La segunda puede parecer una pregunta retórica: si el rechazo al “otro” nace del deseo de construir una identidad plena, un “ser nacional” homogéneo que lo abarque todo, diferencias objetivamente menores se volverán efectivamente intolerables. Pero es de todos modos pertinente preguntarnos si lo que rechazamos en el otro es lo que nos diferencia de él, o lo que no toleramos es que se resista a admitir que en realidad “somos iguales” y podemos vivir en homogénea armonía. Veamos algunos ejemplos que pueden ilustrar el punto, y que permiten a su vez percibir la relación entre las distintas razones que pueden mover a la intolerancia, y el origen social o institucional, de abajo o de arriba, de la misma.

Tras el golpe de 1955, una parte de los golpistas, en las elites y en la sociedad en general, estaba convencida de que la “plebe peronista” debía ser puesta en su lugar de una vez por todas. Su exclusión por lo menos transitoria del disfrute de derechos políticos y de la misma escena pública permitiría retrotraer las cosas al momento en que ellas se habían echado a perder, cuando ese “otro”, los “cabecitas”, la masa sin educación ni modales, se empezó a considerar a sí misma igual o incluso superior al resto de la sociedad. Las sanas y justas jerarquías se volverían así a imponer y a legitimar. Pero aunque esta fue una opinión extendida, no fue para nada la única, ni siquiera la mayoritaria en el antiperonismo políticamente más activo: para buena parte de él de lo que se trataba era de hacer bien lo que Perón había hecho mal, hacer una auténtica sociedad de iguales, construir la unidad nacional, y la clave para ello era reeducar a los peronistas, convencerlos de que habían sido manipulados totalitariamente por Perón, y que el radicalismo, el socialismo o el desarrollismo eran agentes más adecuados para conquistar una auténtica y plena identidad. Los dos rostros del antiperonismo, este y aquel, se consideraban a sí mismos parte de una unidad, o al menos eran percibidos por otros como tales, pero mientras los primeros entendían que el problema estaba en una “sociedad intolerable” y la política debía resolverlo, liquidando el igualitarismo plebeyo y desafiante, los segundos veían el problema de muy distinta manera: él estaba en la política, no en la sociedad, era la política la que creaba diferencias intolerables en un pueblo y en una nación que, en cuanto se librara de esos factores divisionistas, se reconocería como una unidad de destino y un cuerpo social integrado.

En el curso de la historia y hasta el presente se han repetido situaciones parecidas, aunque con otros protagonistas y, por suerte en las últimas décadas, menor intensidad. Por caso, cuando estalló el conflicto del campo, en marzo de 2008, el kirchnerismo gobernante vio en él, como se sabe, la mano negra de un enemigo irreductible, que no se detendría hasta destruir al “gobierno nacional y popular”. El diagnóstico, pese a su aparente contundencia, o tal vez debido precisamente a ello, no dejó ver una disidencia sustancial que atravesaba al campo oficial: mientras que para una porción del oficialismo, probablemente mayoritaria sólo entre sus intelectuales, la ocasión había servido para revelar un clivaje social que por años había permanecido oculto, explicitando el conflicto irreductible entre el campo del pueblo y el del antipueblo, que permitiría ahora leer bien todos los demás asuntos y permitiría liquidarlos de una buena vez (porque del “otro lado” habían quedado los destructores del medio ambiente, los explotadores del trabajo esclavo, los reaccionarios lectores de La Nación y nostálgicos del Proceso, etc.), para el grueso de los actores políticos del oficialismo el conflicto había terminado siendo una tragedia porque la política había metido la cola, había generado un divisionismo artificial que había “alineado mal” a los actores.

Es cierto que, durante bastante tiempo, desde el vértice oficial se combinaron las dos interpretaciones, según el público y la ocasión. Pero si algo ha quedado claro en los últimos tiempos es que el gobierno, en cuanto tuvo oportunidad, optó por despolitizar el problema y apelar a la clásica fraseología de la unidad nacional y la comunidad de destino que lo une con los productores del campo. En ello, es cierto, podría verse un mero gesto demagógico, dirigido a derrotar y excluir a los enemigos políticos, los “verdaderos e intolerables responsables del conflicto” (llámense Mesa de Enlace, partidos de oposición, medios independientes, etc.). Pero también podría hacerse una lectura algo más positiva del asunto: finalmente, el llamado a la unidad supone un abierto reconocimiento a que la guerra santa no podía prosperar, y que los conflictos políticos son episódicos, entre otras cosas, porque todos sabemos que la homogeneidad es imposible.

Publicado el domingo 11 de septiembre en el diario Clarin.

La intervención esta editada en 9 minutos.

http://www.youtube.com/watch?v=CGKMpSGyj08

¿Para qué? Una primera explicación se funda en la ya habitual referencia a las ventajas de la polarización: obligando a los opositores a tomar partido a favor del gobierno o de “las corporaciones”, los divide (sobre todo en el sector de centroizquierda, el que más ansía cooptar), los fuerza a aparecer defendiendo un “interés particular”, para colmo, el de grandes empresarios de oscuro pasado y pocas credenciales democráticas, y de paso impone su agenda sobre los “cambios necesarios” que son resistidos por “la derecha”. Convengamos, con todo, en que en este caso los costos en que incurre para lograr estos objetivos son mucho más altos que los que pagó en su batalla por el matrimonio igualitario, la estatización del sistema previsional, o incluso la apropiación de las reservas del Banco Central. Más aún, en la medida en que se enajena a parte importante de los actores de la sociedad, y no logra tampoco aval para sus decisiones ni en el Congreso ni en la Justicia, el resultado se puede parecer, más que al logrado en esos casos, al de la 125. Como mucho, podría aspirar a un prolongado empantanamiento de la pelea, con la superposición y choque entre disposiciones administrativas y decretos, contra amparos y fallos judiciales, acompañados de iniciativas legislativas a favor y en contra que también se neutralizarían unas a otras.

Todo ello puede parecer bastante poco alentador. Pero tal vez que lo sea es parte de otra explicación posible de la ofensiva gubernamental. Una según la cual lo esencial para el gobierno no es tanto fomentar la polarización, como la confusión.

Al atacar abiertamente a los medios independientes, y en particular a los dos grandes diarios que en buena medida definen con sus tapas y producción periodística los parámetros de lo que se discute en la escena pública, es decir, lo que son “hechos relevantes” de cada día, está no sólo forzando a los partidos opositores a “actuar como voceros de la dictadura mediática”, sino arrojando a esos diarios en brazos de esos partidos, es decir, los obliga a “tomar partido” abiertamente. Se podría creer que, al hacerlo, “desnuda” la postura opositora que ya desde antes determinaba toda la información brindada por esa prensa. Y logra entonces dos objetivos simultáneos: se arrastra al lodo de la desconfianza, en que ya estaba sumergido el gobierno (y del que asume no tiene forma de salir) a todas las demás voces públicas (afirmaciones según las cuales “no se puede creer en nadie”, “no hay información confiable, sólo relatos interesados, y hay que elegir el que más nos guste o convenga”, etc. se vuelven plausibles), y se difuminan los hechos en discusión, porque en la densa polvareda que nos envuelve todo es confuso y opaco, los objetos pierden consistencia, y se puede creer que son lo que no son.

En este sentido, la ofensiva oficial nos revela hasta qué punto el “caso” del Indec ha dejado de ser un episodio desafortunado, para convertirse en el modelo paradigmático con que el kirchnerismo desea de aquí en más manejar el poder. Un discurso encendido de combate a los “enemigos del pueblo” y una patota bien entrenada para hacer desaparecer las evidencias sobre hechos que puedan desmentir las pretensiones oficiales son dos componentes que, lejos de contradecirse, se amalgaman pues se necesitan mutuamente. Osvaldo Papaleo y Hebe de Bonafini marchan de la mano, ya plenamente reconciliados, para reeditar esos viejos y gloriosos tiempos en que “el pueblo” tenía bien en claro quiénes eran sus enemigos, y los combatía sin piedad. ¿Alguien puede razonablemente esperar que semejante entente se detenga por la simple interferencia de un escrito judicial? Sólo un reflejo hasta aquí dormido de espíritu republicano en los peronistas, que han ayudado a crear semejante monstruo y todavía en gran medida lo acompañan, y en el electorado podrá hacerlo.

* Publicado en El Economista

¿Por qué los Kirchner tomaron la temeraria decisión de hacer votar sin demoras, aún sabiendo que corrían el riesgo de salir derrotados? Tal vez consideraron menos probable que Cobos se animara finalmente a desempatar en contra suyo, a que sus objetivos se frustraran en una negociación de emergencia. Tal vez entendieron que, en caso de perder la votación, el daño sería mayor para el propio vicepresidente y la oposición que para ellos mismos. Las dos posibilidades encierran un mismo cálculo, que es preciso dilucidar.

Retrocedamos al comienzo del conflicto. Cuando el 11 de marzo de 2008, hace ahora exactamente dos años, Martín Lousteau firmó la resolución 125 de retenciones móviles a las exportaciones de granos estaba, en la perspectiva del gobierno, simplemente poniendo una piedra más en la ya extensa y sólida estructura tributaria que sostenía el poder kirchnerista. Néstor mismo había elevado las retenciones varias veces durante su mandato; la última apenas antes de dejar la Presidencia. Y siendo que los precios continuaban en alza, y los sectores agropecuarios habían acompañado dócilmente al gobierno hasta allí (la mayoría lo había votado en los centros urbanos de la pampa húmeda), ¿por qué pensar que las cosas cambiarían? Cuando eso sucedió, por tanto, la sorpresa fue mayúscula y la tentación de hallarle explicaciones que avalaran tan exitoso curso, considerable. La formación misma de la Comisión de Enlace despertó una fuerte reacción en el gobierno: por primera vez un actor “del palo”, la Federación Agraria, se pasaba al campo adversario y movilizaba a sus bases contra él. Para los Kirchner fue tentador no ver en ello el efecto de una decisión propia mal calculada, sino la oportuna ocasión para desatar un nudo gordiano: se los estaba desafiando, así que tronaría el escarmiento.

En primer lugar, Los Kirchner no habían llegado hasta donde estaban negociando, y ahora que tocaban el cenit de su poder no iban a empezar a hacerlo. La misma decisión de enviar la 125 al Parlamento, dejando en suspenso el decreto que en principio se había usado, no significó, en su perspectiva, abrir una puerta para negociar, sino forzar las cosas para evitarlo: recordemos que el proyecto de ley siguió al acotado diálogo que los Kirchner habían permitido, y que le había costado su puesto a Lousteau y la confianza presidencial al jefe de gabinete y a varios gobernadores. Descubrir que dialogar y estirar las cosas, a la espera de que las protestas se acallaran, no hacía más que insuflarle mayor brío a las mismas y ablandar a su tropa alcanzó para convencerlos de escalar el conflicto: el peronismo, el conjunto de la sociedad, debían alinearse, con ellos o contra ellos, en el Parlamento y en el país. Todavía en vista de que la votación en Diputados se complicaba, se autorizaron algunos cambios. Pero la historia se repitió: ellos convencieron a muy pocos legisladores, y no quebraron a la Mesa de Enlace (aunque alcanzaron para que Buzzi se abrazara con Rossi). Así que en el vértice oficial ganaron definitivamente la pulseada las posiciones duras: no habría ya ninguna concesión.

Por otro lado, mientras se perdían lealtades poco confiables, el endurecimiento estaba logrando movilizar otras más consistentes y entusiastas. La movilización popular y la polémica intelectual estaban dando bríos a un “kirchnerismo recargado”. La movilización era parte del desideratum de los Kirchner más que de su sustento efectivo, pero ahora podría llegar a serlo. Su valoración de la misma podía atribuirse tanto a su más lejana educación militante, como a la más reciente experiencia sobre las fragilidades de un poder meramente institucional, con el que habían debido conformarse los gobiernos que los precedieran. Competir por “la calle” permitiría traspasar una barrera, igualarse con Perón y Evita. En cuanto al debate intelectual, cabe preguntarse si los Kirchner encontraron en la 125 la “ocasión” para poner en juego las que siempre habían sido sus ideas, o si envueltos en la crisis abrazaron ideas que hasta entonces habían usado sólo ocasionalmente, para abroquelarse en lo que percibieron como un escenario amenazante. Seguramente hubo de las dos cosas.

Así regresamos al punto de partida, la votación en el Senado. Seguramente los Kirchner no pensaron que Cobos pudiera volverse una pieza decisiva en el conflicto. Menos aun cobrar autonomía. Lo habían elegido para acompañar a Cristina porque encarnaba a un radicalismo sin futuro, ni líderes, ni nada que decir. Estaba donde estaba como trofeo de guerra. Que hubiera sido él el primer promotor de la vía parlamentaria, y que el oficialismo fuera más poderoso en el Senado que en Diputados fueron datos complementarios para confundir al gobierno. Pero lo fundamental fue que vio en el conflicto la ocasión perfecta para “clarificar” las cosas. Aun perdiendo la votación, porque sus adversarios quedarían condenados a representar a “la derecha”, aislados del “interés popular”. Bueno. No fue lo que pasó. Mientras creía que aun perdiendo ganaría, el gobierno se enfrentaba al hecho de que, aun ganando, ya había perdido.

*Publicado en El Estadista

Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Libro I, parágrafo 17.

Con las ideas, como con las palabras, se pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo se pueden hacer dos cosas: mencionarlas o usarlas.

Alguien “menciona” una idea cuando la nombra, cuando genera una secuencia de signos en torno a esa palabra, o a esa idea, cuando en una disputa meramente señala, por ejemplo, que va a respetar el diálogo, la calidad institucional o los compromisos asumidos. Pero alguien “usa” una idea cuando la utiliza efectivamente como mapa cognitivo para mirar el mundo, y toma decisiones congruentes con los supuestos y las previsiones que se derivan de esa idea. Para decirlo con una ilustración a la mano: Si un gobernante dice que respetará las instituciones públicas, pero falsea sistemáticamente las cifras oficiales, entonces, y bajo la hipótesis realista que pretende mantenerse en el poder, ese gobernante en realidad cree que la mentira persistente es un instrumento de gobierno más adecuado.

En un caso, pues, profesamos una teoría política, una manera de ver el mundo del poder y fundar nuestras decisiones, que podríamos llamar “manifiesta”, “superficial” o  “pública”, en la que mencionamos muchas palabras; en el otro caso, le somos fiel a una teoría política “latente”, “profunda” o “secreta”, que usamos realmente para resolver nuestros problemas.

De un tiempo a esta parte se han escrito caudalosos arroyos de tinta acerca de la teoría política “profunda” del kirchnerismo. Sus principios son, a esta altura del partido, sobradamente conocidos: acumulación de los poderes republicanos, concentración piramidal de la toma de decisiones, centralización federal del nivel de gobierno, manejo discrecional de los recursos fiscales,  viraje arbitrario de las regulaciones económicas, y otros despropósitos por el estilo. Algunos de estos principios ya han mostrado capacidad para devorar a sus propios progenitores, pero otros no han sido desmentidos ni por la sociedad ni por sus instituciones, o sea que hasta ahora, al menos, no han sido refutados por la realidad, que es la única verdad.

Ahora bien, una primera pregunta que ha comenzado a repiquetear en estos días, a resultas del cambio de actitud respecto del conflicto agropecuario, es si se trata de un viraje estratégico, algo así como un cambio de paradigma teórico, o apenas es un ajuste táctico ante una fortuna definitivamente adversa. Como bien lo anticiparon los dirigentes del sector agropecuario, la confianza no se reconstruye con palabras (esto es, no basta con “mencionarla” en los discursos y los acuerdos), sino que hay que edificarla pacientemente con hechos reiterados a lo largo del tiempo, hay que ponerla en práctica con decisiones confiables. Para citar otra vez a un filósofo experto en cuestiones de lenguaje: “al rengo habrá que verlo caminar”.

Pero por debajo, o por detrás, de esta interrogante puntual, hay una pregunta algo más perturbadora a la que deberíamos prestarle atención. Cualquier cosa que sea el kirchnerismo, es claro que no ha sido una tormenta en día sereno. Lo poco o lo mucho, lo bueno o lo malo de su aprendizaje de gobierno, su manera de ver y de actuar en el mundo de la política o los negocios, lo aprendieron aquí, en estas tierras, no en Júpiter.

Por eso, y más allá de estilos y de formas (que importan, y mucho), me pregunto si la teoría política “profunda” del kirchnerismo acaso no se corresponde demasiado bien con la estructura y la dinámica del poder –político, económico, social o cultural- de la Argentina contemporánea. Me pregunto si acaso el kirchnerismo no tomó debida nota de la persistente oscilación que nos ha tenido a mal traer en el último cuarto de siglo de vida democrática, y que ha afectado tanto la eficacia de las políticas como la calidad institucional de la república. De acuerdo con ese desdichado esquema pendular, los términos opuestos han sido concentración política o fragmentación partidaria; gobiernos personalistas y providenciales, o dispersión caótica; eficacia omnímoda y descontrolada versus pluralismo inoperante. El último Alfonsín y todo De la Rúa de un lado, Menem y Kirchner del otro. De los que ya terminaron, todos terminaron mal, es cierto, pero hay diferentes formas de terminar mal.

Así las cosas, alguien podría decir, y con razón, que la teoría política del kirchnerismo es tan primitiva como su “teoría” económica, y que debe ser superada por algo mejor. Pero entre ambas hay una distancia no menor que se traduce en términos de su eficacia diferencial. En la actualidad, la teoría económica es forzosamente global y eso le impone restricciones infranqueables y oportunidades delimitadas. Por haber respetado prudentemente esas restricciones, países como Chile o Brasil tendrán ahora oportunidades que la Argentina verá pasar de largo. En cambio, la teoría política profunda todavía, y por mucho tiempo, podrá darse el lujo de ser nacional, provincial o pueblerina, y de actuar en el marco de esos estrechos (o demasiado laxos) márgenes.

Quizá alguno/a juzgue ociosas estas indagaciones, que dirigidas al kirchnerismo pronto serán objeto de reposada curiosidad historiográfica. Pero los actuales líderes opositores –y los ciudadanos de a pie- harían bien en comenzar a espigar algunas lecciones de esta amarga experiencia.

Quizá más temprano que tarde esos líderes emergentes deban enfrentar una decisión crucial, y contestar aquella pregunta perturbadora: ¿Hasta qué punto están dispuestos a poner en práctica de manera efectiva, con qué beneficios y a qué costos, las palabras y las ideas que hoy tanto se mencionan?

La Plata, 5 de marzo de 2009.

Uno de los argumentos para sostener la afirmación del clima destituyente creado por el lockout patronal es justamente la amenaza del hambre hacia toda la sociedad que generó el desabastecimiento. A partir de ese mecanismo el sector agropecuario demostró su poder: Pueden dejar sin alimentos a la población, aumentar los precios, hacer tambalear la fuente laboral de miles de personas, influir sobre la clase media, desabastecer de combustible, bajar las ventas de los comercios, perjudicar el turismo. Además de amenazar con posibles corralitos e incentivar la compra histérica de dólares. Es decir, la economía puede estar en sus manos, pueden transformar el panorama político económico de un país más allá de la estructura económica que haya armado el gobierno y encima se dan el lujo de sostener un paro por tres meses. Evidenciaron que son un factor de poder que puede actuar en el sentido foucaltiano, tautológico del término, como un sector, casi equivalente al poder estatal mismo.

Con esta decisión el gobierno perturbaría una tradición que sentencia que a ciertos sectores privilegios jamás se los toca. El modelo de país que ellos disputan es el que reconoce a las corporaciones, los grupos económicos, como el verdadero poder, mientras que el gobierno de turno es sólo su ejecutor institucional. Esta separación de proyectos, esta decisión de estado de desprenderse, al menos en este caso puntual, de su camino y ubicarse en la vereda de enfrente, es la que abre el conflicto. ¿Qué lugar les tocará a ellos en este nuevo panorama político? Es el dilema. La democracia sería, entonces, un sistema que se separaría de esas corporaciones (aunque más no sea tímidamente) y buscaría su sustentabilidad política en otro lado. No necesariamente en ellos. ¿Entonces a dónde intentará anclar la Sociedad Rural su pata política?

Esa vuelta a lo político que se celebra a partir del gobierno de Néstor Kirchner tiene que ver, en gran medida, con la recuperación del espacio público como escenario para debatir las cuestiones de estado. Ya no exclusivamente las puertas cerradas que hacen del estado una mera formalidad, sino la palabra presidencial como un ritual cotidiano, el palco en la Plaza de Mayo y la necesidad de legitimar la acción con el pueblo espontáneo o no haciendo número (no se le puede pedir más al populismo) pero con una preocupación por reconocer que el control de la calle merece la atención del gobierno de turno.

El conflicto, esa instancia que es vista como señal de debilidad y de caos, que es relatada como una figura insoportable para la retórica mediática, no es más que una señal de la valoración de la política. Cuando desde el gobierno se toma una medida que confronta con los intereses de un sector, existirá conflicto. Él es el que abre la posibilidad del debate sobre proyectos o modelos. Evitar el conflicto implicaría negar, no hacer visibles los caminos que hacen posible el consenso. Pero esta sociedad que se refugia en el discurso mediático, parece preferir la aparente calma de los acuerdos. Cuando el conflicto tiene lugar comienza el pensamiento, nos lleva a plantearnos si eso que habíamos naturalizado puede darse de otro modo, está obligando a la sociedad a volver la mirada sobre los hechos.

A esta apuesta la política mediática responde con una caída de la imagen presidencial como una suerte de extorsión. Hay que gobernar para las encuestas, hay que hacer “lo que la gente quiere”. Claro que quienes sostienen este discurso sienten un fuerte desprecio hacia toda forma de demagogia.

Cuando un político decide recupera ciertas imágenes del pasado como los bombardeos del 16 de junio y la gesta de los setenta y articularlas con un discurso de derechos humanos, cuando dentro de un conflicto coyuntural se habla de la redistribución del ingreso, la palabra adquiere un valor que si no se potencia en un acto puede convertirse en un boomerang para quien la pronuncie. Instalar valores que pueden sonar a pura retórica política para algunos, en un contexto que le da un sustento de realidad, sella un compromiso del que el político no podrá escaparse fácilmente porque será desde allí, de ese espacio de correspondencia entre las palabras y los hechos, del que surja el sustento de su propio poder.

La construcción mediática de lo real ha sido tomada por la mayoría de la sociedad como La Verdad. ¿Cómo fue posible esto? La estructura que sostiene el discurso mediático elimina el pensamiento. A todo lo que ocurre los medios le dan un nombre que fija la interpretación que se le da a ese hecho. Todo se focaliza en mostrar los componentes que afianzan esa afirmación, minimizando, desacreditando o ridiculizando aquello datos que podrían cuestionarla.

Alain Badiou definió El Mal como el imperativo de nombrarlo todo. Frente al vacío, soporte del acontecimiento que no tolera nominaciones permanentes sino transitorias, El Mal sería el mecanismo que, al asimilar lo nuevo al terreno de lo ya conocido, corta ese fluir del pensamiento que permite hacer apuestas sobre lo que todavía no tiene nombre. El periodismo se apresura por señalar que los verdaderos ciudadanos libres son los que hacen tronar las cacerolas. Esos sujetos no responden a ningún devenir histórico que no sea el de su propio cansancio frente al conflicto, no tendrán intereses políticos, ni serán violentos.

Al ciudadano despolitizado tal vez le resulte más cómodo tomar ese discurso que adentrarse en los devaneos argumentativos, racionales, históricos de una presidenta que parece estar llena de datos, conocimientos sobre la historia política argentina y posicionamientos discutibles (como todos) pero firmes. Es un tanto incómodo ser así. Hay que tener voluntad, energía.

¿Qué ocurre con una sociedad que desconfía del discurso político pero no del mediático que puede tener los mismos niveles de ficcionalidad? Tal vez los medios están recogiendo los frutos del rol que se asignaron en los años noventa de reemplazantes de la justicia en pleno reinado de la impunidad. Cuando ya no se podía creer en nada se le hacía un altar a la cámara oculta.

En ese discurso mediático hay una imposición de valores parciales al conjunto de la sociedad. Se esconden las estrategias que sostienen determinados discursos en nombre de un universal que está fuera de toda discusión.

Se observa, entonces, un desfasaje muy interesante. El discurso presidencial y el mediático están en dos planos completamente distintos que impiden un diálogo entre sí.

Mientras que Cristina Fernández le exige a sus interlocutores una acumulación de datos, de saberes políticos e históricos, de articulación ideológica y cierta dramaticidad política para llevarlos a escena, los medios, Alfredo De Angeli y buena parte de la sociedad, prefieren la simpleza, no entienden lo que ella dice y de alguna manera les irrita el desafío que les propone.

Los integrantes del Club Político Argentino (CPA) coincidimos desde el comienzo en la necesidad de enfatizar nuestra activa vocación civil. Como parte de nuestras preocupaciones, organizamos el pasado 5 de julio una jornada de discusión en torno al conflicto desarrollado entre el gobierno nacional y los sectores de la producción agropecuaria. Lo hicimos en la convicción de que, más allá de la relevancia sustantiva de los asuntos en juego, este conflicto ha sido extraordinariamente expresivo de los problemas de la Argentina en nuestros días, desde la economía política del modelo de desarrollo, hasta la cultura cívica de un país que persiste en viejas formas de conducir los asuntos públicos.

Lo que sigue es un documento consensuado entre varios de nosotros y que recoge nuestras conclusiones sobre las lecciones del conflicto desatado en marzo pasado y aun no resuelto. Es necesario, sin embargo, hacer una importante aclaración. Lo aquí señalado refleja un grado de consenso importante entre los miembros. Sin duda, cada uno podría hacer un énfasis mayor o menor en alguna dimensión. Incluso es posible que no haya una plena coincidencia en cierto(s) aspecto(s) puntual(es). Sin embargo, más allá de las diferencias que pudieran tener los autores, el texto que sigue sintetiza y expresa un acuerdo sobre lo fundamental entre ellos.

I. La economía política del conflicto

La crisis desencadenada por el paro agropecuario alcanzó una gravedad inusitada, en gran medida por la ceguera política del Poder Ejecutivo. El timing y la magnitud del aumento en la presión tributaria que afectaba a los productores agropecuarios, con la implantación de un esquema de retenciones móviles impuesto sorpresivamente y aprovechando la vigencia de un código aduanero vigente desde los tiempos de la dictadura, fue percibido por los actores perjudicados como una verdadera provocación, puesto que las alícuotas resultantes de su aplicación se añadieron a niveles previos ya muy elevados y modificados previamente en numerosas oportunidades. Por otra parte, la decisión de imponer un nuevo esquema de mayores retenciones a la producción agrícola fue el epílogo de una infructuosa sucesión de medidas desafortunadas que, detrás de la pregonada intención de moderar la presión sobre el precio interno de los alimentos proveniente del alza de las commodities en los mercados internacionales, condujo a una crítica situación a varios segmentos de la producción primaria (carne, leche y trigo).

En lugar de encauzar la disputa como un conflicto distributivo propio de cualquier sociedad compleja, el Ejecutivo lo presentó como una presunta conspiración “golpista” de sectores oligárquicos minoritarios en contra de un gobierno popular y progresista. Fue un fenomenal error de cálculo del kirchnerismo, que decidió construir al “campo” como enemigo, ignorando por completo no sólo los impresionantes cambios que tuvieron lugar en la economía y la sociedad rurales durante las últimas dos décadas, sino también el hecho evidente de que su aporte ha sido clave –y debería continuar siéndolo- para entender y sustentar la fuerte mejoría observada en el desempeño económico de los últimos años. La agricultura argentina ha experimentado, en efecto, un proceso acelerado y profundo de innovación tecnológica y expansión de la producción. En los últimos 20 años aumentó la producción de cereales y semillas oleaginosas en casi el 200 por ciento, pasando de poco más de 30 millones de toneladas al final de la década del 80, a casi 100 millones en la última cosecha. Esta expansión productiva fue producto de una revolución tecnológica impulsada por nuevas variedades que surgieron de la aplicación de la biotecnología y de nuevas prácticas agronómicas, como la siembra directa, acompañadas por una nueva generación de maquinaria agrícola y, más recientemente, por el impacto de las tecnologías de información y comunicación. Esta revolución tecnológica también tuvo consecuencias de gran magnitud en la organización económico-social del sector. Por un lado, permitió mayor rentabilidad a la agricultura en términos absolutos y también relativos con respecto a la ganadería, que compite por el uso de la tierra, así como con otras actividades económicas no agrícolas, que compiten en el uso del capital. El resultado fue un ingreso de capitales no agrarios que potenciaron a empresarios agropecuarios con gran capacidad de gestión para desarrollar una nueva agricultura en gran escala, en campos alquilados y con uso intensivo de tecnología y capital humano. Este proceso también tuvo un impacto importante sobre las comunidades rurales. Seguir Leyendo el Documento  (en PDF)

Incapaces de cambiar y de evitar el deterioro, los Kirchner están permitiendo que los cambios se les impongan de la peor manera. Los subsidios y la inflación están desangrando su otrora imbatible baluarte, el “modelo económico”, y a una velocidad aún mayor hasta los hace poco más leales gobernadores, intendentes y legisladores advierten a quien quiera escuchar que ya no se consideran kirchneristas y su alineamiento no debe darse por descontado en el futuro.

Idealmente, todavía estarían a tiempo de contener la crisis, emparchar el barco, y aun sin recuperar lo perdido, al menos abrirse un nuevo camino y evitar que su final sea demasiado penoso. Pero hay motivos para no ser optimistas a este respecto: los cambios mínimos necesarios para abrir una nueva senda invalidan de modo tan abierto y completo los rasgos de identidad a que se abrazó con fervor el kirchnerismo al iniciarse su declive, por ver en ellos supuestas tablas de salvación en vez de las pesadas cargas que realmente son, que a esta altura corren el riesgo de, en caso de intentar esos cambios, quedar completamente diluidos como actor político, ser apenas tolerados por quienes ya han aprendido a detestarlos y perder el apoyo de quienes todavía los aman, de modo que, aún logrando eventualmente éxitos parciales en la gestión y mejorando los rendimientos de este su segundo gobierno, podrían condenarse anticipadamente a la nulidad y el olvido. Enfrentados como están a una situación dilemática, tal vez, aunque suene paradójico, la menos mala, por riesgosa, de las salidas que tienen a la mano sea la menos razonable, aunque a la postre más costosa, que están intentando: aislarse, alinear a quienes todavía quedan en el redil, pagar a los leales y combatir a los disidentes, disimular o minimizar cambios que se les vayan imponiendo, y rezar para que el humor social cambie y los precios y tasas internacionales no lo hagan.

La somera consideración de las alternativas que tienen para recomponer el gabinete puede servir para ilustrar el punto. Al respecto se han echado a rodar muchas recomendaciones, en general bien intencionadas, sobre la necesidad de ganar en capacidad de gestión, destrezas técnicas y respaldos políticos. Muchas de esas recomendaciones son, con todo, contradictorias entre sí, y en términos generales lo son con la naturaleza misma del vértice gubernamental. Veamos algunas de ellas.

Supongamos que escuchan las recomendaciones que les hacen llegar por distintas vías en estos días economistas de diverso signo, e intentan constituir un gabinete técnico, con el que recuperar credibilidad, hacer bajar progresivamente las tasas de interés y de inflación y recomponer lazos financieros con el mundo. Para que esto funcione sería preciso operar cortes radicales en la madeja de subsidios y el manejo de las estadísticas. Lo primero implicaría asignar costos considerables a consumidores y empresarios, y muchos de ellos, sobre todo de los segundos, se liberarían entonces de los pactos colusivos que los mantienen en silencio y pasarían a nutrir el campo de los demandantes irritados. Simultáneamente, se aceleraría la inflación, precisamente en el momento en que habría que dejar de subestimarla. Lo que supondría un costo aún más grande para el Ejecutivo, y todo para darle la razón a sus críticos.

Admitamos de todos modos que esos obstáculos podrían resolverse con un manejo fino de los tiempos y la gestión, si no fuera que intentarlo invalidaría de por sí el modelo mismo de relación entre la técnica, la economía y la política que han construido para sí los Kirchner: en su mundo, la voluntad gobierna las conductas, y la gestión cumple un papel completamente subordinado respecto al mando y la obediencia. Se vería muy mal, desde esta concepción, resignarse a otorgar a agentes extraños un poder que no les pertenece ni corresponde, sobre todo en un momento de debilidad presidencial en que la eventual eficacia de hacerlo no haría más que probar que la recuperación se logra a costa de la propia autonomía. Ante el riesgo que supone para la propia identidad tener que aceptar una derrota ideológica de esas dimensiones es razonable que se prefiera cualquier otra solución.

Otra disponible sería un gabinete federal y peronista, fruto de algún tipo de acuerdo que sea capaz de gestar la conducción del partido. Ello exigiría de su presidente resignarse a convocar a sus integrantes para algo más que despotricar y dar órdenes de movilización. Lo que ya es bastante difícil de imaginar. Pero enfrenta además un problema semejante al de la solución anterior: en un contexto de debilidad de la presidente, un gabinete de estas características sería fácilmente penetrado por intereses sectoriales y territoriales de todo tipo, y se volvería muy inadecuado para preservar mínimamente la cohesión gubernamental. Lo que se irá agravando sin duda a medida que se acerque la próxima compulsa electoral y los aspirantes partidarios a ocupar cargos electivos se vean en la necesidad de tomar distancia del vértice y desentenderse de las responsabilidades y problemas de un gobierno con más bien poco calor de masas.

En suma, nos encontramos con una situación bastante inédita, al menos para un gobierno peronista, desde 1983 a esta parte: el deterioro anticipado de la mayoría oficialista, y la acumulación de costos en la gestión, que no pueden ya disimularse, postergarse o descargarse en otros. Los radicales tienen más experiencia en este tipo de cuadros políticos, porque los sufrieron, y los peronistas sacaron provecho de ello, en 1989 y 2001. Habrá que ver si, dado que esta vez no corren el riesgo (ni tendrán la ventaja) de ser destituidos anticipadamente, aprenden de la experiencia ajena y se las apañan para resolver el intríngulis en que sólo por mérito propio se han metido.

Sin embargo, si el poder “retorna”, es porque no es nuevo, porque estuvo ausente un momento antes y porque estuvo presente en un pasado anterior ¿Qué poder vuelve, entonces? Dejando obviamente de lado las experiencias de poder autoritarias (el poder de veto corporativo, el poder de la opresión armada, el poder del terror de estado), resulta difícil encontrar el poder cuyo regreso sería deseable desde una perspectiva democrática. El poder que retorne, si ha de ser un bien para la democracia, no debería coincidir plenamente con ningún régimen del pasado. Porque, en algún punto, esos regímenes fueron destituidos o derivaron en formas autoritarias (en una palabra, se volvieron impotentes). O porque debemos evitar el anacronismo. Por otra parte, todos los gobiernos democráticos parecen haber abrigado formas distintas de poder que jugaron a veces a su favor, otras veces en su contra. Así, los inicios de los gobiernos de Perón, de Alfonsín, de Menem y de la Alianza contrastan agudamente con sus finales (y parcialmente con sus momentos intermedios). ¿Qué momento de poder tomar o cómo reconocer el psao del poder a la impotencia?, ¿cuántas veces se ha creído en un surgimiento o un retorno de la política?, ¿cuántas veces amplios sectores de la ciudadanía creyeron que volvían a ser dueños o partícipes de los asuntos comunes?

Aunque no comparto plenamente la imagen de un retorno de la política, creo que hay en ella una apuesta implícita acerca de qué forma de poder conviene a la democracia, de modo que el tema llama a pronunciarse. Antes de pasar a ello, cabe que aclare que lo escrito hasta aquí precede al affaire Cobos, mientras que lo que sigue sufrió modificaciones luego de ese episodio.

El retorno de un poder democrático no puede consistir simplemente en la construcción de “una voluntad” política ni en tratar los problemas políticos como si tuvieran una inminencia políticamente decisiva. No todos los tiempos de la política son hobbesianos, ni el poder se resume en ello; además, se sabe, a un hobbesiano puro no le interesa si el régimen es democrático, siempre que haya régimen estable. Si se pretende que nutra a la democracia, el poder que retorne no debe temer ni la disgregación ni el tumulto. En este sentido, la negativa a la represión por parte de los gobiernos kirchneristas debe tomarse como una de las mayores conquistas para la democracia y es un buen augurio para el futuro de la democracia, siempre que sepamos valorar y proteger dicha conquista. Asimismo, cabe recordar que en los primeros meses del gobierno de Néstor K., se criticaba al presidente haber abierto demasiados “frentes” de batalla: la Corte Suprema, las cúpulas policial y militar, los derechos humanos. La presidente Fernández de Kirchner ha logrado concentrar la atención pública en un solo “frente” y, todavía más, ha intentado -felizmente, sin suerte- establecer una polarización de la sociedad. El resultado es contrastante: Néstor K. logró aumentar su “imagen” pública tan rápida y geométricamente como Cristina F. logró reducir la suya. Sería un error ver en estos efectos una diferencia de genio político. (Al contrario, desde éste punto de vista, uno podría haber esperado lo contrario.) El poder de cada uno quedó ligado, a mi entender, a los riesgos asumidos: cuanto mayores riesgos, mayor poder, de modo que el poder también es generado por la innovación y no, como suele suponerse, a la inversa (construyo poder para luego innovar).

Desde esta perspectiva, recién en estos días se revela clara y razonable la incorporación de J. Cobos a la fórmula presidencial. El hombre destrabó un conflicto cuando las circunstancias lo pusieron en el lugar desde el que podía hacerlo (y no antes). La mejor analogía a la situación de Cobos, dada la relevancia política de su acción, no es ningún otro vicepresidente (todos los anteriores, creo, tenían mayor peso en términos de estructura partidaria o de imagen mediática), sino el mismo Néstor K.: quien en 2003 parecía como un títere de su mentor, E. Duhalde, cortó los piolines y asumió riesgos. Los argentinos al parecer somos afectos a quienes asumen esos riesgos. Nadie lee el cambio de bando de Cruz, de policía a matrero, como una traición sino como un símbolo de amistad con Fierro. El primer Kirchner y Cobos lograron inscribirse en la línea de las “traiciones” que generan poder y que, por lo tanto, son leídas por muchos como actos heroicos. Por cierto, hay “traiciones” famosas con peor destino, desde la de Frondizi hasta la de Borocotó. Pero en estos casos, no parece que los actores hayan buscado actuar asumiendo riesgos públicos. Es el tema del traidor y del héroe. Salvo que, en los “buenos” casos, el héroe-traidor carecía hasta un momento antes de las cualidades heroicas: el héroe (el protagonista) es Cruz, no Fierro; Néstor K., no Duhalde; Cobos, no Cristina F.. Según esta lógica, ahora es el momento de que la presidente acometa su propia traición y asuma riesgos novedosos, dejando de lado tanta “construcción” de voluntad, que por sí sola de nada sirve pues, como escribió Arendt, en última instancia “las armas [los recursos de poder] cambian de manos”. Al menos, por el bien de un poder democrático.

Corrido de la UCR por su decisión de sumarse a la fórmula kirchnerista, ilustre desconocido para la gran mayoría de la sociedad, y ubicado por el gobierno en la estratégica función de adorno institucional, Julio Cleto Cobos aprovechó la crisis del campo para inventarse un espacio político que no tenía, y que nadie pensaba darle. De rebote, puso en evidencia una desatendida regla de la política argentina: “hay que elegir con mucho cuidado al señor de la campanita”. Al fin y al cabo, buena parte de los cimbronazos vividos en la última década y media tuvieron como protagonistas a las dos mitades del binomio presidencial: primero fue la imposible cohabitación entre Menem y Duhalde, luego la estruendosa renuncia de Chacho Alvarez, y ahora el angustioso voto negativo de este “radical K”, devenido en inesperado partero de la historia.   

Sin saber si está viviendo el final de una farsa, o el comienzo de una tragedia, el mediático vicepresidente observa desde la ventana de su casa cómo algunos radicales que anteayer lo consideraban un traidor, hoy han empezado a mirarlo con cariño; y los mismos peronistas que antes le daban una cálida bienvenida a su nuevo hogar político, ahora se estorban para pegarle. No hay caso, debe pensar, acá la gente es muy inconstante.

Ciertamente, Cobos ya se ganó un lugar en la memoria colectiva por su agónico e inesperado desempate en la madrugada del 17 de julio, pero su verdadera creación política corre el riesgo de pasar inadvertida. Me refiero al espacio de diálogo que abrió, desde su precaria posición de poder, con diferentes sectores del país que eran olímpicamente ignorados por el gobierno de los Kirchner. De paso, también le ganó de mano por unas horas a la Presidenta de la Nación, cuando anticipó la jugada de mandar la Resolución 125 para ser debatida en el Parlamento.

Si lograra aplacar el odio que lo carcome, el kirchnerismo no debería desdeñar estas innovaciones políticas del señor vicepresidente. Como bien se ha dicho en estos días, la derrota en el Senado le ha dado al gobierno una nueva oportunidad, que conlleva en partes iguales riesgos de encerrarse en peligrosas obsesiones aislacionistas, o posibilidades de “cambiar dentro de la continuidad”.

En ese cuadro, tal vez la mayor amenaza para la administración K no provenga, al menos por ahora, de una oposición todavía dispersa. Más bien, el mayor riesgo está en  que ese espacio inaugurado por el vicepresidente empiece a ser ocupado, de manera más o menos caótica, por importantes referentes justicialistas que ya han comenzado a hacer fila con dirección al 2009, y sobre todo, al 2011. Por eso, el acuerdo con diferentes sectores sociales no sólo es una necesidad estratégica del gobierno para enfrentar una serie de graves problemas socioeconómicos, también es un urgente requerimiento táctico para bloquear el surgimiento de nuevos y aguerridos competidores por el poder. En este punto es donde asoma, creo, un dilema de hierro: o bien el gobierno empieza a ocupar de manera creíble el espacio político que abrió Cobos, o ese lugar va a empezar a poblarse con ambiciosas astillas del mejor palo peronista.

Mientras tanto, desde su Mendoza natal, Julio Cleto Cobos atisba el horizonte con una rara mezcla de angustia y esperanza. En noches de pesadilla debe verse perseguido por desaforados militantes kirchneristas, arrebatados por la idea de explicarle en carne propia por qué se sienten un tanto defraudados. Pero en amaneceres entusiastas, vagamente alucinado, recupera el mismo ánimo que lo llevó a saltar a los brazos de la ex Primera Dama, y quizá hasta se ilusione pensando que aún lo aguarda un futuro glorioso.

Después de todo, la política argentina es muy rara, y el kirchnerismo es capaz de cualquier sorpresa: quién te dice que no termine siendo candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

La Plata, 19 de julio de 2008.