La segunda puede parecer una pregunta retórica: si el rechazo al “otro” nace del deseo de construir una identidad plena, un “ser nacional” homogéneo que lo abarque todo, diferencias objetivamente menores se volverán efectivamente intolerables. Pero es de todos modos pertinente preguntarnos si lo que rechazamos en el otro es lo que nos diferencia de él, o lo que no toleramos es que se resista a admitir que en realidad “somos iguales” y podemos vivir en homogénea armonía. Veamos algunos ejemplos que pueden ilustrar el punto, y que permiten a su vez percibir la relación entre las distintas razones que pueden mover a la intolerancia, y el origen social o institucional, de abajo o de arriba, de la misma.

Tras el golpe de 1955, una parte de los golpistas, en las elites y en la sociedad en general, estaba convencida de que la “plebe peronista” debía ser puesta en su lugar de una vez por todas. Su exclusión por lo menos transitoria del disfrute de derechos políticos y de la misma escena pública permitiría retrotraer las cosas al momento en que ellas se habían echado a perder, cuando ese “otro”, los “cabecitas”, la masa sin educación ni modales, se empezó a considerar a sí misma igual o incluso superior al resto de la sociedad. Las sanas y justas jerarquías se volverían así a imponer y a legitimar. Pero aunque esta fue una opinión extendida, no fue para nada la única, ni siquiera la mayoritaria en el antiperonismo políticamente más activo: para buena parte de él de lo que se trataba era de hacer bien lo que Perón había hecho mal, hacer una auténtica sociedad de iguales, construir la unidad nacional, y la clave para ello era reeducar a los peronistas, convencerlos de que habían sido manipulados totalitariamente por Perón, y que el radicalismo, el socialismo o el desarrollismo eran agentes más adecuados para conquistar una auténtica y plena identidad. Los dos rostros del antiperonismo, este y aquel, se consideraban a sí mismos parte de una unidad, o al menos eran percibidos por otros como tales, pero mientras los primeros entendían que el problema estaba en una “sociedad intolerable” y la política debía resolverlo, liquidando el igualitarismo plebeyo y desafiante, los segundos veían el problema de muy distinta manera: él estaba en la política, no en la sociedad, era la política la que creaba diferencias intolerables en un pueblo y en una nación que, en cuanto se librara de esos factores divisionistas, se reconocería como una unidad de destino y un cuerpo social integrado.

En el curso de la historia y hasta el presente se han repetido situaciones parecidas, aunque con otros protagonistas y, por suerte en las últimas décadas, menor intensidad. Por caso, cuando estalló el conflicto del campo, en marzo de 2008, el kirchnerismo gobernante vio en él, como se sabe, la mano negra de un enemigo irreductible, que no se detendría hasta destruir al “gobierno nacional y popular”. El diagnóstico, pese a su aparente contundencia, o tal vez debido precisamente a ello, no dejó ver una disidencia sustancial que atravesaba al campo oficial: mientras que para una porción del oficialismo, probablemente mayoritaria sólo entre sus intelectuales, la ocasión había servido para revelar un clivaje social que por años había permanecido oculto, explicitando el conflicto irreductible entre el campo del pueblo y el del antipueblo, que permitiría ahora leer bien todos los demás asuntos y permitiría liquidarlos de una buena vez (porque del “otro lado” habían quedado los destructores del medio ambiente, los explotadores del trabajo esclavo, los reaccionarios lectores de La Nación y nostálgicos del Proceso, etc.), para el grueso de los actores políticos del oficialismo el conflicto había terminado siendo una tragedia porque la política había metido la cola, había generado un divisionismo artificial que había “alineado mal” a los actores.

Es cierto que, durante bastante tiempo, desde el vértice oficial se combinaron las dos interpretaciones, según el público y la ocasión. Pero si algo ha quedado claro en los últimos tiempos es que el gobierno, en cuanto tuvo oportunidad, optó por despolitizar el problema y apelar a la clásica fraseología de la unidad nacional y la comunidad de destino que lo une con los productores del campo. En ello, es cierto, podría verse un mero gesto demagógico, dirigido a derrotar y excluir a los enemigos políticos, los “verdaderos e intolerables responsables del conflicto” (llámense Mesa de Enlace, partidos de oposición, medios independientes, etc.). Pero también podría hacerse una lectura algo más positiva del asunto: finalmente, el llamado a la unidad supone un abierto reconocimiento a que la guerra santa no podía prosperar, y que los conflictos políticos son episódicos, entre otras cosas, porque todos sabemos que la homogeneidad es imposible.

Publicado el domingo 11 de septiembre en el diario Clarin.

En primer lugar, los partidos opositores no tendrán que mandar a pérdida todo el año 2010. Pese a su fragmentación, la competencia entre sus líderes y la precariedad de los mismos, los opositores lograron cooperar entre sí hasta el final en este proyecto, y sortear todos los obstáculos que el oficialismo puso en su camino. No es poca cosa, y sería bueno que esas fuerzas lo pudieran explicar a la sociedad, para refutar la opinión, acrecentada en los últimos tiempos, según la cual no han hecho más que pelearse entre sí y “defraudar las expectativas” que se pusieron en ellas.

En segundo lugar, el Parlamento ha logrado salir del pantano y funcionar, hacer lo que tiene que hacer, leyes. Y al mismo tiempo, como con la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, mostrarse útil a la sociedad. La cuestión previsional ha sido manipulada y maltratada una y otra vez desde la vuelta de la democracia. Esta ley no será seguramente una solución definitiva, pero más allá de todo lo que se le pueda objetar (la indefinición de las fuentes de financiamiento, su oportunidad en medio de un proceso inflacionario y de una fuerte confrontación política en un clima preelectoral, etc.), tiene una virtud que ninguna de las iniciativas kirchneristas en este terreno, como el otorgamiento de jubilaciones a quienes no habían completado sus aportes, la reestatización del sistema y la discrecionalidad y segmentación de las actualizaciones, también muy discutibles todas ellas, no tuvieron: respetar los derechos adquiridos y tratar del modo más imparcial posible a todos los miembros de la clase pasiva.

En tercer lugar, y tal vez lo más importante, el arco opositor ha logrado poner un pie en el uso de los recursos fiscales, un asunto que los Kirchner siguen hasta hoy controlando con mano de hierro, y sobre el que han sostenido su capacidad de disciplinar a actores sociales y políticos, y hacerse los ciegos y sordos ante todo lo que le reclaman sus adversarios.

En este aspecto, el proyecto merece dos consideraciones particulares: no es tan amenazante para el equilibrio fiscal como sostiene el oficialismo, pero tampoco es inocuo, y su aplicación efectiva (como sería una que evite la salida fácil de empezar a retrasar el salario mínimo, o la inconsistencia temporal que supondría consumir el superávit acumulado en el sistema previsional hasta que se agote, y heredarle el problema al siguiente gobierno), exigiría cambios en otras áreas del gasto público y la política tributaria. Por como viene planteada la discusión sobre presupuesto, retenciones, ganancias y demás asuntos en estos terrenos, no es esperable que algo así se pueda lograr en el corto plazo. Al menos hasta que la situación política cambie y una mayoría más consistente sea posible, o lo sea la cooperación entre gobierno y oposición.

Esta consideración permite evaluar el inmediato veto presidencial con una perspectiva de tiempo un poco más amplia. En lo inmediato él cierra la puerta al avance opositor, y aunque supone un costo para el Ejecutivo, implica uno menor que el que hubiera significado aceptar que sea el Congreso el que reparta los recursos de la recaudación. La oposición además podrá decir que ha quedado sentado que si el Congreso no hizo más en este tiempo es no por su ineficacia, sino por lo renuentes que son los Kirchner a ceder o negociar: que por tanto la sociedad debe elegir el año entrante si desea darles de vuelta la suma del poder público, o terminar con ellos definitivamente. Pero por sobre todo, el veto estará lejos de cerrar la cuestión: no significa la evaporación de los avances que esta ley significó para los opositores y para el Parlamento; y tampoco permite sacar de la agenda política la cuestión previsional tal como ha dejado en claro el propio Moyano un día después del decreto de Cristina. Los derechos de los jubilados han sido difíciles de tratar en estos años, porque suponen un compromiso con el largo plazo y entre generaciones, y como se sabe, si algo ha dominado la etapa democrática, y en particular la del kirchnerismo, ha sido la necesidad del momento. Que eso deje de ser así en el futuro es un mandato imperiosa para todas las fuerzas políticas. Tal vez se ha dado un paso en esa dirección que será difícil desandar.

¿Para qué? Una primera explicación se funda en la ya habitual referencia a las ventajas de la polarización: obligando a los opositores a tomar partido a favor del gobierno o de “las corporaciones”, los divide (sobre todo en el sector de centroizquierda, el que más ansía cooptar), los fuerza a aparecer defendiendo un “interés particular”, para colmo, el de grandes empresarios de oscuro pasado y pocas credenciales democráticas, y de paso impone su agenda sobre los “cambios necesarios” que son resistidos por “la derecha”. Convengamos, con todo, en que en este caso los costos en que incurre para lograr estos objetivos son mucho más altos que los que pagó en su batalla por el matrimonio igualitario, la estatización del sistema previsional, o incluso la apropiación de las reservas del Banco Central. Más aún, en la medida en que se enajena a parte importante de los actores de la sociedad, y no logra tampoco aval para sus decisiones ni en el Congreso ni en la Justicia, el resultado se puede parecer, más que al logrado en esos casos, al de la 125. Como mucho, podría aspirar a un prolongado empantanamiento de la pelea, con la superposición y choque entre disposiciones administrativas y decretos, contra amparos y fallos judiciales, acompañados de iniciativas legislativas a favor y en contra que también se neutralizarían unas a otras.

Todo ello puede parecer bastante poco alentador. Pero tal vez que lo sea es parte de otra explicación posible de la ofensiva gubernamental. Una según la cual lo esencial para el gobierno no es tanto fomentar la polarización, como la confusión.

Al atacar abiertamente a los medios independientes, y en particular a los dos grandes diarios que en buena medida definen con sus tapas y producción periodística los parámetros de lo que se discute en la escena pública, es decir, lo que son “hechos relevantes” de cada día, está no sólo forzando a los partidos opositores a “actuar como voceros de la dictadura mediática”, sino arrojando a esos diarios en brazos de esos partidos, es decir, los obliga a “tomar partido” abiertamente. Se podría creer que, al hacerlo, “desnuda” la postura opositora que ya desde antes determinaba toda la información brindada por esa prensa. Y logra entonces dos objetivos simultáneos: se arrastra al lodo de la desconfianza, en que ya estaba sumergido el gobierno (y del que asume no tiene forma de salir) a todas las demás voces públicas (afirmaciones según las cuales “no se puede creer en nadie”, “no hay información confiable, sólo relatos interesados, y hay que elegir el que más nos guste o convenga”, etc. se vuelven plausibles), y se difuminan los hechos en discusión, porque en la densa polvareda que nos envuelve todo es confuso y opaco, los objetos pierden consistencia, y se puede creer que son lo que no son.

En este sentido, la ofensiva oficial nos revela hasta qué punto el “caso” del Indec ha dejado de ser un episodio desafortunado, para convertirse en el modelo paradigmático con que el kirchnerismo desea de aquí en más manejar el poder. Un discurso encendido de combate a los “enemigos del pueblo” y una patota bien entrenada para hacer desaparecer las evidencias sobre hechos que puedan desmentir las pretensiones oficiales son dos componentes que, lejos de contradecirse, se amalgaman pues se necesitan mutuamente. Osvaldo Papaleo y Hebe de Bonafini marchan de la mano, ya plenamente reconciliados, para reeditar esos viejos y gloriosos tiempos en que “el pueblo” tenía bien en claro quiénes eran sus enemigos, y los combatía sin piedad. ¿Alguien puede razonablemente esperar que semejante entente se detenga por la simple interferencia de un escrito judicial? Sólo un reflejo hasta aquí dormido de espíritu republicano en los peronistas, que han ayudado a crear semejante monstruo y todavía en gran medida lo acompañan, y en el electorado podrá hacerlo.

* Publicado en El Economista

Estos rápidos pases de iniciativa legislativa parecen indicar que la relación entre gobierno y oposición puede prescindir de los meros ataques frontales. Antes bien, la acción parece tener lugar en las trincheras: no se puede arrasar con el adversario, quitarle recursos decisivos, ni hacerlo retroceder en forma significativa. El asedio es recíproco, pero ambas partes parecen estar tomándose en serio. En este sentido, la oposición también tiene iniciativa. Podrían citarse el acuerdo Bonasso-Filmus que por ahora permitió una media sanción al reflotado proyecto de ley de protección de los glaciares cordilleranos, o bien la posible teleconferencia con la que Antonini Wilson tomaría la posta de Sadous. Estos hechos revelan que por debajo de la superficie y de todos los fuegos de artificio que unos y otros sean capaces de crear, la coyuntura está dominada por posiciones más o menos estables: gobierno y oposición pueden provocarse daños respectivamente. Pero se permanece en las trincheras.

Como sea, algunas cosas de todos modos van cambiando, con el tiempo se vuelven irreversibles ciertas tendencias. Una de ellas es la que está desnacionalizando las apuestas políticas de los dirigentes peronistas: visto que el gobierno nacional requiere de más y más recursos para mantenerse en pie, y esos recursos se les niegan a los distritos, los gobernadores e intendentes desconfían cada vez más de que un modelo tan necesitado de la concentración de recursos, y que tiende a no poder generarlos con la misma velocidad con que los consume, les convenga en el futuro. En este sentido pueden leerse las crecientes presiones para desdoblar elecciones a gobernador.

La eventual aprobación del proyecto del 82% móvil denota bien esta transición desde las maniobras a las posiciones. Si el Ejecutivo nacional lo veta, estará dando evidencia de que no cuenta ni contará con recursos para atender todas las demandas. En este caso, como debería compensar el veto con aumentos no previstos en el presupuesto, de todos modos su caja se reduciría aún más. En cambio, si es que no lo veta pero lo posterga, ¿Quiénes verían recortados sus ingresos? Si se lo posterga, estaría dando señales de que en el futuro los gobernadores no podrán contar con mayores recursos. Difícilmente los recortes llegarían a aquellos que reciben subsidios como las empresas prestadoras de servicios privatizadas, como propuso hacer Roberto Lavagna. Por lo tanto, a los gobernadores les convendría entonces confiar su destino a alguien que no crea en el distribucionismo por vías administrativas, como Macri, Solá o Duhalde.

Los integrantes del Club Político Argentino (CPA) coincidimos desde el comienzo en la necesidad de enfatizar nuestra activa vocación civil. Como parte de nuestras preocupaciones, organizamos el pasado 5 de julio una jornada de discusión en torno al conflicto desarrollado entre el gobierno nacional y los sectores de la producción agropecuaria. Lo hicimos en la convicción de que, más allá de la relevancia sustantiva de los asuntos en juego, este conflicto ha sido extraordinariamente expresivo de los problemas de la Argentina en nuestros días, desde la economía política del modelo de desarrollo, hasta la cultura cívica de un país que persiste en viejas formas de conducir los asuntos públicos.

Lo que sigue es un documento consensuado entre varios de nosotros y que recoge nuestras conclusiones sobre las lecciones del conflicto desatado en marzo pasado y aun no resuelto. Es necesario, sin embargo, hacer una importante aclaración. Lo aquí señalado refleja un grado de consenso importante entre los miembros. Sin duda, cada uno podría hacer un énfasis mayor o menor en alguna dimensión. Incluso es posible que no haya una plena coincidencia en cierto(s) aspecto(s) puntual(es). Sin embargo, más allá de las diferencias que pudieran tener los autores, el texto que sigue sintetiza y expresa un acuerdo sobre lo fundamental entre ellos.

I. La economía política del conflicto

La crisis desencadenada por el paro agropecuario alcanzó una gravedad inusitada, en gran medida por la ceguera política del Poder Ejecutivo. El timing y la magnitud del aumento en la presión tributaria que afectaba a los productores agropecuarios, con la implantación de un esquema de retenciones móviles impuesto sorpresivamente y aprovechando la vigencia de un código aduanero vigente desde los tiempos de la dictadura, fue percibido por los actores perjudicados como una verdadera provocación, puesto que las alícuotas resultantes de su aplicación se añadieron a niveles previos ya muy elevados y modificados previamente en numerosas oportunidades. Por otra parte, la decisión de imponer un nuevo esquema de mayores retenciones a la producción agrícola fue el epílogo de una infructuosa sucesión de medidas desafortunadas que, detrás de la pregonada intención de moderar la presión sobre el precio interno de los alimentos proveniente del alza de las commodities en los mercados internacionales, condujo a una crítica situación a varios segmentos de la producción primaria (carne, leche y trigo).

En lugar de encauzar la disputa como un conflicto distributivo propio de cualquier sociedad compleja, el Ejecutivo lo presentó como una presunta conspiración “golpista” de sectores oligárquicos minoritarios en contra de un gobierno popular y progresista. Fue un fenomenal error de cálculo del kirchnerismo, que decidió construir al “campo” como enemigo, ignorando por completo no sólo los impresionantes cambios que tuvieron lugar en la economía y la sociedad rurales durante las últimas dos décadas, sino también el hecho evidente de que su aporte ha sido clave –y debería continuar siéndolo- para entender y sustentar la fuerte mejoría observada en el desempeño económico de los últimos años. La agricultura argentina ha experimentado, en efecto, un proceso acelerado y profundo de innovación tecnológica y expansión de la producción. En los últimos 20 años aumentó la producción de cereales y semillas oleaginosas en casi el 200 por ciento, pasando de poco más de 30 millones de toneladas al final de la década del 80, a casi 100 millones en la última cosecha. Esta expansión productiva fue producto de una revolución tecnológica impulsada por nuevas variedades que surgieron de la aplicación de la biotecnología y de nuevas prácticas agronómicas, como la siembra directa, acompañadas por una nueva generación de maquinaria agrícola y, más recientemente, por el impacto de las tecnologías de información y comunicación. Esta revolución tecnológica también tuvo consecuencias de gran magnitud en la organización económico-social del sector. Por un lado, permitió mayor rentabilidad a la agricultura en términos absolutos y también relativos con respecto a la ganadería, que compite por el uso de la tierra, así como con otras actividades económicas no agrícolas, que compiten en el uso del capital. El resultado fue un ingreso de capitales no agrarios que potenciaron a empresarios agropecuarios con gran capacidad de gestión para desarrollar una nueva agricultura en gran escala, en campos alquilados y con uso intensivo de tecnología y capital humano. Este proceso también tuvo un impacto importante sobre las comunidades rurales. Seguir Leyendo el Documento  (en PDF)

Dicho esto despejo la discusión: E&K realmente le esquivan al bulto, cuando dicen que su propósito en su primer artículo no fue sino “recalcar la necesidad de un liberalismo democrático moderno en la Argentina, que respete las reglas de juego de la democracia política”. El propósito indiscutible del primer artículo fue otro: argumentar justificando y explicando no a D’Elía y los suyos (protagonistas muy menores de todo este drama), sino al Gobierno (que no solamente no disuadió a ese sector, sino que también lo respaldó explícitamente y de muchos modos, el más emblemático en Parque Norte). Decir, ahora, que “nuestro artículo previo critica la ocupación intimidante de la plaza por parte de D’Elía y su grup o” es un auténtico quite por faroles. No escribieron el artículo para criticar a D’Elía, sino para decir que el Gobierno había actuado bien y racionalmente y merecía ser apoyado.

Este fue el disparador principal de nuestra respuesta: criticamos una forma de argumentar que respaldó a un gobierno que utilizó medios malos para fines malos. Creo que esto E&K no lo pueden negar: avalaron expresamente, como intelectuales, un comportamiento político gubermanental desastroso. Por las dudas: el lockout fue muy repudiable, el bloqueo de rutas otro tanto, y los cacerolazos de ese martes fueron patéticos. Pero ¿podría comprenderse la “sorpresa” del Gobierno? Imposible. Cuando se le está metiendo la mano en el bolsillo a un sector social, no se debe al mismo tiempo introducirle un dedo en el culo. El Gobierno lo hizo. Cuando los gobiernos K y CF avalaron y justificaron piquetes como los de Gualeguaychú (a quien le parezca traída de los pelos la mención, que p iense en De Angeli y en Grahan –el que provocó grosera y cerrilmente al provocador D’Elía—), no puede sorprender que la metodología parezca lo más natural del mundo para cualquier sector social (vayan ahora a hacerle entender a un rico que porque su poder de mercado es superior, él no debería piquetear). Cuando, por fin, nadie puede ignorar que hay vastos sectores de las clases medias durmiendo con las cacerolas debajo de la cama, a la espera de una oportunidad para desahogar su lastimosa vesanía interior, no puede sorprender que esos sectores aprovechen su oportunidad para gozar de la santa (y ridícula) indignación. El Gobierno cometió en seguidilla los errores que dieron ocasión a los sectores más concentrados (que son, socialmente hablando, unos cabrones aquí, como en Holanda como en la China, y después de todo, ¿qué sectores sociales no lo son ?) para usar de masa de maniobra a los pequeños y med! ianos pr oductores –suscitando un aglutinamiento que desde cualquier otro punto de vista sería insólito—, de caja de resonancia a los cacerola-dependientes, y de escenario principal a los medios audiovisuales y escritos (muchos de los cuales, indiscutiblemente, se comportaron generando “efectos de realidad” por su cuenta). Pero luego, una vez producido el desastre, fugó hacia adelante: antagonizó mucho más aún el conflicto. Declaró que los empresarios que cabronamente no quieren (como en cualquier parte del mundo) que el Estado los desplume, eran oligarcas, golpistas, desestabilizadores, que todo estaba esta vez presidido por generales mediáticos y que los caceroleros evocaban no sólo al 2001, sino también al Chile de Allende. D’Elía y los suyos fueron una pequeña parte de todo esto (pequeñísima, en verdad, pero lógicamente muy de predilección m ediática; ¿qué diablos se le había perdido a este “movimiento social” –como E&K lo llaman– en Plaza de Mayo esa noche? Es indiscutible que esa presencia fue una estulta provocación). Pero esta pequeña parte fue lo que por su propia cuenta y riesgo E&K resolvieron focalizar, y denominar: “Una mirada ecuánime –dijeron– no puede dejar de poner la acción de los movimientos sociales que ocuparon la Plaza de Mayo en esta perspectiva. Del mismo modo, la presencia de líderes de los movimientos sociales en el palco… y de Moyano el último jueves, y en la marcha del martes… tiene una racionalidad política incuestionable”. ¿En qué perspectiva? En la perspectiva de un Gobierno que, si se encuentra asediado en las calles y en la opinión pública, hace muy bien “recostándose en su alianza con sectores populares orga nizados”.

Cuando Weber sostiene que del mal puede a veces surgir el bien, no está diciendo que lo que es malo sea bueno. Está diciendo, apenas, que la política es endiablada y nos enfrenta siempre a dilemas. Pero si del mal surge algo malo, entonces ya no se trata sólo de algo malo como también de las consecuencias malas del mal. De la irresponsabilidad. El problema con ciertos medios es que limitan horrorosamente el campo de los fines posibles. Creemos que ésta es la cuestión principal con toda la argumentación de nuestros amigos E&K. Ellos admiten que ciertos recursos del Gobierno sean “iliberales”, pero “los colocan en perspectiva”, nos presentan la perspectiva y ahí, dicen, lo que hace el Gobi erno se puede entender y defender. En otras palabras, a ellos les parece “malo” (iliberal, criticable, etc.), pero weberianamente argumentan que a veces lo bueno viene de lo malo, y aportan una explicación, una justificación y un respaldo intelectual a la forma en que el Gobierno se ha comportado en toda esta crisis. Es curioso que, hecho esto, luego nos adviertan (en los dos artículos) que es “imprescindible que los hechos actuales no nos retrotraigan a la Argentina posterior a 1955”. Claro, pero hoy es aún más imperioso y perentorio evitar otra cosa (lo que puede a su vez preservarnos del peligro que E&K señalan). Tenemos, de por medio, un ineludible conflicto, que no puede desconocerse, ni esquivarse ni creer que habrá de ser procesado en un lecho de rosas, conflicto que es de “clases”, de intereses, de actores soc iales, de Estado, porque es cierto que también en est! o est&aa cute; en tela de juicio el papel del Estado en relación no solamente con la prosperidad, sino también con la equidad y la libertad. Y lo que precisamos evitar es que, a este insoslayable conflicto, los diferentes actores (y el Gobierno entre ellos) lo conviertan en un denso antagonismo cultural de irreconciliables (pueblo-oligarquía, nación-antinación, patria-antipatria). La mesura cívica activa, el fuerte compromiso político de los intelectuales puede gravitar muchísimo en esto (y es asombroso cómo algunos dicen ver en esta posición cívica activa, formalismo liberal). Justificar, “racionalizar”, como hicieron E&K, las decisiones tomadas por el Gobierno (que ha pasado a denominarse generosamente a sí mismo “nacional y popular”) en este caso, no es hacerse cargo del conflicto, no es, como dicen E&a mp;K ahora, tomar las cosas a la española, más bien se parece bastante a una actitud demasiado indulgente para quienes toman las cosas a la española pero no de ahora, sino de la España de los ’30 en las vísperas de una tragedia, cuando los republicanos fueron barridos por los que encontraron magnífico utilizar el conflicto social como una antorcha con la que encendieron la guerra.

Publicado en Página 12, 22-04-08

El artículo de Sebastián Etchemendy y Philip Kitzberger publicado por Página 12 el 3 de abril plantea una crítica de argumentos que los autores denominan “liberal-democráticos” (LD) y que serían voceados por dirigentes y columnistas en distintos medios. Según esta crítica, los LD condenan como incompatibles con la democracia liberal los piquetes de desocupados pero no los piquetes rurales, la incursión de d’Elía contra los caceroleros en Plaza de Mayo el pasado 25 de marzo pero no el lockout agrario por tiempo indeterminado, la identificación lisa y llana de los caceroleros con golpistas en el discurso presidencial pero no el desabastecimiento “antisistema” perpetrado por los dirigentes ruralistas. Para los autores, estos argumentos “liberal-democráticos” son inconsistentes con la democracia liberal y marcan que sus proponentes sólo prefieren ese régimen político cuando están del lado de los ganadores. Ocurre, sin embargo, que esta crítica invierte, casi puntualmente, las valoraciones atribuidas a los “liberal-democráticos” y, por eso mismo, coloca a sus autores en una posición que sería, también, incompatible con un punto de vista democrático-liberal.

Esta inversión de las valoraciones sobre cada uno de esos actos o interpretaciones tiene lugar por medio de un procedimiento que los propios autores llaman “poner en perspectiva”. Puesto en la perspectiva de que los ruralistas integran, para los autores, los sectores socioeconómicos dominantes, el uso del piquete como forma de protesta es injustificado porque los ruralistas tendrían a su disposición otras formas de protestar. Podría concederse ese punto, pero hacerlo implicaría condonar el uso del piquete como herramienta, cuya legalidad y legitimidad resulta ampliamente discutible – y que para nosotros no es tal. Puesto en la perspectiva de que los ruralistas producen y controlan el alimento que consume el resto de la sociedad, el paro por tiempo indeterminado aparece como una medida excesiva y desestabilizadora. Podría, de nuevo, acordarse con ello, pero hacerlo sin condenar inequívocamente otros comportamientos equivalentes como la incursión de d’Elía en Plaza de Mayo alentada y avalada por el gobierno implicaría condonar la violencia de abajo porque es de abajo – y nosotros creemos que ningún comportamiento violento debe condonarse. Puesto en la perspectiva de que en 2001 el cacerolazo precedió a la caída de dos gobiernos, la protesta en Buenos Aires y otras capitales del interior resultaría un acto de desestabilización institucional, que busca comunicar el deseo de derrocar al actual gobierno nacional. Podría, una vez más, concederse que tal asociación haya pasado por la cabeza de alguno, pero ello implicaría atribuir, sin fundamento empírico ni criterio alguno más que la existencia de esa misma asociación en la mente de los autores, tales intenciones a los caceroleros – y nosotros creemos que semejante atribución equivale a una acusación de “crimen del pensamiento”, al decir de Orwell en 1984, práctica que entendemos completamente incompatible con la forma de vida democrática.

El argumento de los autores se acerca, así, al tipo de manipulaciones y falsificaciones históricas de que está plagado el discurso presidencial – en ocasión del conflicto con el campo pero, lamentablemente, también mucho antes del mismo. Esas manipulaciones tienen, invariablemente, la misma forma: plantean una distinción entre “el primer gobierno en la historia que garantiza plenamente la vigencia de los derechos humanos” y “la derecha golpista que quiere volver”, y la superponen con prácticamente toda opinión opositora acerca de cualquier tema de debate público. El resultado de la manipulación es doble: por un lado, las opiniones opositores quedan deslegitimadas por su identificación con “la derecha golpista que quiere volver”; por el otro, la acción del gobierno o de cualquiera de sus aliados en contra de estas opiniones opositoras queda justificada, precisamente por la radical ilegitimidad de esas opiniones. Ello permite justificar la acción de d’Elía en Plaza de Mayo, pero también los piquetes contra empresas, la destrucción del sistema estadístico, la “letra escarlata” destinada a los columnistas disidentes, etc. Estos comportamientos son, para nosotros, también incompatibles con la práctica democrática, que requiere de los gobiernos el resguardo de los derechos de los ciudadanos y de los actores colectivos, no su violación o puesta en riesgo por mano estatal.

Por último, las manipulaciones que el artículo condona son también problemáticas porque consagran falsificaciones graves. Este gobierno dista de ser “el primer gobierno en la historia que garantiza plenamente la vigencia de los derechos humanos”: no sólo porque otros que lo precedieron desde 1983, y también antes, lo han hecho, sino también porque esa garantía no es, como sugiere el discurso gubernamental, tarea ni mérito del Poder Ejecutivo, sino de la sociedad toda y, fundamentalmente, del Poder Judicial. Este gobierno dista de apoyarse, como sostienen los autores, en una “alianza con sectores populares organizados”, salvo que se considere que los grupos económicos a los que ha protegido y compensado con su política económica y su esquema de subsidios, y que son los que financian su superávit fiscal y su campaña presidencial, merezcan esa denominación. Este gobierno dista de poder arrogarse el monopolio de la virtud moral, salvo que se considere que el éxito presente de algunas de sus políticas lava los pecados de las que la mayoría de sus miembros implementó en el pasado. Al condonar estas falsificaciones, los autores hacen un flaco favor al gobierno que apoyan: le dan argumentos para insistir en visiones del mundo y cursos de acción que justifican la violencia como forma de acción política, la persecución a las ideas opositoras y la identificación del punto de vista del gobierno con el interés general de la nación. Y con esto le hacen, también, un flaco favor a la democracia argentina

*este artículo fue publicado en el diario Página/12 el 11 de abril de 2008

Lo evitable y lo inevitable

Ante todo, el por qué. Es muy triste decirlo, y tal vez suene demasiado tajante, pero un factor imposible de obviar es que estamos frente a un gobierno que, pese a que cuenta con innumerables recursos de poder y enfrenta circunstancias bastante holgadas, es capaz de generarse a sí mismo gravísimos problemas porque dispone de poquísimas capacidades políticas y se orienta con diagnósticos de situación muy errados y, sobre todo, con preferencias muy poco prácticas. Una comparación a este respecto con el vilipendiado gobierno de De la Rúa puede resultar ilustrativa: De la Rúa y su gobierno cometieron muchos errores, qué duda cabe, pero si analizamos retrospectivamente las circunstancias que enfrentaban podemos decir que aún evitando esos errores era muy difícil que terminaran bien, podían elegir, como llegó a decir un funcionario de Economía de aquellos años, entre muerte lenta o suicidio; eso no los disculpa claro, porque lo cierto es que eligieron mal; pero ilustra el punto de que a los gobiernos hay que juzgarlos no sólo por los resultados que ofrecen en un momento determinado, sino por el modo en que aprovechan las oportunidades que se les presentan y sobre todo por el modo en que enfrentan o evitan problemas. A este respecto, la comparación deja a Cristina Kirchner bastante mal parada: no fue una confluencia de factores fuera de su control, ni una circunstancia económica estructural lo que generó la crisis con el campo, fueron sus propias acciones y decisiones; y paso a paso ellas fueron empeorando la situación, hasta el punto en que los daños autoinfligidos y los impuestos al conjunto de la sociedad fueron ya insoportables. Si algo aprendimos de esta experiencia es que la presidente y quienes la acompañan tienden a comportarse más como intelectuales que como políticos, no aspiran a resolver problemas de gobierno, si no a mostrar que tienen razón, incluso a costa de su propia destrucción. Algo verdaderamente preocupante. Tal vez comparable en parte a lo que conocimos en tiempos de Galtieri, también más preocupado por la “dignidad” que por gobernar.

Verdades autoselladas y control de caja

Entre los problemas que encontramos en las motivaciones del gobierno a actuar como actúa no es ese el único que nos recuerda a la última dictadura: hoy también proliferan como entonces las verdades autoselladas. Los Kirchner dicen que enfrentan una amenaza golpista, una derecha salvaje, videlista. Eso legitimaría mucho de lo que hacen, pues obligaría a la sociedad a optar entre ellos o el demonio, y se entiende entonces que recurran a ese argumento. Pero más grave que la manipulación es que se crean en serio lo que dicen, porque en un caso puede imaginarse que, cosechados los frutos de la polarización, se volvería a un juego más abierto y transaccional, mientras que en el otro, no dejará de insistirse en ahondar la brecha entre el pueblo y sus enemigos, hasta poder excluir, y eventualmente eliminar, a éstos últimos. Y lo cierto es que hay demasiadas evidencias que sugieren que la presidente, y muchos de quienes la acompañan, creen sinceramente en que la lucha que tienen por delante responde a esta lógica. Nunca como en estos días estuvimos tan cerca de la Venezuela de Chavez. Y los argumentos sobre las enormes diferencias estructurales entre ese caso y el nuestro puede que no alcancen, porque el odio, como la locura, es contagioso, y basta que se insista lo suficiente y se encuentren las efectividades conducentes necesarias para que ese camino quede definitivamente abierto.

El factor que se ha revelado como abono más potente para abrir este camino es el de los derechos humanos. Ello merece una referencia especial. Como Menem en su momento, el kirchnerismo parece actuar como un Midas al revés. Entonces fue el ideario liberal, utilizado para justificar reformas que en gran medida apuntaban a satisfacer intereses más inmediatos y mezquinos que la creación de un capitalismo abierto y competitivo, y entregado luego a la furia de las masas como responsable de todos los males, para disculpar al movimiento que las había instrumentado y al menos a una parte de sus beneficiarios. Hoy sucede algo semejante con la “lucha por los derechos humanos” y los juicios contra sus violadores: ellos parecen hilar las batallas del presente con una larga historia de luchas entre el pueblo y abusadores de todo tipo, y proveen al partido gobernante de la fuerza de voluntad y la conciencia moral necesarias para justificar las más diversas decisiones, y diluir las múltiples evidencias existentes en cuanto a la incompatibilidad entre muchas de ellas y un efectivo respeto de los derechos, así como a disculpar la conversión de enemigos en socios y aliados, cuando no en funcionarios, por medio de transmigraciones del alma que el pañuelo blanco viene oportunamente a bendecir. La referencia a Midas podría hacer pensar que, hoy igual que en los años noventa, estamos frente a un uso perverso de materiales nobles. Pero la realidad es más compleja: si los Kirchner pudieron cooptar al movimiento de derechos humanos casi en su totalidad ello se debió en gran medida a que en él, igual que en los liberales de una década atrás, había una disposición a ser cooptados, una creencia en que el peronismo del momento era el vehículo adecuado, el único imaginable, para la realización de sus metas ideológicas y programáticas. A la postre el daño a las ideas con que se embandera este movimiento puede ser enorme. Pero por de pronto lo más preocupante no es eso, sino el efecto nocivo que ellas tienen en el debate público, las mistificaciones y fantasmas que movilizan y lo difícil que se vuelve, en ese marco, discutir sobre problemas concretos. El efecto de la cooptación, en lo inmediato al menos, es entonces que cualquier supuesto o efectivo vínculo que pudiera en el pasado haber habido entre “lucha por los juicios a los militares del Proceso” y ampliación de la democracia, vigencia plena de los derechos en el país, pluralismo, libertad y demás queda al menos afectado, sino suspendido. Más nos vale evitar por tanto cualquier referencia a esa lucha, a sus promotores y sus contrapartes fuera de su específico campo de incumbencia, y velar porque el balance final de sus aventuras peronistas no sea tan nefasto para la APDH como lo fue para el CEMA.

Por último, podría creerse que en la larga serie de errores que cometieron los funcionarios de economía en la formulación, presentación y defensa de las retenciones móviles se evidencia simple y exclusivamente torpeza. Y que en la fórmula pergeñada para intentar dividir a los huelguistas no hay nada más que una mera extensión de la lógica del subsidio a un nuevo sector. Pero hay más, mucho más, que errores y continuidad: el modelo económico denominado presuntuosamente “productivo” ha llegado a un atolladero, y el gobierno lo sabe. Ante ello, el modelo político de concentración de recursos y poder que lo acompaña y justifica no pudo imaginar otra solución que redoblar la apuesta en una fuga hacia delante, politizando al extremo el manejo de la economía. Ello significa, en el caso que nos ocupa puntualmente, incorporar como cliente al único sector relevante de la sociedad y la economía que todavía no lo es, y condenar a la perdición a los que no se avengan. Como siempre ha sido, el kirchnerismo no se conforma con tener los votos de un sector, su aquiescencia, sino que pretende hacerse del control de todos los bolsillos y someter todas las voluntades y conciencias. Pero en la medida en que su control es más amplio es también más frágil y está más amenazado por la inconsistencia y la presión de demandas cruzadas. Por lo que el gobierno se ve obligado a hacer algo más: anunciar que sólo habrá fugas hacia delante cuando se enfrente a este tipo de desafíos, porque no hay plan B, como muy elocuentemente dijo un funcionario, y se preferirá siempre la guerra antes que lo que se entienda como “un mal arreglo”. Se ha ingresado así, sin muchos prolegómenos, a un juego que gira en torno a la amenaza del “conductor enloquecido” de producir un accidente si se lo molesta con impertinencias, a partir de la renuncia expresa del gobierno a disponer de libertad de maniobra o considerar siquiera la eventualidad de ceder. Lo mismo que decirnos que nadie podrá desde ahora viajar tranquilo, porque el chofer ya no lo está.

* publicado el 3/4/08 en El Economista