Una primera hipótesis podría ser que estos enfrentamientos no afectarán la base de poder del kirchnerismo.  El argumento es que el kirchnerismo cuenta con una legitimidad muy superior a cualquier otro actor político (si bien el sindicalismo ha logrado recuperar poder político durante la última década, aún sus grados de legitimidad son bajos en la mayor parte de la población), y además ha sabido sostenerse ante el resto de los enfrentamientos que ha tenido desde el 2003.  En ese sentido, la confrontación directa con los que considera sus opuestos le ha resultado, desde su perspectiva, exitosa puesto que ha llegado a un tercer mandato con niveles de aceptación popular históricos.

También se podría afirmar que es poco lo que el gobierno pondrá en juego en las próximas votaciones.  Dado que las bancas que se renuevan son aquellas en que el gobierno tuvo su peor desempeño electoral, sólo una derrota abrumadora podría amenazar su dominio en el Congreso. No obstante, varios de los conflictos abiertos no dependen tan directamente de los resultados electorales. Por ejemplo, el poder de Moyano no depende de las elecciones generales sino de la dinámica interna dentro de la CGT. Si bien inicialmente el conflicto pareció mostrar titubeos y debilitamiento del líder camionero, Moyano parece haber vuelto a recuperar cierto orden dentro de la CGT y ya no se habla de su anticipada salida de la central obrera.  Asimismo, su alejamiento del gobierno también ha logrado algún respaldo de líderes sindicales que han estado históricamente enfrentados con el gobierno.  En el caso de Scioli tampoco los resultados electorales lo distancian del gobierno nacional.  Mientras que en algunas provincias la Presidenta obtuvo diferencia en cantidad de votos con los candidatos locales que la apoyaron, en la Provincia de Buenos Aires los números de Scioli fueron bastante similares a los de Cristina.

Es claro que la oposición ha quedado desmembrada tras la abrumadora victoria del año pasado, pero estos enfrentamientos poseen un matiz diferente ya que ninguno de los nuevos contrincantes dependen o se han visto afectados por los resultados electorales.  En ese sentido, el desafío y los riesgos para el gobierno son aún mayores.  Tal vez aquí la economía vuelva a tener un rol más protagónico dentro de estas disputas de carácter netamente políticas.  Si el devenir económico se muestra próspero los nuevos frentes abiertos quedarán aislados dentro de un contexto favorable que genera apoyo dentro de la ciudadanía.  La situación podría ser diferente si la economía se deteriora y comienza a afectar más directamente a las clases media y baja vía mayores niveles de inflación, caída del empleo, etc.   Tampoco hay que olvidar que el gobierno ha comenzado a tomar medidas que podrían caer antipáticas para los sectores de clase media como el aumento de las tarifas de luz y gas.  Aquí hay que esperar si estas políticas se expanden a otros sectores de la población y si también terminan afectando otras actividades como el transporte público.  Si estas medidas son finalmente ampliadas y si el escenario económico se deteriora, es probable que estos nuevos conflictos salgan de su aislamiento y se potencien mutuamente  con los resultados económicos negativos.  A esto habría que sumarle también que otros actores enfrentados al gobierno como algunos de los principales medios de comunicación puedan comenzar a tener mayor eco en sus críticas dado un escenario económico más negativo que haga que los ciudadanos estén más dispuestos a  escuchar a dichos medios.

En conclusión, el gobierno aún mantiene una posición ampliamente dominante en el escenario político y no se vislumbra que esto cambie en un plazo inmediato o si el devenir económico continua siendo positivo.  De todas formas, hay que considerar que los nuevos frentes abiertos generan un riesgo potencial importante ya que no dependen tan directamente de los resultados electorales.  Bajo estas condiciones, la situación económica puede resultar crucial en el mediano plazo ya que resultados negativos tienen la capacidad de  alterar el apoyo ciudadano y por ende ampliar y generar una sinergia que hoy no existe entre los nuevos contrincantes y los ya existentes.

Lo primero que habría que hacer para ser fieles al método comparativo es recordar qué fue lo que sucedió entre la vuelta del peronismo al poder en 1973 y, digamos, la muerte de Perón. Un dato no siempre recordado es que, al comienzo, la llamada Tendencia Revolucionaria, esto es, Montoneros y quienes acompañaban su estrategia general, fueron bastante colaborativos con los intentos del general de poner en caja a los sindicatos. Jugaron como se sabe entusiastamente a favor de Cámpora y contra Cafiero, el candidato de la CGT, y aceptaron compartir el gabinete del primero con lo más granado de la ultraderecha, Osinde, López Rega, etc., y dejar a los gremios recluidos en el Ministerio de Trabajo, desde donde podrían hacer poco y nada frente a los planes económicos de Gelbard, a quien la Tendencia también apoyó sin chistar. Y es que la idea entonces compartida por ésta y por Perón era que la burocracia sindical representaba de momento la peor amenaza para ambos. Lo que tenía su lógica: había resistido todos los intentos de desperonizarla y dividirla, se había fortalecido con las generosas concesiones de la Revolución Argentina (en particular los aportes obligatorios para las Obras Sociales), y mientras que el territorio había sido permeable al crecimiento de la juventud radicalizada (hasta tal punto que ella había logrado ubicar a gobernadores o vicegobernadores en muchos distritos), los sindicatos seguían siendo mayormente reacios a su “penetración”, tanto por tradición anticomunista como por celo corporativo.

Como se sabe, esa circunstancial cooperación entre derecha e izquierda duraría bien poco: ya antes de Ezeiza los choques por el control de los ministerios se volvieron muy intensos. Sobre todo por razones ideológicas, pero también porque el estado no alcanzaba para todos: no eran tiempos en que se pudieran repartir contratos a troche y moche para dejar contentos a los miles de militantes movilizados. Finalmente, ir a la vez contra los gremios y ese aparato estatal sería letal para la izquierda, que rápidamente perdió presencia en el territorio y quedó aislada, lista para ser masacrada.

¿Qué de todo esto tiene similitudes con lo que sucede hoy? Muy poco. Es ostensible que la izquierda kirchnerista carece casi por completo de inserción territorial y es nula su vocación gremial. Cuenta en cambio con una creciente presencia en el estado central, inéditamente generoso en términos de contratos y conchabos de todo tipo. En ello reside su poder. ¿Puede utilizarlo para crecer y llegar a influir algo, sino en los gremios, en los distritos y la compulsa electoral? El experimento iniciado por la presidente en las elecciones pasadas apunta en esa dirección. Pero al menos hasta donde ha llegado hoy en día, difícilmente alcance para contrapesar la capacidad de movilización sindical: de hecho, el kirchnerismo deberá refrenar su pasión por las movilizaciones de masas si no quiere seguir mostrando la hilacha, como le sucedió el del 10 de diciembre último. ¿Podrá por otros medios la Cámpora contrapesar la influencia sindical en la vida económica? Lo está intentando, ganando presencia en las áreas respectivas del gabinete y en los directorios de empresas, públicas y privadas, con vistas a presentarse como un agente coordinador de las iniciativas deshilvanadas que el resto de los funcionarios de gobierno es capaz de ofrecer, y un órgano pensante capaz de planificar el mediano y el largo plazo.

Sin embargo, en estos terrenos enfrenta varios problemas. El primero, que sus comportamientos suelen generar aun más tensiones y desconfianzas que los sindicales entre el empresariado. Y ello porque muchos camporistas parecen actuar con el criterio que Luchino Visconti utilizara para que uno de sus más terribles y célebres personajes se presente: “somos una elite a la que se permitirá cualquier cosa”. Siguiendo la analogía con los setenta, claro que para los dueños locales del capital los Montoneros eran mucho peores. Pero ha pasado demasiado tiempo para que esto sea consuelo suficiente. El segundo problema es que por más cerebro, discurso y coordinación que pretendan ofrecer los camporistas, en términos prácticos han tenido hasta aquí poco que ofrecer, y tienden por tanto a quedar relegados al papel de cara joven y académica de personajes algo más efectivos, como Moreno y su troupe. Y lo que el omnipresente Moreno opina de la izquierda K no es muy distinto, convengamos, de lo que suele decir Moyano.

Publicado en tn.com.ar, el 14 de enero de 2012

Así como la “verdad” de los primeros peronistas, y el dato al que, con o sin ganas, debían acomodarse sus contemporáneos, fueron los sucesos del 17 de octubre de 1945, se tiende a creer que la clave de nuestro tiempo, de su política, economía y forma de pensar, nos viene dada por lo sucedido el 20 de diciembre de 2001.  Creo que la analogía es reveladora, aunque ambigua: hay ciertamente una verdad de nuestro tiempo anidando en esas jornadas, pero no la que nos cuenta la memoria hoy canónica sobre ellos, sino algo que en ella es velado.

Lo primero que sorprende es que lo que los manifestantes entonces reclamaban y consiguieron ha sido reformulado ya varias veces por quienes apelan a este mito de origen y fuente de inspiración. Perón no se habría atrevido a tanto: claro que, según sus necesidades, pudo hilvanar la rebelión obrera del 45 con el golpe del 43, para iluminar la comunión entre pueblo y ejército en que se cimentaba su ideal corporativo, o con la voz de las mayorías que se escuchó en febrero del 46, para resaltar su legitimidad democrática; pero siempre los hechos recordados cada 17 de octubre estaban ahí disponibles para ser historiados e interrogados. Sea porque en la posmodernidad todo lo sólido se desvanece en el aire, o porque vivimos en una sociedad mucho más desarticulada e inestable, la memoria de los argentinos hace tiempo que ha perdido ese respeto y decoro ante los acontecimientos. Está tan acostumbrada a la invención oportunista de justificaciones retrospectivas del presente, que nada la sorprende, ni logra recordar siquiera aproximadamente lo que vivió, ni por qué. Recordar, en este contexto, nos obliga ante todo a despejar una maraña de memorias mistificadoras, que ya no es fácil saber cuándo, quiénes ni para qué echaron a rodar.

Sigamos entonces con la analogía. Otra diferencia que salta a la luz es que mientras los obreros del 45 descubrieron una potencia política que no conocían, al movilizarse para defender algo que estimaron valioso y temían perder, sus “conquistas sociales”, los argentinos que a partir de diciembre de 2001 salieron a la calle estuvieron de principio a fin dominados por la impotencia: lo más que atinaban a hacer era repudiar a quienes con el corralito, después la devaluación y al final la pesificación, aparecían como responsables de birlarles uno a uno sus derechos y garantías de supervivencia. No llama la atención, por tanto, que no hubiera nada de aquella fiesta y comunión de las “patas en las fuentes” en los cacerolazos y piquetes de 2001. Hubo sí reconocimiento entre damnificados, pero sobre todo bronca y desesperanza. Y así seguiría siendo hasta que los sucesivos gobiernos se cansaron de dar malas noticias.

El segundo dato peculiar de aquellos sucesos es lo contradictorio de las demandas que se coreaban en las calles. Mientras que en el 45 era claro lo que querían los manifestantes, restablecer a Perón para que siguiera gobernando para ellos, y eso se convertiría pronto y fácilmente en un programa de acción, en 2001 no había forma de convertir lo que se escuchaba en la calle en fuente de inspiración de un curso de gobierno: ¿había que preservar el uno a uno pero terminar con el ajuste y el desempleo?, ¿pagarle a los ahorristas y perdonar a los deudores?, ¿salvar a los bancos pero también a las industrias y comercios, dar empleo y evitar la inflación, todo junto y armoniosamente?

La “verdad” de diciembre de 2001 tal vez sea que nunca la sociedad estuvo tan perdida en sus contradicciones y laberintos, ni había sido tan impotente para influir en la toma de decisiones, y si logró algo que pareció aun más espectacular que restablecer a un secretario de Trabajo, echar a De la Rúa y Cavallo, fue en gran medida porque a esa altura eran lo más delgado del hilo del poder, porque el resto de la clase política estaba necesitando culpables para descargar los pasivos acumulados, y porque así el estado y sus ocupantes lograrían finalmente autonomizarse de esas inatendibles demandas sociales.

Esta es tal vez la mayor paradoja del 2001: el climax de los movimientos sociales y de la protesta, de la democracia en la calle, fue una liberación, pero no tanto de la sociedad frente a una clase política envejecida e ineficaz, o de la economía argentina respecto a las imposiciones del FMI, como de los gobernantes respecto a los gobernados: en aun mayor medida que en 1989, al calor de la crisis se asignarían cargas masivas a amplísimos grupos sociales, sin mayor preocupación por los derechos afectados, con lo que ello tuvo de bueno, el fortalecimiento de ese estado como instrumento de gobierno y la más o menos rápida estabilización, y de malo, un 55 % de pobres y la ruptura de todo tipo de contratos y derechos adquiridos.

Así, lo que la salida de la convertibilidad habilitó, y hoy es tan difícil recordar, fue un ajuste mucho mayor a todos los intentados para preservarla. Con los lemas de la producción y la soberanía se aplicaría el único programa ortodoxo sostenido y exitoso de la historia argentina reciente, los salarios, las jubilaciones y demás gastos quedaron por largo tiempo e inéditamente deprimidos, proveyendo superávit a las cuentas nacionales y a las empresas de amplios márgenes de rentabilidad, saneando las finanzas públicas y privadas, y asegurando un tipo de cambio competitivo con una inflación, al menos por unos años, declinante. Que esas fechas sean recordadas como el fin del imperio del neoliberalismo y demás ismos culpables de nuestras desgracias no deja de ser, además de llamativo, útil: como con el diablo, su dominio se afirma cuando todos creen que no existe.

Hay que destacar, además, que ese éxito conquistado por el estado nacional sería más duradero que el ajuste que lo habilitó. Si los sucesos de 2001 pudieron poco después ser reinterpretados radicalmente, y de la mayor de las desgracias pasaron a ser el liberador inicio de un país mejor, fue gracias a la inesperada y veloz recuperación económica que les siguió, en gran medida resultado de esa novel capacidad de control desde el estado, que le permitiría aprovechar un viento de cola que se prolongaría hasta hoy.

Así, gracias a este crecimiento, diciembre de 2001 se convertiría en lo que es hoy, la fuente de inspiración del “nuevo modelo”, el de un estado que si bien hasta a él mismo lo ruborizaría llamarse benefactor, puede con orgullo llamarse gastador, pues distribuye ya no costos sino todo tipo de recursos, con amplia discrecionalidad, a una sociedad mayormente pasiva y conformista. Lo que nos deja finalmente de cara a lo que perdura en el presente de aquellos acontecimientos: lo que se creó una década atrás no fue una sociedad más activa, políticamente más madura y articulada, ni una economía más equitativa, fue un órgano de poder más eficaz para ponerlas en vereda. Este estado fortalecido, más reducido que el estado peronista parido por el 17 de octubre de 1945, pero mucho más poderoso que el que había tenido que lidiar con los problemas resultantes de su larga decadencia, permitiría otra transformación que signa los tiempos que vivimos: cuando el estado pudo volver a engordar y a ampliar sus funciones, se completaría la “estatización del peronismo”, su reorganización disciplinada desde el vértice para transformarlo en un eficaz instrumento de mando. No es tanto la sociedad argentina como los titulares de ese poder los que tienen, por ello, tanto que agradecerle a aquellas históricas jornadas.

¿Cuál es, en resumen, la verdad de nuestro tiempo que anida en los sucesos de diciembre de 2001? Si lo que en ellos se pretende evocar es el nacimiento de una democracia más auténtica, liberada de políticos oligárquicos y anquilosados, o una mejor economía, porque dejamos atrás el neoliberalismo y el ajuste, hay que decir que, más que a la comprensión, esa memoria contribuye a la mistificación del presente. Pero atención: más que un simple error o un engaño, en ello se revela precisamente la clave opaca de nuestra época: la de un ejercicio del poder que vela sistemáticamente su origen y condiciones de existencia, gracias a relatos justificatorios que logran echar raíz en las conciencias.

publicado en La Nacion el domingo 18 de diciembre de 2011.

Hace exactamente 10 años aparecía en la Revista de Análisis Económico “10 años de convertibilidad: La experiencia argentina”, un estudio comisionado por FIEL a principios de 2001 para una conferencia que pretendía presentar en sociedad el programa de economía de largo plazo de un Ricardo López Murphy que se probaba el sillón de Machinea (conferencia que, ilustración cabal del montaje de videoclip de la película de la crisis, se realizaría meses después del fugaz paso de López Murphy por Economía).

En aquel estudio, se planteaba que la convertibilidad se había predicado en base a tres promesas fundamentales: estabilidad de precios, mayor inversión y crecimiento, y disciplina fiscal (bajo el supuesto de que, en ausencia del financiamiento del BCRA, el mercado no prestaría más allá de niveles sostenibles).

Al cabo de una década, el tanteador marcaba 1-2 en contra. El uno a uno había contribuido a reducir la inflación (aunque en esos años otros países inflacionarios obtenían resultados comparables sin fijar el tipo de cambio). Pero, tal y como lo indica la teoría económica, lo había hecho a expensas de la estabilidad del producto, introduciendo subas más pronunciadas en la bonanza y caídas más profundas en las penurias (aún en una ventana que excluía el fatídico 2001), y con un record de crecimiento que se veía bien en el pico del 97 pero que, tomando la totalidad del ciclo, no excedía el promedio de nuestros vecinos.

Por otro lado, había escasa evidencia de disciplina fiscal. Cuando el plan Brady convirtió la deuda con bancos internacionales heredada de la crisis de los 80 en bonos Brady, creando los mercados emergentes, el acreedor disciplinador pasó de unos pocos bancos a miles de pequeños bonistas ansiosos por jugar a ganador prestando a los países en tiempos de crecimiento –convencidos de que siempre habría tiempo de sacarse el clavo de encima cuando el ciclo revirtiera. De ahí que el país, en lugar de ahorrar para los días lluviosos, volviera a endeudarse en dólares en los años buenos repitiendo el guión setentista.

El trabajo incluía un análisis de la propuesta de canasta de monedas (a mi juicio, un piloto de la flotación administrada) y el escenario de flotación tradicional (para el que consideraba inevitable la pesificación de pasivos).

¿Qué más aprendimos desde entonces?

Primero, que la convertibilidad no garantizó siquiera la disciplina monetaria. Ahogados por la iliquidez extrema del ajuste automático ante corrida (el BCRA retiraba un peso por cada dólar vendido) y por las necesidades fiscales, el tesoro nacional sumó su propia moneda, el LECOP, al colorido menú de monedas provinciales. Más en general, las llamadas cuasi monedas ilustraron la inutilidad de una regla (o una ley) sin un trasfondo de realismo –otros ejemplos cercanos: la ley de intangibilidad de depósitos, la ley de déficit cero, o los contratos de privatización con tarifas de servicios dolarizadas. Al final, vale más vale tomar riesgos que atarse las manos. Estuvimos tres años hundiéndonos amarrados al mástil de la convertibilidad, y nos llevó apenas seis meses (el primer semestre de 2002) recuperar el crecimiento.

 ¿Qué más aprendimos? Parafraseando (e invirtiendo) a Tolstoi podría decirse que, más allá de aspectos idiosincráticos (en nuestro caso, falta de liderazgo político, caída de términos de intercambio, indiferencia del FMI), todos las crisis emergentes fueron similares: todas fueron, en su esencia, crisis de moneda o, más precisamente, crisis de deuda dolarizada. Es por esto que hoy, tras la desdolarización de la deuda, sea imposible pensar en una nueva crisis noventista. Es en este sentido que la analogía argentina se aplica a la crisis de la Europa periférica que, en tanto el Banco Central Europeo los trate como países independientes, sufre el karma de una deuda en moneda “extranjera” (esto es, una moneda que no puede emitir a discreción).

¿Qué más?

Que de una crisis no se sale sólo con devaluación. En perspectiva, fue el combo dólar alto-pesificación con su efecto de licuación de deuda y transferencia regresiva de riqueza el que terminó siendo, paradójicamente, el motor principal de la recuperación de la actividad y del empleo, y un pilar impensado del crecimiento inclusivo.

Que el riesgo moral que nos enrostraba el FMI para condicionar sus préstamos no lo sufrían los trabajadores estadounidenses (como gustaba decir el Secretario del Tesoro de los EEUU Paul O`Neill) sino los trabajadores argentinos que veían cómo un gobierno a la espera del milagro ganaba (es decir, perdía) tiempo con la ayuda del Fondo, reemplazando deuda defaulteable con privados con deuda indefaulteable con el FMI y encareciendo el saldo socioeconómico y financiero de la crisis.

Que un país siempre es dueño de su destino (a pesar de quienes proponían someternos a un protectorado de sabios internacionales) y que la historia no se repite porque los políticos aprenden de las crisis. En este caso, promoviendo la desdolarización de la deuda y perdiéndole el miedo a la flotación (aunque, en este último frente, la memoria o la audacia a veces flaqueen).

 Que el estudio de la economía tiene sentido. El manejo de la política monetaria con la que en 2002 evitamos la hiperinflación es consistente con el diagnóstico expresado en el trabajo citado, que a su vez toma prestado de las referencias académicas allí mencionadas. En las crisis, el relato tribunero, fundacional y crítico, contribuye a la catarsis colectiva (basta leer aquellos coloridos debates sobre el futuro del peso y del sistema financiero) pero poco aporta a la gestión. El capitalismo no acabó entonces como no acabará ahora (en el mejor de los casos, tomará nota de los errores y ganará en realismo).

 Hay más. La crisis de la convertibilidad reveló lecciones latentes en el ámbito político (la fragilidad de las alianzas tácticas, la distancia entre retórica y gestión, la inanidad del “que se vayan todos”) y sociales (la exposición de los hogares pobres, la importancia de una red de protección social, la tendencia miope del votante –y, en consecuencia, del político– a la complacencia continuista). El colapso del uno a uno seguirá dando que hablar. Pero diez años es tiempo suficiente para despedirnos del trauma.

Aclarémoslo por si hace falta: es imposible que la historia se repita. Ni las circunstancias externas ni la situación local actual tienen muchas similitudes con aquella etapa. Pero eso no quiere decir que no haya punto de comparación, ni que, contra la voluntad puesta en dejarlo atrás, el pasado no pese, tanto en los comportamientos de los funcionarios como en los de los actores económicos y los ciudadanos en general. Mirar atrás, tratar de comprender sin esquematismo qué fue la Convertibilidad, por qué y cómo pasó de ser una mágica solución a una terrible maldición, tal vez ayude a pensar mejor los pros y los contras de las decisiones que se tomaron tras su colapso, y de las que se siguen tomando.

Lo primero que habría que decir al respecto es que también ella nació, contra lo que podría creerse a primera vista, como un intento de pesificar la vida económica nacional: partía de asumir que ya nadie confiaba en el valor de la moneda local, ni en ninguna promesa que los gobiernos hicieran sobre su voluntad de defenderla; y proponía un camino para recuperar esa confianza tomándola prestada del dólar. Es decir, aceptaba la dolarización de hecho, pero no para reproducirla en el tiempo, sino para usarla en dirección a recrear una moneda local. Así, prohibiendo “para siempre” el recurso utilizado por todos los gobiernos previos de devaluar masiva y reiteradamente el tipo de cambio, el dólar iría con el tiempo transfiriendo confianza al peso, los ciudadanos y actores económicos serían crecientemente indiferentes a la opción de operar con una u otra moneda, y llegaría un momento en que la regla de cambio fijo sería prescindible. Como prometía Cavallo, llegado a ese punto el peso podría flotar como muchas otras monedas lo hacen frente al dólar, y hasta llegar a valer más que él. Algo que aquí y ahora mueve a risa, pero sin ir más lejos es lo que han ido logrando en los últimos años más y más países de la región.

Claro que, para que eso funcionara había que hacer una cantidad de cosas más después de renunciar a las megadevaluaciones: había que tornar solvente al estado, crear un mercado financiero y uno de capitales en pesos, lograr que en el ínterin el cambio fijo no resultara demasiado dañino para la competitividad internacional de la economía, etc.. Como se sabe, mucho de eso no se hizo. Y, lo que es más interesante del caso, en gran medida no se hizo debido al gran éxito inicial de la Convertibilidad: ella resultó tan eficaz en frenar en seco la inflación y reactivar la economía, que la coalición entonces gobernante se convenció de que no tenía sentido seguir haciendo esfuerzos para implementar medidas incómodas; al menos no mientras se pudieran compensar los déficits con privatizaciones y deuda.

Es cierto que el tiro de gracia al cambio fijo vendría finalmente del exterior, y se lo dio el “superdólar” de la segunda mitad de los noventa, que deprimió el precio de nuestras exportaciones y forzó a casi todas las economías con las que comerciaba la Argentina, y en particular a Brasil, a devaluar sus monedas (cuenta un funcionario de aquellos años que entrevistamos para el Archivo de Historia Oral, que los miembros más ortodoxos del gabinete de Menem habían saltado de alegría cuando se enteraron del triunfo de Bill Clinton en noviembre de 1992; creían que, como buen progresista, no tardaría en aumentar el déficit del gobierno norteamericano, generar inflación y debilitar el dólar a nivel internacional; en poco tiempo se vería que hacía todo lo contrario, apretando el nudo alrededor del pescuezo del “uno a uno”). Pero es cierto también que ya antes de que el fortalecimiento del dólar se revelara como una seria restricción externa, y en lugar de hacer las correcciones necesarias para resolver los problemas que iban surgiendo en el comercio exterior y el financiamiento del gasto público, se empezó paso a paso a reemplazar el sueño de “pesificar” por el de “dolarizar”: desde la crisis del Tequila en adelante las autoridades argentinas fueron renunciando a que los ahorros, los créditos y los bonos de deuda se nominaran en pesos. Creyeron que así no sólo reducían las tasas de interés, sino que aseguraban la gobernabilidad: elevando más y más los costos de una eventual salida del peso convertible, ella no se produciría, porque todo se convencerían de que había que aguantar, y que la opción era volver al pasado, caer en una devaluación caótica y políticamente inmanejable.

En alguna medida tuvieron razón, y la Convertibilidad duró mucho más de lo que la mayor parte de los analistas predijo. Y por algo su popularidad nunca fue tan alta como al borde del abismo: en las encuestas de fines de 2001 casi todos los argentinos querían un “cambio de modelo”, pero más del 80 % decía que el cambio fijo debía permanecer a toda costa.

¿Nunca debió entrarse a este régimen o fue una buena idea pero mal manejada? ¿Es cierto que, como ha dicho Cavallo y han repetido muchos funcionarios de De la Rúa, si se aguantaba hasta principios de 2002, cuando el dólar y las tasas de interés se desplomaron y las commodities subieron a todo vapor en los mercados internacionales, Argentina hubiera salido adelante sin necesidad de devaluación, default, ni 55% de pobres? Imposible saberlo. ¿Se equivocaron los políticos y los ciudadanos argentinos que pensaron que salir del “uno a uno” era liquidar la última promesa que nos mantenía unidos como sociedad, y el último recurso de gobierno que frenaba el caos total, pues volveríamos a los ciclos de inestabilidad y estancamiento del pasado? Indudablemente sí.

De todos modos, no deja de sorprender que, pasados diez años de una expansión tan veloz como inesperada, algunos de aquellos viejos problemas y las dificultades para encararlos reaparezcan tan prestos y rozagantes. Lo cierto es que Argentina halló condiciones inéditamente favorables para “pesificar” su economía, no sólo la de uso diario sino la de largo plazo, la del ahorro y el crédito, en el ciclo virtuoso creado tras la crisis de 2001-2. Pero en algún momento entre 2005 y 2006, por razones que todavía es difícil comprender, dejó pasar esa oportunidad. Y un lustro después parece ya no estar en condiciones de recuperarla. Al menos no sin hacer antes grandes esfuerzos y pagar significativos costos.

Lo peculiar de este nuevo ciclo de dolarización e inflación que vivimos desde que se tomó esa decisión es, por un lado, que sus costos no han recaído en el estado central: gracias a que él recauda en gran medida en dólares, logró pesificar buena parte de su deuda y a la vez escamotea de las cuentas la mayor parte de la inflación, puede concentrar los beneficios del impuesto inflacionario y descargar en los particulares, los niveles inferiores de gobierno y en sus acreedores los perjuicios correspondientes. Por otro, no deja de llamar la atención que la dolarización y la fuga hayan sido por largos cuatro años muy intensas pero también compatibles con un rápido crecimiento. El problema es que esa inédita compatibilidad parece haber llegado a su fin, y puede haber tocado la hora de que se sienta el impacto, y que él sea, en términos sociales, tan injusto como solía ser en el pasado: finalmente lo que la dolarización de ahorros y su fuga nos están diciendo es que los principales ganadores del crecimiento de estos años no se conforman con lo que ya recibieron ni aceptan ser también ellos burlados por el estado, y se preparan para que la socialización de pérdidas, cuando el pasado nos alcance, no los cuente entre las víctimas. Es apostar contra la suerte del país y de los que menos tienen, sin duda. Pero ¿cómo reprochárselo?

Publicado en La Nación, el 22/11/2011

 La vocación por intentarlo, al menos, está. Y unos cuantos factores juegan a favor: un optimismo social superior al de 1991, una legitimidad institucional mucho más incuestionable que en 1951, conflictos internos mucho menos intensos que en 1973, un contexto internacional, todavía hoy, mucho más favorable que en los tres casos precedentes, y, gracias a todo ello y a la inédita concentración de poder fiscal, una muy considerable masa de recursos para financiar el intento. Así vistas las cosas, ¿podría esta vez ser distinto y “no haber límite”?

 Hay quienes sostienen que el poder se auto limitará porque en verdad ya llegó a su meta. Que se repetirá más o menos lo de Perón al volver al poder en 1973, cuando anunció, para  decepción de sus seguidores más entusiastas, que en ese sencillo acto se daba por terminada la revolución. Cristina podría imitarlo si, como pareció querer decir en la noche del 23 de octubre, es cierto que no pretendía más que lo que ya logró y ahora se dedicará a “conservar”: velar por la continuidad de las transformaciones realizadas, buscar un heredero y pocas cosas más.

 Pero es difícil creer que ella, siendo relativamente joven y tan devota de Ernesto Laclau, justo cuando ha llegado a la cúspide del poder, motu proprio lo deje ir. Además, aun para esos acotados objetivos arriba mencionados podría necesitar más cambios, y algunos bien profundos, en el partido, el estado, la economía, eventualmente también en el régimen político. Precisamente por la memoria de lo efímero que suelen ser estos momentos de gloria, y por la experiencia recogida a lo largo de un extenso camino lleno de idas y vueltas, la inclinación a actuar “ahora o nunca” y a no ponerse límites tendería a predominar.

 Suponiendo que sea esto lo que suceda, aun habrá que ver qué objetivos se plantea, si unos medianamente respetuosos del pluralismo y las libertades, racionales y republicanos, o todo lo contrario. Y como el panorama es muy incierto en casi todos los terrenos es natural que muchos se pregunten si habrá algún obstáculo a eventuales intentos que no reúnan las condiciones señaladas y resulten ofensivos y excluyentes para porciones más o menos extensas de la sociedad, porque las dejen de forma permanente “fuera de juego”. Como ha sucedido ya con unas cuantas innovaciones kirchneristas que partidizaron el estado y crearon desequilibrios estructurales en el sistema político.

 Los opositores que aún sobreviven y los analistas apelan por estos días a tres tipos de límites para conjurar esperanzas al respecto. Los primeros son de naturaleza política, y refieren fundamentalmente a la heterogeneidad y el tradicional pluralismo interno del peronismo: es la tesis que Juan Carlos Torre ha vuelto a poner en circulación (véase el reportaje en La Nación del 7 de noviembre), según la cual esa fuerza funciona como un “sistema político en sí mismo” y crea su propia oposición. Si es así, habría que dejar que el propio partido de gobierno haga su trabajo y horade desde dentro las tendencias hegemónicas.

 El problema es que, al menos en lo que va del ciclo kirchnerista, este pluralismo interno ha probado ser bastante ineficaz para hacer ese trabajo. Lo hizo en alguna medida, es cierto, frente a la 125 y en las elecciones de 2009, pero contra la expectativa que entonces se generó en cuanto a una creciente autonomización de sus componentes territoriales y sectoriales se ha visto que el estado central y sus recursos lograron ser un antídoto eficaz. El hecho de que dos factores contingentes, la muerte de Néstor Kirchner y una muy favorable coyuntura económica, hayan sido necesarios para dirimir a favor del vértice las tensiones en el peronismo no alcanza para refutar el punto: lo cierto es que sus integrantes no pudieron coordinar nada autónomamente del centro y este terminó imponiéndose en forma aún más inapelable que en el pasado. Por otro lado, si se presentara una nueva coyuntura favorable para la disidencia (y la que todos señalan es, obviamente, la disputa por la sucesión presidencial en 2015) y los poderes territoriales y gremiales lograran quebrar la disciplina, el resultado más probable sería una nueva ruptura de la precaria unidad justicialista. Y ya se ha visto que de ella no resulta nada bueno para el sistema político. La pregunta es, entonces, si llegado el caso será posible alguna variante de competencia entre peronistas que sea compatible con el fortalecimiento de la institución partidaria, y por extensión, de las demás instituciones, y evite tanto la hegemonía del centro como un nuevo ciclo de fragmentación y desgobierno.

 El segundo conjunto de obstáculos a que se apela es económico y se funda en la muy probable circunstancia de que lo mejor para el kirchnerismo en este terreno haya pasado: él ya consumió las ventajas de la recuperación post 2001, de la captura y depredación de casi todos los recursos disponibles en el estado, y buena parte de los de la sociedad, y se enfrentará, de aquí en más, con cada vez menos margen de libertad, a circunstancias externas e internas no tan favorables. La conclusión es que habría que dejar que la economía haga su trabajo, y acote el margen de arbitrio y los sueños de grandeza del oficialismo (los desarrollos de esta tesis por parte de los economistas son muy variados, y en cuanto a los politológicos cabe recordar el artículo de Vicente Palermo en Clarín del pasado 22 de abril).

 Con todo, se ha visto ya que los límites económicos no suelen ser reconocidos como tales por el gobierno y que él ha encontrado una y otra vez la forma de radicalizarse frente a este tipo de dificultades. Tan es así que la economía, incluso por encima de los medios o la Justicia, resulta hoy por hoy el terreno en que más pleno dominio ha logrado el arbitrio presidencial, tanto a costa de las leyes del mercado como de las de la regulación pública, y ante la pasiva aquiescencia de los principales interesados. La pregunta sería: ¿hay posibilidad de que la escasez sea ahora aleccionadora y no radicalizadora? ¿Qué condiciones deberían reunirse para que, a diferencia de lo vivido entre 2008 y 2009, los problemas generados por las medidas que se han ido tomando, y los obstáculos que se encuentran para hacerlas funcionar, sean leídos como quieren los críticos y no como manda el manual de operaciones gubernamental (esto es, aumentar a toda costa la autonomía del decisor, subir la apuesta, fugar hacia delante, etc.)? Es cierto que por el mero deseo de heredar algo que funcione, algún sector del oficialismo estaría inclinado a corregir en serio el rumbo. Pero no parece ser esta la actitud más extendida ni la de quien toma finalmente todas las decisiones: que incluso las correcciones económicas se conciben “a lo Moreno” se comprueba en el particularismo con que se ha establecido quién puede o no comprar dólares, o con que se empieza a resolver quién seguirá o no recibiendo subsidios. ¿Existirá realmente un nivel de dificultad más allá del cual insistir con más de lo mismo no sea la opción más sencilla y tentadora?

 Finalmente, y dado que tal vez ni el peronismo ni la economía alcancen para refrenarlo, y ya descartamos la opción de que se frene a sí mismo, hay quienes sostienen que la última esperanza hay que depositarla no en la habilidad del gobierno para hacer el bien, sino en su inhabilidad para hacer el mal, no en su sabiduría sino en su torpeza. Un buen ejemplo de este argumento es un reciente artículo de Luis Tonelli en 7 miradas, (“La tan temida finitud” es su título) y una prueba empírica para sostenerlo es lo que han estado haciendo en estos días los funcionarios del área económica, y la propia presidente al coordinar sus pasos, en la batalla contra el dólar. Cuando todos esperaban (y muchos temían) que Cristina tomara la iniciativa para “profundizar el modelo”, consolidar sus apoyos, eventualmente reformar la Constitución, etc., se presentó un escollo que la mala praxis política empezó rápidamente a convertir en un profundo pantano, en el que podrían terminar sucumbiendo unos cuantos de los sueños oficiales.

 De todos modos, no debe escapársenos que circunstancias como ésta colocan a los opositores, y al país en general, frente a una paradoja que ya en el pasado probó ser muy traumática: si la última defensa contra un poder crecientemente autocrático resulta ser la propensión al error de sus agentes, la apuesta política de todos quienes desean un cambio termina consistiendo en que aquellos se equivoquen, no aprendan de sus errores sino que insistan en ellos, hasta que los costos resultantes convenzan a la sociedad de la inconveniencia de seguir confiando en su liderazgo. La política debería ofrecer más que eso, o tendremos por delante años penosos.

Publicado en TN.com.ar

Estas hipótesis comparten algunas premisas. 1) Suspenden los supuestos de racionalidad instrumental perfecta en que se fundan los paradigmas establecidos. La mayoría de los analistas supone, con sólidos fundamentos teóricos y amplia evidencia empírica, que restringir la compra de dólares cuando la tasa de inflación supera a la tasa de devaluación indica que el Banco Central no desea vender más dólares y que el dólar seguirá, al menos por ahora, barato. Pero ese impecable razonamiento excluye la posibilidad de que existan otros objetivos para cuyo logro estas decisiones sean medios racionales y quizás adecuados. 2) Las hipótesis toman en cuenta la historia de quienes toman las decisiones. Esa historia puede contener regularidades, patrones, ideas desde las cuales estas decisiones cambiarias serían consistentes, razonables, ordinarias, normales. 3) Las hipótesis prevén la posibilidad de que los actores deliberadamente despisten, engañen, induzcan a error a los observadores para lograr sus objetivos.

La hipótesis del sesgo cognitivo sostendría que el gobierno tomó estas decisiones cambiarias motivado por una visión intervencionista de la política económica para la cual es posible cambiar preferencias de los actores restringiendo o elevando los costos de acceso a ciertos bienes. Para esta visión, el ahorro en y la fuga al dólar son inconsistentes con un esquema económico en el cual la movilización del ahorro doméstico ha sido la clave para un proceso de crecimiento, incremento del empleo y caída de la pobreza. El ahorro en dólares no sería una preferencia auténtica de los argentinos sino una elección inducida por unos pocos actores con intereses fuera del mercado interno que por ello necesitan cada tanto modificar su rentabilidad o sus costos en moneda extranjera. Las medidas cambiarias apuntarían a restaurar la consistencia del esquema económico: si el público se convence de que es más costoso ahorrar en dólares que en pesos, volcará su ahorro en el sistema financiero doméstico, con lo cual aumentaría el crédito para las empresas y se estimularía el crecimiento de la economía. Las medidas cambiarias serían consistentes con el historial de la política económica kirchnerista: la economía argentina creció a tasas elevadas cuando se garantizó, aun de manera imprecisa e informal, la estabilidad cambiaria – i.e. cuando el gobierno de Kirchner estableció “la convertibilidad a tres pesos” y el de Fernández impuso un “creciente retraso cambiario”. El sesgo cognitivo es por naturaleza conservador: si las cosas funcionaron bien así – si la economía creció, el desempleo y la pobreza cayeron, y el gobierno fue reelecto – no hay motivos para hacer nada distinto.

Esa visión intervencionista omite los potenciales efectos recesivos y anticompetitivos de estas medidas cambiarias. Tal omisión le impide contemplar los costos económicos y políticos que crecerían si expectativas y precios pasaran a orientarse por el dólar paralelo, la inflación se acelerara, los sindicatos incrementaran sus demandas salariales, y el gobierno debiera responder lanzando un programa de estabilización para reencauzar la situación. La hipótesis del sesgo cognitivo caracterizaría las decisiones cambiarias como un caso de racionalidad limitada por la visión intervencionista de la política económica.

La hipótesis de la astucia tortuosa sostendría que el gobierno impuso estas restricciones cambiarias con el objetivo de crear condiciones para introducir medidas de estabilización. Las restricciones inducirían una desaceleración que bajaría la inflación, reduciría las demandas salariales y el nivel de devaluación necesario para restaurar la competitividad, volvería consistentes las metas y supuestos del Presupuesto 2012 y, al cabo, permitiría volver a las políticas expansivas. Esta astucia sería tortuosa porque impondría costos a la economía y al gobierno que podrían evitarse lanzando un programa de estabilización. Pero este tortuoso camino a la estabilización sería consistente con una visión del gran juego político donde la política económica se insertaría y con los antecedentes del kirchnerismo. El gran juego político que el gobierno parece jugar no es el de la política económica de corto-mediano plazo sino el de la historia. En ese juego, no sólo los resultados económicos son un activo para el kirchnerismo sino también su identidad política, y esta identidad, en política económica, se orienta por dos reglas: un gobierno kirchnerista no anuncia programas de ajuste y siempre usa instrumentos intervencionistas de ajuste económico. Las reglas pueden parecer contradictorias, pero no funcionan como tales. La primera regla es retórica: no postula renunciar a toda política de ajuste sino abstenerse de anunciarla. La segunda regla es pragmática: se usan instrumentos intervencionistas porque ellos permiten apropiarse del rédito político por los resultados. En este gran juego político, entonces, el objetivo táctico es que las condiciones para introducir ajustes en la economía no sean atribuidas al gobierno sino a actores impopulares como los especuladores, quienes cargarían con el costo de inducir las medidas estabilizadoras que se presentarían como respuestas a la acción destituyente de los enemigos del pueblo. La desaceleración y la pérdida de capital político serían costos necesarios y transitorios, ulteriormente compensados por los beneficios de la estabilización. Esta astucia tortuosa sería coherente con los precedentes oficiales: aumentos tarifarios a las industrias ante las presiones por incrementos en gas y electricidad; controles directos de precios y costos como respuesta a la aceleración inflacionaria; estatización de las AFJP para revertir el impacto de la crisis internacional y el conflicto agrario sobre los ingresos públicos. La hipótesis de la astucia tortuosa explicaría estas medidas cambiarias como una táctica para facilitar la imposición gradual de medidas estabilizadoras con baja resistencia potencial de los actores económicos.

Si esta última hipótesis no resulta ser un ocioso contrafáctico, la política económica argentina habrá regresado a los años 80, cuando el gobierno de Alfonsín lanzó el Plan Austral luego de inducir aumentos de precios, tarifas y salarios orientados a generar condiciones sostenibles para la estabilización – pero sólo en parte, porque ese plan reactivó, no desaceleró la economía. Si, en cambio, el sesgo cognitivo explica estas medidas cambiarias, el futuro estará teñido de un pasado más añejo y menos promisorio.

Publicado en El estadista

En un post anterior habíamos mencionado tres posibles alternativas de política económica del gobierno pasadas las elecciones: moderación (definida por políticas pragmáticas de ajustes graduales, más abiertas a las demandas empresarias e intentando aminorar ciertos desequilibrios fiscales y cambiarios), postergación (basada en demorar decisiones fuertes manteniendo las principales variables inalteradas para tratar de sostener el equilibrio vigente) y radicalización (aprovechando el capital político para tomar medidas más drásticas sostenidas en un mayor papel del Estado como árbitro y más cercanas a las demandas del sindicalismo en referencia a los incrementos salariales).   ¿Cómo podríamos entonces definir las nuevas medidas económicas?  Claramente el gobierno ha desestimado la postergación.  Las últimas políticas parecen reconocer ciertas inconsistencias que impedirían mantener el equilibrio actual sin ningún tipo de intervención.

Resta entender si el gobierno ha decidido tomar manos en el asunto a partir de la moderación o la radicalización.  En este punto, el comportamiento del gobierno es ambiguo.  Por un lado, ha comenzado a eliminar subsidios en ciertas áreas de servicios públicos.  Esto nos induciría a pensar que las autoridades están dispuestas a implementar medidas más pragmáticas para reducir el gasto público.  El nivel de gasto público era ya un enorme desafío dado su notorio crecimiento en los últimos años.  Especialmente considerando el peso que implicaba su avance sobre un nivel de recaudación y de financiamiento que parece no poder sostener la velocidad de incremento del gasto. Incluso la satisfacción del empresariado con la eliminación de los subsidios puede considerarse como una evidencia más de esta tendencia a la moderación por parte del gobierno.

Del otro lado, el gobierno ha impuesto fuertes controles para el cambio de moneda que son poco asimilables a una estrategia de moderación. Los controles que dificultan la compra de dólares y que requieren autorización directa del Estado en todos los casos responden más a un modelo de radicalización con amplia injerencia estatal.   Si las políticas de moderación tendieran a satisfacer las necesidades del empresariado, la nueva imposición de liquidar la divisa extranjera en el país al sector minero y petrolero, como así también la obligación de repatriar capitales a las aseguradoras, no gozan de tantas simpatías –especialmente en los sectores afectados-.

Con sus decisiones recientes el gobierno reconoce que la baja en el precio de los commodities, la depreciación gradual del real y la potencial caída de la demanda internacional de bienes rompe el equilibrio actual, que ya no debe asumirse duradero. Si bien queda claro que la razón por la que el gobierno ha comenzado a eliminar subsidios está asociada a equilibrar las cuentas fiscales, tal vez habría que analizar un poco más en detalle el motivo de los mayores controles cambiarios. La respuesta más simple es justificar estos controles por un ataque especulativo contra el peso. Si es así, el endurecimiento sería una reacción a dicho ataque.  Lo llamativo es que en general estos ataques tienden a suceder con gobiernos debilitados política y/o económicamente. Un gobierno débil sería más endeble ante ese escenario. Sin embargo, la salida de capitales coincide con una Presidenta que está en sus niveles más altos de legitimidad y poder político.

De modo que la explicación debería buscarse en las perspectivas de mediano plazo de la economía. Pero es en este punto donde el gobierno ha comenzado a tomar medidas para equilibrar las cuentas públicas.  En consecuencia, si logra controlar la salida de capitales en el corto plazo la probabilidad de seguir un camino de moderación se incrementa. Una vez conjurada la especulación cambiaria, iniciaría una devaluación gradual de la moneda para restaurar la competitividad perdida. Además, hoy el gobierno cuenta con el capital político necesario para enfrentar reclamos sindicales que se deriven de la devaluación.

Si resuelve estas pruebas con éxito hay razones tanto para la radicalización como para la moderación. Una intervención exitosa en el mercado cambiario podría justificar más regulaciones y más radicalización.  Sin embargo, resulta también probable – dada su distante relación actual con los sindicatos y más próxima con los empresarios- que se disponga a complementar las iniciativas moderadoras en el área de subsidios, y por tanto flexibilice algunos aspectos del control cambiario una vez que la salida de capitales disminuya.

Aunque los estudios suelen tener como objeto el presidencialismo norteamericano, varios papers de ciencia política (ver más al final del post) muestran que la evolución de la economía ejerce una influencia que puede ser decisiva sobre el voto ciudadano. Sostienen que hay una correlación entre algunas variables macroeconómicas y la suerte electoral de los gobiernos, que es más visible aún en casos de reelección presidencial (ver el trabajo de Celeste Ratto sobre los casos latinoamericanos pos reformas y el impacto de la configuración institucional)

Simplifiquemos y tomemos dos indicadores que teóricamente tienen influencia sobre el voto: un mayor crecimiento económico aumentaría la probabilidad del voto a un presidente que busca reelegirse y una mayor inflación disminuiría la propensión a preferir votar al gobierno.

La economía se expandió a un ritmo notablemente alto durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Creció a un promedio anual del 7,7% (acumula entre 2003 y 2011 un incremento del 70%). Durante el gobierno de Néstor el Producto se expandió en promedio un 8,2% anual por año, un 44% en sus algo más de cuatro años de gobierno. A lo largo del gobierno de CFK – entre 2008 y 2011- el PBI creció a un promedio del 6,3% anual (25,2% en los cuatro años).  El contraste coyuntural de 2011 con las economías más avanzadas del mundo es significativo: después de China, Argentina tendrá uno de los incrementos del PBI más elevados del mundo (8,3% aprox.).

Durante estos años se incrementó la inversión, pero fue el consumo uno de los motores en los que se apoyó el crecimiento sostenido: se elevó un 72,2% entre 2005-2010. Los altísimos precios de los productos agrícolas permitieron al gobierno financiar el consumo privado de modo que muchos hogares pudieron acceder a bienes de consumo durables. Sin embargo, el ritmo de crecimiento, el aliento al consumo, y la ausencia de metas monetarias compatibles con una inflación moderada, produjeron un incremento sostenido del nivel de precios. La inflación ha sido una amenaza siempre latente al equilibrio macroeconómico y un daño para los ingresos. Los ciudadanos han convivido con una inflación de dos dígitos desde el 2006 que es minimizada en las estadísticas oficiales por un cambio en la medición del índice de precios al consumidor que elabora y procesa el gobierno nacional.

El gobierno logró compensar (parcialmente) de varias maneras el daño sobre los ingresos de la población. El comportamiento inédito del PIB indujo un mayor poder de negociación de los sindicatos –apoyados por el gobierno- cristalizado en incrementos significativos de los salarios de trabajadores formales, además de un aumento sostenido de los recursos fiscales. Las presidencias de los Kirchner dispusieron de fondos que se dirigieron mayormente a tres objetivos. A subsidiar al consumo de energía y el transporte destinaron ingentes recursos que aumentan año tras año con el fin de mantener congeladas las tarifas de servicios públicos y de ese manera compensar parte del impacto de la inflación sobre los sectores medios y bajos urbanos. En segundo lugar, en 2009 el gobierno de CFK impulsó la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sólo los aumentos salariales conseguidos por los trabajadores formales y la AUH han moderado la pérdida de la capacidad de consumo que inflige la inflación a los trabajadores y los sectores más desprotegidos. En tercer lugar, buena parte de los recursos fiscales se distribuyen hacia los niveles subnacionales de gobierno a través de las tranferencias automáticas regladas por el sistema de coparticipación federal de impuestos. De modo que la bonanza económica no sólo ha inducido el voto por el gobierno nacional sino que también ha influido sobre las elecciones provinciales y municipales, donde la mayoría de los oficialismos, sean ellos o no afines al gobierno nacional fueron -en su mayoría- reelegidos. En los tres distritos más importantes del país los votantes optaron por revalidar la gestión de partidos de diferente color al oficialismo nacional. Mauricio Macri (PRO), fue reelegido como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  el Socialismo de Hermes Binner consiguió mantenerse en el gobierno en la provincia de Santa Fe, y el peronismo disidente logró de la mano de José Manuel de la Sota conservar la provincia de Córdoba.

La explicación que atribuye peso a los resultados económicos en el voto también es consistente con la derrota electoral del kirchnerismo en las parlamentarias de 2009: el 2008 fue el único año en que cayó la actividad económica. Pero ¿es posible explicar sólo con los resultados económicos el pasaje del rechazo en las elecciones de 2009 al triunfo arrollador en 2011? Claramente, es imposible soslayar el conflicto con el campo durante 2008, el rol y la muerte de Nestor Kirchner, los efectos de la ley de medios y del programa “fútbol para todos” a partir de 2009 y la incapacidad de la oposición para coaligarse y para generar liderazgos. Todo eso será tema de otro post.

Fuente: www.elruidodelasnueces.com.ar/

Otros artículos académicos sobre la relación entre resultados económicos y voto

Erikson, Robert S. 1989. ” Economic Conditions and The Presidential Vote,” The American Political Science Review 83 ( 2): 567-573.
Fair, Ray C. 1996. “The effect of economic events on votes for president: 1992 update,” Political Behavior 18 (2): 119-139.
Lewis-Beck, Michael S. and Mary Stegmaier. 2000. “Economic Determinants of Electoral Outcomes,” Annual Review Of Political Science 3: 183-219.
Nadeau, Richard and Michael S Lewis-Beck. 2001. “National Economic Voting in U.S. Presidential Elections,” The Journal of Politics 63 (1): 159-181.

Una cuestión clave es entender cuáles son los escenarios posibles que se podría encontrar el sector empresario después de las elecciones. Esto sin dejar de considerar que las políticas hacia el empresariado no ocurren en un vacío político sino que son consecuencia de un complejo entramado en donde las relaciones del gobierno con el resto de los actores (sindicatos en el caso de los ajustes salariales por ejemplo) tienen efectos directo sobre las firmas.  Habría tres situaciones factibles que el gobierno podría generar.  En primer lugar, implementar una estrategia moderada caracterizada por un pragmatismo en sus políticas económicas que intente ajustes graduales, tanto a nivel cambiario como salarial, tratando de mantener las ventajas comparativas de la industria y otros sectores exportadores.

En segundo lugar, el gobierno podría postergar cualquier tipo de decisión intentando mantener el status quo vigente que, en última instancia, ha sido instrumental al éxito electoral del gobierno.  Bajo esta consigna el Estado trataría de sostener el tipo de cambio actual, controlar los ajustes salariales intentando modificaciones parciales y continuar con los subsidios en sectores claves que afectan al consumo como el transporte y otros servicios públicos.   De todos modos, la crisis económica internacional,  la caída del precio de los commoditties y los efectos sobre el principal socio comercial Argentino (Brasil), pueden forzar ajustes que inevitablemente resquebrajarían este equilibrio.  Es de esperar que el enfriamiento de la economía brasilera y la gradual pero creciente devaluación de su moneda afecten directamente la salida y competitividad de los productos argentinos.  Estos fenómenos modificarían inevitablemente el status quo vigente.  Incluso la inacción del gobierno en materia cambiaria implicaría una decisión de política económica en sí misma que permitiría la apreciación del peso.  Cuanto más demore el gobierno menor será su margen de maniobra tanto político como económico.

Finalmente, el gobierno también podría utilizar el capital político adquirido y tomar medidas más radicales como el desdoblamiento del tipo de cambio e importantes aumentos salariales que incrementarían la intervención estatal, probablemente con importantes efectos sobre el presupuesto público. Políticas económicas que impongan altos costos a algunos sectores -como el campo o el sector financiero- o una mayor intervención estatal en sectores claves de la economía serían evidencia de esta radicalización.

Las primeras dos opciones parecen tener más chances de ocurrencia si se tiene en cuenta que el gobierno ha mostrado señales de que intentaría mejorar la relación con el sector empresario profundizando el pragmatismo y la moderación en sus medidas económicas sin alterar el delicado equilibrio que le ha servido para no generar conflictos de alta sensibilidad como los del campo en el 2008.  Mover las piezas de forma tal que produzcan un quiebre en las reglas de un juego que hasta ahora le ha sido favorable, y que ha posibilitado resultados tan positivos a nivel electoral, sería desacertado.  Si el gobierno mantiene una posición pragmática moderada, es de esperar que el tipo de cambio se ajuste lentamente ya que esto dejaría satisfechos a diversos sectores del empresariado como el industrial y el agrario.  En materia salarial, el reciente ajuste sobre el salario mínimo dejó satisfecho al sector empresario pero no se debe olvidar que esta medida se vio influida por el deterioro de las relaciones con Moyano.  Los vaivenes de la relación con el sindicalismo y lo que ocurra en el futuro en la cúpula de la CGT tendrá un factor determinante en el comportamiento estatal a la hora de arbitrar sobre los ajustes salariales.  Como consecuencia, el sector empresario podría verse beneficiado o perjudicado por un conflicto interno dentro del kirchnerismo que le es ajeno.

A continuación se presenta un cuadro con las diferentes alternativas que posee el gobierno y sus efectos sobre el sector empresario:

Opciones del Gobierno
	Radicalización	Moderación	Postergación
Políticas Económicas Específicas	* Desdoblamiento cambiario	* Ajuste gradual y moderado de tipo de cambio	* Atraso   Cambiario Gradual.
	* Aumentos importantes en los salarios	* Límites a incrementos salariales	* Ajustes salariales contenidos
	* Continuidad en subsidios y gasto público	* Gradual eliminación de subsidios en sectores de consumo clave (ej. transporte, energía, etc)	* Continuidad en medición inflacionaria
	* Sin cambios en mediciones inflacionarias	* Contención del gasto público	* Persistencia de Subsidios
Reacción del Sector Empresario	Sistema que pregona mayor discrecionalidad	Satisfacción empresaria	Corto Plazo:Inacción y escaso reclamo público.
	* Rol clave de UIA y otras entidades empresarias en negociación con el gobierno	Bajo nivel de demandas y mayor apoyo público de entidades empresariales	Mediano Plazo:Incremento de demandas ante desajustes por cambios en contexto internacional
	* Mayor lobby y demandas por la obtención de beneficios

En conclusión, aún hay incertidumbre sobre las políticas económicas con implicancia directa para el empresariado.  Si bien no es posible descartar que el gobierno decida tomar medidas de elevado pragmatismo económico o bien una injerencia más radical del Estado ambos extremos son menos probables que la postergación o un pragmatismo moderado que contemple un acomodamiento de ciertos elementos de la política cambiaria y salarial.