus políticas fueron las principales fuentes de incertidumbre, y las que acortaron en consecuencia los horizontes de tiempo con que actuó el empresariado. Hoy el problema parece ser el opuesto: nace de la gran estabilidad conquistada por una elite de gobierno que se esmeró y sigue esmerando en dejar en claro que todo depende de su voluntad, porque ella puede dar o quitarlo todo. Ojalá Cristina comprenda que más que declaraciones rimbombantes para ganar aplausos, más que funcionarios leales y unidad de mando, más que otra vuelta de rosca al capitalismo de amigos, lo que necesita en este momento es abdicar de algo del poder construido porque, aunque suene paradójico, él se está volviendo el principal obstáculo para que su segundo mandato sea exitoso.

Publicado en Clarin el 8 de diciembre de 2011

 La vocación por intentarlo, al menos, está. Y unos cuantos factores juegan a favor: un optimismo social superior al de 1991, una legitimidad institucional mucho más incuestionable que en 1951, conflictos internos mucho menos intensos que en 1973, un contexto internacional, todavía hoy, mucho más favorable que en los tres casos precedentes, y, gracias a todo ello y a la inédita concentración de poder fiscal, una muy considerable masa de recursos para financiar el intento. Así vistas las cosas, ¿podría esta vez ser distinto y “no haber límite”?

 Hay quienes sostienen que el poder se auto limitará porque en verdad ya llegó a su meta. Que se repetirá más o menos lo de Perón al volver al poder en 1973, cuando anunció, para  decepción de sus seguidores más entusiastas, que en ese sencillo acto se daba por terminada la revolución. Cristina podría imitarlo si, como pareció querer decir en la noche del 23 de octubre, es cierto que no pretendía más que lo que ya logró y ahora se dedicará a “conservar”: velar por la continuidad de las transformaciones realizadas, buscar un heredero y pocas cosas más.

 Pero es difícil creer que ella, siendo relativamente joven y tan devota de Ernesto Laclau, justo cuando ha llegado a la cúspide del poder, motu proprio lo deje ir. Además, aun para esos acotados objetivos arriba mencionados podría necesitar más cambios, y algunos bien profundos, en el partido, el estado, la economía, eventualmente también en el régimen político. Precisamente por la memoria de lo efímero que suelen ser estos momentos de gloria, y por la experiencia recogida a lo largo de un extenso camino lleno de idas y vueltas, la inclinación a actuar “ahora o nunca” y a no ponerse límites tendería a predominar.

 Suponiendo que sea esto lo que suceda, aun habrá que ver qué objetivos se plantea, si unos medianamente respetuosos del pluralismo y las libertades, racionales y republicanos, o todo lo contrario. Y como el panorama es muy incierto en casi todos los terrenos es natural que muchos se pregunten si habrá algún obstáculo a eventuales intentos que no reúnan las condiciones señaladas y resulten ofensivos y excluyentes para porciones más o menos extensas de la sociedad, porque las dejen de forma permanente “fuera de juego”. Como ha sucedido ya con unas cuantas innovaciones kirchneristas que partidizaron el estado y crearon desequilibrios estructurales en el sistema político.

 Los opositores que aún sobreviven y los analistas apelan por estos días a tres tipos de límites para conjurar esperanzas al respecto. Los primeros son de naturaleza política, y refieren fundamentalmente a la heterogeneidad y el tradicional pluralismo interno del peronismo: es la tesis que Juan Carlos Torre ha vuelto a poner en circulación (véase el reportaje en La Nación del 7 de noviembre), según la cual esa fuerza funciona como un “sistema político en sí mismo” y crea su propia oposición. Si es así, habría que dejar que el propio partido de gobierno haga su trabajo y horade desde dentro las tendencias hegemónicas.

 El problema es que, al menos en lo que va del ciclo kirchnerista, este pluralismo interno ha probado ser bastante ineficaz para hacer ese trabajo. Lo hizo en alguna medida, es cierto, frente a la 125 y en las elecciones de 2009, pero contra la expectativa que entonces se generó en cuanto a una creciente autonomización de sus componentes territoriales y sectoriales se ha visto que el estado central y sus recursos lograron ser un antídoto eficaz. El hecho de que dos factores contingentes, la muerte de Néstor Kirchner y una muy favorable coyuntura económica, hayan sido necesarios para dirimir a favor del vértice las tensiones en el peronismo no alcanza para refutar el punto: lo cierto es que sus integrantes no pudieron coordinar nada autónomamente del centro y este terminó imponiéndose en forma aún más inapelable que en el pasado. Por otro lado, si se presentara una nueva coyuntura favorable para la disidencia (y la que todos señalan es, obviamente, la disputa por la sucesión presidencial en 2015) y los poderes territoriales y gremiales lograran quebrar la disciplina, el resultado más probable sería una nueva ruptura de la precaria unidad justicialista. Y ya se ha visto que de ella no resulta nada bueno para el sistema político. La pregunta es, entonces, si llegado el caso será posible alguna variante de competencia entre peronistas que sea compatible con el fortalecimiento de la institución partidaria, y por extensión, de las demás instituciones, y evite tanto la hegemonía del centro como un nuevo ciclo de fragmentación y desgobierno.

 El segundo conjunto de obstáculos a que se apela es económico y se funda en la muy probable circunstancia de que lo mejor para el kirchnerismo en este terreno haya pasado: él ya consumió las ventajas de la recuperación post 2001, de la captura y depredación de casi todos los recursos disponibles en el estado, y buena parte de los de la sociedad, y se enfrentará, de aquí en más, con cada vez menos margen de libertad, a circunstancias externas e internas no tan favorables. La conclusión es que habría que dejar que la economía haga su trabajo, y acote el margen de arbitrio y los sueños de grandeza del oficialismo (los desarrollos de esta tesis por parte de los economistas son muy variados, y en cuanto a los politológicos cabe recordar el artículo de Vicente Palermo en Clarín del pasado 22 de abril).

 Con todo, se ha visto ya que los límites económicos no suelen ser reconocidos como tales por el gobierno y que él ha encontrado una y otra vez la forma de radicalizarse frente a este tipo de dificultades. Tan es así que la economía, incluso por encima de los medios o la Justicia, resulta hoy por hoy el terreno en que más pleno dominio ha logrado el arbitrio presidencial, tanto a costa de las leyes del mercado como de las de la regulación pública, y ante la pasiva aquiescencia de los principales interesados. La pregunta sería: ¿hay posibilidad de que la escasez sea ahora aleccionadora y no radicalizadora? ¿Qué condiciones deberían reunirse para que, a diferencia de lo vivido entre 2008 y 2009, los problemas generados por las medidas que se han ido tomando, y los obstáculos que se encuentran para hacerlas funcionar, sean leídos como quieren los críticos y no como manda el manual de operaciones gubernamental (esto es, aumentar a toda costa la autonomía del decisor, subir la apuesta, fugar hacia delante, etc.)? Es cierto que por el mero deseo de heredar algo que funcione, algún sector del oficialismo estaría inclinado a corregir en serio el rumbo. Pero no parece ser esta la actitud más extendida ni la de quien toma finalmente todas las decisiones: que incluso las correcciones económicas se conciben “a lo Moreno” se comprueba en el particularismo con que se ha establecido quién puede o no comprar dólares, o con que se empieza a resolver quién seguirá o no recibiendo subsidios. ¿Existirá realmente un nivel de dificultad más allá del cual insistir con más de lo mismo no sea la opción más sencilla y tentadora?

 Finalmente, y dado que tal vez ni el peronismo ni la economía alcancen para refrenarlo, y ya descartamos la opción de que se frene a sí mismo, hay quienes sostienen que la última esperanza hay que depositarla no en la habilidad del gobierno para hacer el bien, sino en su inhabilidad para hacer el mal, no en su sabiduría sino en su torpeza. Un buen ejemplo de este argumento es un reciente artículo de Luis Tonelli en 7 miradas, (“La tan temida finitud” es su título) y una prueba empírica para sostenerlo es lo que han estado haciendo en estos días los funcionarios del área económica, y la propia presidente al coordinar sus pasos, en la batalla contra el dólar. Cuando todos esperaban (y muchos temían) que Cristina tomara la iniciativa para “profundizar el modelo”, consolidar sus apoyos, eventualmente reformar la Constitución, etc., se presentó un escollo que la mala praxis política empezó rápidamente a convertir en un profundo pantano, en el que podrían terminar sucumbiendo unos cuantos de los sueños oficiales.

 De todos modos, no debe escapársenos que circunstancias como ésta colocan a los opositores, y al país en general, frente a una paradoja que ya en el pasado probó ser muy traumática: si la última defensa contra un poder crecientemente autocrático resulta ser la propensión al error de sus agentes, la apuesta política de todos quienes desean un cambio termina consistiendo en que aquellos se equivoquen, no aprendan de sus errores sino que insistan en ellos, hasta que los costos resultantes convenzan a la sociedad de la inconveniencia de seguir confiando en su liderazgo. La política debería ofrecer más que eso, o tendremos por delante años penosos.

Publicado en TN.com.ar

Hay quienes creen que, en un país con el récord de inestabilidad que tiene el nuestro, estos son motivos para festejar. El kirchnerismo, según esta visión, ha dado en la tecla para ofrecernos una solución a las recurrentes crisis de gobernabilidad, y ahora sólo hay que esperar que el poder personal se institucionalice. Y que surjan alternativas, que si hoy no existen, como dice Ernesto Laclau, no es por culpa del autoritarismo o del afán de poder sin límites del gobierno sino por las propias falencias de la oposición.

En cambio, otros sostienen precisamente lo opuesto, que esta estabilidad se está consiguiendo a costa del federalismo, del carácter público de las instituciones del estado, del pluralismo político y mediático, y de la competencia democrática. Así que el remedio puede ser peor que la enfermedad: no hay por qué esperar que un poder hiper concentrado y personalista se modere ni se institucionalice, a menos que se lo obligue a hacerlo.

Cabe preguntarles a unos y a otros, ¿alguien puede saber a ciencia cierta para dónde va Argentina? Pese a la certidumbre respecto a quiénes ejercerán el poder, hoy en día los diagnósticos y las previsiones a este respecto no podrían ser más discordantes. ¿Estamos regresando, disimuladamente bajo la pátina de un discurso progre y antioligárquico, al unicato decimonónico, gracias a una remozada combinación de la apropiación centralista de la renta agraria y la política conservadora de provincias? ¿O, peor aun, nos encaminamos a un régimen populista como el que Perón intentó instaurar en sus primeros años, que entonces fracasó por falta de recursos, pero que con más suerte ha prendido en los últimos tiempos en países como Venezuela y Ecuador? ¿O será en cambio que la hegemonía kirchnerista, que hoy parece extenderse incontenible como una mancha de aceite, habrá de revelarse más temprano que tarde como una apariencia efímera, y dentro de no mucho tiempo volveremos a ver que el peronismo se divide entre distintos proyectos y liderazgos, y el poder hoy tan concentrado se diluye como arena entre las manos de los gobernantes?

Como en muchos otros asuntos, el curso de los acontecimientos dependerá, en principio, de las decisiones que tome la reelecta presidente. Pero una cosa es decir esto y otra muy distinta creer que ella pueda en cualquier caso imponer su voluntad.

Cristina contará a su favor con un control muy amplio, inédito en la etapa kirchnerista, de su partido. El proceso de reunificación que éste está viviendo, observable en los últimos tiempos en la migración de disidentes como Solá y Das Neves hacia las filas oficiales, se extenderá seguramente después de los comicios a figuras como De Narváez y al resto del peronismo federal. La presidente tendrá también a su alcance una inédita voluntad de colaboración de los grupos de interés: ilustrada no sólo por el acercamiento entusiasta de las asociaciones empresarias al calor oficial, sino también por la disputa que se ha abierto en el sindicalismo y que está llevando a los gordos e independientes a disputarle al moyanismo el cetro de interlocutores amistosos de la Rosada.

Bien manejada, esta podría ser la oportunidad para que desde el poder se cree un sistema más institucional de toma de decisiones. Que, aunque concentrado y hasta monopólico en muchos aspectos, sería en alguna medida un avance respecto a lo que hemos vivido en estos años: volvería públicas y predecibles decisiones que hoy son opacas e inciertas.

Pero puede también que en su afán de controlarlo todo, imponerle su sello al partido, al estado y a la sociedad, este poder se desgaste muy rápidamente. Sobre todo si el contexto internacional y la situación económica y fiscal se deterioran. Puesto frente al desafío de resolver al mismo tiempo una difícil situación económica y un complicado dilema sucesorio, tal vez el oficialismo termine descubriendo que el poder político sigue teniendo aquí pies de barro. Este desenlace le facilitaría las cosas a opositores sin mucha luz propia. Pero no sería el que más convenga al país: ojalá haya todavía, entre la hipótesis de la hegemonía y la del regreso de la inestabilidad, algún espacio para hacer que prosperen las instituciones republicanas.

Publicado en Perfil el 23 de octubre de 2011

Aunque también influyen en ello dos factores complementarios: un déficit bien conocido desde hace bastante más tiempo, el de las fuerzas de oposición para llamar la atención de los votantes con mensajes convincentes y atractivos; y una destreza algo más novedosa, la que viene demostrando el oficialismo en desactivar conflictos y hacer pasar la consolidación y aun ampliación del ya muy considerable poder institucional que ejerce desde hace ocho años, como si su liderazgo hubiera surgido un año atrás y recién ahora estuviera por conquistar el poder que necesita para realizar sus objetivos.

En este olvido del pasado que el kirchnerismo promueve reside, paradójicamente, la verdadera eficacia política de su relato, que hace un culto de la memoria de Néstor Kirchner, en apariencia se inspira en la constante revisión y recuperación de la historia reciente del país, pero que en todo eso y en lo que hay de ideológico y programático en sus diatribas resulta bastante hueco o directamente inasible para el gran público.

El relato permite, así, lo opuesto de lo que dice y de lo que dice querer, que muy pocos de entre los votantes tengan presente lo que sucedió en el país durante la mayor parte del mandato de la actual presidente y lo que ellos mismos pensaron de su gobierno en ese tiempo. Con lo que quita sustento a los argumentos republicanos que tiempo atrás probaron ser corrosivos para la imagen oficial, pero hoy resultan en gran medida inocuos, suenan vacíos o desubicados: si la presidente renació al morir su marido, si es una recién llegada al poder, ¿qué sentido tiene hurgar en el pasado y revisar sus acciones? ¿Si nunca hasta ahora ha tenido el poder, qué sentido tiene hablar de abusos, revisar siquiera sus records institucionales? Ello ayuda a entender que la mayor parte de los encuestados, contra los temores que ha intentado agitar parte de la oposición, no considera que haya riesgo alguno en la concentración de poder, y al contrario, muchos opinen que es preferible que el próximo gobierno cuente con mayorías amplias en el Parlamento y se debilite a una “oposición obstruccionista”.

La intrascendencia de la campaña, el vaciamiento de la agenda electoral y de la misma competencia política, con su lógica conclusión, la idea de que el 23 de octubre no se decidirá nada importante, porque ya todo está decidido, anestesian la percepción colectiva respecto al carácter histórico y la enorme significación que puede tener esta elección para el futuro. Al menos en dos aspectos esta será una elección única para nuestro tiempo: por primera vez desde el siglo XIX el mismo grupo gobernante se impondrá por tercera vez consecutiva y retendrá el poder por más de una década; y lo hará en ausencia de una oposición mínimamente cohesionada. Difícilmente la presidente supere el record de votos obtenido por Perón en septiembre de 1973, pero sí es muy probable que lo logre con la diferencia respecto al segundo.

En un país con una sociedad y un régimen pluralistas consolidados ello podría considerarse la mera señal de un circunstancial éxito gubernamental. Más aun, en uno con la tradición de inestabilidad que mostró a lo largo del siglo XX el nuestro, podría considerarse una buena noticia. Pero en un país con tal pasión por la hegemonía y con semejante desequilibrio de poder partidario no es tan cierto que haya mucho para festejar. Más aun cuando ello se da en el marco de un notable conformismo e indiferencia de la ciudadanía y de una no menos evidente desactivación de la competencia.

Hace unos días se supo que la Casa Rosada vetó un acto masivo que organizaba Scioli en la provincia, que iba a ser la única gran concentración de la campaña. Se dijo que la actitud del gobierno nacional obedecía al temor a que grupos internos o infiltrados armaran algún batifondo que tiñera el clima de orden y paz en cuya cresta surfean con facilidad hacia su meta las boletas del oficialismo. Pero también puede que haya influido en esta decisión el interés porque pase desapercibida para la sociedad la dimensión del poder que con su apoyo, pero también con su desinterés y abulia, se está a punto de consagrar. En lo que se revela la sutil contracara de despolitización que acompaña y complementa a la hiperpolitización del discurso y las iniciativas kirchneristas: una que le permite adaptar el modelo populista del peronismo clásico, ese de las grandes movilizaciones de masas y las aclamaciones plebiscitarias, a las condiciones que impone el escepticismo apolítico contemporáneo, en que el poder, para perpetuarse, debe saber cuándo y cómo mostrarse, pero sobre todo cuándo y cómo disimularse.

publicado el lunes 17/10/2011 en tn.com.ar

Aunque los estudios suelen tener como objeto el presidencialismo norteamericano, varios papers de ciencia política (ver más al final del post) muestran que la evolución de la economía ejerce una influencia que puede ser decisiva sobre el voto ciudadano. Sostienen que hay una correlación entre algunas variables macroeconómicas y la suerte electoral de los gobiernos, que es más visible aún en casos de reelección presidencial (ver el trabajo de Celeste Ratto sobre los casos latinoamericanos pos reformas y el impacto de la configuración institucional)

Simplifiquemos y tomemos dos indicadores que teóricamente tienen influencia sobre el voto: un mayor crecimiento económico aumentaría la probabilidad del voto a un presidente que busca reelegirse y una mayor inflación disminuiría la propensión a preferir votar al gobierno.

La economía se expandió a un ritmo notablemente alto durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Creció a un promedio anual del 7,7% (acumula entre 2003 y 2011 un incremento del 70%). Durante el gobierno de Néstor el Producto se expandió en promedio un 8,2% anual por año, un 44% en sus algo más de cuatro años de gobierno. A lo largo del gobierno de CFK – entre 2008 y 2011- el PBI creció a un promedio del 6,3% anual (25,2% en los cuatro años).  El contraste coyuntural de 2011 con las economías más avanzadas del mundo es significativo: después de China, Argentina tendrá uno de los incrementos del PBI más elevados del mundo (8,3% aprox.).

Durante estos años se incrementó la inversión, pero fue el consumo uno de los motores en los que se apoyó el crecimiento sostenido: se elevó un 72,2% entre 2005-2010. Los altísimos precios de los productos agrícolas permitieron al gobierno financiar el consumo privado de modo que muchos hogares pudieron acceder a bienes de consumo durables. Sin embargo, el ritmo de crecimiento, el aliento al consumo, y la ausencia de metas monetarias compatibles con una inflación moderada, produjeron un incremento sostenido del nivel de precios. La inflación ha sido una amenaza siempre latente al equilibrio macroeconómico y un daño para los ingresos. Los ciudadanos han convivido con una inflación de dos dígitos desde el 2006 que es minimizada en las estadísticas oficiales por un cambio en la medición del índice de precios al consumidor que elabora y procesa el gobierno nacional.

El gobierno logró compensar (parcialmente) de varias maneras el daño sobre los ingresos de la población. El comportamiento inédito del PIB indujo un mayor poder de negociación de los sindicatos –apoyados por el gobierno- cristalizado en incrementos significativos de los salarios de trabajadores formales, además de un aumento sostenido de los recursos fiscales. Las presidencias de los Kirchner dispusieron de fondos que se dirigieron mayormente a tres objetivos. A subsidiar al consumo de energía y el transporte destinaron ingentes recursos que aumentan año tras año con el fin de mantener congeladas las tarifas de servicios públicos y de ese manera compensar parte del impacto de la inflación sobre los sectores medios y bajos urbanos. En segundo lugar, en 2009 el gobierno de CFK impulsó la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sólo los aumentos salariales conseguidos por los trabajadores formales y la AUH han moderado la pérdida de la capacidad de consumo que inflige la inflación a los trabajadores y los sectores más desprotegidos. En tercer lugar, buena parte de los recursos fiscales se distribuyen hacia los niveles subnacionales de gobierno a través de las tranferencias automáticas regladas por el sistema de coparticipación federal de impuestos. De modo que la bonanza económica no sólo ha inducido el voto por el gobierno nacional sino que también ha influido sobre las elecciones provinciales y municipales, donde la mayoría de los oficialismos, sean ellos o no afines al gobierno nacional fueron -en su mayoría- reelegidos. En los tres distritos más importantes del país los votantes optaron por revalidar la gestión de partidos de diferente color al oficialismo nacional. Mauricio Macri (PRO), fue reelegido como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  el Socialismo de Hermes Binner consiguió mantenerse en el gobierno en la provincia de Santa Fe, y el peronismo disidente logró de la mano de José Manuel de la Sota conservar la provincia de Córdoba.

La explicación que atribuye peso a los resultados económicos en el voto también es consistente con la derrota electoral del kirchnerismo en las parlamentarias de 2009: el 2008 fue el único año en que cayó la actividad económica. Pero ¿es posible explicar sólo con los resultados económicos el pasaje del rechazo en las elecciones de 2009 al triunfo arrollador en 2011? Claramente, es imposible soslayar el conflicto con el campo durante 2008, el rol y la muerte de Nestor Kirchner, los efectos de la ley de medios y del programa “fútbol para todos” a partir de 2009 y la incapacidad de la oposición para coaligarse y para generar liderazgos. Todo eso será tema de otro post.

Fuente: www.elruidodelasnueces.com.ar/

Otros artículos académicos sobre la relación entre resultados económicos y voto

Erikson, Robert S. 1989. ” Economic Conditions and The Presidential Vote,” The American Political Science Review 83 ( 2): 567-573.
Fair, Ray C. 1996. “The effect of economic events on votes for president: 1992 update,” Political Behavior 18 (2): 119-139.
Lewis-Beck, Michael S. and Mary Stegmaier. 2000. “Economic Determinants of Electoral Outcomes,” Annual Review Of Political Science 3: 183-219.
Nadeau, Richard and Michael S Lewis-Beck. 2001. “National Economic Voting in U.S. Presidential Elections,” The Journal of Politics 63 (1): 159-181.