Así como la “verdad” de los primeros peronistas, y el dato al que, con o sin ganas, debían acomodarse sus contemporáneos, fueron los sucesos del 17 de octubre de 1945, se tiende a creer que la clave de nuestro tiempo, de su política, economía y forma de pensar, nos viene dada por lo sucedido el 20 de diciembre de 2001.  Creo que la analogía es reveladora, aunque ambigua: hay ciertamente una verdad de nuestro tiempo anidando en esas jornadas, pero no la que nos cuenta la memoria hoy canónica sobre ellos, sino algo que en ella es velado.

Lo primero que sorprende es que lo que los manifestantes entonces reclamaban y consiguieron ha sido reformulado ya varias veces por quienes apelan a este mito de origen y fuente de inspiración. Perón no se habría atrevido a tanto: claro que, según sus necesidades, pudo hilvanar la rebelión obrera del 45 con el golpe del 43, para iluminar la comunión entre pueblo y ejército en que se cimentaba su ideal corporativo, o con la voz de las mayorías que se escuchó en febrero del 46, para resaltar su legitimidad democrática; pero siempre los hechos recordados cada 17 de octubre estaban ahí disponibles para ser historiados e interrogados. Sea porque en la posmodernidad todo lo sólido se desvanece en el aire, o porque vivimos en una sociedad mucho más desarticulada e inestable, la memoria de los argentinos hace tiempo que ha perdido ese respeto y decoro ante los acontecimientos. Está tan acostumbrada a la invención oportunista de justificaciones retrospectivas del presente, que nada la sorprende, ni logra recordar siquiera aproximadamente lo que vivió, ni por qué. Recordar, en este contexto, nos obliga ante todo a despejar una maraña de memorias mistificadoras, que ya no es fácil saber cuándo, quiénes ni para qué echaron a rodar.

Sigamos entonces con la analogía. Otra diferencia que salta a la luz es que mientras los obreros del 45 descubrieron una potencia política que no conocían, al movilizarse para defender algo que estimaron valioso y temían perder, sus “conquistas sociales”, los argentinos que a partir de diciembre de 2001 salieron a la calle estuvieron de principio a fin dominados por la impotencia: lo más que atinaban a hacer era repudiar a quienes con el corralito, después la devaluación y al final la pesificación, aparecían como responsables de birlarles uno a uno sus derechos y garantías de supervivencia. No llama la atención, por tanto, que no hubiera nada de aquella fiesta y comunión de las “patas en las fuentes” en los cacerolazos y piquetes de 2001. Hubo sí reconocimiento entre damnificados, pero sobre todo bronca y desesperanza. Y así seguiría siendo hasta que los sucesivos gobiernos se cansaron de dar malas noticias.

El segundo dato peculiar de aquellos sucesos es lo contradictorio de las demandas que se coreaban en las calles. Mientras que en el 45 era claro lo que querían los manifestantes, restablecer a Perón para que siguiera gobernando para ellos, y eso se convertiría pronto y fácilmente en un programa de acción, en 2001 no había forma de convertir lo que se escuchaba en la calle en fuente de inspiración de un curso de gobierno: ¿había que preservar el uno a uno pero terminar con el ajuste y el desempleo?, ¿pagarle a los ahorristas y perdonar a los deudores?, ¿salvar a los bancos pero también a las industrias y comercios, dar empleo y evitar la inflación, todo junto y armoniosamente?

La “verdad” de diciembre de 2001 tal vez sea que nunca la sociedad estuvo tan perdida en sus contradicciones y laberintos, ni había sido tan impotente para influir en la toma de decisiones, y si logró algo que pareció aun más espectacular que restablecer a un secretario de Trabajo, echar a De la Rúa y Cavallo, fue en gran medida porque a esa altura eran lo más delgado del hilo del poder, porque el resto de la clase política estaba necesitando culpables para descargar los pasivos acumulados, y porque así el estado y sus ocupantes lograrían finalmente autonomizarse de esas inatendibles demandas sociales.

Esta es tal vez la mayor paradoja del 2001: el climax de los movimientos sociales y de la protesta, de la democracia en la calle, fue una liberación, pero no tanto de la sociedad frente a una clase política envejecida e ineficaz, o de la economía argentina respecto a las imposiciones del FMI, como de los gobernantes respecto a los gobernados: en aun mayor medida que en 1989, al calor de la crisis se asignarían cargas masivas a amplísimos grupos sociales, sin mayor preocupación por los derechos afectados, con lo que ello tuvo de bueno, el fortalecimiento de ese estado como instrumento de gobierno y la más o menos rápida estabilización, y de malo, un 55 % de pobres y la ruptura de todo tipo de contratos y derechos adquiridos.

Así, lo que la salida de la convertibilidad habilitó, y hoy es tan difícil recordar, fue un ajuste mucho mayor a todos los intentados para preservarla. Con los lemas de la producción y la soberanía se aplicaría el único programa ortodoxo sostenido y exitoso de la historia argentina reciente, los salarios, las jubilaciones y demás gastos quedaron por largo tiempo e inéditamente deprimidos, proveyendo superávit a las cuentas nacionales y a las empresas de amplios márgenes de rentabilidad, saneando las finanzas públicas y privadas, y asegurando un tipo de cambio competitivo con una inflación, al menos por unos años, declinante. Que esas fechas sean recordadas como el fin del imperio del neoliberalismo y demás ismos culpables de nuestras desgracias no deja de ser, además de llamativo, útil: como con el diablo, su dominio se afirma cuando todos creen que no existe.

Hay que destacar, además, que ese éxito conquistado por el estado nacional sería más duradero que el ajuste que lo habilitó. Si los sucesos de 2001 pudieron poco después ser reinterpretados radicalmente, y de la mayor de las desgracias pasaron a ser el liberador inicio de un país mejor, fue gracias a la inesperada y veloz recuperación económica que les siguió, en gran medida resultado de esa novel capacidad de control desde el estado, que le permitiría aprovechar un viento de cola que se prolongaría hasta hoy.

Así, gracias a este crecimiento, diciembre de 2001 se convertiría en lo que es hoy, la fuente de inspiración del “nuevo modelo”, el de un estado que si bien hasta a él mismo lo ruborizaría llamarse benefactor, puede con orgullo llamarse gastador, pues distribuye ya no costos sino todo tipo de recursos, con amplia discrecionalidad, a una sociedad mayormente pasiva y conformista. Lo que nos deja finalmente de cara a lo que perdura en el presente de aquellos acontecimientos: lo que se creó una década atrás no fue una sociedad más activa, políticamente más madura y articulada, ni una economía más equitativa, fue un órgano de poder más eficaz para ponerlas en vereda. Este estado fortalecido, más reducido que el estado peronista parido por el 17 de octubre de 1945, pero mucho más poderoso que el que había tenido que lidiar con los problemas resultantes de su larga decadencia, permitiría otra transformación que signa los tiempos que vivimos: cuando el estado pudo volver a engordar y a ampliar sus funciones, se completaría la “estatización del peronismo”, su reorganización disciplinada desde el vértice para transformarlo en un eficaz instrumento de mando. No es tanto la sociedad argentina como los titulares de ese poder los que tienen, por ello, tanto que agradecerle a aquellas históricas jornadas.

¿Cuál es, en resumen, la verdad de nuestro tiempo que anida en los sucesos de diciembre de 2001? Si lo que en ellos se pretende evocar es el nacimiento de una democracia más auténtica, liberada de políticos oligárquicos y anquilosados, o una mejor economía, porque dejamos atrás el neoliberalismo y el ajuste, hay que decir que, más que a la comprensión, esa memoria contribuye a la mistificación del presente. Pero atención: más que un simple error o un engaño, en ello se revela precisamente la clave opaca de nuestra época: la de un ejercicio del poder que vela sistemáticamente su origen y condiciones de existencia, gracias a relatos justificatorios que logran echar raíz en las conciencias.

publicado en La Nacion el domingo 18 de diciembre de 2011.

Hace exactamente 10 años aparecía en la Revista de Análisis Económico “10 años de convertibilidad: La experiencia argentina”, un estudio comisionado por FIEL a principios de 2001 para una conferencia que pretendía presentar en sociedad el programa de economía de largo plazo de un Ricardo López Murphy que se probaba el sillón de Machinea (conferencia que, ilustración cabal del montaje de videoclip de la película de la crisis, se realizaría meses después del fugaz paso de López Murphy por Economía).

En aquel estudio, se planteaba que la convertibilidad se había predicado en base a tres promesas fundamentales: estabilidad de precios, mayor inversión y crecimiento, y disciplina fiscal (bajo el supuesto de que, en ausencia del financiamiento del BCRA, el mercado no prestaría más allá de niveles sostenibles).

Al cabo de una década, el tanteador marcaba 1-2 en contra. El uno a uno había contribuido a reducir la inflación (aunque en esos años otros países inflacionarios obtenían resultados comparables sin fijar el tipo de cambio). Pero, tal y como lo indica la teoría económica, lo había hecho a expensas de la estabilidad del producto, introduciendo subas más pronunciadas en la bonanza y caídas más profundas en las penurias (aún en una ventana que excluía el fatídico 2001), y con un record de crecimiento que se veía bien en el pico del 97 pero que, tomando la totalidad del ciclo, no excedía el promedio de nuestros vecinos.

Por otro lado, había escasa evidencia de disciplina fiscal. Cuando el plan Brady convirtió la deuda con bancos internacionales heredada de la crisis de los 80 en bonos Brady, creando los mercados emergentes, el acreedor disciplinador pasó de unos pocos bancos a miles de pequeños bonistas ansiosos por jugar a ganador prestando a los países en tiempos de crecimiento –convencidos de que siempre habría tiempo de sacarse el clavo de encima cuando el ciclo revirtiera. De ahí que el país, en lugar de ahorrar para los días lluviosos, volviera a endeudarse en dólares en los años buenos repitiendo el guión setentista.

El trabajo incluía un análisis de la propuesta de canasta de monedas (a mi juicio, un piloto de la flotación administrada) y el escenario de flotación tradicional (para el que consideraba inevitable la pesificación de pasivos).

¿Qué más aprendimos desde entonces?

Primero, que la convertibilidad no garantizó siquiera la disciplina monetaria. Ahogados por la iliquidez extrema del ajuste automático ante corrida (el BCRA retiraba un peso por cada dólar vendido) y por las necesidades fiscales, el tesoro nacional sumó su propia moneda, el LECOP, al colorido menú de monedas provinciales. Más en general, las llamadas cuasi monedas ilustraron la inutilidad de una regla (o una ley) sin un trasfondo de realismo –otros ejemplos cercanos: la ley de intangibilidad de depósitos, la ley de déficit cero, o los contratos de privatización con tarifas de servicios dolarizadas. Al final, vale más vale tomar riesgos que atarse las manos. Estuvimos tres años hundiéndonos amarrados al mástil de la convertibilidad, y nos llevó apenas seis meses (el primer semestre de 2002) recuperar el crecimiento.

 ¿Qué más aprendimos? Parafraseando (e invirtiendo) a Tolstoi podría decirse que, más allá de aspectos idiosincráticos (en nuestro caso, falta de liderazgo político, caída de términos de intercambio, indiferencia del FMI), todos las crisis emergentes fueron similares: todas fueron, en su esencia, crisis de moneda o, más precisamente, crisis de deuda dolarizada. Es por esto que hoy, tras la desdolarización de la deuda, sea imposible pensar en una nueva crisis noventista. Es en este sentido que la analogía argentina se aplica a la crisis de la Europa periférica que, en tanto el Banco Central Europeo los trate como países independientes, sufre el karma de una deuda en moneda “extranjera” (esto es, una moneda que no puede emitir a discreción).

¿Qué más?

Que de una crisis no se sale sólo con devaluación. En perspectiva, fue el combo dólar alto-pesificación con su efecto de licuación de deuda y transferencia regresiva de riqueza el que terminó siendo, paradójicamente, el motor principal de la recuperación de la actividad y del empleo, y un pilar impensado del crecimiento inclusivo.

Que el riesgo moral que nos enrostraba el FMI para condicionar sus préstamos no lo sufrían los trabajadores estadounidenses (como gustaba decir el Secretario del Tesoro de los EEUU Paul O`Neill) sino los trabajadores argentinos que veían cómo un gobierno a la espera del milagro ganaba (es decir, perdía) tiempo con la ayuda del Fondo, reemplazando deuda defaulteable con privados con deuda indefaulteable con el FMI y encareciendo el saldo socioeconómico y financiero de la crisis.

Que un país siempre es dueño de su destino (a pesar de quienes proponían someternos a un protectorado de sabios internacionales) y que la historia no se repite porque los políticos aprenden de las crisis. En este caso, promoviendo la desdolarización de la deuda y perdiéndole el miedo a la flotación (aunque, en este último frente, la memoria o la audacia a veces flaqueen).

 Que el estudio de la economía tiene sentido. El manejo de la política monetaria con la que en 2002 evitamos la hiperinflación es consistente con el diagnóstico expresado en el trabajo citado, que a su vez toma prestado de las referencias académicas allí mencionadas. En las crisis, el relato tribunero, fundacional y crítico, contribuye a la catarsis colectiva (basta leer aquellos coloridos debates sobre el futuro del peso y del sistema financiero) pero poco aporta a la gestión. El capitalismo no acabó entonces como no acabará ahora (en el mejor de los casos, tomará nota de los errores y ganará en realismo).

 Hay más. La crisis de la convertibilidad reveló lecciones latentes en el ámbito político (la fragilidad de las alianzas tácticas, la distancia entre retórica y gestión, la inanidad del “que se vayan todos”) y sociales (la exposición de los hogares pobres, la importancia de una red de protección social, la tendencia miope del votante –y, en consecuencia, del político– a la complacencia continuista). El colapso del uno a uno seguirá dando que hablar. Pero diez años es tiempo suficiente para despedirnos del trauma.

El problema de política económica tiene dimensiones específicamente técnicas, pero con efectos inmediata e inevitablemente políticos. Desde el punto de vista técnico, el problema es cómo restaurar la competitividad y el equilibrio fiscal sin acelerar la inflación y la fuga de capitales. Recobrar la competitividad es necesario para que la solvencia del país no dependa dominantemente del precio de las exportaciones agrarias – pero ello implica acelerar el ritmo de devaluación del peso y, con ello, la fuga de divisas y, en cierta medida, la inflación. Recomponer el equilibrio fiscal exige reducir la cuenta de los subsidios a la energía y al transporte en el Gran Buenos Aires – pero ello implica incrementar las tarifas y, con ello, incentivar la transferencia a precios de los aumentos y las demandas salariales orientadas a ganarle a la inflación. Para evitar que cualquiera de estos caminos resulte en la recreación del laberinto hace falta coordinar las políticas monetaria, fiscal y de ingresos: de coordinarse políticas en una dirección menos expansiva que la actual los actores empresariales, sindicales y gubernamentales podrían converger en un nuevo equilibrio que garantice, a un menor ritmo que el experimentado desde 2003, el crecimiento de la economía y del empleo.

Pero la coordinación de políticas exige también reinventar el esquema de pagos con que hasta ahora se ha sostenido la coalición oficial. Si se pide a los sindicatos moderación salarial, ¿qué contraprestación podría ofrecérseles cuando a la vez se cierra la cuenta de subsidios? Si se pide a los empresarios moderación en los precios, ¿qué compensación podría ofrecérseles cuando a la vez se restringe la política monetaria? Las meras demandas a los actores económicos probablemente estimularían, además, la faccionalización en ciernes: de los sindicatos, que competirían por el liderazgo de la CGT movilizándose contra las pautas salariales; y de los empresarios, que competirían por incrementar sus ganancias de corto plazo utilizando como excusa la incapacidad oficial para imponer moderación salarial a los sindicatos. Para evitar esta versión actualizada de la dinámica que liquidó el Pacto Social de 1973, el gobierno ofrece amenazas a los sindicatos y seducción al empresariado. Amenaza a los sindicatos con la estatización de las obras sociales, que destruiría las bases de su poder político; y seduce a los empresarios con crédito barato, que les permitiría expandir la capacidad productiva o mejorar la competitividad sin financiarse aumentando precios. La estrategia tiene, empero, sus riesgos. No todos los sindicatos dependen económicamente de sus obras sociales, y los menos dependientes – i.e. los beneficiados por negocios abiertos durante las privatizaciones o por subsidios recibidos en estos años – son precisamente los menos afines al oficialismo. El crédito barato para las empresas implica una política monetaria algo expansiva que conspiraría contra los objetivos de subir la competitividad y bajar la inflación. Aun cuando se financiara con reducciones graduales de los encajes bancarios, sin moderación salarial un esquema de micro-devaluaciones graduales no resultaría creíble ni para los ahorristas conservadores ni, en especial, para los empresarios que deberían invertir esos créditos.

El problema de supervivencia tiene la simple forma de un dilema: crear un sucesor confiable o cambiar las reglas de sucesión. Crear un sucesor confiable sería nomás una apuesta y, como tal, de resultado incierto. Por un lado, porque en el peronismo hay otros aspirantes a la sucesión que no deben su carrera al kirchnerismo. Por otro lado, porque algunos de esos aspirantes tienen perfil como para construir coaliciones electorales propias – y quizás más amplias de las que podría construir un sucesor kirchnerista. Este sucesor, entonces, debería competir en una primaria o enfrentar una candidatura disidente que podría vencerlo o, por el mero cisma, consagrar un presidente no peronista. Cambiar las reglas de sucesión es, también, una estrategia riesgosa: alienta a los disidentes a desplegar tempranamente su oposición, pues de otro modo perderían su chance, y activa el recuerdo de las reformas constitucionales pasadas, que terminaron en la deslegitimación del sistema político (1949) o en el descrédito de sus promotores (1994).

La lucha por la supervivencia es, además, una lucha contra el tiempo. La Presidente necesitaría tiempo para crear un sucesor confiable y competitivo o, en su defecto, debería actuar rápido para cambiar las reglas de sucesión – mientras disfrute la luna de miel de su re-elección. La primera opción fortalecería la capacidad de manejo de la coalición en el corto plazo postergando el conflicto sucesorio, pero debilitaría las chances de supervivencia más allá de 2015. La segunda opción aumentaría esas chances de concretarse rápido, pero activaría el conflicto sucesorio y complicaría en el corto plazo el manejo de la coalición.

De ahí que el vértice oficialista esté buscando la diagonal: una estrategia que maximice poder para encauzar la economía en el corto plazo y aumentar las chances de supervivencia en el largo plazo. Pero esta diagonal es, en rigor, la cuadratura del círculo. Un pacto social para sostener una política económica siquiera moderadamente restrictiva exige concentrar poder político para administrar los costos, pero una reforma constitucional diseñada contra los competidores internos puede fragmentar velozmente ese poder. De un lado, la emergencia de líderes alternativos en el peronismo podría retroalimentar la faccionalización de los sindicatos y, con ello, debilitar la capacidad gubernamental para imponer la moderación salarial. Del otro lado, la apertura de la discusión constitucional podría estimular, como sucedió en todas las reformas constitucionales celebradas bajo regímenes democráticos en países federales, la descentralización del poder fiscal hoy en manos del gobierno nacional. Activadas estas dinámicas, las expectativas del empresariado sobre la credibilidad y sustentabilidad de la política económica podrían revertirse y arrastrar consigo la estrategia gubernamental.

Nada puede frenar hoy al oficialismo en su búsqueda de la cuadratura del círculo. El desafío es, entonces, hacia el futuro: crear mientras tanto capacidades, dentro o fuera del peronismo, para conducir la política y la economía argentina cuando ese afán se revele como quimera.

Publicado en El Estadista

Confieso que leí el Plan un poco rápido, pero del somero examen de sus objetivos y sus estrategias cuesta deducir algunas de las medidas anunciadas el pasado martes 25 de noviembre por la Señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Será por eso que el anterior titular de la AFIP, Alberto Abad, declaró a la prensa: “Estuvimos seis años… trabajando para crear una nueva cultura tributaria, pero ahora esta moratoria va en dirección contraria y rompe con las reglas del pacto fiscal y social. Es un salto al vacío, porque permite blanquear dinero o capitales mal habidos sin que se investigue su origen”. De hecho, y así como está, el Proyecto del Ejecutivo es un verdadero “Punto Final” Penal Tributario. Por ejemplo, para quienes tengan cuentas pendientes con la Justicia, el artículo 3 les garantiza un tranquilo futuro: “El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso y de la prescripción penal, cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa…”.

De acuerdo con la opinión de muchos economistas y juristas especializados en temas tributarios, este generoso blanqueo o bien no cumplirá con los objetivos macroeconómicos previstos, o bien será profundamente contraproducente en términos de cumplimientos de reglas, o ambas cosas a la vez. Ni hablar de su justificación social: Con qué cara se le dirá al señor o señora que viven de un escuálido salario, carcomido además por la persistente inflación, que deberán seguir pagando 21% de IVA en sus pobres consumos, mientras grandes y turbias fortunas pueden hacer negocios al 1% de comisión.

Puesto que la iniciativa del blanqueo tendrá un discutible efecto económico (antes que eliminar arbitraria y graciosamente los requisitos de entrada de dudosos capitales que están afuera, hay que corregir las causas estructurales por las que huyen los honestos capitales que están adentro!), y ocasionará también un muy negativo impacto tributario, seguramente la iniciativa reconozca otra inspiración intelectual.

Quizá por eso es que no faltan mal pensados, animados tal vez por atávicos y vengativos sentimientos “destituyentes”, que han empezado a creer que el verdadero y obscuro objeto del blanqueo es servir a los amigos del poder, para que hagan entrar al país dineros de fuentes inconfesables.

Como me cuesta creer en estas cosas, confío plenamente en que los señores y señoras legisladoras votarán un enérgico rechazo al esquema del blanqueo enviado por el Poder Ejecutivo. Esos eventuales “votos no positivos” nos permitirían recuperar, al menos en parte, el sentido de que vale la pena creer y respetar algunas reglas básicas, que no es extremadamente estúpido pagar impuestos, y que en definitiva todavía vale la pena apostar a construir un país un poco más serio.

La Plata, 2 de diciembre de 2008.

En el post anterior procuramos presentar a grandes rasgos el relato que la economía hace de las causas de la crisis fianciera. Pero: ¿tiene algo para decir el análisis político?

Por lo pronto, Sartori ha aprovechado para despotricar contra “los economistas” en el medio de la crisis, pero lo único que tiene pare aportar es que “la disyuntiva no es intervenir o no, sino entre la capacidad de intervenir bien o no”.

Una fuente de explicaciones podría buscarse en los desarrollos que durante la década de 1990 se han ocupado de las consecuencias del pronunciado incremento de la influencia de unas políticas económicas domésticas sobre otros países por obra de la integración de los mercados financieros y la libre circulación del capital. Son una clave de entrada para entender aspectos nada desdeñables de la crisis (p. ej. las dificultades de coordinación que entraña este problema), pero eso no es  una novedad de esta crisis y probablemente dirá mucho sobre su difusión y alcance pero no tanto sobre su origen.

Mi impresión es que los análisis políticos no han sido muchos y si los hay parecerían haber tenido muy poca difusión. Hay algunos análisis pero en su mayoría 1) conectados a la toma de decisiones en las crisis y a su impacto, sin embargo, no encontramos 2) explicaciones del origen de la crisis financiera basadas en variables políticas.

1) Los que se ocupan de la toma de decisiones una vez que la crisis ya ha acelerado sus tiempos han analizado:

- el impacto de la coyuntura electoral del presidencialismo norteamericano en la capacidad del gobierno para tomar decisiones sobre la crisis fianciera. Hace unos días escribimos sobre las explicaciones del rechazo inicial del Congreso norteamericano al bailout y el modo en que podría conseguirse aprobar la ley días después.

- el impacto de la crisis financiera en la elección presidencial norteamericana, que indicaría un cambio permamente (según Pablo Beramendi, en sintonía con el Criador)

- el impacto de la internacionalización de la economía en la atribución de responsabilidades a los gobiernos sobre el desempeño económico. Colomer argumenta que la resurrección de los líderes europeos (Brown, Merkel, Zapatero, etc) se explica por la percepción ciudadana de que la crisis no se origina en las políticas del gobierno nacional. De ese modo el líder del gobierno evita los costos del mal desempeño económico y tiene una oportunidad para mostrarse como piloto de tormentas.

2) Pero: ¿Hay variables políticas explicativas del origen de la crisis?

Según el relato presentado por economistas las causas de la crisis financiera hay que buscarlas en la combinación de dos elementos: 1) un exceso de liquidez inducido por la baja prolongada de tasas de la FED y 2) una regulación deficiente o ausente del problema de riesgo moral sobre las instituciones financieras (sobre todo bancos de inversión) que gestionan esa liquidez a través de la oferta de créditos y la creación de derivados basados en aquellos.

a) Sospecho que todos los gobiernos serían propensos a evitar una recesión sin costos en el corto y mediano plazo. Si la autoridad monetaria y el gobierno calculan que el riesgo de un pinchazo es lejano en el tiempo la pregunta es: ¿Por qué un gobierno haría algo para cambiar la combinación de tasas bajas -que no disparan la inflación- y alta liquidez -que incentiva el mercado de crédito- permitiendo que más personas puedan acceder a inmuebles?

b) Si es posible disminuir el riesgo moral (moderar la propensión a operaciones de riesgo excesivo señalizando que no habrá salvataje y por tanto persuadiendo a los dueños de los bancos a que no sigan prácticas irresponsables) estableciendo regulaciones sobre los bancos de inversión, la pregunta es: ¿por qué la autoridad monetaria no estableció estas regulaciones? Al no tener que rendir cuentas a los bancos centrales, los bancos de inversión permanecieron en la opacidad que les permitió producir derivados financieros excesivamente riesgosos.

En consecuencia habría aquí al menos dos posibles vías de explicación política a explorar (que tal vez podamos dar mayor -o alguna- precisión y extensión con el aporte de los comments):

- Por vía de las preferencias de corto plazo del gobierno. Si el objetivo de la política del gobierno era evitar una recesión y permitir que más ciudadanos accedan al crédito, la decisión de mantener las tasas bajas/+liquidez, evitando su mayor costo – el incremento de la inflación- parecía, al menos a corto plazo, una fórmula adecuada. La regulación es también un dilema de política. Una regulación de la gestión del exceso de liquidez podía restar efectividad reactivante a la baja de tasas (constriñiendo el crédito) y por tanto recortar los beneficios del gobierno a corto plazo pero a la vez podría haber aumentando la sustentabilidad del sistema financiero en el mediano y largo plazo. Una regulación menos prudente, evitaba el riesgo de constreñir el mercado  de crédito y por tanto incentivaba un mayor acceso al crédito moderando la reducción del nivel de actividad Pero difería y aumentaba los costos hacia un futuro, al parecer no lo suficientemente cercano como para  constituir una fuente de preocupación al gobierno. La falta de regulación era consistente con las preferencias del gobierno.

- Por vía de la capacidad de los actores financieros de resistir una regulación y del gobierno para afrontar los costos políticos implicado en implementarla. En contra de lo que sostiene la literatura económico financiera que trata a la reducción del riesgo moral sólo como una cuestión técnica –que lo es, porque una regulación excesiva puede constreñir el crédito- Lourdes Sola y Moisés Marques (2006) explican usando el caso brasileño que esta es una decisión que entraña costos políticos para los decisores, de un modo tal que las circunstancias son decisivas para que la autoridad monetaria este dispuesto a afrontar esos costos. Esto supone explorar  la capacidad del  gobierno para establecer una regulación que podría debilitar sus bases de apoyo y de los actores financieros del mercado a resistir cambios –en el caso que estos hubieran existido en la agenda de la autoridad monetaria- sobre la regulación financiera.

* Fuente de la ilustración: The big picture

El relato de la crisis financiera global (al parecer anticipado por Roubini) esta obviamente dominado  por razonamientos basados en la teoría económica. Aunque muy rudimentarios, los rasgos centrales de dicho relato serían los siguientes (hay, claro debates y análisis mucho más sesudos, unos pocos ejemplos son Arrow, Levitt, Rodrik,)

- En 2001 la Reserva Federal (FED) comienza una tendencia de baja de tasas para evitar una recesión en la economía norteamericana.

- Al persistir el riesgo de recesión y la inflación mantenerse relativamente baja, la tendencia a la baja de tasas se prolonga a lo largo de los años.

- La disminución de tasas afecta negativamente el margen de rentabilidad de las actividades tradicionales de los bancos (se achica el spread?) pero a la vez aumenta la liquidez.

- Dicha combinación (baja rentabilidad de actividades tradicionales + alta liquidez) produce incentivos a las entidades financieras a i) dar créditos más riesgosos (los ya famosos créditos ninjas) ii) de los que luego se construyen instrumentos derivados (los más salientes: MBS (Mortgage Backed Securities) y los CDS (Credit Default Swaps)).

- El aumento de crédito hipotecario induce una burbuja de los precios de los inmuebles.

-La alta rentabilidad que ofrecen los MBS y CDS los vuelve atractivos a los Bancos y fondos de inversión de ambos hemisferios (que los ofrecen a sus clientes) y en consecuencia pasan a contar con distintas proporciones de ellos en sus carteras.

- Una vez que los precios de los inmuebles comienzan a caer (presumiblemente por la amenaza de la recesión) y los ninjas dejan de pagar sus préstamos (o bien porque perdieron su trabajo o porque el precio de su casa cayó mucho más que la valuación de la hipoteca, o por ambos) el valor los productos derivados cae estrepitosamente afectando las hojas de balance de los bancos y la confianza del sistema financiero: nadie sabe cuantos títulos -antes muy rentables ahora “tóxicos”- tiene cada entidad. Potenciales prestamistas no saben si los potenciales deudores van a estar en condiciones de devolverles el dinero, y por tanto nadie presta. Tal desconfianza paraliza los préstamos interbancarios y el sistema financiero de las economías desarrolladas se “seca” (afectando también a los países en desarrollo en la medida y grado en  que dependen del ingreso de flujos de divisas para créditos o para sostener los valores de la moneda doméstica).

- Esto impacta en las bolsas: previendo que los precios de las acciones van a seguir cayendo (por la morosidad, por la falta de liquidez del sistema financiero, el credit crunch, la anticipación de una recesión, y la incertidumbre sobre la medida del impacto de todo ello) todos quieren vender y, como todos quieren vender, el precio cae, iniciando un círculo vicioso de descenso en el precio de las acciones.

Los economistas también informaron los debates sobre las decisiones que resultarían más eficaces para detener el derrumbe una vez que los tiempos de la crisis comenzaron a acelerarse luego de la quiebra de Lehman Brothers. Pueden distinguirse dos etapas de decisiones que tomaron las autoridades monetarias y los gobiernos buscando poner un piso a la caída. Ambas se orientaron a devolver liquidez al sistema financiero y restaurar la confianza de los actores del sistema financiero.

1. Inyección de liquidez convencional + Nacionalización selectiva de instituciones en quiebra:

a) inyección de liquidez via “redescuentos”

b) nacionalización de entidades financieras “demasiado grandes para caer” (riesgo sistémico) y señalización procurando disminuir el riesgo moral (dejando caer entidades sin impacto sistémico)

c) garantías a los depósitos

2. La llamada solución Brown (o sueca?)

a) inyectar liquidez recapitalizando bancos

b) devolver la confianza asegurando los préstamos interbancarios

3. No hay tercera etapa aun, pero muchos economistas cuyas ideas influyen en Obama consideran que la recesión a la que conduce la falta crédito precisa de un estímulo a la demanda de manera que es esperable que el Estado ponga dinero en los bolsillos de los deudores (obra pública, cambios impositivos, etc) para que vuelvan a consumir.

Y los análisis políticos de la crisis financiera? En la siguiente entrada.

* Fuente de la ilustración: The Economist, 1987 (link)

Al respecto circulan varios argumentos. Hasta ahora el más trajinado desde el vértice oficial, tal vez porque alimenta su conocida vocación intelectual, es que la crisis otorga una victoria ideológica inapelable a quienes rechazan el neoliberalismo: se demuestra que es necesario intervenir en los mercados, lo que justifica el comercio regulado de Etchegaray, los precios de Moreno y cosas por el estilo. Convengamos ante todo que la explicación de la crisis por “falta de regulación” es parcial y sobre todo generosa con Bush: él no sólo se negó a hacer algo necesario, sino que hizo cosas muy graves, como estimular irresponsablemente la formación de las burbujas que ahora estallan en cadena, gastó y se endeudó sin límite, para evitar una recesión cuando empezaron los problemas. Eso es lo que Obama le reprocha a los republicanos, y algo que los Kirchner no mencionan, tal vez porque evocaría su propia burbuja e iría contra su visión ideológica de la cuestión. Pero más allá de este asunto, puramente intelectual, la consecuencia práctica de adoptar este argumento está ya a la vista: se insiste en políticas que vienen haciendo agua desde hace tiempo, pero que ahora podrían recuperar algo de brillo, al menos a los ojos del Ejecutivo. Esta actitud exige claro ignorar que una cosa es un estado desarrollista, que regula los mercados para fortalecerlos, y otra un capitalismo y un estado prebendarios, que requieren que los mercados no existan. Pero como también se puede ver, por ejemplo en el Indec, siempre habrá socios empresarios dispuestos a ayudar a que esos pequeños detalles se dejen de lado, y el miedo hará el resto para desaconsejar cambios.

La idea del “triunfo ideológico” se complementa con otro argumento, que sostiene que la debacle de EEUU confirmaría lo acertado de la posición internacional mantenida por el gobierno argentino, crítica del unilateralismo y los organismos financieros y tendiente a fortalecer lazos regionales y promover un mundo multipolar. Podría objetarse que la crisis lo agarró en mal momento para sacar provecho de ello, justo cuando había decidido dar un giro para reingresar a los mercados financieros que todavía latían al ritmo que les fijaba el Imperio. Pero convengamos las cosas hubieran sido mucho peores si llegaba a tiempo de pagar lo que ese giro le insumiría y tras cartón los mercados se iban al diablo. Lo esencial no es eso, ni cómo disimula su inubicuidad, sino si la posición argentina resultará favorecida, y al respecto cabe albergar algunas dudas. Ante todo, porque con la extensión que adquirió, la crisis no dejará en pie muchas ansias de desafiar el poder norteamericano, más allá de las diatribas anticapitalistas de Irán y Venezuela (sólo igualadas por el llamado del Santo Padre a olvidarse de los mezquinos asuntos del rey dinero). Para que una hegemonía termine hace falta que haya algo que la reemplace, y habrá que esperar mucho para que algo así aparezca. Pero además, lo que es seguro es que el mundo de ahora en más padecerá un gran déficit de confianza, y por tanto los que sean confiables podrán sacar provecho, tanto frente al capital como a otros estados: el gobierno argentino no se encontrará entre ellos, dada su franciscana pobreza en confiabilidad. En suma, tal vez a lo más que puedan aspirar nuestras autoridades sea a que la crisis haga más llevadero, y al menos en público más justificado, el aislamiento internacional en que han ido cayendo.

Ello se vincula con un tercer argumento, según el cual la crisis se sentirá menos en Argentina que en otros países, por caso, Brasil, gracias a la menor exposición que ha tenido el país en los últimos años al flujo de capitales y el menor desarrollo y penetración de su sistema financiero. Las odas al “bolicheo” con que en estos días han batido el parche ya muy gastado de la “excepcionalidad nacional” desde el oficialismo, anuncian el fin del “mundo virtual” de las finanzas, y que nos beneficiaremos, o al menos lo harán nuestros sabios gobernantes, pues nos mantuvieron lejos de ese circuito perverso e infernal, no tendrán que ir al rescate de los bancos y podrán conservar entonces intactas las reservas. Estas odas tal vez se asienten en algunos datos ciertos, pero para dar rienda suelta a un capitalismo de quiosco. Que curiosamente encuentra afinidades con la visión moralista de la derecha religiosa norteamericana, la que ve en Wall Street la encarnación del becerro de oro que hay que destruir para que Dios (y Ratzinger) los perdonen. Que Argentina tenga niveles bajísimos de bancarización sólo sirve al evasor de impuestos, que es tan progresista y anticapitalista como cualquier otro bandido tramposo. Y resulta incomprensible que el progresismo vernáculo considere “virtual” y perverso el sistema financiero en general, incluidos los mecanismos que han permitido en las economías desarrolladas acceder al crédito a sectores de bajos ingresos, y festejen que en el futuro y tal vez por largo tiempo ello les resulte mucho más difícil.

Hay un cuarto argumento, tácito o que se expresa en voz baja, pero muy significativo: que la crisis externa va a hacer el trabajo sucio de enfriar la economía, y permitir entonces bajar el ritmo de inflación, sin necesidad de que el gobierno invierta valiosos recursos políticos en ello. Como durante el Tequila, se le podrá achacar la responsabilidad de todo lo malo a estados y capitalistas lejanos. Si el gobierno hubiera iniciado el ajuste antes del estallido esto podría haber funcionado, pero ahora es demasiado tarde: forzado a subir el tipo de cambio para evitar una avalancha de importaciones, a mantener alto el gasto público para evitar que las caídas en la actividad y el consumo privados se profundicen, y a la vez seguir corrigiendo tarifas para que la presión sobre las cuentas no se vuelva insostenible, deberá encargar al Indec que barra bajo la alfombra no sólo los datos de inflación y pobreza, también los de desempleo, inversión y balanza comercial, y tal vez sea demasiado. Puede que la presión de la demanda sobre los precios, o sobre algunos precios, se modere de todos modos, y entonces se pase de un 25% anual, a 20%, por decir algo. ¿Ello le quitará hierro a las críticas a la política oficial? Es más bien improbable. Ante todo porque el enfriamiento tiene todas las chances de ser más efectivo en fortalecer la sensación de perjuicio inflacionario que en reducir el alza de precios en sí. Es decir, una inflación algo menor, pero todavía alta, será acompañada de una percepción más intensa del daño que ella provoca, y de la responsabilidad oficial en ello.

El último, y tal vez el más interesante, de los argumentos oficiales para sostener su optimismo es que en una situación de enfriamiento con inflación se podrá diluir vía impuesto inflacionario el costo del ajuste y los gobernadores e intendentes de todo el país, con necesidades crecientes y recaudación y coparticipación en baja, se volverán más dependientes de los recursos nacionales. Por tanto el gobierno, aunque debilitado por la mala imagen pública, por el achicamiento de la “caja” y por protestas sociales crecientes, podrá administrar la situación evitando una fuga masiva de lealtades de cara a las próximas elecciones. Puede que esto le funcione a la Casa Rosada. Pero puede también que los legisladores se den maña en los próximos meses para serruchar el margen de discrecionalidad con que ella viene asignando partidas, introduciendo cambios a la ley del cheque, el presupuesto 2009 y otros pilares de su poder. Si esto sucede, ya no habrá consuelo. El gobierno se tendrá que poner a trabajar.

* Artículo publicado por Página12 el 17/10/2008

No es improbable que el fracaso legislativo de la ley de rescate financiero, que indujo otro lunes negro y prolonga la incertidumbre, también termine por destruir buena parte de las chances que tenía la candidatura republicana a la presidencia. Palin lo ha intentado pero al parecer sus intervenciones, si bien muy impresionantes, han sido menos exitosas, vean sino estos segundos de video.

No desentona con el humor británico.

La poesía de Krugman (“una república bananera con armas atómicas”) asusta un poco también.

Las explicaciones que circulan sobre el fracaso legislativo usan una combinación de la teoría del anatra zoppa con el dilema del prisionero. Los argumentos del gobierno sobre la capacidad que tiene la crisis para machacar el futuro de USA y/o la organización en bloques para compensar votaciones no fueron suficientes para contrarrestar a legisladores con incentivos más poderosos para construir su preferencia echando mano a la pura ideología y/o privilegiando su futuro político individual (solo una minoría accedió a quedar con la marca maligna de haber reventado a los contribuyentes).  Con ese resultado el acuerdo con Obama y McCain ha quedado (por ahora?) como un brindis al sol. Sin embargo, en una segunda oportunidad para la ley de rescate/bailout podría pesar en Obama el consejo de los economistas demócratas que aceptan aprobar la ley con las modificaciones logrando que active su capacidad de persuación dentro de su partido.

Contra esta posibilidad juegan las pocas semanas que quedan hacia la elección, lo que supondría minimizar riesgos electorales hasta tanto se cuenten los votos del colegio electoral. Si es asi, mientras puedan, Obama y los congresistas mantendrán sus preferencias probablemente hasta que la escenificación de la crisis sea lo sufcientemente expresiva  como para al menos neutralizar el costo que los congresistas creen asumir con su voto “no negativo” o bien el gobierno tendrá que pagar con incentivos en la ley rescate el precio de la colaboración de los congresistas (que no parece bajo si el modelo del dilema del prisionero es correcto) hasta conseguir una coalición ganadora. En cualquier caso el problema de Obama es que si lo que se trata es de diferir o aumentar los costos hacia le futuro… ¿con que se encontrará cuando llegue al gobierno?  (¿Comparaciones con la crisis argentina de 2001/2? aqui una de un ex-ministro y otra de su viceministro)

La crisis parece que seguirá un (buen) rato más pero ya hay algunas cosas para leer. Además del chequeo constante del blog de Krugman, esta el articulo de Panebianco sobre las comparaciones y la  “profecía del 29″, y los dichos de Alesina , en la misma sintonía. Están también unos posts muy instructivos en La Ciencia Maldita, este también, y algunos faq que se armaron.