Otro 18 de julio sin justicia y con muchos lamentos. Lamentos profundos, añejos, de familiares y amigos de las víctimas, lamentos de ciudadanos desorientados, atónitos. También lamentos, tweets y estados de facebook de políticos, ministros, exministros, jefes de gobierno, parlmentarios, secretarios, subsecretarios, ”jefes, contrajefes, truco y contraflor al resto”. El horror en palabras que se vuelven palabrerío. Si no hay decisiones políticas, si no hay un verdadero intentar algo nuevo atrás de cada lamento repetido, la palabra política no sólo se vacía, se vuelve insulto a las víctimas y a la ciudadanía.

El 4 de marzo de 2005, a través del decreto 812 el Estado Nacional asumió una responsabilidad sin precedentes: el reconocimiento de su propia responsabilidad en la falta de prevención y de justicia, y la promesa de medidas concretas para evitar nuevos atentados, nuevas corrupciones, nuevos desvíos. El decreto contiene los compromisos asumidos por el Estado Argentino con los familiares y víctimas del atentado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el punto 5.a. nuestro Estado se compromete a “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la SECRETARIA DE INTELIGENCIA”. Cualquiera sea la interpretación que se le de a la palabra “transparentar”, eso no ha ocurrido.

El Congreso no realiza ninguna fiscalización real para verificar si el presupuesto destinado a actividades de inteligencia se ejecuta de modo adecuado para asegurar la defensa nacional y dentro de los marcos de la legalidad. Es decir, con el control institucional actual, no podemos saber si el gasto de inteligencia realmente es eficaz para prevenir un tercer atentado o para evitar el pago ilegal a testigos.

Los pocos proyectos elaborados a tal fin y presentados al parlamento no lograron prácticamente avance legislativo alguno. El Poder Ejecutivo Nacional no generó iniciativas relevantes con posterioridad al decreto 812/05. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires designó como jefe de la policía metropolitana a Jorge “Fino” Palacios, investigado por irregularidades en la causa AMIA cuando se desempeñaba en la Policía Federal, primero, y por actividades de escuchas ilegales ya en la función metropolitana. En 2006 y recientemente se filtraron e-mails privados de periodistas, funcionarios y hasta artistas de TV. Acaba de ocurrir nuevamente. La sospecha de ex agentes de inteligencia se hizo presente otra vez. La falta de mecanismos institucionales eficaces de control de las actividades de inteligencia, la falta de voluntad política del gobierno y de la oposición de legislarlos y usarlos, la falta de castigo político a este desinterés, el fácil expediente del lamento y la solidaridad de palabra deberían llenarnos de vergüenza.

Para el año que viene, no hacen falta tweets, ni facebook, ni siquiera la simbólica presencia física en los actos recordatorios. Hacen falta medidas concretas. Una reforma de la ley de inteligencia que permita un efectivo control parlamentario sería un modo de mostrar que el corazón realmente está donde las palabras de solidaridad del día de hoy dicen que está. Con las víctimas y por un verdadero nunca más.

El entendimiento entre los Kirchner y Bonafini se basó en varios acuerdos, los hubo prácticos y los hubo ideológicos, algunos beneficiaron a la democracia argentina, como la reapertura de juicios por la represión ilegal durante la dictadura, y otros fueron más discutibles o directamente perjudiciales, como los que están saliendo a la luz en estos días.

Entre las cuestiones ideológicas que cimentaron esa alianza se destaca el interés por reivindicar a las víctimas de la represión no sólo como ciudadanos, es decir titulares de derechos individuales que habían sido atropellados desde el estado, sino como actores políticos, protagonistas de proyectos de cambio que podían servir de fuente de inspiración y guía en el presente. En alguna medida al menos, porque en este terreno no dejó de haber sustanciales diferencias entre Bonafini, que reivindica desde mucho antes de que los Kirchner llegaran a la Casa Rosada el proyecto revolucionario que animó a los desaparecidos, o al grueso de ellos, y llegó incluso a pedir que “los FAL con que combatieron nuestros hijos estén expuestos en la ESMA”, y la línea oficial, que recoge las ideas setentistas pero no todos los hábitos ni las prácticas políticas de aquella época.

En lo que sí coincidieron plenamente fue en usar esa memoria de los setenta, y la autoidentificación como “herederos y continuadores de aquellas luchas” como arma discursiva para descalificar y poner fuera del campo de legitimidad democrática a sus adversarios: porque si el kirchnerismo era “hijo de las madres” y heredero de las víctimas, quienes lo criticaban podían ser tachados de continuadores o herederos de los victimarios. Los ejemplos de cómo se ha aplicado esta operación son tan abundantes y conocidos que no hace falta explayarse: goles secuestrados, Papel Prensa, las adopciones de Herrera de Noble, los “grupos de tareas” de los piquetes ruralistas, etc.. En este sentido es poco lo que los oficialistas pueden reprochar a los Schoklender, porque lo que éstos hicieron fue, cuanto más, transitar desprolija y torpemente el camino que los Kirchner habilitaran para usar los derechos humanos como enjuague bucal de las más diversas tropelías.

Esa operación, para ser mínimamente creíble necesitó de una anterior, la que disculpó a los revolucionarios de los setenta de cualquier responsabilidad en la escalada de violencia que vivió el país desde bastante antes del golpe de 1976. Esta operación primera y fundamental apuntó a desterrar cualquier discusión sobre el tema, volviendo imposible siquiera tomar en consideración hechos muy notables y conocidos, como el número, las circunstancias y la condición de los muertos que la guerrilla acumuló en su haber a partir de 1970. La fórmula escogida para concretar esta operación de borramiento u olvido fue la impugnación de la “teoría de los dos demonios”, argumento por cierto precario y objetable, tanto en términos morales como históricos, que formulara Alfonsín en la transición democrática para crear un espacio de negociación entre versiones extremas e irreconciliables sobre el pasado inmediato. El problema es que, lo que el kirchnerismo ha ofrecido en su lugar no supuso una lectura superadora, ni moral ni históricamente, sino una suerte de involución hacia las tesis ya harto trajinadas en los años sesenta y setenta en cuanto a que “la violencia de arriba legitima la violencia de abajo”, “los pueblos, y por extensión sus vanguardias políticas, tienen un derecho natural a la revolución”, y “la superioridad moral de la izquierda, que la habilita a forjar ´un país mejor` (como si los demás no desearan, en sus términos, eso mismo) y justifica que ella ejerza cierto grado de coerción y violación de derechos sobre sus oponentes, moralmente inferiores”. Criterio este último que, se ha visto, Bonafini aplica tanto a la rendición de cuentas por el uso de fondos públicos como a la discriminación entre buenos y malos periodistas, buenos y malos actos de terror, etc..

Todo esto sirvió para que Mirtha Legrand, Clarín, la Sociedad Rural o los herederos de Ricardo Balbín pudieran ser considerados responsables de lo sucedido a partir de 1976, y disculpar en cambio a los Montoneros y el ERP, y lo que ha sido más sutil y aun más útil para el oficialismo, que los peronistas se vieran en la necesidad de alinearse silenciosamente detrás de este relato, a riesgo de que se les recordara su aval o tolerancia (compartida por muchos otros, aclaremos) a la represión ilegal, antes y después del golpe, y se los excluyera del “campo nacional y popular”, monopolio de la virtud y la legitimidad.

Esta “teoría de un solo demonio” ha sido terriblemente tóxica para la democracia argentina, para nuestra cultura política y, lo que es ahora visible, para la causa de los derechos humanos. No simplemente porque la corrompió con dineros públicos y manejos propios de la peor política partidaria. En esencia, era ya tóxica antes de que el dinero empezara a fluir a manos llenas en las cuentas de Sergio Schoklender; lo fue cuando la divorció de los principios liberal democráticos, cuando la llevó a mentir alevosamente sobre el pasado, y convirtió la legitimidad de los derechos humanos en el arma con que una facción podía acallar a una enorme gama de actores sociales y políticos. Cuando debilitó todo principio de pertenencia y convivencia colectiva para afirmar como “carta de triunfo” los derechos de las víctimas y sus representantes.

Italia tiene una historia en muchos aspectos parecida a la nuestra. Pero las diferencias culturales y políticas actuales en este terreno son más instructivas que las similitudes. Uno puede encontrar en muchas ciudades italianas homenajes a los muertos de la resistencia antifascista. Mientras que el estado paga religiosamente las pensiones de los veteranos de la Segunda Guerra. No por eso reivindica su participación en ese conflicto. Y lo que es más importante, a nadie se le ocurre por una cosa o la otra confundir a la resistencia con las Brigadas Rojas.

Publicado el 21 de junio de 2011 en www.lanacion.com.ar

Fuente: articulos-interesantes.blogspot.com

Hay procesos que se alimentan solos. El de la violencia suele ser uno de ellos. Se planta una semilla y, si germina, se inicia una reacción en cadena: se propaga por imitación, se justifica por las reacciones de las víctimas, que en vez de “disculparse” se “autoinculpan”, se normaliza y extiende a nuevos territorios, con nuevos fines.

Nada indica que el kirchnerismo esté moderando o refrenando en alguna medida este proceso. Todo lo contrario. Es cierto que se cuida más la retórica utilizada desde el atril. Pero el objetivo de “señalar” objetivos y justificar su exclusión violenta de la vida pública y, en lo posible, de la comunidad, sigue en pie y a toda máquina. Con lo que la situación puede estar empeorando, y encima hacerlo sutilmente, desactivando las esperables resistencias: el problema no está sólo ni principalmente en el bloqueo gremial a un diario o en la invitación grotesca de la Secretaría de Cultura a “golpear al gorila”, sino sobre todo en la espontánea reproducción de este tipo de acciones.

El mecanismo utilizado es de libro, y hasta aquí ha funcionado más o menos así: primero, el enunciador oficial se arroga la condición de víctima y una posición de debilidad relativa, apelando a resentimientos presentes en la sociedad, fruto de las muchas ocasiones en que ella se ha sentido víctima de algo, con más o menos razón según los casos; segundo, se atribuye un poder extraordinario y hasta allí oculto a un grupo difuso de enemigos a los que se identifica con una condición X que los enfrenta irreparablemente al resto de la sociedad; por último, se postula más o menos abiertamente que dado que ese enemigo es la causa de los problemas, de su extinción depende la solución. Todos los populismos han usado con mayor o menor asiduidad e intensidad estos recursos. La pregunta que cabe hacerse es si el kirchnerismo los está extremando, y hasta dónde querrá y será capaz de llegar. Y una preocupante señal a este respecto es la profundidad social que están adquiriendo tanto los objetivos como los métodos.

Los objetos de la violencia, los enemigos, habían sido hasta aquí de naturaleza “política”: fueron identificados en esa arena bien por acciones del pasado, lo que habían hecho durante la dictadura, bien por lo que hacían ahora, sus posiciones críticas hacia el gobierno en los medios. Y la “respuesta”, la represalia en la forma de escraches, golpes o “señalamientos” que podían dirigirse por igual a un represor o a periodistas del grupo Clarín y aledaños, escogidos estos últimos según su peligrosidad, esto es su eficacia para dañar la imagen del oficialismo, tenía también fines políticos.

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El lugar estelar que fueron ocupando en las últimas manifestaciones oficialistas, y en particular en la del 24 de marzo de este año, algunas figuras mediáticas de tiempos del Proceso podría considerarse entonces como el mero fruto de la superposición de ambas categorías. Por tanto, que una figura en principio tan poco relevante en la vida política como Mirta Legrand haya pasado a ocupar un lugar prominente en el patíbulo de los enemigos del pueblo no debería sorprender demasiado, ni de ello cabría deducirse ningún cambio o maduración en el proceso que sigue la violencia.

Hay, sin embargo, una novedad. Y es que a través de Mirta el “enemigo” se vuelve más social que político, su condición se asocia ahora más a lo que él es que a lo que hace: lo que se ataca, atacando a la señora de los almuerzos, no es una posición política sino su ausencia, es una función y condición social más que una posición; es ese sentido común bastante banal, por regla general acomodaticio y también algo hueco, que ayuda a formar en alguna medida la opinión pública, de este como de muchos otros países, porque su función es esencialmente dar cabida a la circulación y el entrecruzamiento de muy distintos argumentos (ellos sí políticos). Es esa función lo que el oficialismo parece ahora empeñado en alterar de raíz. Para reemplazarla por algo que no sería para nada acomodaticio: debería ser entusiasta, militante. Aunque dicho entre nosotros no está muy claro que pudiera dejar de ser todo lo banal y hueco que puede ser la Legrand (a menos que nos creamos que hay más contenidos, ideas y valores innovativos, más profundidad interpretativa y apertura al mundo en la exposición de Albistur y Coscia en el Palais de Glace que en las tertulias televisivas de la señora).

Del hecho de que el enemigo sea ahora más social que político se desprende además de un objetivo, un método nuevo para el ejercicio de la violencia: la invitación a los asistentes a la marcha del día de la memoria para que escupieran o arrojaran otras excrecencias en los carteles con la imagen de Mirta, y la participación de familias con niños pequeños en esta suerte de happening de la humillación, son toda una novedad. Que la innovación la haya producido un grupo ignoto, seguramente actuando por su cuenta, no hace las cosas menos graves sino todo lo contrario. Revela que hay un evangelio y evangelistas disponibles para extender la guerra iniciada desde el poder, y hay cada vez menos sensibilidad y vergüenza ante la imagen, el shock estético que a cualquier persona normal, con “sentido común”, le produce el acto violento.

Fuente: articulos-interesantes.blogspot.com

Hay cosas que se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan. Tal vez esté siendo demasiado pesimista, pero me da la impresión de que si Cristina Kirchner gana las próximas elecciones, y sobre todo si ella y quienes la acompañan se hacen a la idea de que ganan por la razones que los promotores de la violencia están diciendo que van a ganar, asumiendo que la sociedad está dispuesta a “premiar al vicio”, entonces más y más gente se convertirá en objeto de la violencia, y deberá acostumbrarse a vivir con miedo.

No obstante, este cambio llega a raíz de un conflicto que se presenta en un escenario particular: dos niveles de gobierno, el porteño y el nacional, “superponen” en la Ciudad de Buenos Aires sus prerrogativas en el control de la seguridad pública. Esta superposición, no obstante, es aún relativa dado que la Policía Metropolitana tiene funciones sumamente acotadas. Al final del día, la Policía Federal sigue siendo la encargada de ejercer las tareas de prevención y castigo del crimen en el distrito porteño. El hecho de que la Gendarmería y la Prefectura se hayan hecho cargo de la seguridad en el área demostró apaciguar los ánimos entre los involucrados en los hechos de violencia. Pero esto no es nuevo, y podría ser un indicio de una tendencia que ya se viene registrando en las provincias de Buenos Aires y Mendoza: el despliegue de fuerzas de seguridad pública para realizar tareas en forma permanente que corresponden a fuerzas locales. Teniendo en cuenta el conflicto presupuestario entre el gobierno nacional y la jefatura de gobierno porteña que mantiene a la Policía Metropolitana en la minoría de edad, y la poca efectividad que demostró la PFA, esta situación podría resultar la menos costosa en términos políticos. Pero la elusión de la culpa no resuelve la situación de fondo: el gobierno porteño no es capaz de resolver conflictos sociales que acontecen en su área territorial. Una mayor superposición entre las distintas fuerzas abre sólo una fuga hacia delante, y ningún gobierno tiene interés en alterar ese statu quo.

Las consecuencias más directas de los hechos de Villa Soldati en política de seguridad, a saber, la creación de un Ministerio de Seguridad a nivel nacional y una mayor superposición de fuerzas de seguridad interior correspondientes a distintos niveles de gobierno, plantean dos interrogantes: ¿Por qué seguridad y derechos humanos son compatibles después de Villa Soldati y no inmediatamente después de Formosa? ¿No deberían ser tan igualmente reprochables en todo caso las declaraciones del Ministro de Gobierno formoseño como las del Jefe de Gobierno porteño?

El suyo no es el primer caso de “amateurismo diplomático ideológicamente motivado”, ni es la primera vez que un lenguaje directo y una actitud frontal de enviados del Departamento de Estado para lidiar con el caso argentino producen cortocircuitos con las autoridades locales. El antecedente de Patricia Derian viene muy a cuenta en ambos terrenos. También Derian, subsecretaria de Estado para los Derechos Humanos durante la gestión de James Carter, carecía de antecedentes profesionales y en cambio tenía unos cuantos en la lucha por los derechos civiles en su país. Ello la llevó precisamente a elegir al Proceso como campo de pruebas en que se demostraría la posibilidad y conveniencia de usar las armas de la diplomacia no simplemente para defender los intereses propios, sino para lograr cambios en el comportamiento de los demás gobiernos hacia sus propios ciudadanos. A consecuencia de lo cual Derian chocó frontalmente con las Juntas, en polémicas, planteos y sanciones que se conocerían en detalle años después, gracias a los documentos desclasificados a través de la Freedom Information Act (la norma que antes de que apareciera Wikileaks permitía acceder a información reservada de las agencias gubernamentales de Estados Unidos).

También Derian fue acusada por los funcionarios argentinos de entonces de “ingerencia indebida en asuntos internos”. A lo que contestó que la violación sistemática de los derechos humanos por parte de los gobiernos no era un “asunto interno”, sino un legítimo motivo de preocupación de toda la comunidad internacional. Y por tanto, parte necesaria de los asuntos de los que la diplomacia de todos los países, en particular los más poderosos, debía ocuparse.

La discusión, aunque con variaciones significativas, se replantea en nuestros días. En verdad se viene replanteando ya desde hace tiempo, a raíz de pantallazos muy poco estimulantes sobre “cómo nos ven” en el exterior (como los que nos brindaron los interlocutores españoles de los mails de Jaime y sus alusiones sobre el brutal “espíritu de banda” con que él y su grupo se movían, o las declaraciones altisonantes de Mujica sobre los “males argentinos”, o las preocupaciones de organismos, empresarios y funcionarios extranjeros por la falta de “seguridad jurídica” en nuestro país) aunque recién ahora, a raíz del affaire de los cables, ello adquiera plena visibilidad.

La primera y obvia diferencia con la situación de fines de los años setenta es que no están en juego hoy, como durante el terrorismo de Estado, el derecho a la vida de ciudadanos argentinos. Las preocupaciones que se revelan en los cables de la embajada norteamericana en Buenos Aires tienen que ver con otros asuntos: corrupción, lavado de dinero, tráfico de drogas, la tan debatida “seguridad jurídica”. No son, con todo, asuntos menores para la política exterior de Estados Unidos, ni deberían serlo para la ciudadanía argentina. Que vivimos en gran medida desprotegidos frente al arbitrio de los gobernantes y que nuestras instituciones son ineficaces para hacer cumplir la ley es algo que a todos debería preocuparnos. Que gobiernos extranjeros expresen esta preocupación lleva a muchos a sentirse ofendidos en su dignidad nacional. Algo que el gobierno argentino y sus medios afines parece querer aprovechar, señalando que se trata de “ingerencias en asuntos internos” y que el contenido de los cables “avergüenza a Washington” y no a los argentinos, como ha dicho el ministro Boudou, y en términos parecidos repitió el locuaz Fernández.

Esto nos remite a una segunda diferencia: los militares del Proceso sabían desde un principio los problemas que les traería Derian, y trataron de congraciarse con ella, disimulando los crímenes por los que podría acusárselos; en cambio los funcionarios kirchneristas se han llevado una inesperada y desagradable sorpresa con Vilma Martínez. Cuando ella fue nominada, en reemplazo de Earl Wayne, Timerman y cia festejaron, suponiendo que siendo una persona “de izquierda”, vería con agrado las posiciones de los Kirchner, los juicios a los militares, etc.. Al respecto parece haber actuado una particular confusión que embarga al ethos oficial: la agenda de los “derechos civiles” en Estados Unidos (igual que en muchos otros lugares) no consiste, al menos no centralmente, en perseguir a los viejos carcamanes sobrevivientes del KKK; está enfocada principalmente en cuestiones como abuso de poder, transparencia, acceso a la justicia, etc., y no se contrapone sino que se potencia con las políticas que aquí llamamos “de seguridad” y que solemos dejar en manos de “la derecha”. De allí que, aunque seguramente Martínez debe simpatizar con los juicios contra los represores, y también habrá visto con buenos ojos la ley de matrimonio igualitario, no debe estar muy inclinada a establecer a cambio de esos avances un pacto de silencio sobre el resto de los asuntos que afectan directa o indirectamente el disfrute de derechos.

Ello no asemeja al kirchnerismo con el procesismo, pero sí curiosamente lo hace con quienes desde la política civil también rechazaron en los años setenta “las ingerencias imperiales de Washington”: el PC local, no pocos radicales y peronistas, incluso la entonces detenida Isabel Martínez de Perón, se cansaron de decir que los norteamericanos “no entendían” los problemas del país, y que “no tenían nada que enseñarnos”, porque los argentinos siempre habíamos sido “campeones en la protección de derechos”.

* Publicado en El Economista

La resolución en cuestión tomó cierta relevancia y alcanzó medios de amplia difusión como Télam, Página 12 y Clarín. Asimismo, despertó la reacción de los distintos abogados querellantes de la causa que a través de las jornadas reiteraron los pedidos. Por su parte, la Fiscal Mirna Goransky, haciendo uso de la facultad que le otorga el art. 120 de la Constitución Nacional al Ministerio Público Fiscal, interpuso un recurso de reposición para que el tribunal revoque la medida.
Finalmente, luego de que cada afectado presentara una petición invocando el derecho de peticionar ante las autoridades que emana del nuestra Carta Magna, el Tribunal revocó por contrario imperio la sanción impuesta a los habituales seguidores de la causa por entender como válidas las alegaciones expuestas por éstos.
En todo el país se están celebrando 13 juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y éste configura el primer antecedente de restricción al acceso. Si bien el Código Procesal Penal establece que las personas que asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio, la mayoría de los Tribunales permiten al público aplaudir al final de los testimonios. Es que, después de más de 30 años, resulta casi inevitable que los distintos afectados por estos trágicos hechos, se expresen y exterioricen sus sentimientos.

¿Por qué en Ecuador se vivió una situación así? En nuestro país la condición de posibilidad de las reformas policiales puede remontarse a la exitosa demarcación de competencias entre las fuerzas de seguridad interior y de defensa externa. Esta demarcación fue conseguida en nuestro país gracias al consenso de las mayorías legislativas. En Ecuador, en cambio, esta condición de posibilidad no existe. Así como en el resto de los países sudamericanos, las trayectorias históricas de las fuerzas policiales han estado sujetas a distintas realidades políticas, y por tanto, han seguido rumbos distintos. La Ley Orgánica de la Policía Nacional de 1998 establece que la policía ecuatoriana ratifica una estructura organizativa centralizada y vertical, siguiendo un patrón militarizado. Y esto no ha sufrido cambios en los últimos años. A tres años de la llegada de Rafael Correa al Palacio de Carondelet, la discusión sobre la reforma policial ha estado perdiendo fuelle desde los esfuerzos iniciales evidenciados con la creación de la Comisión de Modernización de la Policía Nacional. Aunque como bien señala Daniel Pontón, es sugerente que estos esfuerzos hayan sido caracterizados desde un comienzo como modernizadores, y no reformistas.

Los hechos de los últimos días en Ecuador nos dejan algunas preguntas sobre la relación entre la movilización política y las políticas de seguridad que encontramos en los países que, según Steven Levitsky y Kenneth Roberts, pueden considerarse como la izquierda populista en Latinoamérica: Ecuador y Venezuela.* En estos países las tendencias centralizadoras en los sistemas de seguridad pública presentan ciertas similitudes. Hablamos de policías fuertemente centralizadas, subordinadas al poder político, pero como demuestra el caso ecuatoriano, policías capaces de ser potencialmente actores de veto.

Algunos interrogantes surgen al reverbero de los hechos en Ecuador. Por un lado, si se dieron efectivamente sustantivos aumentos salariales a los miembros de la Policía Nacional, ¿Por qué no se acompañaron estas medidas de una modificación de sus derechos de agremiarse como trabajadores estatales? ¿No habría sido esta una forma más certera de canalizar el malestar y contrarrestar el espíritu corporativo de la institución? ¿No cabe suponer que estos regímenes tendrían que ser adalides de la democratización al interior de las fuerzas policiales? Y en otro orden de cosas, ¿No es contradictorio que regímenes que emergieron buscando sustentarse en la movilización popular acentúen, o mantengan en el mejor de los casos, los rasgos centralizadores del sistema de seguridad pública ? ¿Es realmente una solución a los problemas de la seguridad interior involucrar a las Fuerzas Armadas? Y finalmente, ¿A qué actor de la coalición de movimiento PAÍS ha beneficiado la rebelión policial?

*Este comentario surge de una idea original de Gustavo González del Programa Delito y Sociedad de la UNL.

To answer the question of why Argentina, conventional arguments help, but only to a point. No doubt, Argentina has many of the conditions that, research has shown, go hand in hand with more pro-gay legislation. It has high levels of urbanization and schooling (the modernization hypothesis) as well as a vibrant constellation of civic organizations (the social movement hypothesis), but so do most countries in the Americas. It has a ruling party that sees itself left of center (the partisan hypothesis), but this is also true of most countries in the Americas today, including the United States. And it has a super gay-friendly main city, but this is also true of at least Brazil, Mexico, the United States, Colombia, Uruguay, Peru, and Costa Rica.

To explain the Argentina puzzle, we thus need to refine conventional arguments. Here are six factors to consider.

First, Catholics don’t go to Church and Evangelicals are (still) small in number. Much has been said about the fact that a Catholic country such as Argentina has approved gay marriage. This is a point worth making because the Catholic Church since 2007, especially under this pope, has become more obsessed with blocking same-sex marriage. In Argentina specifically, the Church actually launched a crusade against this bill, even releasing kids from schools so that they could pressure parents to go protest against the law. Yet, the key statistic to know about Argentina is not so much that it is predominantly Catholic (it is), but rather that church attendance is low—approximately 22 percent of the population attends church services weekly—and secondly, that the Evangelical population is tiny (only 2 percent ). This is perhaps the most important structural difference with the United States and Mexico, where church attendance is high (approximately 45 percent) and Evangelicalism is growing. It also separates Argentina from Brazil, where church attendance is medium (36 percent) and Evangelicalism is more numerous (approximately 15 percent), and from Central America, where Evangelicalism is huge (from 18 percent in Costa Rica to 40 percent in Guatemala). Low church attendance and low Evangelicalism helps predict pro-LGBT legislation because it reveals the extent of societal secularism as well as the mobilizational weakness of the churches. Argentina is distinctive on both counts.

Second, separation of church and party. It is not enough to have separation of church and state, as do most countries in the region. It is vital to have separation of church and party. Although the church’s officialdom is powerful in Argentina, the country has not had a strong confessional party for the past 100 years. There is no strong Christian Democratic party as in Chile and Venezuela. There is no party with strong connections with the Opus Dei as the ruling party in Colombia and Mexico. There is no party with strong connections with Evangelical groups as the Republicans in the United States (and arguably, the Labor Party in Brazil and most parties in Central America and the Anglo-Caribbean). This is one reason that so many legislators in Argentina, from all parties, risked voting against the pulpit.

Third, transnational legalism. Much has been written about how globalization helps to promote LGBT rights. But Argentina shows that there is a type of globalization that is especially helpful, and which incidentally, is scarce in the United States—transnational legalism. This term refers to the ease with which a country’s legal system borrows from international cases to set legal precedents domestically. While most countries in Latin America have a strong tradition of transnational legalism, Argentina is no doubt a regional champion. It is both an avid importer of international norms (since 1994, most international human rights treaties have had constitutional status), and also a voluminous exporter of legal norms, playing active roles in helping international organizations and foreign countries bolster their human rights norms and helping countries establish “truth commissions.” Thus, Argentina’s pro-LGBT forces were quite comfortable emulating norms from abroad, even borrowing verbatim wording and arguments from actors fighting elsewhere to approve LGBT rights. In the United States, this form of international emulation is frowned upon. In Argentina, it actually bolstered the emulators, in part because of the country’s tradition of transnational legalism.

Fourth, domestic legal resources. It would be incorrect to say that Argentina’s pro-LGBT groups drew exclusively from abroad. They also drew from domestic sources. The agenda of the LGBT movement was cast as part of the country’s broader agenda on behalf of feminism, gender, reproduction, health, and sexuality. These issues have been part of Argentina’s legislative agenda for several decades now. Furthermore, a strategy was developed by different LGBT organizations, particularly the Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans (Argentina Federation of Lesbians, Gays, Bisexuals and Trans) to encourage gay couples to request marriage licenses, in order to get an official refusal and then challenge the official decision on constitutional grounds. This strategy proved effective. Several judges responded by authorizing marriages, also on constitutional grounds. In less than a year, a dozen gay couples got married that way, even before the new law came into being. The issue was framed as a question of equality before the law, the domestic law. In contrast, the Catholic Church almost took pride in presenting itself outside the law. Its discourse against LGBT folks became so aggressive and discriminatory that even those who were unsure about the morality of the bill were appalled by the extra-constitutionality of the Church’s position. The key lesson is therefore that in addition to transnational legalism, a country needs to have a well grounded legal tradition of equality, liberty and human rights, as well as a set of social movements with expertise in the use of that tradition to its advantage.

Fifth, democracy, yes; referendum democracy, no. Perhaps the most important victory by pro-LGBT groups in Argentina was to avoid the referenda trap. Enemies of Argentina’s gay marriage legislation, including the Catholic Church, offered a populist compromise—submit the issue to a popular vote. In Latin America, at the moment, the concept of participatory democracy is in vogue. But LGBT groups and its allies in Argentina were smart to recognize the problems with this form of populism. Submitting to a majority vote questions of minority rights is inherently a biased process—against the minority group, naturally—and this makes it undemocratic despite its reliance on the popular vote. Argentina thus replicated the path taken by Massachusetts, where gay marriage was approved first through a court ruling and then by legislative vote against the wishes of the anti-gay governor Mitt Romney, who wanted a referendum, and avoided the California and Florida models, which relied on popular vote to disastrous results even though societal tolerance for LGBT folks in those states is presumably high.

Sixth, and lastly, the president presides. Ultimately, what made the law possible was the President’s decision to take the risk of backing the bill. This courageous act is the one factor that is more ad hoc and specific to the case, and yet perhaps it was the most indispensable of all. Analysts debate why at this particular juncture president Cristina Fernández decided to take the risk of a public fight with the Church and a possible split within the ruling party. Perhaps she did this because of the Peronist tradition of confronting the Church openly (while secretly negotiating other agreements). Perhaps this is one more example of this administration’s penchant for open confrontation. Perhaps she did it because the opposition was fragmented and likely to split even more severely than the ruling party. Perhaps she did it because the government needed to recover lost ground among the young and the urbanites, who had abandoned her. Perhaps she ultimately developed a principled conviction of the correctness of gay marriage. Who knows? What matters is that the president took the risk. A few days after the law was approved, Fernández welcomed, for the first time ever, a host of LGBT organizations to the Pink House. That too was historic and gutsy.

In short, the Argentine case suggests ways to refine our thinking on the conditions that make LGBT rights expand. It is important to live in a democracy, of course, but it is more important to avoid referenda democracy. It is important to have separation of church and state, but it is also vital to have secular citizens and secular parties. It is important to have a strong civil society, but civil society must operate in a pro-human rights legal environment that is both globally connected and domestically entrenched. And finally, the country’s maximum leader must show some guts. Ultimately, gay marriage is a piece of legislation that is transforming the way we have thought of democracy for the last three centuries, and it would be disingenuous to believe that this effort can occur without courage.

* First Published in/Publicado en el Americas Quarterly. We thank Javier Corrales and Mario Pecheny for letting us post it.

Propuesta y debate han sido alimentados respecto a este tema por la reciente condena a un Coronel del Ejército por la desaparición de once personas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985 (tras la toma violenta conducida por el M-19). Condena ante la cual el presidente ha respondido enérgicamente, ofreciendo incluso una alocución televisada en compañía de todos los miembros de la cúpula militar.

Con esto, Uribe suma más a una serie de actos que van profundizando el conflicto entre su poder y el judicial, en medio de afirmaciones agraviantes contra la independencia de esa rama y la autoridad –e incluso seguridad- de sus funcionarios. Enemiga de las instituciones y de las Fuerzas Armadas, fue la expresión utilizada para mencionar a la jueza a cargo del caso.

¿Podría pensarse en la aprobación de una reforma de este tipo? No en lo que queda de mandato para Uribe. No sería esperable, además, bajo una presidencia del resonado candidato Mockus. Pero con Santos la historia sería otra.

Este domingo 20 de junio se definirá en Colombia quién será el sucesor de Uribe. En torno a su sucesión ha girado la campaña política. Cualquier alternativa a los lineamientos generales de su presidencia ha quedado atrás para dar paso a la competencia entre dos opciones de continuidad diferentes: la de un “uribismo decente” (original, visionario), la de un “uribismo radical” (soportada por la maquinaria uribista y dirigida por una figura política que, no obstante y valga la advertencia, es la más astuta y autónoma entre todas las que blandieron sus banderas).

Tras los resultados de la primera vuelta no se espera nada distinto a una victoria abrumadora de la opción radical. Pero si algo sirve para entender las alternativas sobre las cuales giró el futuro de Colombia en la confrontación electoral, es la encandecida discusión reciente. Legalidad y derechos humanos fueron elementos esenciales en la propuesta de Mockus. Preocupaciones por esto, y por el respeto a la independencia y potestad de las instituciones democráticas, alimentaron en muchos la ilusión de un país un tanto diferente.

Los que frecuentamos los tribunales de Comodoro Py sabemos que la presencia de la prensa en la puerta del lugar sólo puede significar que alguien importante tiene que declarar y el caso de Poch no fue la excepción. En horas de la mañana arribó a los tribunales y prestó declaración indagatoria frente al titular del Juzgado Federal nº12, Sergio Torres, en el marco de la megacausa ESMA. En su declaración, el ex piloto de la Armada afirmó que todo se trataba de un “malentendido” y responsabilizó a sus compañeros de la compañía aérea neerlandesa Transavia, quienes luego de haber escuchado las confesiones del ex marino, se presentaron ante la Policía Nacional para realizar la denuncia.

Días atrás, en el mismo edificio había prestado declaración testimonial la ex detenida-desaparecida, Graciela Daleo, quién relató como el Tigre Acosta -Jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA- los amenazaba constantemente con lo que luego se conoció como vuelos de la muerte: “Acá hablo todos los días con Jesusito. Jesusito me dice: ‘Si Fulanito se va para arriba’, yo te doy un pentonaval y te vas para arriba”. Ese fue el destino de la mayoría de los desparecidos de la ESMA, que narcotizados eran subidos a los aviones Skyvan de la Prefectura y una vez mar adentro eran arrojados vivos al mar.

En este contexto, Julio Poch es el primer detenido por vuelos de la muerte en nuestro país y se lo investiga por su participación presunta en 950 casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Vale la pena recordar que en 1995 el ex represor de la ESMA, Adolfo Scilingo, confesó al periodista Horacio Verbitsky su participación en los vuelos de la muerte y por ello fue posteriormente detenido y enjuiciado en España. Scilingo fue sentenciado a 1084 años de prisión por el Tribunal Supremo español y recientemente se le negó la concesión de un recurso extraordinario para obtener una revisión de la sentencia.