Curiosamente, una de las pocas cuestiones que sí se han puesto en discusión no refiere realmente al bicentenario sino a lo que podemos llamar el “segundo centenario”. Muchos de quienes proclaman en estos días inspirarse en el modelo económico vigente en 1910 y celebran los indudables logros que entonces el país podía mostrar a sus habitantes y al mundo, se han referido a la centuria transcurrida desde entonces como “los cien años perdidos”. Desde el revisionismo (que en verdad, en los años treinta fue el que inventó esa visión decadentista hoy ya nacionalizada, y a la que en estos días recurre con más frecuencia el liberalismo conservador) y el oficialismo se ha tendido a responder que el centenario no fue la maravilla que se cuenta, que dominaba entonces una pequeña oligarquía que había creado un país para pocos. Se recrea así una discusión que viene de largo: para los conservadores y liberales, Argentina perdió el rumbo cuando irrumpió el populismo, y abandonó las políticas de apertura al mundo, economía de mercado y control de la movilización política de las masas que hasta entonces tan buenos resultados habían dado; para los populistas en cambio, el problema fue la reacción conservadora y oligárquica ante el incontenible avance de los sectores populares en su aspiración de compartir los frutos del desarrollo ampliando sus derechos políticos y sociales.

No se pretende aquí analizar los aciertos o errores de una y otra postura, sino más bien aquello que ambas dan por obvio, que al país no le fue todo lo bien que hubiera podido irle, y la posibilidad de que hayan intervenido en ello algunos factores que no se tienen en cuenta pero que podrían ser parte de las dos perspectivas en pugna. Entre estos factores hay uno que naturalmente se destaca: la inestabilidad.

Que Argentina es un país que se ha caracterizado, durante el último siglo y hasta el presente, por el alto grado de inestabilidad es algo bien sabido. No por ello deja de ser pertinente reflexionar sobre las dificultades que ello ha acarreado a lo largo de la historia, y sobre el modo en que condiciona nuestra actual vida política: ¿de qué tipo de inestabilidad se trata?, ¿cuáles son las causas de este fenómeno?, y tal vez lo más importante, ¿la inestabilidad debe ser considerada una fuente de oportunidades o de problemas? ¿es un síntoma de la apertura al cambio, de una realidad en transformación, o es más bien indicio de la frustración recurrente de proyectos de cambio, de la dificultad para estabilizar un orden compartido dentro del cual sea posible procesar cambios duraderos?

En los últimos tiempos ha ganado crédito la idea de que la inestabilidad no sería un problema a resolver, sino el indicio de una “batalla en curso”, desde hace décadas indefinida, entre fuerzas del cambio y el statu quo. Si esto es así, todavía sería necesario atravesar fases de inestabilidad aguda, para poder llegar más adelante a una situación, además de estable, deseable en términos de calidad democrática, igualdad social, respeto de derechos, o lo que sea. Dar prioridad a la estabilidad, según esta perspectiva, sería una forma de detener y frustrar cambios posibles y necesarios. Estos argumentos, por tanto, legitiman lo que podemos llamar una “cultura de la inestabilidad”.

Es hora de someter a crítica esta cultura. Volver la mirada al centenario es a este respecto provechoso: la convivencia establecida hasta 1910 con gran éxito, y todavía con algunos buenos resultados sociales hasta mediados del siglo XX, entre inestabilidad y movilidad social y democratización, desde entonces fue sustituida por otra, entre inestabilidad y desigualación y deterioro institucional, que justifica asociar los esfuerzos por recuperar grados de igualdad perdidos a iniciativas estabilizadoras. Con esta idea en mente, es posible hoy sostener que la inestabilidad económica, política e institucional experimentada en forma aguda entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado no tuvo por causa la democracia de masas, la igualdad de condiciones heredada, ni el “empate social” de ella resultante, sino fundamentalmente otros rasgos, sólo circunstancialmente asociados a ellos, y que los sobrevivieron en el tiempo: la debilidad del estado, el espíritu refundacional presente en casi todos los proyectos políticos y el comportamiento mayormente faccioso de los actores sectoriales. En segundo lugar, y en relación a lo anterior, que la desigualdad creciente a partir de los años setenta no ha estado tan asociada a la aplicación de “políticas estabilizadoras” como a su frustración, y al imperio de relaciones de fuerza crecientemente desiguales en un contexto persistentemente inestable. Y por último, que la capacidad transformadora de la política no ha probado ser mayor, ni en nuestro caso ni en ningún otro, en un ambiente inestable que en uno estable. La inestabilidad que aún padecemos, y la cultura que la celebra, deben considerarse, en este sentido, como remanentes estériles de fenómenos en su origen asociados efectivamente a la juventud, la movilidad y la apertura al cambio que caracterizaron a la sociedad y la política argentinas hasta mediados del siglo pasado, y más en particular a la vía populista a través de la cual se canalizó entonces la democratización y la igualación social. Pero, en la imposibilidad de reeditarse esa asociación, la inestabilidad, y con ella el populismo, se han vuelto obstáculos más que alicientes o recursos para recuperar el dinamismo y la integración social perdidos.

*pubilcado en El Economista

No podemos pasar de largo ni tratar ligeramente esta recurrente frustración política y con la política que nos es tan propia, y de la cual la situación actual creo es un nuevo y revelador episodio.

La indisposición a pensar el problema se revela muchas veces en la adopción de fórmulas convencionales que sólo en apariencia lo explican: los políticos argentinos son un desastre, los argentinos no tenemos educación, o cosas por el estilo que pueden servir tanto para una de cal o para una de arena.

Aunque por cierto una consideración general hay que hacer: no puede desmentirse ya que recurrentes traspiés políticos hablan bastante mal de nosotros. En mi opinión, revelan que los argentinos y nuestras instituciones padecemos de una considerable incompetencia política. De ella hay que dar cuenta para comenzar a hablar de política argentina, de reformas políticas posibles, es decir, de vías para remediarla. Y una mirada sobre la historia política y en particular la historia reciente es necesaria. Porque otra cuestión bastante evidente que debemos asumir es que la democracia, por el simple paso del tiempo, no está mostrando poder resolver esa incapacidad política. Ya echarle la culpa al pasado remoto, incluso a la última dictadura, después de 25 años de gobiernos democráticos, elecciones y prensa libre es un poco difícil.

Recordemos a este respecto que la democracia no es sólo un método para que se exprese el pueblo, como muchas veces se ha señalado, es además un mecanismo para que él se eduque políticamente, es decir para que nos gobierne no sólo el mayor número sino la virtud, o al menos, tendencialmente, darle la mayor cabida posible al progreso y el predominio de las virtudes sobre los vicios. Y pareciera que entre nosotros no está dando el resultado esperado, al menos no todo el que quisiéramos.

Al respecto un chiste que seguramente ustedes conozcan, y me adelanto, creo que es injusto, puede ser, alterado en sus términos, revelador del problema general al que me estoy refiriendo: el chiste dice que Dios dio a los argentinos tres virtudes, ser peronistas, inteligentes y honestos, pero nos jorobó porque cada uno sólo puede tener dos de ellas. Una expresión de extremo antiperonismo, sin duda, aunque a mí me lo contó un peronista extremadamente inteligente. Lo cierto es que, entre nosotros, es muy escasa la disposición de la gente capaz y honesta a participar en política. A involucrarse en ella no sólo en términos de militancia o actividad partidaria, a tomar parte incluso en términos de espectador crítico, y educarse políticamente en consecuencia. Al respecto tal vez más revelador que la poca o cuestionable formación de nuestros políticos, lo sea la de nuestro periodismo.

Sin duda, la velocidad que ha adquirido el deterioro de la situación política revela la enorme fragilidad de la hegemonía previa, precisamente en el momento en que ella había alcanzado mayor alcance institucional. Nunca fue tan poderoso el kirchnerismo como cuando se desbarrancó al abismo. No es la primera vez tampoco que se ha producido esta secuencia. Aunque tal vez nunca estuvo tan claro como ahora que fue la propia acción del poder gubernamental lo que motorizó la crisis. Así, los dueños de la situación en la víspera se vuelven objeto de todo tipo de reclamos, incluso muchos de ellos convengamos que exagerados o imposibles de satisfacer, con lo que pagan por su soberbia. Pero también por serias dificultades objetivas del sistema político en cuyo marco actúan.

Porque convengamos en que se trata de una crisis del vértice del poder, pero también de la sociedad, las fuerzas de oposición y las mediaciones institucionales entre aquél y éstas. A este respecto hay al menos tres problemas sobre los que conviene detenerse:

- En primer lugar, el carácter tendencialmente faccioso y al mismo tiempo muy fragmentado y débil de las representaciones sectoriales. Ellas padecen una seria desconexión respecto del mundo de la política partidaria, están inermes frente a la emergencia de líderes espontáneos casi imposibles de encuadrar en estrategias cooperativas y negociadas, y por tanto enfrentan serias dificultades para negociar, y para prevenir cursos de acción que generen costos para todos.
- En segundo lugar, la disposición de amplios sectores a enamorarse de este tipo de líderes espontáneos inclementes revela una escasa valoración de los mecanismos de mediación y de las soluciones transaccionales en la sociedad, y en cambio una exaltación de las estrategias no colaborativas, incluso confrontativas y oportunistas.
- Muchos espacios institucionales que debieran ser competitivos y abiertos a la auscultación pública, no lo son, y al revés, espacios que deberían preservarse de la competencia y de la visibilidad pública, en cambio, están sometidos a la lógica de la plaza y la aclamación. Para poner un ejemplo, en el Parlamento está muy mal visto que no se discuta todo en el plenario, y las comisiones, a diferencia de lo que sucede en otros países, no deciden casi nada, con lo que a los partidos les cuesta mucho negociar leyes; en cambio, hay cada vez más distritos en los que las elecciones no son competitivas, no se asegura un mínimo pluralismo en la prensa, y cada vez más decisiones sobre el manejo de recursos se toman fuera de la vista pública.

Aunque para bien o para mal la reciente crisis ha revelado la falsedad del apotegma según el cual “sólo los peronistas saben gobernar” (y también en alguna medida el que señala que “sólo el peronismo puede resolver los problemas que él mismo crea”), lo cierto es que la democracia argentina aún no es plenamente competitiva, y más bien ha evolucionado en los últimos años a nivel nacional en dirección contraria a serlo. La construcción de partidos, como de cualquier otra institución, es mucho más lenta y dificultosa que su destrucción. Y seguramente pasarán años hasta que se conformen fuerzas tan estables y maduras como las que con sana envidia podemos ver actúan en muchos países de la región, incluso algunos que durante demasiado tiempo quisimos mirar por encima del hombro. La construcción de partidos es, sin duda, por lo tanto, una de las cuestiones más urgentes e inescapables que tenemos por delante, y a este respecto cabe hacer un elogio de los recientes pasos adoptados desde el oficialismo: la recomposición del PJ puede significar una verdadera innovación institucional y alentar a los demás actores a invertir esfuerzos para crear organizaciones, y no simplemente para cazar los votos que el gobierno de turno pierda.