Propuesta y debate han sido alimentados respecto a este tema por la reciente condena a un Coronel del Ejército por la desaparición de once personas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985 (tras la toma violenta conducida por el M-19). Condena ante la cual el presidente ha respondido enérgicamente, ofreciendo incluso una alocución televisada en compañía de todos los miembros de la cúpula militar.

Con esto, Uribe suma más a una serie de actos que van profundizando el conflicto entre su poder y el judicial, en medio de afirmaciones agraviantes contra la independencia de esa rama y la autoridad –e incluso seguridad- de sus funcionarios. Enemiga de las instituciones y de las Fuerzas Armadas, fue la expresión utilizada para mencionar a la jueza a cargo del caso.

¿Podría pensarse en la aprobación de una reforma de este tipo? No en lo que queda de mandato para Uribe. No sería esperable, además, bajo una presidencia del resonado candidato Mockus. Pero con Santos la historia sería otra.

Este domingo 20 de junio se definirá en Colombia quién será el sucesor de Uribe. En torno a su sucesión ha girado la campaña política. Cualquier alternativa a los lineamientos generales de su presidencia ha quedado atrás para dar paso a la competencia entre dos opciones de continuidad diferentes: la de un “uribismo decente” (original, visionario), la de un “uribismo radical” (soportada por la maquinaria uribista y dirigida por una figura política que, no obstante y valga la advertencia, es la más astuta y autónoma entre todas las que blandieron sus banderas).

Tras los resultados de la primera vuelta no se espera nada distinto a una victoria abrumadora de la opción radical. Pero si algo sirve para entender las alternativas sobre las cuales giró el futuro de Colombia en la confrontación electoral, es la encandecida discusión reciente. Legalidad y derechos humanos fueron elementos esenciales en la propuesta de Mockus. Preocupaciones por esto, y por el respeto a la independencia y potestad de las instituciones democráticas, alimentaron en muchos la ilusión de un país un tanto diferente.

Los que frecuentamos los tribunales de Comodoro Py sabemos que la presencia de la prensa en la puerta del lugar sólo puede significar que alguien importante tiene que declarar y el caso de Poch no fue la excepción. En horas de la mañana arribó a los tribunales y prestó declaración indagatoria frente al titular del Juzgado Federal nº12, Sergio Torres, en el marco de la megacausa ESMA. En su declaración, el ex piloto de la Armada afirmó que todo se trataba de un “malentendido” y responsabilizó a sus compañeros de la compañía aérea neerlandesa Transavia, quienes luego de haber escuchado las confesiones del ex marino, se presentaron ante la Policía Nacional para realizar la denuncia.

Días atrás, en el mismo edificio había prestado declaración testimonial la ex detenida-desaparecida, Graciela Daleo, quién relató como el Tigre Acosta -Jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA- los amenazaba constantemente con lo que luego se conoció como vuelos de la muerte: “Acá hablo todos los días con Jesusito. Jesusito me dice: ‘Si Fulanito se va para arriba’, yo te doy un pentonaval y te vas para arriba”. Ese fue el destino de la mayoría de los desparecidos de la ESMA, que narcotizados eran subidos a los aviones Skyvan de la Prefectura y una vez mar adentro eran arrojados vivos al mar.

En este contexto, Julio Poch es el primer detenido por vuelos de la muerte en nuestro país y se lo investiga por su participación presunta en 950 casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Vale la pena recordar que en 1995 el ex represor de la ESMA, Adolfo Scilingo, confesó al periodista Horacio Verbitsky su participación en los vuelos de la muerte y por ello fue posteriormente detenido y enjuiciado en España. Scilingo fue sentenciado a 1084 años de prisión por el Tribunal Supremo español y recientemente se le negó la concesión de un recurso extraordinario para obtener una revisión de la sentencia.

En los últimos días, algunos periodistas progresistas que entre 2001 y 2008 fueron tolerantes o comprensivos con los escraches contra los representantes de la “política tradicional”, o tal vez no contra ellos, pero sí contra los militares procesistas, y entonces habilitaron una distinción entre los que “merecían” ser golpeados por la calle y los que no, han tomado una forzada y cruel lección de lo que termina resultando de este tipo de prácticas. Porque si estas costumbres no suponen la violación injustificada de derechos, sino que son un recurso legítimo que exige un juicio sobre merecimientos, entonces su justificación queda librada a la opinión. Y no necesariamente a la de la masa, sino, en términos prácticos, a los de grupos pequeños pero decididos de activistas.

Esos que hoy se esmeran en ganar puntos ante sus líderes y se ocupan de señalar a los “periodistas del monopolio” en carteles y marchas callejeras, en “juicios populares” y otros circos por el estilo. Ellos, simplemente, están trasladando la experiencia “exitosa” de los escraches contra los represores, y la no menos exitosa campaña de agresiones en que consistió el “que se vayan todos”, a la escena de los actuales conflictos entre el pueblo y sus enemigos. ¿Por qué reprochárselos, por qué objetarles que escupan e insulten a Fernando Bravo, si estuvo bien hacerlo con Alemann, o quien fuera?

Más que la brutalidad de un gobierno desde el principio brutal, y ahora encima desesperado por conservar el poder y una escena que confirme sus prejuicios y su pretendida superioridad moral, lo más alarmante de lo sucedido en los últimos días con los señalamientos fascistas contra periodistas opositores ha sido, por un lado, el eco que las incitaciones oficiales o paraoficiales encontraron en un activo político bastante extendido y dispuesto a pasar de las palabras a los hechos; y por otro, las dificultades del resto de los actores para movilizarse de modo de sancionar esas prácticas, aislarlas, y neutralizar a sus promotores.

Si algo ha quedado en claro tras lo sucedido en los últimos dos años de “decadencia kirchnerista”, es que, aunque el gobierno pierda calor de masas, no pierde el de este activo militante, politizado y entusiasta, que lo acompaña fielmente, y tal vez lo siga acompañando hasta el final. Los cientos de organizaciones que lo nuclean son muy diversas, promueven iniciativas concretas también muy distintas, pero el kirchnerismo no ha tenido dificultad sin embargo para vertebrarlas y mantenerlas alineadas detrás suyo. El uso muy extenso e intenso de recursos públicos puede explicar en parte esta capacidad, pero sólo en parte. Hay detrás de ella también la eficacia articulatoria de una ideología “orgánica” que organiza y da sentido a la acción del gobierno y de sus seguidores: la del populismo regenerativo. Él es particularmente propenso a dividir la escena política en buenos y malos, y a atribuir a la eliminación de los malos una función reparadora y transformadora. De nuevo, no es que los Kirchner lo hayan inventado: esa forma de ver las cosas está grabada en los genes de muchos argentinos, y es lo que ha hecho del resentimiento una de las pasiones más constantes en nuestra vida política.

Lo otro que ha quedado en claro en el desarrollo de las recientes agresiones a periodistas es lo mucho que contribuye el discurso de los organismos de derechos humanos a la descalificación de los enemigos del “gobierno nacional y popular”. Estos organismos, o al menos los más activos de ellos, nunca tuvieron raíces liberales y republicanas firmes. Y la poca afinidad que tenían con esos principios la perdieron del todo en los últimos años. En la medida en que ellos fueron adquiriendo un único y exclusivo foco, y una visión polar y excluyente de la lucha política que encaraban, la de demostrar la culpabilidad y castigar a los violadores a los derechos humanos de la última dictadura, no es de asombrarse que se prestaran dócilmente a legitimar una gestión de gobierno que satisfacía esa meta. Y lo han hecho por cierto con entusiasmo, proveyéndole argumentos justificatorios no sólo en ese, sino en todos los demás asuntos y terrenos. Al ceder a esta cooptación, esos organismos perdieron toda capacidad para promover la protección de derechos de la sociedad en general, o para formar consensos amplios en la vida política, que incluyan a más de al oficialismo y a su subcultura de izquierda, los puntos de vista de otros actores. Pero eso no les ha impedido ejercer una suerte de censura moral sobre muchos de estos actores que descalifican, incluidos los periodistas. Para muchos hombres de prensa, concluir que entidades como las que dirigen Bonafini y Carlotto han dejado hace tiempo de ser promotoras de los derechos ciudadanos, y pueden incluso ser dañinas para ellos, supone una ruptura dolorosa con su propia historia, además de un muy concreto riesgo moral, el de ser “señalados” como derechistas, procesistas, “cómplices de la dictadura”. Tal vez es hora de correr ese riesgo, y aceptar que el problema ha sido, en todo caso, no haberlo corrido tiempo atrás.

En dichas declaraciones, que fueron muy repetitivas entre sí, Pernías negó los hechos de los que se lo acusaba, al igual que el resto de sus camaradas. Además, criticó al Estado argentino y lo tildó de “esquizofrénico” por los “vaivenes propios de una política caprichosa e imprevisible”, en clara alusión a los sucesos relativos a los últimos 27 años.

Fuera de la sala de audiencias trascendió la noticia de la reincorporación del ex capitán de Fragata, Néstor Omar Savio, quien había sido removido horas antes de iniciar el juicio a fines de diciembre del año pasado, por no encontrarse en condiciones físicas para afrontar el proceso oral. Aparentemente ahora sí lo estaría, por lo que está prevista su incorporación al juicio una vez terminadas las declaraciones de los imputados restantes.

Esto implicaría, nada más ni nada menos, la prolongación del juicio dada la necesidad de la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Fiscal Taiano y los autos de elevación a juicio del Juez Sergio Torres, en relación al imputado Savio. Savio (conocido también como “Halcón” y “Norberto”) está acusado, entre otros casos, de haber participado junto a Coronel y un teniente de fragata conocido como “Pantera” del secuestro del pintor Remo Carlos Berardo. Berardo prestaba su atelier sito en la calle Magallanes en La Boca para las reuniones de los familiares de detenidos-desaparecidos de la Iglesia Santa Cruz y fue el primer secuestrado de este grupo.

La analogía sirve sólo en parte, es mejor dejarlo claro desde ya. Sobre todo sirve para poner de relieve y valorar las diferencias. La lucha política en que estamos envueltos desde que el kirchnerismo inició su irrefrenable declive se parece en algunos aspectos a la escena recién descrita, no en los medios, tampoco en la radicalidad de los actores, ni remotamente en las consecuencias. Esta lucha no es una guerra a muerte, la materia en discusión es poder político y dinero, no más, hay reglas de juego que atan a los actores, y sobre todo una, inamovible, las elecciones de 2011, en que muchas de las tensiones que nos sacuden se resolverán de forma de seguro incruenta. Como sea, para llegar a ese desenlace minimizando los daños asociados al declive de un poder que no se resigna a lo inevitable, que no repara en costos para torcer su destino, y que no utiliza muchos parámetros realistas en las decisiones que toma es conveniente no exagerar, pero tampoco subestimar el problema.

La jugarreta de Cristina Kirchner con las reservas del Central deja en evidencia que el Ejecutivo no está dispuesto a negociar nada, que seguirá haciendo del Parlamento un pantano en que se trabe el avance de las fuerzas de oposición, para desgastarlas lo más posible y ganar tiempo a la espera de que el arma del gasto, y nuevas jugadas secretas que haya pergeñado la mente de su marido, logren el milagro de que el Frente para la Victoria vuelva a hacerse merecedor de su nombre. La guerra de trincheras así planteada tiene un primer damnificado, que es el generalato alemán del caso: los legisladores, gobernadores, funcionarios y demás peones del tablero kirchnerista saben que el jefe no titubeará a la hora de sacrificarlos. Pero su capacidad para abrir otro juego, menos destructivo y que les asegure algún futuro, aunque sea el de un retiro honorable, es cada vez más escasa. Por otro lado, la eficacia de los pasos que así se consuman para dar cabida al milagro es cada vez menor, y los costos asociados en cambio son crecientes: si la idea de Cristina, tal como explicó en su penoso discurso de apertura de sesiones, es evitar un ajuste que enfríe la economía, lo que logra con sus manotazos no es más que producir ese ajuste del modo más estéril y caótico que se pueda imaginar. Con medidas cada vez más abiertamente insostenibles, cuestionables en el Parlamento y en los tribunales, la incertidumbre sobre el futuro crece, las inversiones se retraen aun más y se acelera la fuga de capitales y la inflación. De manera que el gobierno necesitará cada vez más dinero para tapar los agujeros que él mismo crea, y el dinero se le escurrirá de los dedos con eficacia cada vez menor para detener la marea. Las tropas a que pueda echar mano se le irán acabando, así que no podrá evitar sucesivos repliegues, encerrándose en sí mismo. Hacia el final, pueden suceder dos cosas, deslealtades masivas en sus filas, que dejen por completo fuera de la competencia (y la colaboración) sobre el futuro del país a quienes lo vienen conduciendo; o bien la retención de esas lealtades por temor y falta de alternativas, hasta el punto en que ellas se consuman, tal vez por completo, en una última batalla electoral. La paradoja de la situación es que el sistema político puede tener garantizada su estabilidad, aun al costo de más despropósitos fiscales, más inflación y más conflictos de poderes, en esta segunda opción; en cambio nadie puede saber cómo reaccionaría el jefe si se da la primera: hay buenas chances de que se desbarranque del todo en la ilegalidad y el delirio. Es por ello que en nuestro caso tal vez sea mejor que los generales tengan fe en los milagros y se jueguen a compartir el destino de su líder. Lo que se vincula con otra diferencia esencial entre las dos situaciones históricas: en la que nos involucra la oposición, en particular la que no participa de las tradiciones teutónicas, no tiene por qué apresurarse ni radicalizarse, ni le conviene en lo más mínimo hacerlo; su prioridad es minimizar el daño y que se cumplan los plazos, y para ello es preciso contener al adversario y forzarlo en lo posible a que respete la ley. Lo suyo no es ir al asalto de Berlín; es en todo caso evitar que Berlín construya y arroje una bomba atómica.

*Publicado en El Economista

Los choques entre los militantes de base combativos y las cúpulas gremiales (en Kraft y subterráneos), entre estas y los medios de comunicación (por el control de la distribución de diarios y revistas), y entre grupos piqueteros e intendentes del conurbano (por el control de los fondos para las cooperativas de trabajo), están haciéndole perder al kirchnerismo por izquierda y por derecha, por decirlo mal y pronto, apoyos que supo conseguir y son vitales para mantener el orden. El Ministerio de Trabajo, la repartición que menos objeciones había merecido hasta aquí, en un gabinete acostumbrado desde hace tiempo a vivir a los cascotazos, y que más tranquilidad le había proporcionado a los Kirchner en cuanto a la solidez de los apoyos sectoriales que les garantizaba, quedó en off side en todos estos conflictos. Y corre el riesgo de quedar peligrosamente atrapado entre tirios y troyanos: si Tomada cede ante la CTA y los delegados de izquierda en conflicto, ni los empresarios, ni las clases medias, ni Moyano se lo perdonarán, y si sigue complaciendo al camionero en el relegamiento de la CTA y en sus afanes por encuadrar a cualquier trabajador que tenga aunque más no sea un triciclo en su casa, sin poder ya ofrecer compensaciones a otros gremios, se volverá el turco cuya cabeza unos y otros querrán ver caer ante la acumulación de disgustos. Ideas desencaminadas pueden para colmo prosperar en una situación de asedio creciente como la descrita: la amenaza de huir hacia delante en el conflicto de los subterráneos, estatizando la compañía, tiene todas las chances de repetir la experiencia de Aerolíneas.

Es oportuno advertir que, en esta deriva, el gobierno actual no hace más que repetir un ciclo ya varias veces experimentado por el peronismo en su paso por el poder: él se presenta como una barrera contra el comunismo y la radicalización gremial, frente a las clases medias y el empresariado, y como el mejor canal para satisfacer los intereses del pueblo y de los trabajadores, frente a sus bases populares, pero tarde o temprano semejante ambigüedad y el modo siempre brutal en que la resuelve empiezan a hacer agua, y entonces pasa a ser asediado por quienes le reclaman orden tanto como por los que le reclaman cambios más auténticos. Sucedió tras la muerte de Perón, con las consecuencias que todos recordamos, pero también había sucedido antes, entre 1951 y 1952, cuando el propio general se dedicó a reprimir huelgas y encarcelar comunistas y anarquistas que sobrevivían en los márgenes del estado sindicalista que había conformado, sin con ello lograr convencer a los dueños del capital de que el suyo podía dejar de ser un régimen asentado precisamente en el movimiento obrero organizado. Hoy afortunadamente no hay ninguna chance de que terminemos como en 1955, ni mucho menos como en 1976. Pero precisamente por ello es que existen buenas chances de que el peronismo experimente hasta el final las consecuencias de sus desvaríos.

Algo de esto se está viendo con la nueva fase de la “ofensiva contra los medios” que siguió a la aprobación de la ley respectiva. No está muy claro si Moyano y su gente advierten todo el daño que le están haciendo a las posibilidades electorales de su jefe, o si es su jefe el que no lo advierte y simplemente a Moyano no le importa. Como sea, va de suyo que los diarios son la nueva obsesión del kirchnerismo, lo que puede significar tanto restricciones a su circulación como una ofensiva sobre el suministro de papel y cosas por el estilo, que en cualquier caso, como ya es norma con este tipo de iniciativas, generará algo de polarización, pero no tanto ni la que el gobierno espera, y provocará sí mucho hartazgo y preocupación por el carácter violento y faccioso que adquiere la lucha política. En esas circunstancias, será una dura prueba para los opositores moderados mantener la calma y evitar sobreactuaciones contraproducentes, como las cartas enviadas por Carrió a las embajadas. En cambio, tendrán más para ganar oposiciones no moderadas, entre las cuales tampoco Carrió tiene chances de destacar: al respecto, la novedad más significativa de los últimos tiempos es que están surgiendo iniciativas cada vez críticas del kirchnerismo en el campo “nac & pop”.

Decíamos que de polarizar los conflictos en danza, el oficialismo no obtendrá mayores ventajas. Y esto fundamentalmente, porque tanto las demandas sindicales como las piqueteras que se hacen presentes, ponen de relieve su ineficacia para enfrentar problemas como la inseguridad, la inflación y la recesión, que afectan especialmente a los más pobres, y cualquiera sea la fuga hacia delante que intente, quedará corta respecto a la solución que les demandan otros actores de la izquierda populista, entre los cuales destaca Fernando Solanas como el que más chances tiene de heredar a ese electorado. Si logra coaligar a la CTA, los grupos militantes, los piqueteros ex oficialistas y sobre todo a los grupos de opinión movidos por el hartazgo y la decepción con las “promesas incumplidas” de los Kirchner, les puede arrebatar precisamente a quienes éstos consideraron, tras los comicios del 28 de junio, su santuario electoral más seguro. La multiplicación de escándalos de corrupción seguramente jugará a su favor.

Como sea, con la calle en ebullición, la mayoría parlamentaria pasando de unas manos a otras, y las cuentas públicas, para colmo, en crecientes dificultades para atender todas las demandas que se le presentan, no hay motivos para pensar que el gobierno nacional vaya a tener un fin de año tranquilo. El hiperactivismo que viene desarrollando probablemente tenga rendimientos decrecientes en un contexto como este, y puede conducirlo a cometer nuevos errores y generarle más disgustos. Se ha visto con el lanzamiento de la ampliación de las asignaciones familiares: era la medida más “popular” de todas las intentadas en los últimos meses, la que más podía servirle para recuperar consenso, y sin embargo apenas un par de días después de anunciada, enmarcada en peleas de todo tipo, quedó relegada de la atención pública y es ya noticia vieja. Tal vez sea la hora de que el Ejecuivo ponga las barbas en remojo e intente alguna estrategia más meditada y dirigida a la contención de conflictos, en vez de a escalarlos.

*Publicado en El Economista.