La segunda puede parecer una pregunta retórica: si el rechazo al “otro” nace del deseo de construir una identidad plena, un “ser nacional” homogéneo que lo abarque todo, diferencias objetivamente menores se volverán efectivamente intolerables. Pero es de todos modos pertinente preguntarnos si lo que rechazamos en el otro es lo que nos diferencia de él, o lo que no toleramos es que se resista a admitir que en realidad “somos iguales” y podemos vivir en homogénea armonía. Veamos algunos ejemplos que pueden ilustrar el punto, y que permiten a su vez percibir la relación entre las distintas razones que pueden mover a la intolerancia, y el origen social o institucional, de abajo o de arriba, de la misma.

Tras el golpe de 1955, una parte de los golpistas, en las elites y en la sociedad en general, estaba convencida de que la “plebe peronista” debía ser puesta en su lugar de una vez por todas. Su exclusión por lo menos transitoria del disfrute de derechos políticos y de la misma escena pública permitiría retrotraer las cosas al momento en que ellas se habían echado a perder, cuando ese “otro”, los “cabecitas”, la masa sin educación ni modales, se empezó a considerar a sí misma igual o incluso superior al resto de la sociedad. Las sanas y justas jerarquías se volverían así a imponer y a legitimar. Pero aunque esta fue una opinión extendida, no fue para nada la única, ni siquiera la mayoritaria en el antiperonismo políticamente más activo: para buena parte de él de lo que se trataba era de hacer bien lo que Perón había hecho mal, hacer una auténtica sociedad de iguales, construir la unidad nacional, y la clave para ello era reeducar a los peronistas, convencerlos de que habían sido manipulados totalitariamente por Perón, y que el radicalismo, el socialismo o el desarrollismo eran agentes más adecuados para conquistar una auténtica y plena identidad. Los dos rostros del antiperonismo, este y aquel, se consideraban a sí mismos parte de una unidad, o al menos eran percibidos por otros como tales, pero mientras los primeros entendían que el problema estaba en una “sociedad intolerable” y la política debía resolverlo, liquidando el igualitarismo plebeyo y desafiante, los segundos veían el problema de muy distinta manera: él estaba en la política, no en la sociedad, era la política la que creaba diferencias intolerables en un pueblo y en una nación que, en cuanto se librara de esos factores divisionistas, se reconocería como una unidad de destino y un cuerpo social integrado.

En el curso de la historia y hasta el presente se han repetido situaciones parecidas, aunque con otros protagonistas y, por suerte en las últimas décadas, menor intensidad. Por caso, cuando estalló el conflicto del campo, en marzo de 2008, el kirchnerismo gobernante vio en él, como se sabe, la mano negra de un enemigo irreductible, que no se detendría hasta destruir al “gobierno nacional y popular”. El diagnóstico, pese a su aparente contundencia, o tal vez debido precisamente a ello, no dejó ver una disidencia sustancial que atravesaba al campo oficial: mientras que para una porción del oficialismo, probablemente mayoritaria sólo entre sus intelectuales, la ocasión había servido para revelar un clivaje social que por años había permanecido oculto, explicitando el conflicto irreductible entre el campo del pueblo y el del antipueblo, que permitiría ahora leer bien todos los demás asuntos y permitiría liquidarlos de una buena vez (porque del “otro lado” habían quedado los destructores del medio ambiente, los explotadores del trabajo esclavo, los reaccionarios lectores de La Nación y nostálgicos del Proceso, etc.), para el grueso de los actores políticos del oficialismo el conflicto había terminado siendo una tragedia porque la política había metido la cola, había generado un divisionismo artificial que había “alineado mal” a los actores.

Es cierto que, durante bastante tiempo, desde el vértice oficial se combinaron las dos interpretaciones, según el público y la ocasión. Pero si algo ha quedado claro en los últimos tiempos es que el gobierno, en cuanto tuvo oportunidad, optó por despolitizar el problema y apelar a la clásica fraseología de la unidad nacional y la comunidad de destino que lo une con los productores del campo. En ello, es cierto, podría verse un mero gesto demagógico, dirigido a derrotar y excluir a los enemigos políticos, los “verdaderos e intolerables responsables del conflicto” (llámense Mesa de Enlace, partidos de oposición, medios independientes, etc.). Pero también podría hacerse una lectura algo más positiva del asunto: finalmente, el llamado a la unidad supone un abierto reconocimiento a que la guerra santa no podía prosperar, y que los conflictos políticos son episódicos, entre otras cosas, porque todos sabemos que la homogeneidad es imposible.

Publicado el domingo 11 de septiembre en el diario Clarin.

Otro 18 de julio sin justicia y con muchos lamentos. Lamentos profundos, añejos, de familiares y amigos de las víctimas, lamentos de ciudadanos desorientados, atónitos. También lamentos, tweets y estados de facebook de políticos, ministros, exministros, jefes de gobierno, parlmentarios, secretarios, subsecretarios, ”jefes, contrajefes, truco y contraflor al resto”. El horror en palabras que se vuelven palabrerío. Si no hay decisiones políticas, si no hay un verdadero intentar algo nuevo atrás de cada lamento repetido, la palabra política no sólo se vacía, se vuelve insulto a las víctimas y a la ciudadanía.

El 4 de marzo de 2005, a través del decreto 812 el Estado Nacional asumió una responsabilidad sin precedentes: el reconocimiento de su propia responsabilidad en la falta de prevención y de justicia, y la promesa de medidas concretas para evitar nuevos atentados, nuevas corrupciones, nuevos desvíos. El decreto contiene los compromisos asumidos por el Estado Argentino con los familiares y víctimas del atentado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el punto 5.a. nuestro Estado se compromete a “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la SECRETARIA DE INTELIGENCIA”. Cualquiera sea la interpretación que se le de a la palabra “transparentar”, eso no ha ocurrido.

El Congreso no realiza ninguna fiscalización real para verificar si el presupuesto destinado a actividades de inteligencia se ejecuta de modo adecuado para asegurar la defensa nacional y dentro de los marcos de la legalidad. Es decir, con el control institucional actual, no podemos saber si el gasto de inteligencia realmente es eficaz para prevenir un tercer atentado o para evitar el pago ilegal a testigos.

Los pocos proyectos elaborados a tal fin y presentados al parlamento no lograron prácticamente avance legislativo alguno. El Poder Ejecutivo Nacional no generó iniciativas relevantes con posterioridad al decreto 812/05. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires designó como jefe de la policía metropolitana a Jorge “Fino” Palacios, investigado por irregularidades en la causa AMIA cuando se desempeñaba en la Policía Federal, primero, y por actividades de escuchas ilegales ya en la función metropolitana. En 2006 y recientemente se filtraron e-mails privados de periodistas, funcionarios y hasta artistas de TV. Acaba de ocurrir nuevamente. La sospecha de ex agentes de inteligencia se hizo presente otra vez. La falta de mecanismos institucionales eficaces de control de las actividades de inteligencia, la falta de voluntad política del gobierno y de la oposición de legislarlos y usarlos, la falta de castigo político a este desinterés, el fácil expediente del lamento y la solidaridad de palabra deberían llenarnos de vergüenza.

Para el año que viene, no hacen falta tweets, ni facebook, ni siquiera la simbólica presencia física en los actos recordatorios. Hacen falta medidas concretas. Una reforma de la ley de inteligencia que permita un efectivo control parlamentario sería un modo de mostrar que el corazón realmente está donde las palabras de solidaridad del día de hoy dicen que está. Con las víctimas y por un verdadero nunca más.

El entendimiento entre los Kirchner y Bonafini se basó en varios acuerdos, los hubo prácticos y los hubo ideológicos, algunos beneficiaron a la democracia argentina, como la reapertura de juicios por la represión ilegal durante la dictadura, y otros fueron más discutibles o directamente perjudiciales, como los que están saliendo a la luz en estos días.

Entre las cuestiones ideológicas que cimentaron esa alianza se destaca el interés por reivindicar a las víctimas de la represión no sólo como ciudadanos, es decir titulares de derechos individuales que habían sido atropellados desde el estado, sino como actores políticos, protagonistas de proyectos de cambio que podían servir de fuente de inspiración y guía en el presente. En alguna medida al menos, porque en este terreno no dejó de haber sustanciales diferencias entre Bonafini, que reivindica desde mucho antes de que los Kirchner llegaran a la Casa Rosada el proyecto revolucionario que animó a los desaparecidos, o al grueso de ellos, y llegó incluso a pedir que “los FAL con que combatieron nuestros hijos estén expuestos en la ESMA”, y la línea oficial, que recoge las ideas setentistas pero no todos los hábitos ni las prácticas políticas de aquella época.

En lo que sí coincidieron plenamente fue en usar esa memoria de los setenta, y la autoidentificación como “herederos y continuadores de aquellas luchas” como arma discursiva para descalificar y poner fuera del campo de legitimidad democrática a sus adversarios: porque si el kirchnerismo era “hijo de las madres” y heredero de las víctimas, quienes lo criticaban podían ser tachados de continuadores o herederos de los victimarios. Los ejemplos de cómo se ha aplicado esta operación son tan abundantes y conocidos que no hace falta explayarse: goles secuestrados, Papel Prensa, las adopciones de Herrera de Noble, los “grupos de tareas” de los piquetes ruralistas, etc.. En este sentido es poco lo que los oficialistas pueden reprochar a los Schoklender, porque lo que éstos hicieron fue, cuanto más, transitar desprolija y torpemente el camino que los Kirchner habilitaran para usar los derechos humanos como enjuague bucal de las más diversas tropelías.

Esa operación, para ser mínimamente creíble necesitó de una anterior, la que disculpó a los revolucionarios de los setenta de cualquier responsabilidad en la escalada de violencia que vivió el país desde bastante antes del golpe de 1976. Esta operación primera y fundamental apuntó a desterrar cualquier discusión sobre el tema, volviendo imposible siquiera tomar en consideración hechos muy notables y conocidos, como el número, las circunstancias y la condición de los muertos que la guerrilla acumuló en su haber a partir de 1970. La fórmula escogida para concretar esta operación de borramiento u olvido fue la impugnación de la “teoría de los dos demonios”, argumento por cierto precario y objetable, tanto en términos morales como históricos, que formulara Alfonsín en la transición democrática para crear un espacio de negociación entre versiones extremas e irreconciliables sobre el pasado inmediato. El problema es que, lo que el kirchnerismo ha ofrecido en su lugar no supuso una lectura superadora, ni moral ni históricamente, sino una suerte de involución hacia las tesis ya harto trajinadas en los años sesenta y setenta en cuanto a que “la violencia de arriba legitima la violencia de abajo”, “los pueblos, y por extensión sus vanguardias políticas, tienen un derecho natural a la revolución”, y “la superioridad moral de la izquierda, que la habilita a forjar ´un país mejor` (como si los demás no desearan, en sus términos, eso mismo) y justifica que ella ejerza cierto grado de coerción y violación de derechos sobre sus oponentes, moralmente inferiores”. Criterio este último que, se ha visto, Bonafini aplica tanto a la rendición de cuentas por el uso de fondos públicos como a la discriminación entre buenos y malos periodistas, buenos y malos actos de terror, etc..

Todo esto sirvió para que Mirtha Legrand, Clarín, la Sociedad Rural o los herederos de Ricardo Balbín pudieran ser considerados responsables de lo sucedido a partir de 1976, y disculpar en cambio a los Montoneros y el ERP, y lo que ha sido más sutil y aun más útil para el oficialismo, que los peronistas se vieran en la necesidad de alinearse silenciosamente detrás de este relato, a riesgo de que se les recordara su aval o tolerancia (compartida por muchos otros, aclaremos) a la represión ilegal, antes y después del golpe, y se los excluyera del “campo nacional y popular”, monopolio de la virtud y la legitimidad.

Esta “teoría de un solo demonio” ha sido terriblemente tóxica para la democracia argentina, para nuestra cultura política y, lo que es ahora visible, para la causa de los derechos humanos. No simplemente porque la corrompió con dineros públicos y manejos propios de la peor política partidaria. En esencia, era ya tóxica antes de que el dinero empezara a fluir a manos llenas en las cuentas de Sergio Schoklender; lo fue cuando la divorció de los principios liberal democráticos, cuando la llevó a mentir alevosamente sobre el pasado, y convirtió la legitimidad de los derechos humanos en el arma con que una facción podía acallar a una enorme gama de actores sociales y políticos. Cuando debilitó todo principio de pertenencia y convivencia colectiva para afirmar como “carta de triunfo” los derechos de las víctimas y sus representantes.

Italia tiene una historia en muchos aspectos parecida a la nuestra. Pero las diferencias culturales y políticas actuales en este terreno son más instructivas que las similitudes. Uno puede encontrar en muchas ciudades italianas homenajes a los muertos de la resistencia antifascista. Mientras que el estado paga religiosamente las pensiones de los veteranos de la Segunda Guerra. No por eso reivindica su participación en ese conflicto. Y lo que es más importante, a nadie se le ocurre por una cosa o la otra confundir a la resistencia con las Brigadas Rojas.

Publicado el 21 de junio de 2011 en www.lanacion.com.ar

Fuente: articulos-interesantes.blogspot.com

Hay procesos que se alimentan solos. El de la violencia suele ser uno de ellos. Se planta una semilla y, si germina, se inicia una reacción en cadena: se propaga por imitación, se justifica por las reacciones de las víctimas, que en vez de “disculparse” se “autoinculpan”, se normaliza y extiende a nuevos territorios, con nuevos fines.

Nada indica que el kirchnerismo esté moderando o refrenando en alguna medida este proceso. Todo lo contrario. Es cierto que se cuida más la retórica utilizada desde el atril. Pero el objetivo de “señalar” objetivos y justificar su exclusión violenta de la vida pública y, en lo posible, de la comunidad, sigue en pie y a toda máquina. Con lo que la situación puede estar empeorando, y encima hacerlo sutilmente, desactivando las esperables resistencias: el problema no está sólo ni principalmente en el bloqueo gremial a un diario o en la invitación grotesca de la Secretaría de Cultura a “golpear al gorila”, sino sobre todo en la espontánea reproducción de este tipo de acciones.

El mecanismo utilizado es de libro, y hasta aquí ha funcionado más o menos así: primero, el enunciador oficial se arroga la condición de víctima y una posición de debilidad relativa, apelando a resentimientos presentes en la sociedad, fruto de las muchas ocasiones en que ella se ha sentido víctima de algo, con más o menos razón según los casos; segundo, se atribuye un poder extraordinario y hasta allí oculto a un grupo difuso de enemigos a los que se identifica con una condición X que los enfrenta irreparablemente al resto de la sociedad; por último, se postula más o menos abiertamente que dado que ese enemigo es la causa de los problemas, de su extinción depende la solución. Todos los populismos han usado con mayor o menor asiduidad e intensidad estos recursos. La pregunta que cabe hacerse es si el kirchnerismo los está extremando, y hasta dónde querrá y será capaz de llegar. Y una preocupante señal a este respecto es la profundidad social que están adquiriendo tanto los objetivos como los métodos.

Los objetos de la violencia, los enemigos, habían sido hasta aquí de naturaleza “política”: fueron identificados en esa arena bien por acciones del pasado, lo que habían hecho durante la dictadura, bien por lo que hacían ahora, sus posiciones críticas hacia el gobierno en los medios. Y la “respuesta”, la represalia en la forma de escraches, golpes o “señalamientos” que podían dirigirse por igual a un represor o a periodistas del grupo Clarín y aledaños, escogidos estos últimos según su peligrosidad, esto es su eficacia para dañar la imagen del oficialismo, tenía también fines políticos.

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El lugar estelar que fueron ocupando en las últimas manifestaciones oficialistas, y en particular en la del 24 de marzo de este año, algunas figuras mediáticas de tiempos del Proceso podría considerarse entonces como el mero fruto de la superposición de ambas categorías. Por tanto, que una figura en principio tan poco relevante en la vida política como Mirta Legrand haya pasado a ocupar un lugar prominente en el patíbulo de los enemigos del pueblo no debería sorprender demasiado, ni de ello cabría deducirse ningún cambio o maduración en el proceso que sigue la violencia.

Hay, sin embargo, una novedad. Y es que a través de Mirta el “enemigo” se vuelve más social que político, su condición se asocia ahora más a lo que él es que a lo que hace: lo que se ataca, atacando a la señora de los almuerzos, no es una posición política sino su ausencia, es una función y condición social más que una posición; es ese sentido común bastante banal, por regla general acomodaticio y también algo hueco, que ayuda a formar en alguna medida la opinión pública, de este como de muchos otros países, porque su función es esencialmente dar cabida a la circulación y el entrecruzamiento de muy distintos argumentos (ellos sí políticos). Es esa función lo que el oficialismo parece ahora empeñado en alterar de raíz. Para reemplazarla por algo que no sería para nada acomodaticio: debería ser entusiasta, militante. Aunque dicho entre nosotros no está muy claro que pudiera dejar de ser todo lo banal y hueco que puede ser la Legrand (a menos que nos creamos que hay más contenidos, ideas y valores innovativos, más profundidad interpretativa y apertura al mundo en la exposición de Albistur y Coscia en el Palais de Glace que en las tertulias televisivas de la señora).

Del hecho de que el enemigo sea ahora más social que político se desprende además de un objetivo, un método nuevo para el ejercicio de la violencia: la invitación a los asistentes a la marcha del día de la memoria para que escupieran o arrojaran otras excrecencias en los carteles con la imagen de Mirta, y la participación de familias con niños pequeños en esta suerte de happening de la humillación, son toda una novedad. Que la innovación la haya producido un grupo ignoto, seguramente actuando por su cuenta, no hace las cosas menos graves sino todo lo contrario. Revela que hay un evangelio y evangelistas disponibles para extender la guerra iniciada desde el poder, y hay cada vez menos sensibilidad y vergüenza ante la imagen, el shock estético que a cualquier persona normal, con “sentido común”, le produce el acto violento.

Fuente: articulos-interesantes.blogspot.com

Hay cosas que se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan. Tal vez esté siendo demasiado pesimista, pero me da la impresión de que si Cristina Kirchner gana las próximas elecciones, y sobre todo si ella y quienes la acompañan se hacen a la idea de que ganan por la razones que los promotores de la violencia están diciendo que van a ganar, asumiendo que la sociedad está dispuesta a “premiar al vicio”, entonces más y más gente se convertirá en objeto de la violencia, y deberá acostumbrarse a vivir con miedo.

La cuestión sindical sigue siendo el más delicado de los asuntos que el gobierno tiene entre manos, porque como hemos venido destacando confluyen en él problemas políticos, económicos y judiciales de muy difícil resolución.

Hasta hace unos días podía creerse que el gobierno llevaba la iniciativa con un juego de pinzas bastante riesgoso pero de momento eficaz, para aislar a sus adversarios peronistas, los que más teme, mantener dentro del redil a los dubitativos, y a la vez debilitarlos lo más posible favoreciendo a sus más estrechos seguidores. Con Sabbatella y las presiones sobre la política de seguridad de Scioli, más el habitual uso extorsivo de las transferencias de fondos, parecía estar logrando que las cosas se acomodaran a su voluntad: los barones del conurbano hocicarían tarde o temprano, y se podría preparar el terreno para un “triunfo cristinista”, más propio que el de 2007, que recordemos debió tanto al liderazgo de Néstor, que colocaba a Cristina en una subordinada condición de vicaria, como a los votos que le aportó el ex motonauta en la provincia, que excedieron los de la fórmula presidencial por unos cuantos puntos.

Pero con el affair Venegas primero, y la detención seguramente más prolongada de Pedraza ahora, el escenario toma otro cariz. Porque una cosa es apretar para negociar, algo que está en el habitus de todo buen peronista, y otra muy distinta es deslegitimar a los interlocutores, y tratar, o dejar creer que uno está tratando, de destruirlos. El gobierno podrá decir que no es él quien impulsa estos juicios y detenciones (aunque en el caso de Venegas ello fue muy poco creíble), y tratar de asumir una posición ecuánime, que le permita decir a la vez que no promueve la impunidad, siquiera de los más poderosos del peronismo, y que el hecho de que los presos no sean del propio riñón, sino del peronismo histórico o del disidente demuestra que el suyo es el más democrático y republicano de los peronismos posibles. Pero corre de todos modos el serio riesgo de que no le crean ni los peronistas que ven amenazada su habitual forma de vida, ni los no peronistas que aspiran a un sindicalismo más honesto y democrático.

Y eso no es todo. El haber querido usar los juicios contra sindicalistas como instrumento para disciplinarlos, no sólo en el terreno electoral, sino en el aun más precario de las paritarias, en un contexto de competencia entre gremios y alta inflación que desalienta la moderación en los pedidos de aumentos, no sólo le está trayendo problemas con los capos cegetistas, también lo hace con una opinión pública y empresaria para la cual “hacer algo” para controlar y democratizar a los gremios ha vuelto a ser una preocupación urgente, y que ve que el gobierno no ofrece ninguna solución al respecto ni viene ejerciendo frente a Moyano y su gente presión reformista de ningún tipo.

La diferencia a este respecto entre las relaciones de Cristina con los barones bonaerenses y con los gremios salta a la vista. Recordemos que desde un principio el kirchnerismo se presentó como un proyecto “renovador” de las dirigencias políticas, y a la vez como un poder dispuesto a incorporar a sus filas a todos los viejos caudillos dispuestos a serle fieles.

Con Sabbatella y compañía no hace hoy más que reeditar un experimento que ya en 2005 y 2007 le funcionó muy bien, para mantener viva la idea de un kirchnerismo que trasciende las fronteras partidarias, y a la vez es capaz de alinear al grueso del PJ detrás suyo. El artilugio funcionó, y puede volver a funcionar, en la medida en que los costos que impone a esos aliados poco fieles no son tantos como para justificar su abandono del barco, entre otras cosas, porque sigue asegurándoles a la mayoría la reproducción de sus bases de poder.

Este no es el caso de gremialistas que, en número creciente y con creciente intensidad, temen ir presos. Justo cuando ven agotarse una rueda de la felicidad inflacionaria que en años anteriores contribuyó a fortalecer su poder interno y su gravitación política, pero que cada día que pasa se vuelve más y más en su contra. Encarar la compaña electoral en este contexto puede significar para el gobierno ofrecer flancos débiles tanto frente a Duhalde y quienes proponen defender la base más tradicional y estable del poder institucional del peronismo, como ante quienes recojan la demanda social por un cambio de modelo sindical como parte de un cambio más amplio de la política económica. Si la preferencia del oficialismo consiste en mostrar a Carlos Tomada y Amado Boudou como prototipos del buen gestor y “guardianes del modelo”, dejará en evidencia no sólo que está conforme con haber extendido desmesuradamente el poder de Moyano y de este modelo sindical en crisis, sino que carece de todo plan respecto a qué hacer con él en el futuro.

- Link a la extensiva y completísima cobertura en vivo que Al Jazzera (en inglés) esta dedicando a las protestas en Egipto.

- Link al blog de Marc Lynch en Foreign Policy

No obstante, este cambio llega a raíz de un conflicto que se presenta en un escenario particular: dos niveles de gobierno, el porteño y el nacional, “superponen” en la Ciudad de Buenos Aires sus prerrogativas en el control de la seguridad pública. Esta superposición, no obstante, es aún relativa dado que la Policía Metropolitana tiene funciones sumamente acotadas. Al final del día, la Policía Federal sigue siendo la encargada de ejercer las tareas de prevención y castigo del crimen en el distrito porteño. El hecho de que la Gendarmería y la Prefectura se hayan hecho cargo de la seguridad en el área demostró apaciguar los ánimos entre los involucrados en los hechos de violencia. Pero esto no es nuevo, y podría ser un indicio de una tendencia que ya se viene registrando en las provincias de Buenos Aires y Mendoza: el despliegue de fuerzas de seguridad pública para realizar tareas en forma permanente que corresponden a fuerzas locales. Teniendo en cuenta el conflicto presupuestario entre el gobierno nacional y la jefatura de gobierno porteña que mantiene a la Policía Metropolitana en la minoría de edad, y la poca efectividad que demostró la PFA, esta situación podría resultar la menos costosa en términos políticos. Pero la elusión de la culpa no resuelve la situación de fondo: el gobierno porteño no es capaz de resolver conflictos sociales que acontecen en su área territorial. Una mayor superposición entre las distintas fuerzas abre sólo una fuga hacia delante, y ningún gobierno tiene interés en alterar ese statu quo.

Las consecuencias más directas de los hechos de Villa Soldati en política de seguridad, a saber, la creación de un Ministerio de Seguridad a nivel nacional y una mayor superposición de fuerzas de seguridad interior correspondientes a distintos niveles de gobierno, plantean dos interrogantes: ¿Por qué seguridad y derechos humanos son compatibles después de Villa Soldati y no inmediatamente después de Formosa? ¿No deberían ser tan igualmente reprochables en todo caso las declaraciones del Ministro de Gobierno formoseño como las del Jefe de Gobierno porteño?

Sólo los más fanáticos entre los fanáticos festejarán a la presidente por su discurso sobre derechos humanos, su alegato por el derecho a la vida en su sentido más amplio, y su denuncia de la xenofobia cuando, en el mismo instante en que expresaba estos conceptos, en territorio de jurisdicción de la policía federal bandas armadas de civiles ingresaban en el escenario de un conflicto conocido y que se había cobrado ya tres vidas, para generar más muertos y heridos, ante la ausencia completa de cualquier atisbo de presencia estatal. Quizá nunca antes el contraste entre el discurso de las bellas palabras presidenciales vitoreado por los cánticos militantes y el de un estado incapaz de garantizar los derechos fundamentales haya quedado tan en descubierto.

Es difícil pensar que el gobierno nacional quede tan indemne como sus máximos funcionarios lo pretenden frente a estos hechos. Al menos desde la muerte de Néstor Kirchner, la opinión pública parecía ganada por el conformismo, adobado éste por los periódicos anuncios de prosperidad ilimitada ofrecidos desde el gobierno (y avalados en parte por el crecimiento económico y el aumento del consumo). Los hechos de Villa Soldati, con su enjambre de pobreza extrema, violencia, xenofobia y, sobre todo, como explicitación del fracaso del estado argentino en el cumplimiento de varias de sus funciones esenciales, han sacudido a esta opinión adormecida, haciéndola, una vez más, despertar del sueño de la Argentina opulenta. Es cierto que el gobierno nacional había logrado hasta aquí contar con la complicidad de esa opinión haciendo simplemente caso omiso de aquellos temas poco agradables sobre los cuales carga con inocultable responsabilidad (desde la apabullante corrupción de Jaime hasta las cifras de inflación y su ocultamiento). La prensa gubernamental había optado – y logrado también, lo cual no es un dato menor – por ignorar esas cuestiones, sin siquiera considerar que fuera necesaria una versión oficial para explicarlas. Pero la decisión en este caso de limitar su rol a criticar las declaraciones del jefe de gobierno porteño en pos de lograr la ansiada polarización con la derecha podría no ser lo exitosa que se pretende. Cuanto menos, la situación pone en evidencia las limitaciones de la política kirchnerista de “no represión”, y de dejar a los actores sociales definir el orden de la calle bajo el argumento de evitar males mayores. ¿Cómo no preguntarse sobre el éxito de esta política cuando termina por permitir la resolución de conflictos mediante la violencia entre particulares, y que sostiene esa posición en forma explícita?

Como es natural, la decisión de utilizar la situación para erigir a Macri en el enemigo número uno encuentra en el jefe de gobierno porteño a un socio ideal. En efecto, también Macri se entusiasma con la apuesta por la polarización entre él mismo y el gobierno nacional. Y para eso tampoco duda en jugar con fuego, apelando a declaraciones tan repudiables por su contenido abiertamente discriminatorio como falsas.

En definitiva, las muertes absurdas que se incrementan con el correr de las horas en un conflicto definitivamente evitable revelan el triste espectáculo de gobernantes de un estado en crisis. Mientras aquellos juegan el juego de las apariencias en vistas a sus próximas postulaciones, éste se define incapaz de garantizar la vida de sus habitantes.

La resolución en cuestión tomó cierta relevancia y alcanzó medios de amplia difusión como Télam, Página 12 y Clarín. Asimismo, despertó la reacción de los distintos abogados querellantes de la causa que a través de las jornadas reiteraron los pedidos. Por su parte, la Fiscal Mirna Goransky, haciendo uso de la facultad que le otorga el art. 120 de la Constitución Nacional al Ministerio Público Fiscal, interpuso un recurso de reposición para que el tribunal revoque la medida.
Finalmente, luego de que cada afectado presentara una petición invocando el derecho de peticionar ante las autoridades que emana del nuestra Carta Magna, el Tribunal revocó por contrario imperio la sanción impuesta a los habituales seguidores de la causa por entender como válidas las alegaciones expuestas por éstos.
En todo el país se están celebrando 13 juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y éste configura el primer antecedente de restricción al acceso. Si bien el Código Procesal Penal establece que las personas que asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio, la mayoría de los Tribunales permiten al público aplaudir al final de los testimonios. Es que, después de más de 30 años, resulta casi inevitable que los distintos afectados por estos trágicos hechos, se expresen y exterioricen sus sentimientos.

¿Por qué en Ecuador se vivió una situación así? En nuestro país la condición de posibilidad de las reformas policiales puede remontarse a la exitosa demarcación de competencias entre las fuerzas de seguridad interior y de defensa externa. Esta demarcación fue conseguida en nuestro país gracias al consenso de las mayorías legislativas. En Ecuador, en cambio, esta condición de posibilidad no existe. Así como en el resto de los países sudamericanos, las trayectorias históricas de las fuerzas policiales han estado sujetas a distintas realidades políticas, y por tanto, han seguido rumbos distintos. La Ley Orgánica de la Policía Nacional de 1998 establece que la policía ecuatoriana ratifica una estructura organizativa centralizada y vertical, siguiendo un patrón militarizado. Y esto no ha sufrido cambios en los últimos años. A tres años de la llegada de Rafael Correa al Palacio de Carondelet, la discusión sobre la reforma policial ha estado perdiendo fuelle desde los esfuerzos iniciales evidenciados con la creación de la Comisión de Modernización de la Policía Nacional. Aunque como bien señala Daniel Pontón, es sugerente que estos esfuerzos hayan sido caracterizados desde un comienzo como modernizadores, y no reformistas.

Los hechos de los últimos días en Ecuador nos dejan algunas preguntas sobre la relación entre la movilización política y las políticas de seguridad que encontramos en los países que, según Steven Levitsky y Kenneth Roberts, pueden considerarse como la izquierda populista en Latinoamérica: Ecuador y Venezuela.* En estos países las tendencias centralizadoras en los sistemas de seguridad pública presentan ciertas similitudes. Hablamos de policías fuertemente centralizadas, subordinadas al poder político, pero como demuestra el caso ecuatoriano, policías capaces de ser potencialmente actores de veto.

Algunos interrogantes surgen al reverbero de los hechos en Ecuador. Por un lado, si se dieron efectivamente sustantivos aumentos salariales a los miembros de la Policía Nacional, ¿Por qué no se acompañaron estas medidas de una modificación de sus derechos de agremiarse como trabajadores estatales? ¿No habría sido esta una forma más certera de canalizar el malestar y contrarrestar el espíritu corporativo de la institución? ¿No cabe suponer que estos regímenes tendrían que ser adalides de la democratización al interior de las fuerzas policiales? Y en otro orden de cosas, ¿No es contradictorio que regímenes que emergieron buscando sustentarse en la movilización popular acentúen, o mantengan en el mejor de los casos, los rasgos centralizadores del sistema de seguridad pública ? ¿Es realmente una solución a los problemas de la seguridad interior involucrar a las Fuerzas Armadas? Y finalmente, ¿A qué actor de la coalición de movimiento PAÍS ha beneficiado la rebelión policial?

*Este comentario surge de una idea original de Gustavo González del Programa Delito y Sociedad de la UNL.