Sin embargo, varios elementos muestran que sigue siendo muy difícil que esto le alcance al gobierno para sostener en el mediano plazo su actual imagen de “recuperación”, y mucho menos para revertir tendencias estructurales en la opinión pública, no digamos ya para ganar un ballotage. Primero, los parámetros básicos de la situación política y fiscal planteada en la segunda mitad de 2009 no han cambiado. La inflación corre con ventaja respecto a los salarios de la gran mayoría, no sólo de los empleados informales y no sindicalizados, si no de los que pertenecen a sindicatos débiles. Por otro lado, la liberación de fondos para las provincias, la presión sindical para la reapertura de paritarias en estos sindicatos que en una primera negociación no lograron aumentos importantes, y la inelasticidad de la oferta en muchos productos, podrían dar nuevamente un impulso a la velocidad de la inflación.

Es temprano para saber cuanto de ese impulso afectará a este gobierno y cuanto al siguiente. Pero muy probablemente dependerá de la expectativa sobre el resultado probable de las presidenciales de 2011. Si crecen las posibilidades electorales del kirchnerismo, su capacidad de disciplinar a gobernadores y utilizar el mecanismo de refinanciación de modo efectivo también se incrementará. Si la oposición logra construir una alternativa sólida y se prefigura un cambio de gobierno, la presidencia perderá capacidad de disciplinar a los gobernadores. Pero por otro lado, si crece la percepción de que los Kirchner seguirán en control de la situación al menos hasta el final de este mandato, y no se verán obligados a ceder ante los opositores, entonces crecerá la expectativa de que la inflación no será controlada, y los actores económicos se acomodarán a ella, o se anticiparán acelerándola.

En segundo lugar, los pilares del modelo, el superavit fiscal y el comercial, se siguen deteriorando. Y el gobierno no tiene recursos para evitarlo. El canje está en aprietos y en cualquier caso la posibilidad de acceder a financiamiento una vez que concluya se ha cerrado. Si por un lado le será imposible no corregir paulatinamente el tipo de cambio, del otro la corrección será insuficiente para evitar la constante pérdida de competitividad de la industria y detener el aumento de importaciones y el deterioro del superavit comercial.

Un gobierno que apuesta, además, a evitar el ballotage como máxima meta, es decir, que pone todas las fichas en burlar a la opinión mayoritaria a través de una regla electoral que fue concebida por el menemismo precisamente con ese fin, no deja de ser un blanco fácil para la crítica en nombre de una sociedad que está demostradamente cansada de la confrontación política y las rencillas. Imaginar que el gobierno pueda cambiar drásticamente su perfil y su misma identidad, para representar esta demanda de consenso nacional y apunte creíblemente a la formación de amplios acuerdos nacionales es algo que ni siquiera los kirchneristas se animan a hacer. Como mucho, han ganado tiempo, y le han complicado las cosas a la oposición, sobre todo a la peronista. Lo que puede ser a la postre un beneficio para el resto: si el contexto de competencia se vuelve más exigente, entonces será premiada la oferta política que demuestre no sólo ser capaz de hacer antikirchnerismo explícito y virulento, sino también de proponer nuevas formas de gestión y resolución de los problemas.

Que esto sea curioso y hasta paradójico no significa que carezca de explicación. Ella puede encontrarse al menos en parte en un rasgo nacido de esos mismos resultados electorales de fines de junio: nos referimos a la marcada fragmentación generada por un proceso de renovación parlamentaria que aún no se ha efectivizado, pero ya muestra múltiples aspirantes a ejercer el liderazgo de fuerzas políticas que tienen delante suyo diversas opciones de alianza.

Se equivoca la señora Carrió, entonces, cuando afirma que Néstor retuvo la iniciativa y ella misma volvió a ser oráculo de los dioses debido a la “impericia de la oposición” (de la que obviamente ella se autoexcluye). Si su antagonista recuperó espacio de maniobra en las últimas semanas fue, primero, porque no había perdido tanto como pareció en aquella noche de domingo , y sobre todo, porque con su triunfo las fuerzas opositoras se enfrentan a dificultades crecientes para coordinar sus esfuerzos: fue este problema el que les dificultó adoptar una posición común frente a la firme actitud del Ejecutivo de no ceder en las delegaciones legislativas y las retenciones; terrenos en que, recordemos, los opositores habían logrado acuerdos sin embargo antes de haber ganado la elección. Sin una posición común, no pudieron atraerse a legisladores dubitativos del campo oficial, y fueron derrotados lastimosamente.

Hay quienes dicen que hay que esperar al 10 de diciembre para que la mayoría opositora se imponga, que entonces, teniendo a la mano el control del Parlamento, estos problemas de coordinación desaparecerán. Pero tal vez las cosas no sean tan sencillas: no será fácil llegar a un acuerdo sobre las autoridades de las cámaras, más teniendo en cuenta las crecientes tensiones existentes entre expresiones que compiten entre sí con tanto ahínco como lo hacen con el kirchnerismo. Algunos grupos opositores, sobre todo los de menor volumen, pueden verse atraídos por la experiencia de la centroizquierda populista, que ha logrado una gravitación mucho mayor como socia circunstancial de las posiciones oficiales que la que hubiera logrado de mantenerse prescindente.

Pero no es sólo esa dificultad para cooperar en la oposición ni esta habilidad del oficialismo para sumar aliados lo que explica el retroceso del impulso antikirchnerista, y hace dudar de que el Parlamento vaya a cambiar fácilmente de manos. Pesa también algo que queda desdibujado detrás del protagonismo descollante del ex presidente y sobre lo que conviene llamar la atención: la reluctancia de los gobernadores, intendentes y sindicalistas a romper lanzas con el PEN.

Ello tiene también varias explicaciones. Ante todo, el acceso a una caja oficial que, aunque disminuida, en medio de la crisis reinante es aún más vital que en el pasado. Mientras no se altere la ecuación entre recursos de libre disponibilidad en manos del gobierno nacional y necesidades de financiamiento del resto de los actores institucionales, en el peronismo difícilmente se registre un salto masivo hacia la oposición. De vuelta, si hubiera suficiente capacidad de coordinación en esta, y ella tuviera claro hacia qué régimen fiscal y tributario quiere avanzar, se podría pasar de la centralización reinante a una distribución más horizontal y tal vez más racional de los recursos, pero en ausencia de esa capacidad y ese horizonte lo único que pueden hacer los opositores es presionar para bajar impuestos y tarifas, y para aumentar gastos, y eso vuelve cada vez más insostenible la situación fiscal, pero en lo inmediato no afecta la posición preeminente del Ejecutivo nacional. Lo hemos visto ya con el tema del gas.

A ello se suma la propia reluctancia del gobierno a ceder en nada: ante ella, existen sólo dos alternativas, esperar a que se consuma en su propia salsa, o reducir al máximo su capacidad de hacer daño, lo que significa en los hechos impedirle tomar más decisiones. Resolver este dilema es difícil para la oposición no peronista, pero lo es mucho más para los peronistas disidentes. Ellos, y el peronismo en general, tienen por delante un trámite por demás complicado: ¿cómo hacen para sostener un gobierno irresponsable e inflexible que se ejerce en su nombre, y a la vez evitar cometa más errores que dañarán seriamente sus posibilidades electorales en el futuro inmediato?, ¿cómo se desembarazan del modo más incruento posible de los Kirchner?

Los desafíos de la oposición adquirirán, debido a ello, un cariz cada vez más divergente de aquí en más en el caso del peronismo disidente y en el del “no peronismo”. El primero tiene por delante, ante la indisposición de los Kirchenr a ceder un ápice en sus orientaciones programáticas y su apuesta por la confrontación política y sectorial, el difícil desafío de optar entre permitir que los legisladores, gobernadores, intendentes y sindicalistas sigan prestando colaboración a sostener al Ejecutivo, o forzar una ruptura en todas esas arenas en que todavía no se ha producido. Lo que bien puede traducirse como una opción entre mantener la ambigüedad y la indefinición de las lealtades, o arriesgarse a sumir al Ejecutivo en la total impotencia.

Los no peronistas tienen en cambio las manos más libres para actuar. Sus dificultades proceden de lo rudimentario de otros recursos: principalmente, sus organizaciones y la capacidad de cooperación entre ellas. Con sólo proponer alternativas más o menos razonables a cada manotazo con que el gobierno pretende mostrarse combatiendo la crisis, podrá seguir ganando apoyos en la opinión y los grupos de interés. Pero le resultará más difícil lidiar con los permanentes recelos y disputas entre líderes y grupos, que se retroalimentan de un contexto dominado por el entusiasmo y el optimismo electoral: las conductas especulativas son a este respecto tanto el fruto de un éxito inesperado y tal vez inmerecido, como de una herencia facciosa, que no es sólo patrimonio del kirchnerismo, aunque es por cierto bajo su influjo que ella adquirió el vuelo que en la actualidad tiene, y que alimenta la penosa imagen que por momentos la política argentina ofrece.

*Publicado en El Tribuno de Salta.

-El gobierno considera que la remoción de Moreno mostraría debilidad. En ese sentido, ceder ante los medios de comunicación no mejoraría la relación con la opinión pública sino que solo pondría en evidencia cierta endeblez frente a sectores a los que, en principio, no se intenta seducir (tarea que se percibe como imposible).

-En el gobierno prima la ideología por sobre la estrategia coyuntural. Ello implica que ciertas decisiones que no se consideran “justas” o “razonables” son rechazadas aunque las mismas impliquen réditos políticos en términos de gobernabilidad. A partir de ello, los reclamos de la clase media y los medios de comunicación pueden ser percibidos como expresión de la resistencia de ciertos sectores reaccionarios a la política progresista del gobierno. Luchar contra dicha resistencia sería entonces parte de la lucha ideológica emprendida por los Kirchner.

-Moreno es un funcionario de extrema confianza para los Kirchner. A partir de ello, se evalúa que contar con sus servicios supera los costos de sobrellevar su imagen negativa.

En cualquier caso, habrá que evaluar los réditos que la “estrategia del mantenimiento” le viene aportando al gobierno y al país, para establecer la razonabilidad de la misma.

El artículo 1 dice que se ratifique la resolución 125 (con su modificatoria, derogatoria y sus complementarias). Acto seguido, el articulo 2 sostiene: “lo dispuesto en el artículo precedente lo es sin prejuicio de la vigencia de las medidas dictadas y sin desmedro de las facultades ejercidas para ello en el marco de los dispositivos en ellas citados y especialmente de la Ley Nº 22.415 (CODIGO ADUANERO) y modificatorias…”. No existiendo plazos definidos para la sanción del proyecto, surgen las siguientes situaciones hipotéticas:

1. Que, como sucede con aproximadamente el 50% de la legislación que el PEN envía al Congreso, el proyecto no sea debatido en el recinto. Resultado: status quo (siguen vigentes las medidas actuales). 
2. Que el proyecto sea aprobado por ambas Cámaras. Resultado: status quo.
3. Que el proyecto sea rechazado sin ser reemplazado por un proyecto de ley alternativo. El Ejecutivo (Alberto Fernández) ha sostenido que, en tal caso, derogarían la medida (¿se vuelve a los primeros días marzo?). En un mundo de promesas rotas, el compromiso del Jefe de Gabinete probablemente valga poco en el cálculo de las entidades agropecuarias. Resultado: incierto.
4. Que el proyecto sea modificado o reemplazado por otro. En este caso valen tres alternativas: a. Se mantiene la decisión del Congreso. Resultado: cambio. b. El PEN veta parcial o totalmente lo sancionado por el Congreso. Resultado: status quo (o similar). c. Que el PEN, eventualmente y mediante una Resolución, retrotraiga los aranceles fijados por ley al esquema actualmente vigente. Resultado: status quo.

Claro está, la enumeración de alternativas posibles no dice nada sobre la factibilidad de los distintos resultados. Tampoco sobre sus consecuencias: status quo con o sin un pronunciamiento explícito del Congreso son escenarios políticos bien distintos.

La composición de las comisiones es claramente favorable al FPV-PJ (tiene la presidencia y una amplia mayoría en las comisiones de Presupuesto y Agricultura de ambas Cámaras), pero es controvertido, al menos, vaticinar que sucederá al interior de la coalición legislativa mayoritaria y que rol cumplirán los gobernadores en esta nueva jugada. Anulada la posibilidad de delegación al Ejecutivo con el objetivo de resolver los problemas de coordinación del bloque, en escenarios similares el partido de gobierno ha optado por la sanción tácita (el no pronunciamiento), con el objetivo de conjugar las pretensiones presidenciales con la indisciplina partidaria de sus legisladores.

De todos modos, queda claro que si el resultado es una no-decisión del Congreso, o es una decisión que finalmente es modificada, difícilmente “el pleno respeto a la voluntad popular, que algunos parecen no querer acatar o entender en el ejercicio de sus derechos, se verá reforzado con las participaciones de los señores representantes…”. La segunda parte de “La historia sin fin” es bastante peor que la primera.

A medida que decante la polvareda levantada por la crisis con el campo, si es que ella finalmente se aplaca, o al menos se desactiva, estas preguntas se volverán más y más relevantes. Hasta el momento, pareciera que los grupos opositores de las más diversas procedencias y orientaciones creen poder capitalizar algo de la sublevación agropecuaria, aunque dada la autonomía con la que sus protagonistas se han movido ninguno de ellos tiene asegurada una posición privilegiada para hacerlo. Por otro lado, en tanto sus reclamos son bastante puntuales, no parece muy claro cómo han de articularse a los de otros sectores, o a propuestas de política pública más amplias.

Pero sería iluso pensar que efectivamente el campo movilizado puede seguir por mucho tiempo sirviéndoles a todos por igual para cascotear al gobierno. Por más específicos que sean sus reclamos, ellos son más afines a unas políticas que a otras, a ciertos patrones culturales y sociales, así que es mejor contemplar las chances de cada cual con algo más de atención, incluso las que existen para aquellos que quieran intentar lo menos probable. Al respecto cabe hacer los siguientes señalamientos:

1 La rebelión de los chacareros proporciona una base territorial potencial muy amplia para la oposición. Contar con ella puede ser algo muy novedoso, decisivo si pretende tener éxito frente a un peronismo territorialmente muy bien afirmado. Ninguna coalición no peronista en las últimas décadas logró romper ese predominio federal del PJ. Tal vez hoy esa posibilidad se presente. Y entonces una coalición no peronista pueda no sólo eventualmente llegar a la presidencia, sino conquistar las gobernaciones y el Senado. Podrá de este modo volver a hacer competitivos electoralmente amplios territorios hoy convertidos en cotos de caza electorales monopolizados, y evitarse los problemas de los gobiernos divididos frente a una oposición inclemente.

2 El federalismo plantea otro desafío a la oposición, que la protesta del campo puede haber vuelto aún más difícil de resolver que en el pasado: cómo alcanzar un centralismo racional y eficiente, que fortalezca las autonomías locales y provinciales en vez de subsumirlas. Desde la crisis de 2001 hasta la actualidad el cobro de impuestos no coparticipables y el incremento de los poderes de excepción en manos del gobierno nacional han actuado como un freno en alguna medida necesario frente a los riesgos de una desarticulación del sistema político. El problema que deberá resolver, en este sentido, la oposición es cómo sacar provecho de las resistencias locales frente a estos mecanismos centralizadores, y cómo puede transformarse su crítica, y el progresivo debilitamiento de la centralización kirchnerista, en ocasión para emprender reformas racionalizadoras de las relaciones fiscales y su relación con la competencia política, que eviten un nuevo ciclo de descentralización anárquica y disfuncional como los ya vividos a fines de los ochenta y los noventa. A este respecto, debería poder conciliar el aprovechamiento de oportunidades electorales a nivel local y provincial, con la simultánea construcción de una coalición nacional capaz de negociar y/o imponer un nuevo sistema de coparticipación y reglas de responsabilidad fiscal, junto a mecanismos más transparentes y racionales de negociación de las leyes y la distribución de recursos excedentes en el Senado.

3 La cooperación con sectores peronistas, muchos de cuyos exponentes se cuentan también, o al menos aspiran a contarse, entre los representantes de los sublevados, es ineludible, pero será inevitablemente problemática. Dado que para casi todos los peronistas siempre es legítimo irse del partido, para conseguir afuera los apoyos de que no se dispone adentro, y poder luego volver al seno del PJ con renovados bríos y más recursos, y por tanto siempre más allá de las apariencias circunstanciales la interna propia es prioritaria respecto a la colaboración con otros actores, actuar en relación con ellos plantea un dilema coalicional difícil de resolver.

4 Contra lo que los voceros del oficialismo sostienen, los sectores en fuga hacia la oposición no tienden a agruparse en posiciones ideológicamente conservadoras: todo lo contrario, el gobierno enfrenta demandas y críticas que globalmente reclaman haga aquello que prometió, y se muestra incapaz de cumplir; lo que, al menos en principio, facilita el trabajo de las oposiciones progresistas, más que el de las de derecha. Y ello en gran medida se debe a que lejos de desmentir la viabilidad y conveniencia de seguir una política distributiva, de promover la intervención pública allí donde el mercado no alcanza, y cosas por el estilo, la crisis actual, debido a su carácter eminentemente político, revela la conveniencia de buscar otros representantes para las demandas y expectativas que el propio gobierno ha hecho tanto por alentar: él se enfrenta, en este sentido, a una situación comparable a la de 1987, o la de 1997, mucho más que a las de 1989 o 1999. La situación aporta aún otras novedades interesantes: la falsedad del apotegma según el cual “sólo los peronistas saben gobernar” (y también en alguna medida el que señala que “sólo el peronismo puede resolver los problemas que él mismo crea”) está alentando una fuerte demanda de oposición, de alternativas políticas y, sobre todo, de colaboración entre actores políticos afines para resolver problemas que se perciben como graves (y agravándose) pero no inevitables. Es decir, se le pide a la política y a los políticos que hagan su trabajo, en vez de empeorar las cosas con sus disfuncionalidades. Ello, que de un lado es un estímulo para el reformismo progresista, por otro habla a las claras del estado de indefensión en que se encuentran nuestras instituciones democráticas en ausencia de competencia política efectiva, y de los riesgos que se corren en términos de una nueva frustración colectiva en caso de que no seamos capaces de hacer funcionar mejor los mecanismos de representación y gobierno. Y habla también en particular de la subutilización de oportunidades para la reforma social e institucional que ha caracterizado a los años del kirchnerismo. Sus fracasos, en suma, lejos de desmentir que es necesario más Estado, mejores instituciones y regulaciones, más justicia y distribución en la Argentina actual, revela lo poco y lo mal que se avanzó en dirección a esos objetivos.

 * Publicado originalmente en El Economista el 30 de mayo de 2008.

 Este argumento, que conduce a priorizar el ruido de las declaraciones altisonantes a la serena reflexión sobre los problemas, sólo contribuye a agravar las dificultades que se intenta colocar como secundarias. Ello por al menos tres razones. La primera, que por intensamente que se pretenda desde el discurso oficial, el conflicto entre el gobierno y los ruralistas no pone en suspenso ninguno de los efectos reales de los problemas económicos preexistentes. La segunda, que dada la duración y la profundidad del conflicto, ya no sólo los segmentos económicamente mejor informados sino también la población en general están conscientes de que los problemas económicos preexistentes mantienen plenamente su vigencia. La tercera, que cualquiera sea el resultado del conflicto, el gobierno deberá encarar esos problemas con recursos políticos disminuidos y ante una población con peores expectativas sobre la marcha de la economía.

 Existe, además, una cuarta razón por la cual debe condenarse la sustitución de la discusión de políticas por la confrontación de posiciones. Esa sustitución es tributaria de una concepción romántica de la acción política por la cual las decisiones de los actores – y en especial de los gobernantes – deben ser guiadas por una estética de la épica antes que por una pragmática del poder y su supervivencia. Para esa estética de la épica, que hoy lleva el nombre, del lado gubernamental, de “lucha del gobierno popular contra la oligarquía por la redistribución del ingreso” y del lado ruralista de “defensa de la producción y de la forma de vida chacarera”, la política es confrontación de posiciones; la confrontación sólo puede terminar con la aniquilación del enemigo; y en pos de ese objetivo ningún costo debe ser evitado. Operando desde esa visión, cualquier retroceso en la radicalización de las posiciones en pugna no puede sino ser percibido como una derrota. En esa concepción romántica de la acción política, la discusión de alternativas de política económica es antipolítico porque debatir sobre temas que no abonen esa radicalización sólo detrae esfuerzos de la madre de todas las batallas. Pero ocurre que la política, en una democracia, no es guerra – porque todos los actores saben que el juego de la competencia electoral no tiene fin y, por consiguiente, deben preservarse para enfrentarlo en mejores condiciones en el futuro. La política democrática exige una pragmática orientada no sólo a la propia supervivencia, sino también a la de los adversarios en diferencia con los cuales se construye la propia identidad y se deciden los propios cursos de acción.

 La discusión de alternativas de política es el tipo de debate más consistente con la forma democrática de la política. Esa discusión no es, como pretenden los esteticistas de la épica, mero tecnicismo, sustracción, despolitización. Discutir opciones de política económica para enfrentar la inflación es discutir, lisa y llanamente, política: quién obtiene qué, cómo, a costa de quién, por cuánto tiempo. Es discutir decisiones que afectan relaciones de poder: quiénes se perjudican y por ende son susceptibles de enfrentar al gobierno, quiénes se benefician y por ende son susceptibles de apoyarlo. Es discutir decisiones orientadas a manejar el poder: cómo conservar, ampliar o reconstituir la propia coalición de apoyo y minar la de los adversarios. Pero es discutirlo bajo el supuesto de que tanto las fuerzas que apoyan al gobierno como las fuerzas que se le oponen estarán ahí mañana, representando e intentando representar demandas e intereses irreductibles a la generalización de la confrontación épica.

 Yendo, pues, al grano, cabe nomás enumerar algunas de las alternativas cuya discusión está obturada por el conflicto y por su estatización. ¿En qué consiste el problema de inflación que hoy padece Argentina? ¿Cuál es el modo más adecuado de enfrentarlo? ¿Qué coalición socioeconómica es necesaria para avanzar en esa dirección de política económica? ¿Es viable para el gobierno construir y mantener esa coalición?

 En este punto, la estética de la épica que informa el discurso oficial sólo puede hacer silencio. Porque admitir que la inflación es un problema y que es necesario implementar un plan de estabilización equivale a admitir que “la lucha del gobierno popular contra la oligarquía por la redistribución del ingreso” debe ser puesta en suspenso. Porque discutir la naturaleza de ese plan de estabilización implica admitir que el gobierno probablemente deba tomar decisiones de política contrarias al pretendido objetivo redistributivo. Porque aun cuando no se tomaran decisiones en ese sentido, diseñar y aplicar un plan de estabilización implica diseñar y empeñarse en construir una coalición para sostenerlo que necesariamente ha de involucrar a algunos de los actores socioeconómicos dominantes a los que se ha venido antagonizando recientemente. Porque, en fin, responder a las preguntas que el discurso épico de la confrontación ha condenado al silencio implica tener que sustituir esa forma de acción política por otra menos glamorosa, más gris, que no promete el paraíso de la vida entre iguales sino el purgatorio de la convivencia con los diferentes. Una forma de acción llamada gobernar, en una democracia, en una sociedad compleja – restricciones ineludibles que reclaman dejar de lado la agitación estéril, abandonar el mezquino vicio de querer tener razón, y concentrarse en tratar de realizar lo que es posible.

No podemos pasar de largo ni tratar ligeramente esta recurrente frustración política y con la política que nos es tan propia, y de la cual la situación actual creo es un nuevo y revelador episodio.

La indisposición a pensar el problema se revela muchas veces en la adopción de fórmulas convencionales que sólo en apariencia lo explican: los políticos argentinos son un desastre, los argentinos no tenemos educación, o cosas por el estilo que pueden servir tanto para una de cal o para una de arena.

Aunque por cierto una consideración general hay que hacer: no puede desmentirse ya que recurrentes traspiés políticos hablan bastante mal de nosotros. En mi opinión, revelan que los argentinos y nuestras instituciones padecemos de una considerable incompetencia política. De ella hay que dar cuenta para comenzar a hablar de política argentina, de reformas políticas posibles, es decir, de vías para remediarla. Y una mirada sobre la historia política y en particular la historia reciente es necesaria. Porque otra cuestión bastante evidente que debemos asumir es que la democracia, por el simple paso del tiempo, no está mostrando poder resolver esa incapacidad política. Ya echarle la culpa al pasado remoto, incluso a la última dictadura, después de 25 años de gobiernos democráticos, elecciones y prensa libre es un poco difícil.

Recordemos a este respecto que la democracia no es sólo un método para que se exprese el pueblo, como muchas veces se ha señalado, es además un mecanismo para que él se eduque políticamente, es decir para que nos gobierne no sólo el mayor número sino la virtud, o al menos, tendencialmente, darle la mayor cabida posible al progreso y el predominio de las virtudes sobre los vicios. Y pareciera que entre nosotros no está dando el resultado esperado, al menos no todo el que quisiéramos.

Al respecto un chiste que seguramente ustedes conozcan, y me adelanto, creo que es injusto, puede ser, alterado en sus términos, revelador del problema general al que me estoy refiriendo: el chiste dice que Dios dio a los argentinos tres virtudes, ser peronistas, inteligentes y honestos, pero nos jorobó porque cada uno sólo puede tener dos de ellas. Una expresión de extremo antiperonismo, sin duda, aunque a mí me lo contó un peronista extremadamente inteligente. Lo cierto es que, entre nosotros, es muy escasa la disposición de la gente capaz y honesta a participar en política. A involucrarse en ella no sólo en términos de militancia o actividad partidaria, a tomar parte incluso en términos de espectador crítico, y educarse políticamente en consecuencia. Al respecto tal vez más revelador que la poca o cuestionable formación de nuestros políticos, lo sea la de nuestro periodismo.

Sin duda, la velocidad que ha adquirido el deterioro de la situación política revela la enorme fragilidad de la hegemonía previa, precisamente en el momento en que ella había alcanzado mayor alcance institucional. Nunca fue tan poderoso el kirchnerismo como cuando se desbarrancó al abismo. No es la primera vez tampoco que se ha producido esta secuencia. Aunque tal vez nunca estuvo tan claro como ahora que fue la propia acción del poder gubernamental lo que motorizó la crisis. Así, los dueños de la situación en la víspera se vuelven objeto de todo tipo de reclamos, incluso muchos de ellos convengamos que exagerados o imposibles de satisfacer, con lo que pagan por su soberbia. Pero también por serias dificultades objetivas del sistema político en cuyo marco actúan.

Porque convengamos en que se trata de una crisis del vértice del poder, pero también de la sociedad, las fuerzas de oposición y las mediaciones institucionales entre aquél y éstas. A este respecto hay al menos tres problemas sobre los que conviene detenerse:

- En primer lugar, el carácter tendencialmente faccioso y al mismo tiempo muy fragmentado y débil de las representaciones sectoriales. Ellas padecen una seria desconexión respecto del mundo de la política partidaria, están inermes frente a la emergencia de líderes espontáneos casi imposibles de encuadrar en estrategias cooperativas y negociadas, y por tanto enfrentan serias dificultades para negociar, y para prevenir cursos de acción que generen costos para todos.
- En segundo lugar, la disposición de amplios sectores a enamorarse de este tipo de líderes espontáneos inclementes revela una escasa valoración de los mecanismos de mediación y de las soluciones transaccionales en la sociedad, y en cambio una exaltación de las estrategias no colaborativas, incluso confrontativas y oportunistas.
- Muchos espacios institucionales que debieran ser competitivos y abiertos a la auscultación pública, no lo son, y al revés, espacios que deberían preservarse de la competencia y de la visibilidad pública, en cambio, están sometidos a la lógica de la plaza y la aclamación. Para poner un ejemplo, en el Parlamento está muy mal visto que no se discuta todo en el plenario, y las comisiones, a diferencia de lo que sucede en otros países, no deciden casi nada, con lo que a los partidos les cuesta mucho negociar leyes; en cambio, hay cada vez más distritos en los que las elecciones no son competitivas, no se asegura un mínimo pluralismo en la prensa, y cada vez más decisiones sobre el manejo de recursos se toman fuera de la vista pública.

Aunque para bien o para mal la reciente crisis ha revelado la falsedad del apotegma según el cual “sólo los peronistas saben gobernar” (y también en alguna medida el que señala que “sólo el peronismo puede resolver los problemas que él mismo crea”), lo cierto es que la democracia argentina aún no es plenamente competitiva, y más bien ha evolucionado en los últimos años a nivel nacional en dirección contraria a serlo. La construcción de partidos, como de cualquier otra institución, es mucho más lenta y dificultosa que su destrucción. Y seguramente pasarán años hasta que se conformen fuerzas tan estables y maduras como las que con sana envidia podemos ver actúan en muchos países de la región, incluso algunos que durante demasiado tiempo quisimos mirar por encima del hombro. La construcción de partidos es, sin duda, por lo tanto, una de las cuestiones más urgentes e inescapables que tenemos por delante, y a este respecto cabe hacer un elogio de los recientes pasos adoptados desde el oficialismo: la recomposición del PJ puede significar una verdadera innovación institucional y alentar a los demás actores a invertir esfuerzos para crear organizaciones, y no simplemente para cazar los votos que el gobierno de turno pierda.

El artículo de Sebastián Etchemendy y Philip Kitzberger publicado por Página 12 el 3 de abril plantea una crítica de argumentos que los autores denominan “liberal-democráticos” (LD) y que serían voceados por dirigentes y columnistas en distintos medios. Según esta crítica, los LD condenan como incompatibles con la democracia liberal los piquetes de desocupados pero no los piquetes rurales, la incursión de d’Elía contra los caceroleros en Plaza de Mayo el pasado 25 de marzo pero no el lockout agrario por tiempo indeterminado, la identificación lisa y llana de los caceroleros con golpistas en el discurso presidencial pero no el desabastecimiento “antisistema” perpetrado por los dirigentes ruralistas. Para los autores, estos argumentos “liberal-democráticos” son inconsistentes con la democracia liberal y marcan que sus proponentes sólo prefieren ese régimen político cuando están del lado de los ganadores. Ocurre, sin embargo, que esta crítica invierte, casi puntualmente, las valoraciones atribuidas a los “liberal-democráticos” y, por eso mismo, coloca a sus autores en una posición que sería, también, incompatible con un punto de vista democrático-liberal.

Esta inversión de las valoraciones sobre cada uno de esos actos o interpretaciones tiene lugar por medio de un procedimiento que los propios autores llaman “poner en perspectiva”. Puesto en la perspectiva de que los ruralistas integran, para los autores, los sectores socioeconómicos dominantes, el uso del piquete como forma de protesta es injustificado porque los ruralistas tendrían a su disposición otras formas de protestar. Podría concederse ese punto, pero hacerlo implicaría condonar el uso del piquete como herramienta, cuya legalidad y legitimidad resulta ampliamente discutible – y que para nosotros no es tal. Puesto en la perspectiva de que los ruralistas producen y controlan el alimento que consume el resto de la sociedad, el paro por tiempo indeterminado aparece como una medida excesiva y desestabilizadora. Podría, de nuevo, acordarse con ello, pero hacerlo sin condenar inequívocamente otros comportamientos equivalentes como la incursión de d’Elía en Plaza de Mayo alentada y avalada por el gobierno implicaría condonar la violencia de abajo porque es de abajo – y nosotros creemos que ningún comportamiento violento debe condonarse. Puesto en la perspectiva de que en 2001 el cacerolazo precedió a la caída de dos gobiernos, la protesta en Buenos Aires y otras capitales del interior resultaría un acto de desestabilización institucional, que busca comunicar el deseo de derrocar al actual gobierno nacional. Podría, una vez más, concederse que tal asociación haya pasado por la cabeza de alguno, pero ello implicaría atribuir, sin fundamento empírico ni criterio alguno más que la existencia de esa misma asociación en la mente de los autores, tales intenciones a los caceroleros – y nosotros creemos que semejante atribución equivale a una acusación de “crimen del pensamiento”, al decir de Orwell en 1984, práctica que entendemos completamente incompatible con la forma de vida democrática.

El argumento de los autores se acerca, así, al tipo de manipulaciones y falsificaciones históricas de que está plagado el discurso presidencial – en ocasión del conflicto con el campo pero, lamentablemente, también mucho antes del mismo. Esas manipulaciones tienen, invariablemente, la misma forma: plantean una distinción entre “el primer gobierno en la historia que garantiza plenamente la vigencia de los derechos humanos” y “la derecha golpista que quiere volver”, y la superponen con prácticamente toda opinión opositora acerca de cualquier tema de debate público. El resultado de la manipulación es doble: por un lado, las opiniones opositores quedan deslegitimadas por su identificación con “la derecha golpista que quiere volver”; por el otro, la acción del gobierno o de cualquiera de sus aliados en contra de estas opiniones opositoras queda justificada, precisamente por la radical ilegitimidad de esas opiniones. Ello permite justificar la acción de d’Elía en Plaza de Mayo, pero también los piquetes contra empresas, la destrucción del sistema estadístico, la “letra escarlata” destinada a los columnistas disidentes, etc. Estos comportamientos son, para nosotros, también incompatibles con la práctica democrática, que requiere de los gobiernos el resguardo de los derechos de los ciudadanos y de los actores colectivos, no su violación o puesta en riesgo por mano estatal.

Por último, las manipulaciones que el artículo condona son también problemáticas porque consagran falsificaciones graves. Este gobierno dista de ser “el primer gobierno en la historia que garantiza plenamente la vigencia de los derechos humanos”: no sólo porque otros que lo precedieron desde 1983, y también antes, lo han hecho, sino también porque esa garantía no es, como sugiere el discurso gubernamental, tarea ni mérito del Poder Ejecutivo, sino de la sociedad toda y, fundamentalmente, del Poder Judicial. Este gobierno dista de apoyarse, como sostienen los autores, en una “alianza con sectores populares organizados”, salvo que se considere que los grupos económicos a los que ha protegido y compensado con su política económica y su esquema de subsidios, y que son los que financian su superávit fiscal y su campaña presidencial, merezcan esa denominación. Este gobierno dista de poder arrogarse el monopolio de la virtud moral, salvo que se considere que el éxito presente de algunas de sus políticas lava los pecados de las que la mayoría de sus miembros implementó en el pasado. Al condonar estas falsificaciones, los autores hacen un flaco favor al gobierno que apoyan: le dan argumentos para insistir en visiones del mundo y cursos de acción que justifican la violencia como forma de acción política, la persecución a las ideas opositoras y la identificación del punto de vista del gobierno con el interés general de la nación. Y con esto le hacen, también, un flaco favor a la democracia argentina

*este artículo fue publicado en el diario Página/12 el 11 de abril de 2008

Lo evitable y lo inevitable

Ante todo, el por qué. Es muy triste decirlo, y tal vez suene demasiado tajante, pero un factor imposible de obviar es que estamos frente a un gobierno que, pese a que cuenta con innumerables recursos de poder y enfrenta circunstancias bastante holgadas, es capaz de generarse a sí mismo gravísimos problemas porque dispone de poquísimas capacidades políticas y se orienta con diagnósticos de situación muy errados y, sobre todo, con preferencias muy poco prácticas. Una comparación a este respecto con el vilipendiado gobierno de De la Rúa puede resultar ilustrativa: De la Rúa y su gobierno cometieron muchos errores, qué duda cabe, pero si analizamos retrospectivamente las circunstancias que enfrentaban podemos decir que aún evitando esos errores era muy difícil que terminaran bien, podían elegir, como llegó a decir un funcionario de Economía de aquellos años, entre muerte lenta o suicidio; eso no los disculpa claro, porque lo cierto es que eligieron mal; pero ilustra el punto de que a los gobiernos hay que juzgarlos no sólo por los resultados que ofrecen en un momento determinado, sino por el modo en que aprovechan las oportunidades que se les presentan y sobre todo por el modo en que enfrentan o evitan problemas. A este respecto, la comparación deja a Cristina Kirchner bastante mal parada: no fue una confluencia de factores fuera de su control, ni una circunstancia económica estructural lo que generó la crisis con el campo, fueron sus propias acciones y decisiones; y paso a paso ellas fueron empeorando la situación, hasta el punto en que los daños autoinfligidos y los impuestos al conjunto de la sociedad fueron ya insoportables. Si algo aprendimos de esta experiencia es que la presidente y quienes la acompañan tienden a comportarse más como intelectuales que como políticos, no aspiran a resolver problemas de gobierno, si no a mostrar que tienen razón, incluso a costa de su propia destrucción. Algo verdaderamente preocupante. Tal vez comparable en parte a lo que conocimos en tiempos de Galtieri, también más preocupado por la “dignidad” que por gobernar.

Verdades autoselladas y control de caja

Entre los problemas que encontramos en las motivaciones del gobierno a actuar como actúa no es ese el único que nos recuerda a la última dictadura: hoy también proliferan como entonces las verdades autoselladas. Los Kirchner dicen que enfrentan una amenaza golpista, una derecha salvaje, videlista. Eso legitimaría mucho de lo que hacen, pues obligaría a la sociedad a optar entre ellos o el demonio, y se entiende entonces que recurran a ese argumento. Pero más grave que la manipulación es que se crean en serio lo que dicen, porque en un caso puede imaginarse que, cosechados los frutos de la polarización, se volvería a un juego más abierto y transaccional, mientras que en el otro, no dejará de insistirse en ahondar la brecha entre el pueblo y sus enemigos, hasta poder excluir, y eventualmente eliminar, a éstos últimos. Y lo cierto es que hay demasiadas evidencias que sugieren que la presidente, y muchos de quienes la acompañan, creen sinceramente en que la lucha que tienen por delante responde a esta lógica. Nunca como en estos días estuvimos tan cerca de la Venezuela de Chavez. Y los argumentos sobre las enormes diferencias estructurales entre ese caso y el nuestro puede que no alcancen, porque el odio, como la locura, es contagioso, y basta que se insista lo suficiente y se encuentren las efectividades conducentes necesarias para que ese camino quede definitivamente abierto.

El factor que se ha revelado como abono más potente para abrir este camino es el de los derechos humanos. Ello merece una referencia especial. Como Menem en su momento, el kirchnerismo parece actuar como un Midas al revés. Entonces fue el ideario liberal, utilizado para justificar reformas que en gran medida apuntaban a satisfacer intereses más inmediatos y mezquinos que la creación de un capitalismo abierto y competitivo, y entregado luego a la furia de las masas como responsable de todos los males, para disculpar al movimiento que las había instrumentado y al menos a una parte de sus beneficiarios. Hoy sucede algo semejante con la “lucha por los derechos humanos” y los juicios contra sus violadores: ellos parecen hilar las batallas del presente con una larga historia de luchas entre el pueblo y abusadores de todo tipo, y proveen al partido gobernante de la fuerza de voluntad y la conciencia moral necesarias para justificar las más diversas decisiones, y diluir las múltiples evidencias existentes en cuanto a la incompatibilidad entre muchas de ellas y un efectivo respeto de los derechos, así como a disculpar la conversión de enemigos en socios y aliados, cuando no en funcionarios, por medio de transmigraciones del alma que el pañuelo blanco viene oportunamente a bendecir. La referencia a Midas podría hacer pensar que, hoy igual que en los años noventa, estamos frente a un uso perverso de materiales nobles. Pero la realidad es más compleja: si los Kirchner pudieron cooptar al movimiento de derechos humanos casi en su totalidad ello se debió en gran medida a que en él, igual que en los liberales de una década atrás, había una disposición a ser cooptados, una creencia en que el peronismo del momento era el vehículo adecuado, el único imaginable, para la realización de sus metas ideológicas y programáticas. A la postre el daño a las ideas con que se embandera este movimiento puede ser enorme. Pero por de pronto lo más preocupante no es eso, sino el efecto nocivo que ellas tienen en el debate público, las mistificaciones y fantasmas que movilizan y lo difícil que se vuelve, en ese marco, discutir sobre problemas concretos. El efecto de la cooptación, en lo inmediato al menos, es entonces que cualquier supuesto o efectivo vínculo que pudiera en el pasado haber habido entre “lucha por los juicios a los militares del Proceso” y ampliación de la democracia, vigencia plena de los derechos en el país, pluralismo, libertad y demás queda al menos afectado, sino suspendido. Más nos vale evitar por tanto cualquier referencia a esa lucha, a sus promotores y sus contrapartes fuera de su específico campo de incumbencia, y velar porque el balance final de sus aventuras peronistas no sea tan nefasto para la APDH como lo fue para el CEMA.

Por último, podría creerse que en la larga serie de errores que cometieron los funcionarios de economía en la formulación, presentación y defensa de las retenciones móviles se evidencia simple y exclusivamente torpeza. Y que en la fórmula pergeñada para intentar dividir a los huelguistas no hay nada más que una mera extensión de la lógica del subsidio a un nuevo sector. Pero hay más, mucho más, que errores y continuidad: el modelo económico denominado presuntuosamente “productivo” ha llegado a un atolladero, y el gobierno lo sabe. Ante ello, el modelo político de concentración de recursos y poder que lo acompaña y justifica no pudo imaginar otra solución que redoblar la apuesta en una fuga hacia delante, politizando al extremo el manejo de la economía. Ello significa, en el caso que nos ocupa puntualmente, incorporar como cliente al único sector relevante de la sociedad y la economía que todavía no lo es, y condenar a la perdición a los que no se avengan. Como siempre ha sido, el kirchnerismo no se conforma con tener los votos de un sector, su aquiescencia, sino que pretende hacerse del control de todos los bolsillos y someter todas las voluntades y conciencias. Pero en la medida en que su control es más amplio es también más frágil y está más amenazado por la inconsistencia y la presión de demandas cruzadas. Por lo que el gobierno se ve obligado a hacer algo más: anunciar que sólo habrá fugas hacia delante cuando se enfrente a este tipo de desafíos, porque no hay plan B, como muy elocuentemente dijo un funcionario, y se preferirá siempre la guerra antes que lo que se entienda como “un mal arreglo”. Se ha ingresado así, sin muchos prolegómenos, a un juego que gira en torno a la amenaza del “conductor enloquecido” de producir un accidente si se lo molesta con impertinencias, a partir de la renuncia expresa del gobierno a disponer de libertad de maniobra o considerar siquiera la eventualidad de ceder. Lo mismo que decirnos que nadie podrá desde ahora viajar tranquilo, porque el chofer ya no lo está.

* publicado el 3/4/08 en El Economista

Aunque tal vez puedan respirar tranquilos por un tiempo más, porque la prioridad de los líderes kirchneristas no está puesta en mejorar la gestión, sino en asegurarse el blindaje político-partidario que está detrás de la llamada “normalización del PJ” y que, especula, le permitirá quitarle sustento a eventuales competidores (un Macri presidenciable con apoyos peronistas y/o una coalición legislativa “progresista” que remede a la Alianza de 1997), y hacer perdurable su preeminencia hasta 2011 y más allá. Y el problema es que concretar esto último es, en alguna medida al menos, contradictorio con atender a lo primero.

Como ya se vio en los años de Néstor, por encima incluso de su afección por el coyunturalismo económico y la polarización ideológica, el kirchnerismo funda su estrategia de poder en quitarle sustento institucional y organizativo a sus opositores. Lo hizo dentro del PJ y también fuera de él, hay que reconocer, con gran éxito. No es de asombrarse por tanto que pretenda ahora consolidarse como cuasi monopólico titular de los recursos institucionales y organizativos de la política argentina, imponiendo sus reglas y condiciones a un renacido PJ, y terminando de debilitar a los demás partidos y liderazgos. Macri ya está padeciendo la fuga de sus apoyos de filiación peronista, por efecto de la atracción que ejerce el renacido “pejotismo” tanto como por la continua borocotización de legisladores impulsada desde la Jefatura de Gabinete nacional. El socialismo corre el riesgo de seguir los pasos de los radicales y dejar de ser un partido mínimamente cohesionado, por obra del divisionismo que introducen ofertas de cargos y recursos lanzadas oportunamente desde esas mismas oficinas. En cuanto a la Coalición Cívica, la sospecha es que no hay mucho de qué preocuparse: su propia líder se seguiría dando maña para que no prospere.

El blindaje político partidario puede converger con algunos oportunos cambios de personal en el Ejecutivo. En particular entrarían en esta condición los que tendrían por víctimas a algunos transversales por los que el oficialismo advierte ha estado pagando más de lo que valen: ni ellos le proveyeron mayores réditos electorales, según los cómputos de los últimos comicios, ni han mostrado mayor eficacia en la gestión. Cultura, Defensa, áreas de Cancillería y Desarrollo Social están en la mira de los Kirchner, y seguramente de sus nuevos aliados o los aspirantes a serlo, tanto del PJ como de otras procedencias.
La aspiración de esos transversales por recuperar terreno, o al menos no perder del todo el que conservan, a través de algún tipo de organización que los reúna (en los últimos días hubo varios llamados en este sentido de sus referentes), para prosperar, debe poder superar al mismo tiempo los recelos históricos existentes entre ellos y su falta de identidad común (que ya les dificultaron la tarea de coordinar esfuerzos cuando los vientos soplaban en su favor pero todos preferían ser cabeza de ratón a cola de león) y la fuerza centrífuga de la renacida identidad pejotista. Peor aún, si prospera la integración del peronismo a la Internacional Socialista, que parece querer impulsar Néstor Kirchner, los transversales se las verán en figurillas para explicar por qué son oficialistas pero no peronistas, y muchos se darán cuenta que es mejor reiniciar sus carreras políticas como cola de un aútentico león en vez de sobrevivir penosamente en el limbo o tratar de inventar gatos nuevos de dudosa identidad.

Pero en verdad, ninguno de estos eventuales cambios rozará siquiera el núcleo de la gestión de Cristina, y origen de sus problemas crecientes de popularidad. En Economía y Planificación, donde se cuecen las habas de la inflación, la energía, las obras y los subsidios, parecen correr por carriles separados las preocupaciones de corto plazo que agitan el ánimo de la presidente, y los cálculos de mediano y largo plazo que se hacen en la conducción estratégica oficialista: ésta pareciera convencida de que las cosas pueden seguir como van por bastante tiempo, que creciendo a buen ritmo un nivel de 20-25% de inflación es tolerable y aún provechoso para disipar conflictos, y aunque Cristina llegue agotada al 2011 se retendrá un control suficientemente amplio de la situación como para definir el candidato que le siga; aquélla, claro, está más preocupada por no hacer un deslucido papel, y no superar jamás el rol de vicaria, y también porque tal vez sospecha que de continuar esos problemas y su caída en las encuestas, ni el más perfecto blindaje partidario podrá evitar una fuga de los electores.

¿Quién tiene razón? Se entrelazan en esta interrogación dos problemas, que no son tan nuevos como parecen para los argentinos. De un lado, el marcado desajuste existente entre el poder institucional y partidario que ha sabido construir el kirchnerismo, y sus acotados éxitos electorales: aunque el sistema político argentino no es competitivo, la sociedad sí lo es y puede reclamar cambios, aún apostando por algún aventurero sin partido, gobernadores ni sindicatos detrás. Y la cuestión es determinar si va a primar el sistema o la sociedad (y si es bueno que prime ésta o aquél). Del otro lado, la sustentabilidad de un esquema económico que depende más aún que en tiempos de la odiada oligarquía de una superrenta agrícola, que no se puede saber hasta cuándo y para cuánto va a alcanzar.

Es difícil imaginar que la actual presidenta sea capaz de lidiar con los problemas económicos si estos empeoran. El doble comando se revelará en ese caso seguramente como lo que es, un comando y un vicariato. Y no importará entonces demasiado quién sea el ministro de Economía (el chiste que circula al respecto entre los economistas es cruel pero revelador: “Lousteau ejercerá de Ministro el día que Cristina lo haga de presidente), e importará en cambio mucho más que hasta aquí cómo funcione el partido: si Kirchner logra o no lo que a Perón le resultó imposible en los cincuenta, y de nuevo en los setenta, disciplinar a los sindicatos y a todos sus demás seguidores para que los salarios y el gasto público se sacrifiquen durante un tiempo para poder bajar la inflación y alentar las inversiones.

Publicado en El Economista