Como todo concepto, “hegemonía” no es una categoría neutra ni transparente. Su articulación conceptual tiene una historia específica, ligada a los debates internos del marxismo respecto de cómo desarrollar la acción política. La intervención de Gramsci, que fue quien dio al concepto de hegemonía su máxima profundidad teórica, se proponía resaltar la autonomía de la esfera propiamente política y de la lucha ideológica, en contraposición a la idea de que los procesos económicos resolverían por sí mismos los procesos políticos. La noción de hegemonía resalta entonces la idea de que la acción política se basa en una “batalla” (el lenguaje militar que subyace a esta noción debe ser tenido en cuenta) por el sentido común. La clase social hegemónica es aquella que consigue que sus ideas particulares sean asumidas por la sociedad en su conjunto, algo que se logra controlando, o al menos influyendo, en los espacios de difusión ideológica: las instituciones educativas, los ámbitos de socialización, los medios de comunicación.

Para preservar el valor teórico del concepto, es necesario evitar sobre-extenderlo. No todo predominio político es “hegemónico”; es decir, no todo predominio político se basa en el convencimiento ideológico. Ya Gramsci había distinguido entre hegemonía y coerción estatal. Si interpretamos flexiblemente este último elemento, deberíamos tener en cuenta que la política argentina pasa en gran medida por aparatos locales, donde los incentivos para votar a uno u otro candidato tienen muy poco que ver con preferencias ideológicas. No hay “hegemonía” cuando alguien vota a un gobierno porque teme que si su representante local pierde, dejarán de llegar bolsas de comida, subsidios, o que perderá el trabajo. En la Argentina, el control del aparato estatal y de diversos aparatos partidarios sigue siendo un elemento central del predominio político.

Es importante distinguir también (y esto es a menudo ignorado) entre hegemonía y coalición. Una coalición es un acuerdo entre actores cuyas ideas e intereses son previos y permanecen sin modificaciones tras su ingreso a la misma. Que un gobierno consiga la adhesión de una serie de actores a quienes beneficia, económicamente o de otro modo, a través de sus políticas, no implica necesariamente una transformación ideológica de dichos actores, ni de la sociedad en su conjunto. Para que haya hegemonía, los intereses e ideas de los actores deben ser modificados, que no es lo mismo que ser satisfechos. Conseguir el apoyo de la CGT otorgando aumentos salariales no implica de por sí una transformación ideológica de la CGT, como tampoco lo implica obtener el apoyo de organizaciones de derechos humanos por juzgar a los responsables del terrorismo de Estado.

Una objeción a este razonamiento sería que aún una coalición de intereses implica en alguna medida una transformación ideológica. Es posible. Pero en la medida en que el predominio político se base en la capacidad de sostener un acuerdo de intereses que, en caso de no poder sostenerse, socava dicho predominio, pone en duda la prevalencia de la dimensión ideológica que subyace al concepto de hegemonía. De nuevo: este concepto tiene que ver con la transformación ideológica de los actores, y no con los acuerdos entre actores con ideas e intereses pre-existentes. Si la permanencia en el poder se sustenta principalmente en recursos de política pública, es dudoso que exista una “hegemonía”.

Debemos, por último, distinguir entre “hegemonía” y moda o climas electorales, otra distinción a menudo ignorada. La opinión pública suele entusiasmarse circunstancialmente con ciertas ideas y con ciertas figuras. Pero eso no constituye hegemonía, en la medida en que dichas ideas o figuras no adquieren una cierta persistencia en el imaginario de los actores colectivos. El entusiasmo circunstancial con un gobierno debido a una coyuntura económica favorable, a un estilo popular y novedoso, a la influencia de ciertas personalidades, y demás, no implica que las ideas de dicho gobierno pasen a ser asumidas por la sociedad en su conjunto. De hecho, los entusiasmos electorales suelen demostrar lo contrario: cuando el clima favorable se termina, la reacción ideológica tiende a arrasar con las ideas que, hasta ese momento, parecían incontestables.

De todo esto se desprenden dos conclusiones posibles. La primera es que la dimensión propiamente “hegemónica” de la política es más reducida de lo que normalmente se piensa. Muchas veces se habla de la “hegemonía” de un gobierno cuando, si nos atenemos a la especificidad del concepto, se está refiriendo en realidad a dimensiones no hegemónicas del predominio político: dominio de aparatos estatales, formación de coaliciones y climas de opinión. En ese caso, podríamos preguntarnos si la sobre-extensión del concepto de hegemonía no responde a un cierto sobredimensionamiento del aspecto ideológico del predominio político, y al hecho de imaginar que ciertos escenarios políticos cuentan con una consistencia y una persistencia mayor de la que en realidad tienen.

La segunda conclusión posible, más radical y tal vez más realista, es que la hegemonía ha perdido especificidad conceptual porque la misma no consigue explicar la pluralidad de dimensiones que atraviesan a la política contemporánea. Condensar conceptualmente la pluralidad de mecanismos en los que se sustenta el predominio político de un actor puede ser una forma de esconder dicha pluralidad. En otras palabras, ese predominio puede no ser otra cosa que la convergencia de modas sociales, coaliciones circunstanciales de intereses, dominio sobre ciertos aparatos, y demás elementos lo suficientemente heterogéneos entre sí como para ser conceptualmente unificados. De esto son tal vez más conscientes los actores políticos, siempre pendientes de la multiplicidad de mecanismos en los que se sustenta su poder, que los analistas, muchas veces ansiosos por totalizaciones que reduzcan la complejidad de los fenómenos.

Sea reevaluando la amplitud del concepto o reconociendo su caducidad, es importante no solo analizar los fenómenos “hegemónicos”, sino preguntarse por qué la política argentina se piensa a sí misma en términos de hegemonía.

En primer lugar, los partidos opositores no tendrán que mandar a pérdida todo el año 2010. Pese a su fragmentación, la competencia entre sus líderes y la precariedad de los mismos, los opositores lograron cooperar entre sí hasta el final en este proyecto, y sortear todos los obstáculos que el oficialismo puso en su camino. No es poca cosa, y sería bueno que esas fuerzas lo pudieran explicar a la sociedad, para refutar la opinión, acrecentada en los últimos tiempos, según la cual no han hecho más que pelearse entre sí y “defraudar las expectativas” que se pusieron en ellas.

En segundo lugar, el Parlamento ha logrado salir del pantano y funcionar, hacer lo que tiene que hacer, leyes. Y al mismo tiempo, como con la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, mostrarse útil a la sociedad. La cuestión previsional ha sido manipulada y maltratada una y otra vez desde la vuelta de la democracia. Esta ley no será seguramente una solución definitiva, pero más allá de todo lo que se le pueda objetar (la indefinición de las fuentes de financiamiento, su oportunidad en medio de un proceso inflacionario y de una fuerte confrontación política en un clima preelectoral, etc.), tiene una virtud que ninguna de las iniciativas kirchneristas en este terreno, como el otorgamiento de jubilaciones a quienes no habían completado sus aportes, la reestatización del sistema y la discrecionalidad y segmentación de las actualizaciones, también muy discutibles todas ellas, no tuvieron: respetar los derechos adquiridos y tratar del modo más imparcial posible a todos los miembros de la clase pasiva.

En tercer lugar, y tal vez lo más importante, el arco opositor ha logrado poner un pie en el uso de los recursos fiscales, un asunto que los Kirchner siguen hasta hoy controlando con mano de hierro, y sobre el que han sostenido su capacidad de disciplinar a actores sociales y políticos, y hacerse los ciegos y sordos ante todo lo que le reclaman sus adversarios.

En este aspecto, el proyecto merece dos consideraciones particulares: no es tan amenazante para el equilibrio fiscal como sostiene el oficialismo, pero tampoco es inocuo, y su aplicación efectiva (como sería una que evite la salida fácil de empezar a retrasar el salario mínimo, o la inconsistencia temporal que supondría consumir el superávit acumulado en el sistema previsional hasta que se agote, y heredarle el problema al siguiente gobierno), exigiría cambios en otras áreas del gasto público y la política tributaria. Por como viene planteada la discusión sobre presupuesto, retenciones, ganancias y demás asuntos en estos terrenos, no es esperable que algo así se pueda lograr en el corto plazo. Al menos hasta que la situación política cambie y una mayoría más consistente sea posible, o lo sea la cooperación entre gobierno y oposición.

Esta consideración permite evaluar el inmediato veto presidencial con una perspectiva de tiempo un poco más amplia. En lo inmediato él cierra la puerta al avance opositor, y aunque supone un costo para el Ejecutivo, implica uno menor que el que hubiera significado aceptar que sea el Congreso el que reparta los recursos de la recaudación. La oposición además podrá decir que ha quedado sentado que si el Congreso no hizo más en este tiempo es no por su ineficacia, sino por lo renuentes que son los Kirchner a ceder o negociar: que por tanto la sociedad debe elegir el año entrante si desea darles de vuelta la suma del poder público, o terminar con ellos definitivamente. Pero por sobre todo, el veto estará lejos de cerrar la cuestión: no significa la evaporación de los avances que esta ley significó para los opositores y para el Parlamento; y tampoco permite sacar de la agenda política la cuestión previsional tal como ha dejado en claro el propio Moyano un día después del decreto de Cristina. Los derechos de los jubilados han sido difíciles de tratar en estos años, porque suponen un compromiso con el largo plazo y entre generaciones, y como se sabe, si algo ha dominado la etapa democrática, y en particular la del kirchnerismo, ha sido la necesidad del momento. Que eso deje de ser así en el futuro es un mandato imperiosa para todas las fuerzas políticas. Tal vez se ha dado un paso en esa dirección que será difícil desandar.

Hasta ese momento, la gravitación que ejercía la jefa de la Coalición Cívica sobre sus socios venía experimentando una notoria declinación, paralela a la de su popularidad. Y el Acuerdo Cívico y Social se encaminaba sin mayores sobresaltos al desafío de redefinirse, con vistas a conformar un auténtico frente de partidos, y eventualmente convertirse en base de una coalición de gobierno. Lo que los líderes de las tres fuerzas más decididos en este camino, Margarita Stolbizer del GEN, Ernesto Sanz de la UCR y Rubén Giustiniani del PS, ya habían empezado a explorar con declaraciones y presentaciones públicas que indicaban un esfuerzo de colaboración trascendente a los candidatos y a la coyuntura parlamentaria.

La decisión de Alfonsín de abrazarse a Carrió para utilizar en su provecho el veto que ella le imponía públicamente a Cobos como potencial candidato del espacio “panradical” reveló la estrechez de miras de quienes han estado y siguen estando demasiado atentos a la interna de la UCR. Puso además de forma imprevista e inconsulta en graves aprietos a los tres líderes partidarios y su esfuerzo de construcción coalicional. Y, por sobre todo, elevó la capacidad de daño de la diputada tanto sobre esos partidos, como sobre el propio Alfonsín. Al respecto, cabe hacer una aclaración importante. Carrió se arroga el haber sido la inicial promotora del Acuerdo Cívico y Social, y por tanto la accionista mayoritaria de los réditos que esa apuesta ha brindado. Su pretensión no es del todo infundada. Pero ello no quita que, con el paso del tiempo se haya vuelto más y más un obstáculo para el progreso del Acuerdo: porque lo cierto es que su vocación coalicional nació y se justificó desde la idea de que el radicalismo era una fuerza prácticamente en extinción y los demás “socios” no eran más que retazos del naufragio; hoy que esos partidos se han revivificado gracias al éxito electoral de 2009 y las perspectivas abiertas para el futuro inmediato, y han surgido nuevos actores autónomos como el GEN de Stolbizer, pareciera que Carrió está empecinada en retrotraer las cosas al momento en que ella repartía las partituras y Gerardo Morales y los demás no tenían más remedio que seguirle el paso.

Carrió, no cabe duda, es una valiosa fiscal del poder. Y ha sido y puede seguir siendo una muy activa y eficaz líder legislativa, capaz de contribuir a la formación en el ámbito parlamentario de acuerdos amplios entre las heterogéneas fuerzas antikirchneristas. Pero a menos que sus socios en el Acuerdo estén dispuestos a reconocerle el rol que ella se arroga a nivel partidario, de ser su superior censora y primera electora, entonces las posibilidades de convivencia en un mismo espacio con ellos ahora que es preciso crear recursos partidarios y liderazgos para gobernar son más bien escasas, sino nulas. Y de lo que se trata por tanto es de encontrar la forma de resolver la cuestión del modo más rápido y menos perjudicial para todos, no sólo con vistas a las próximas elecciones, sino también a la continuidad del trabajo conjunto en el Parlamento y demás ámbitos en que ello sea posible. La prolongación en el tiempo de una situación que impone límites estrechos a la cooperación interpartidaria, y genera choques cada vez más desgastantes, significaría a la larga costos mayores que los que cabe esperar de un divorcio anticipado y razonablemente negociado. De él, finalmente, no se podrá culpar a nadie. Carrió ha dicho que sólo rescata a Alfonsín de entre los radicales, porque es bueno e ingenuo, que los socialistas están ya fuera de su campo de interés, y que el GEN es una ONG irrelevante. Si su atención está puesta en acordar con un peronismo que no sea ni kirchnerista ni duhaldista (dando a entender que está hablando de Solá aunque él, como se sabe, ha sido ambas cosas), no podrá reprocharles a sus actuales socios que le dejen libres las manos para intentarlo.

To answer the question of why Argentina, conventional arguments help, but only to a point. No doubt, Argentina has many of the conditions that, research has shown, go hand in hand with more pro-gay legislation. It has high levels of urbanization and schooling (the modernization hypothesis) as well as a vibrant constellation of civic organizations (the social movement hypothesis), but so do most countries in the Americas. It has a ruling party that sees itself left of center (the partisan hypothesis), but this is also true of most countries in the Americas today, including the United States. And it has a super gay-friendly main city, but this is also true of at least Brazil, Mexico, the United States, Colombia, Uruguay, Peru, and Costa Rica.

To explain the Argentina puzzle, we thus need to refine conventional arguments. Here are six factors to consider.

First, Catholics don’t go to Church and Evangelicals are (still) small in number. Much has been said about the fact that a Catholic country such as Argentina has approved gay marriage. This is a point worth making because the Catholic Church since 2007, especially under this pope, has become more obsessed with blocking same-sex marriage. In Argentina specifically, the Church actually launched a crusade against this bill, even releasing kids from schools so that they could pressure parents to go protest against the law. Yet, the key statistic to know about Argentina is not so much that it is predominantly Catholic (it is), but rather that church attendance is low—approximately 22 percent of the population attends church services weekly—and secondly, that the Evangelical population is tiny (only 2 percent ). This is perhaps the most important structural difference with the United States and Mexico, where church attendance is high (approximately 45 percent) and Evangelicalism is growing. It also separates Argentina from Brazil, where church attendance is medium (36 percent) and Evangelicalism is more numerous (approximately 15 percent), and from Central America, where Evangelicalism is huge (from 18 percent in Costa Rica to 40 percent in Guatemala). Low church attendance and low Evangelicalism helps predict pro-LGBT legislation because it reveals the extent of societal secularism as well as the mobilizational weakness of the churches. Argentina is distinctive on both counts.

Second, separation of church and party. It is not enough to have separation of church and state, as do most countries in the region. It is vital to have separation of church and party. Although the church’s officialdom is powerful in Argentina, the country has not had a strong confessional party for the past 100 years. There is no strong Christian Democratic party as in Chile and Venezuela. There is no party with strong connections with the Opus Dei as the ruling party in Colombia and Mexico. There is no party with strong connections with Evangelical groups as the Republicans in the United States (and arguably, the Labor Party in Brazil and most parties in Central America and the Anglo-Caribbean). This is one reason that so many legislators in Argentina, from all parties, risked voting against the pulpit.

Third, transnational legalism. Much has been written about how globalization helps to promote LGBT rights. But Argentina shows that there is a type of globalization that is especially helpful, and which incidentally, is scarce in the United States—transnational legalism. This term refers to the ease with which a country’s legal system borrows from international cases to set legal precedents domestically. While most countries in Latin America have a strong tradition of transnational legalism, Argentina is no doubt a regional champion. It is both an avid importer of international norms (since 1994, most international human rights treaties have had constitutional status), and also a voluminous exporter of legal norms, playing active roles in helping international organizations and foreign countries bolster their human rights norms and helping countries establish “truth commissions.” Thus, Argentina’s pro-LGBT forces were quite comfortable emulating norms from abroad, even borrowing verbatim wording and arguments from actors fighting elsewhere to approve LGBT rights. In the United States, this form of international emulation is frowned upon. In Argentina, it actually bolstered the emulators, in part because of the country’s tradition of transnational legalism.

Fourth, domestic legal resources. It would be incorrect to say that Argentina’s pro-LGBT groups drew exclusively from abroad. They also drew from domestic sources. The agenda of the LGBT movement was cast as part of the country’s broader agenda on behalf of feminism, gender, reproduction, health, and sexuality. These issues have been part of Argentina’s legislative agenda for several decades now. Furthermore, a strategy was developed by different LGBT organizations, particularly the Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans (Argentina Federation of Lesbians, Gays, Bisexuals and Trans) to encourage gay couples to request marriage licenses, in order to get an official refusal and then challenge the official decision on constitutional grounds. This strategy proved effective. Several judges responded by authorizing marriages, also on constitutional grounds. In less than a year, a dozen gay couples got married that way, even before the new law came into being. The issue was framed as a question of equality before the law, the domestic law. In contrast, the Catholic Church almost took pride in presenting itself outside the law. Its discourse against LGBT folks became so aggressive and discriminatory that even those who were unsure about the morality of the bill were appalled by the extra-constitutionality of the Church’s position. The key lesson is therefore that in addition to transnational legalism, a country needs to have a well grounded legal tradition of equality, liberty and human rights, as well as a set of social movements with expertise in the use of that tradition to its advantage.

Fifth, democracy, yes; referendum democracy, no. Perhaps the most important victory by pro-LGBT groups in Argentina was to avoid the referenda trap. Enemies of Argentina’s gay marriage legislation, including the Catholic Church, offered a populist compromise—submit the issue to a popular vote. In Latin America, at the moment, the concept of participatory democracy is in vogue. But LGBT groups and its allies in Argentina were smart to recognize the problems with this form of populism. Submitting to a majority vote questions of minority rights is inherently a biased process—against the minority group, naturally—and this makes it undemocratic despite its reliance on the popular vote. Argentina thus replicated the path taken by Massachusetts, where gay marriage was approved first through a court ruling and then by legislative vote against the wishes of the anti-gay governor Mitt Romney, who wanted a referendum, and avoided the California and Florida models, which relied on popular vote to disastrous results even though societal tolerance for LGBT folks in those states is presumably high.

Sixth, and lastly, the president presides. Ultimately, what made the law possible was the President’s decision to take the risk of backing the bill. This courageous act is the one factor that is more ad hoc and specific to the case, and yet perhaps it was the most indispensable of all. Analysts debate why at this particular juncture president Cristina Fernández decided to take the risk of a public fight with the Church and a possible split within the ruling party. Perhaps she did this because of the Peronist tradition of confronting the Church openly (while secretly negotiating other agreements). Perhaps this is one more example of this administration’s penchant for open confrontation. Perhaps she did it because the opposition was fragmented and likely to split even more severely than the ruling party. Perhaps she did it because the government needed to recover lost ground among the young and the urbanites, who had abandoned her. Perhaps she ultimately developed a principled conviction of the correctness of gay marriage. Who knows? What matters is that the president took the risk. A few days after the law was approved, Fernández welcomed, for the first time ever, a host of LGBT organizations to the Pink House. That too was historic and gutsy.

In short, the Argentine case suggests ways to refine our thinking on the conditions that make LGBT rights expand. It is important to live in a democracy, of course, but it is more important to avoid referenda democracy. It is important to have separation of church and state, but it is also vital to have secular citizens and secular parties. It is important to have a strong civil society, but civil society must operate in a pro-human rights legal environment that is both globally connected and domestically entrenched. And finally, the country’s maximum leader must show some guts. Ultimately, gay marriage is a piece of legislation that is transforming the way we have thought of democracy for the last three centuries, and it would be disingenuous to believe that this effort can occur without courage.

* First Published in/Publicado en el Americas Quarterly. We thank Javier Corrales and Mario Pecheny for letting us post it.

El problema que los peronistas argentinos, a diferencia de los chinos maoístas, no hemos podido resolver, dijo Cristina, es el de la estabilidad, la “continuidad en el tiempo de políticas de desarrollo”. Con ello la presidente pudo querer aludir tanto a que, como tantas veces se ha dicho, nos ha faltado un “proyecto nacional”, como a que lo que realmente faltó fue control monopólico y sostenido del estado, o para decirlo de modo más acorde a las circunstancias actuales, que nos sobra alternancia en el poder, en suma, democracia.

Tal vez simplemente estaba queriendo caerles simpática a sus anfitriones. Recordemos que la última vez que los Kirchner quisieron conseguir ventajas económicas de China, la reconocieron como “economía de mercado”, algo que los países desarrollados se niegan a hacer y con lo que nuestros gobernantes transigieron sin duda porque para ellos el asunto carece de toda importancia. Considerando ese antecedente, podría creerse que ahora quisieron dejar en claro que tampoco les importa mucho que allí haya o no libertades políticas y pluralismo. Pero el asunto no acaba ahí. Porque las palabras de la presidente no fueron una mera ocurrencia del momento, ni estaban sólo dirigidas a oídos orientales, sino también al público local, y encierran una buena cuota de confesión intelectual: revelan algo de lo que los Kirchner, igual que muchos otros en nuestro país, siempre han pensado sobre lo que “nos hace falta”, y lo que “nos podría haber evitado muchos males”.

Ellas permiten comprender mejor, por caso, el hecho de que toda la estrategia kirchnerista para afirmarse en el poder, desde que se hicieran de él, ha estado encaminada a limitar la competencia, cooptando, dividiendo o destruyendo por cualquier medio a sus adversarios. Así como la reminiscencia de “revolución cultural”, guardias rojos incluidos, que acompaña a casi todo lo que los Kirchner han promovido en la sociedad civil y el espacio público. Pero por sobre todo iluminan el modo en que han encarado la posibilidad de tener que abandonar el poder, como una verdadera lucha a matar o morir.

Hace unas semanas Eduardo Fidanza publicó un interesante artículo en La Nación en el que consideraba las perspectivas que supondría para el país la continuidad en el tiempo de las políticas en curso. Su argumento era, muy esquemáticamente, que Argentina podría seguir creciendo a buen ritmo, y durante bastante tiempo, aún con inflación alta y baja calidad institucional, o para decirlo en los términos que aquí hemos usado, con una democracia cada vez más limitada. Apelaba para sostener su argumento a dos casos históricos: no precisamente el de China, sino los períodos desarrollistas de Brasil y Corea. Fidanza, sin embargo, pasaba por alto el hecho de que la inflación y el autoritarismo, que podían ser más o menos “tolerables” en los años sesenta del siglo pasado, lo son mucho menos hoy en día (a menos que se tenga para ofrecer un mercado del tamaño de China, y las ventajas de su mercado laboral), y también que existe otro “modelo” más cercano, y mucho menos promisorio, al que tendríamos más chances de imitar: el venezolano.

Es indudable que en los últimos tiempos los Kirchner han mejorado sus posibilidades de seguir en el poder más allá de 2011. ¿Podrían acaso en esa eventualidad “dar estabilidad al desarrollo”? ¿Podrían, por ejemplo, institucionalizar reglas económicas para dejar de alentar la fuga de capitales, e institucionalizar el peronismo, para dar estabilidad y consistencia a la elite política? Si no lo hicieron entre 2005 y 2008, cuando tuvieron la oportunidad, y una por cierto envidiablemente buena, no hay mayor motivo para pensar que puedan, o quieran, o sepan hacerlo en el futuro. El problema que enfrentarían para intentarlo en el futuro sería doble. De un lado, hay algo que a Argentina, en comparación con esos otros casos, indudablemente le falta: la estabilidad de un estado desarrollista, aun una autoritaria como la de los generales brasileños de los sesenta, o totalitaria como la de los comunistas chinos de la actualidad, tiene poco y nada que ver con la mayor o menor prolongación en el tiempo de la suerte de una banda de oportunistas. Del otro, hay algo que nuestro país posee, y de lo que difícilmente pueda prescindir: un grado y una valoración del pluralismo que, con todo lo bueno y lo malo que pueda acompañar la discordia política, nos vacunan contra el tipo de estabilidad que el matrimonio gobernante promueve.

* Publicado en El Economista

A medida que decante la polvareda levantada por la crisis con el campo, si es que ella finalmente se aplaca, o al menos se desactiva, estas preguntas se volverán más y más relevantes. Hasta el momento, pareciera que los grupos opositores de las más diversas procedencias y orientaciones creen poder capitalizar algo de la sublevación agropecuaria, aunque dada la autonomía con la que sus protagonistas se han movido ninguno de ellos tiene asegurada una posición privilegiada para hacerlo. Por otro lado, en tanto sus reclamos son bastante puntuales, no parece muy claro cómo han de articularse a los de otros sectores, o a propuestas de política pública más amplias.

Pero sería iluso pensar que efectivamente el campo movilizado puede seguir por mucho tiempo sirviéndoles a todos por igual para cascotear al gobierno. Por más específicos que sean sus reclamos, ellos son más afines a unas políticas que a otras, a ciertos patrones culturales y sociales, así que es mejor contemplar las chances de cada cual con algo más de atención, incluso las que existen para aquellos que quieran intentar lo menos probable. Al respecto cabe hacer los siguientes señalamientos:

1 La rebelión de los chacareros proporciona una base territorial potencial muy amplia para la oposición. Contar con ella puede ser algo muy novedoso, decisivo si pretende tener éxito frente a un peronismo territorialmente muy bien afirmado. Ninguna coalición no peronista en las últimas décadas logró romper ese predominio federal del PJ. Tal vez hoy esa posibilidad se presente. Y entonces una coalición no peronista pueda no sólo eventualmente llegar a la presidencia, sino conquistar las gobernaciones y el Senado. Podrá de este modo volver a hacer competitivos electoralmente amplios territorios hoy convertidos en cotos de caza electorales monopolizados, y evitarse los problemas de los gobiernos divididos frente a una oposición inclemente.

2 El federalismo plantea otro desafío a la oposición, que la protesta del campo puede haber vuelto aún más difícil de resolver que en el pasado: cómo alcanzar un centralismo racional y eficiente, que fortalezca las autonomías locales y provinciales en vez de subsumirlas. Desde la crisis de 2001 hasta la actualidad el cobro de impuestos no coparticipables y el incremento de los poderes de excepción en manos del gobierno nacional han actuado como un freno en alguna medida necesario frente a los riesgos de una desarticulación del sistema político. El problema que deberá resolver, en este sentido, la oposición es cómo sacar provecho de las resistencias locales frente a estos mecanismos centralizadores, y cómo puede transformarse su crítica, y el progresivo debilitamiento de la centralización kirchnerista, en ocasión para emprender reformas racionalizadoras de las relaciones fiscales y su relación con la competencia política, que eviten un nuevo ciclo de descentralización anárquica y disfuncional como los ya vividos a fines de los ochenta y los noventa. A este respecto, debería poder conciliar el aprovechamiento de oportunidades electorales a nivel local y provincial, con la simultánea construcción de una coalición nacional capaz de negociar y/o imponer un nuevo sistema de coparticipación y reglas de responsabilidad fiscal, junto a mecanismos más transparentes y racionales de negociación de las leyes y la distribución de recursos excedentes en el Senado.

3 La cooperación con sectores peronistas, muchos de cuyos exponentes se cuentan también, o al menos aspiran a contarse, entre los representantes de los sublevados, es ineludible, pero será inevitablemente problemática. Dado que para casi todos los peronistas siempre es legítimo irse del partido, para conseguir afuera los apoyos de que no se dispone adentro, y poder luego volver al seno del PJ con renovados bríos y más recursos, y por tanto siempre más allá de las apariencias circunstanciales la interna propia es prioritaria respecto a la colaboración con otros actores, actuar en relación con ellos plantea un dilema coalicional difícil de resolver.

4 Contra lo que los voceros del oficialismo sostienen, los sectores en fuga hacia la oposición no tienden a agruparse en posiciones ideológicamente conservadoras: todo lo contrario, el gobierno enfrenta demandas y críticas que globalmente reclaman haga aquello que prometió, y se muestra incapaz de cumplir; lo que, al menos en principio, facilita el trabajo de las oposiciones progresistas, más que el de las de derecha. Y ello en gran medida se debe a que lejos de desmentir la viabilidad y conveniencia de seguir una política distributiva, de promover la intervención pública allí donde el mercado no alcanza, y cosas por el estilo, la crisis actual, debido a su carácter eminentemente político, revela la conveniencia de buscar otros representantes para las demandas y expectativas que el propio gobierno ha hecho tanto por alentar: él se enfrenta, en este sentido, a una situación comparable a la de 1987, o la de 1997, mucho más que a las de 1989 o 1999. La situación aporta aún otras novedades interesantes: la falsedad del apotegma según el cual “sólo los peronistas saben gobernar” (y también en alguna medida el que señala que “sólo el peronismo puede resolver los problemas que él mismo crea”) está alentando una fuerte demanda de oposición, de alternativas políticas y, sobre todo, de colaboración entre actores políticos afines para resolver problemas que se perciben como graves (y agravándose) pero no inevitables. Es decir, se le pide a la política y a los políticos que hagan su trabajo, en vez de empeorar las cosas con sus disfuncionalidades. Ello, que de un lado es un estímulo para el reformismo progresista, por otro habla a las claras del estado de indefensión en que se encuentran nuestras instituciones democráticas en ausencia de competencia política efectiva, y de los riesgos que se corren en términos de una nueva frustración colectiva en caso de que no seamos capaces de hacer funcionar mejor los mecanismos de representación y gobierno. Y habla también en particular de la subutilización de oportunidades para la reforma social e institucional que ha caracterizado a los años del kirchnerismo. Sus fracasos, en suma, lejos de desmentir que es necesario más Estado, mejores instituciones y regulaciones, más justicia y distribución en la Argentina actual, revela lo poco y lo mal que se avanzó en dirección a esos objetivos.

 * Publicado originalmente en El Economista el 30 de mayo de 2008.

 Este argumento, que conduce a priorizar el ruido de las declaraciones altisonantes a la serena reflexión sobre los problemas, sólo contribuye a agravar las dificultades que se intenta colocar como secundarias. Ello por al menos tres razones. La primera, que por intensamente que se pretenda desde el discurso oficial, el conflicto entre el gobierno y los ruralistas no pone en suspenso ninguno de los efectos reales de los problemas económicos preexistentes. La segunda, que dada la duración y la profundidad del conflicto, ya no sólo los segmentos económicamente mejor informados sino también la población en general están conscientes de que los problemas económicos preexistentes mantienen plenamente su vigencia. La tercera, que cualquiera sea el resultado del conflicto, el gobierno deberá encarar esos problemas con recursos políticos disminuidos y ante una población con peores expectativas sobre la marcha de la economía.

 Existe, además, una cuarta razón por la cual debe condenarse la sustitución de la discusión de políticas por la confrontación de posiciones. Esa sustitución es tributaria de una concepción romántica de la acción política por la cual las decisiones de los actores – y en especial de los gobernantes – deben ser guiadas por una estética de la épica antes que por una pragmática del poder y su supervivencia. Para esa estética de la épica, que hoy lleva el nombre, del lado gubernamental, de “lucha del gobierno popular contra la oligarquía por la redistribución del ingreso” y del lado ruralista de “defensa de la producción y de la forma de vida chacarera”, la política es confrontación de posiciones; la confrontación sólo puede terminar con la aniquilación del enemigo; y en pos de ese objetivo ningún costo debe ser evitado. Operando desde esa visión, cualquier retroceso en la radicalización de las posiciones en pugna no puede sino ser percibido como una derrota. En esa concepción romántica de la acción política, la discusión de alternativas de política económica es antipolítico porque debatir sobre temas que no abonen esa radicalización sólo detrae esfuerzos de la madre de todas las batallas. Pero ocurre que la política, en una democracia, no es guerra – porque todos los actores saben que el juego de la competencia electoral no tiene fin y, por consiguiente, deben preservarse para enfrentarlo en mejores condiciones en el futuro. La política democrática exige una pragmática orientada no sólo a la propia supervivencia, sino también a la de los adversarios en diferencia con los cuales se construye la propia identidad y se deciden los propios cursos de acción.

 La discusión de alternativas de política es el tipo de debate más consistente con la forma democrática de la política. Esa discusión no es, como pretenden los esteticistas de la épica, mero tecnicismo, sustracción, despolitización. Discutir opciones de política económica para enfrentar la inflación es discutir, lisa y llanamente, política: quién obtiene qué, cómo, a costa de quién, por cuánto tiempo. Es discutir decisiones que afectan relaciones de poder: quiénes se perjudican y por ende son susceptibles de enfrentar al gobierno, quiénes se benefician y por ende son susceptibles de apoyarlo. Es discutir decisiones orientadas a manejar el poder: cómo conservar, ampliar o reconstituir la propia coalición de apoyo y minar la de los adversarios. Pero es discutirlo bajo el supuesto de que tanto las fuerzas que apoyan al gobierno como las fuerzas que se le oponen estarán ahí mañana, representando e intentando representar demandas e intereses irreductibles a la generalización de la confrontación épica.

 Yendo, pues, al grano, cabe nomás enumerar algunas de las alternativas cuya discusión está obturada por el conflicto y por su estatización. ¿En qué consiste el problema de inflación que hoy padece Argentina? ¿Cuál es el modo más adecuado de enfrentarlo? ¿Qué coalición socioeconómica es necesaria para avanzar en esa dirección de política económica? ¿Es viable para el gobierno construir y mantener esa coalición?

 En este punto, la estética de la épica que informa el discurso oficial sólo puede hacer silencio. Porque admitir que la inflación es un problema y que es necesario implementar un plan de estabilización equivale a admitir que “la lucha del gobierno popular contra la oligarquía por la redistribución del ingreso” debe ser puesta en suspenso. Porque discutir la naturaleza de ese plan de estabilización implica admitir que el gobierno probablemente deba tomar decisiones de política contrarias al pretendido objetivo redistributivo. Porque aun cuando no se tomaran decisiones en ese sentido, diseñar y aplicar un plan de estabilización implica diseñar y empeñarse en construir una coalición para sostenerlo que necesariamente ha de involucrar a algunos de los actores socioeconómicos dominantes a los que se ha venido antagonizando recientemente. Porque, en fin, responder a las preguntas que el discurso épico de la confrontación ha condenado al silencio implica tener que sustituir esa forma de acción política por otra menos glamorosa, más gris, que no promete el paraíso de la vida entre iguales sino el purgatorio de la convivencia con los diferentes. Una forma de acción llamada gobernar, en una democracia, en una sociedad compleja – restricciones ineludibles que reclaman dejar de lado la agitación estéril, abandonar el mezquino vicio de querer tener razón, y concentrarse en tratar de realizar lo que es posible.

Como aquellos ilustres predecesores, el kirchnerismo supo articular, inicialmente, una estrategia exitosa para gobernar. La estrategia consistía en combinar la maximización del crecimiento económico con la centralización del federalismo. Maximizar el crecimiento económico permitía, simultáneamente, reducir la pobreza y la desocupación, recuperar el consumo y el nivel de vida de las clases medias, reactivar las economías regionales y, decisivamente, rellenar las arcas fiscales depredadas por el colapso de la convertibilidad. Pero la maximización del crecimiento no producía por sí misma algo que el kirchnerismo necesitaba con urgencia: una coalición política que reconociera su liderazgo. Ello al menos por dos razones. Una, que estaba claro desde el principio para los actores económicos más influyentes que el esquema macroeconómico de tipo de cambio real competitivo no podría sostenerse sin intervención estatal que contuviera, moderara o encauzara algunas de sus consecuencias, y esa intervención requería asignar costos y beneficios de maneras no necesariamente consistentes con su distribución inicial. La otra, que una vez satisfechas las demandas iniciales de reactivación económica y mejora del nivel de vida que la maximización del crecimiento podría proveer, algunos de los sectores beneficiados podrían generar demandas cuya satisfacción escaparía al dispositivo económico. Para responder a estos desafíos resultaba instrumental la centralización del federalismo. Concentrando la recaudación y el manejo de los recursos fiscales en la Presidencia – a través de las retenciones, los poderes presupuestarios delegados por el Congreso y los decretos de necesidad y urgencia – el kirchnerismo tendría recursos y atribuciones como para subsidiar las distorsiones generadas por la maximización del crecimiento, reciclar esa maximización por medio del incentivo al consumo, y especialmente, disciplinar a gobernadores e intendentes de modo de obtener margen para introducir en la agenda nuevos tópicos que le permitieran ampliar y solidificar sus bases de sustentación. Esos tópicos fueron, fundamentalmente, la reforma de la Corte Suprema de Justicia, los juicios por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, y el declive de la cultura política peronista.

Con esta estrategia, el kirchnerismo se propuso conservar una base de apoyo en el electorado peronista clásico y, a la vez, ampliarla y contrapesarla con la incorporación de sectores de clase media. Bajo el nombre de transversalidad primero y de concertación plural después, la estrategia fue exitosa en ampliar el caudal electoral del 22% de 2003 al 38% de 2005 y el 45% de 2007, así como también en fracturar a los partidos cuyo electorado residía precisamente en esas capas medias: la UCR, el Partido Socialista, ARI. Pero a partir de 2006 esa estrategia inicialmente exitosa comenzó a mostrar, como fantasmas ancestrales que insistían en acechar, las limitaciones que portaba de origen. Del lado económico, la maximización del crecimiento – a través del sostenimiento del tipo de cambio real competitivo, los subsidios, los congelamientos de tarifas y los aumentos de salarios y jubilaciones – comenzó a generar presiones inflacionarias cuya persistencia ensombreció el horizonte del esquema macroeconómico. Del costado político, las demandas no representadas, especialmente en las clases medias urbanas, sorprendieron al kirchnerismo sin inventiva política ni capacidad de adaptación, y resultaron en las victorias locales de Macri, Binner y Ríos, así como de algunos dirigentes peronistas manifiestamente no preferidos por el elenco gobernante.

Ante estos desafíos, el kirchnerismo optó por replicar su estrategia inicial: mantener a toda máquina la maximización del crecimiento, continuar la centralización del federalismo para seguir disciplinando a dirigentes locales, y definir su propio lugar simbólico como el de un “gobierno nacional, popular y progresista” enfrentado a una derecha más o menos difusa pero claramente identificada con el neoliberalismo y la dictadura militar. Pero ocurrió que los procedimientos empleados para replicar la estrategia inicial resultaron contraproducentes. El fuerte incremento del gasto público en el año electoral 2007, destinado a conservar la red de subsidios, congelamientos y compensaciones en que se sostiene el esquema macroeconómico, contribuyó no sólo a deteriorar la posición fiscal del Tesoro nacional sino también a incrementar las presiones inflacionarias. La táctica de destruir el sistema estadístico del país para dificultar la formación de expectativas de inflación sirvió para galvanizar esas expectativas. Y el manejo del conflicto con el sector agrario terminó por alienar apoyos clave de clase media, soliviantar a los líderes locales antes disciplinados, y poner en riesgo el corazón mismo de la estrategia kirchnerista – la fuente del superávit fiscal.

Al imponer retenciones móviles a la exportación de los cultivos más rentables y expandidos de la actualidad, el gobierno kirchnerista logró empujar a la rebelión a buena parte de los votantes de clase media rural que, tanto por medio del peronismo como del radicalismo k, habían nutrido su coalición electoral de octubre pasado. Al insistir en enmarcar la protesta agraria en la matriz discursiva de oposición entre el “gobierno popular” y la “oligarquía”, entre el “pueblo” y la “derecha golpista”, el kirchnerismo consiguió activar cacerolazos y movilizaciones opositoras tanto en la Capital como en los principales centros urbanos de las provincias más afectadas por las retenciones móviles – que son, para peor, las más populosas y poderosas electoralmente. Al empeñarse en utilizar las retenciones como instrumento para mejorar su posición fiscal luego del rally de gasto electoral de 2007, del fracaso de su política de control de la inflación y en previsión de posibles contagios de la crisis financiera internacional, el oficialismo cargó el peso del ajuste fiscal sobre el sector productivo más dinámico del momento y reactivó así el poder y la influencia de los gobernadores e intendentes que había mantenido disciplinados. Todos estos actores, hasta ahora neutralizados o contenidos por la estrategia kirchnerista, parecen haberse desentumecido con el conflicto, y ensayan rumbos distintos de, y conflictivos con, los del oficialismo.

Los líderes locales, que como todo político desean ganar elecciones, enfrentarán de ahora en adelante la presión firme de sus bases electorales para, si no desmontar las retenciones móviles, al menos obtener el retorno de una parte de ellas bajo reglas formalmente establecidas y de cumplimiento obligatorio para el gobierno nacional – recursos que permitan mejorar la infraestructura, la educación, la salud; todas asignaturas pendientes en el país en general y, particularmente, en las zonas rurales. Los productores agrarios, que tienen sus inversiones y sus ganancias futuras en riesgo, estarán alertas al despliegue de la batería de compensaciones ofrecida por el gobierno para terminar el conflicto – compensaciones en las que, razonablemente, no creen, ya que cuando se dispusieron para el sector lechero quedaron, por la naturaleza administrativa y fiscal de su trámite burocrático, mayoritariamente en manos de las grandes empresas lácteas. Las clases medias urbanas previamente reacias al kirchnerismo, que han visto confirmados sus peores temores con los últimos gestos gubernamentales, se encontrarán prestas a manifestar su descontento ante cada intento oficialista de continuar con las fracasadas políticas de control de precios, así como de caracterizarlas como el monstruo derechista y golpista que, en su mayoría, distan de ser. Las clases medias rurales, que supieron adherir a la propuesta electoral del gobierno que manteniendo el tipo de cambio real competitivo había posibilitado sus extraordinarias ganancias de estos años, se hallarán crecientemente dispuestas a impugnar a ese mismo gobierno que ahora les incrementa la presión tributaria a niveles también extraordinarios, les compensa de manera tardía e ineficiente parte de sus costos por lo demás en aumento, y los califica de enemigos del pueblo.

Así las cosas, de seguir insistiendo en su estrategia inicial, el kirchnerismo probablemente termine uniéndose al cementerio de las coaliciones políticas fracasadas. Podría, no obstante, escapar de este camino de autodisolución. Bastaría, para ello, la virtud política de reconocer las limitaciones de sus propios cursos de acción, los errores de su ejecución, las fallas constitutivas de los diagnósticos con que se encaró la repetición de la estrategia inicial ante la acumulación de signos de su agotamiento. Esa virtud no es, precisamente, lo que ha podido detectarse en los discursos presidenciales ni en las movilizaciones oficialistas de estos días. Los discursos parecieron menos orientados a persuadir a sus ostensibles destinatarios que a convencer a sus enunciadores. Las movilizaciones parecieron menos dirigidas a reparar y galvanizar la coalición deseada por el kirchnerismo que a encuadrarla a fuerza de retos y de palos. Por mucho que se haya deseado e intentado inscribirlos en una épica de época que por cierto parece vigente y rescatable en sus categorías sólo para un núcleo duro de nostálgicos apoyos, ni esos discursos ni esas movilizaciones se asemejan a ninguna fiesta popular de liberación de la patria colonizada o amenazada por la derecha golpista, sino más bien a la confusión rabiosa de quienes se obstinan en reprobar a la realidad cuando ésta no se ajusta a sus deseos. El problema es que para desplegar la virtud política que hace falta el kirchnerismo necesitaría balancear la firmeza con la precaución de modo de no perder autoridad, como un equilibrista sobre un alambre de púas. Sólo cabe esperar que el equilibrista tenga el buen sentido de no saltar ante cada pinchazo, y que sus compañeros no hayan quitado la red de abajo.

* Publicado el 13/04/08 en Perfil