En un post anterior habíamos mencionado tres posibles alternativas de política económica del gobierno pasadas las elecciones: moderación (definida por políticas pragmáticas de ajustes graduales, más abiertas a las demandas empresarias e intentando aminorar ciertos desequilibrios fiscales y cambiarios), postergación (basada en demorar decisiones fuertes manteniendo las principales variables inalteradas para tratar de sostener el equilibrio vigente) y radicalización (aprovechando el capital político para tomar medidas más drásticas sostenidas en un mayor papel del Estado como árbitro y más cercanas a las demandas del sindicalismo en referencia a los incrementos salariales).   ¿Cómo podríamos entonces definir las nuevas medidas económicas?  Claramente el gobierno ha desestimado la postergación.  Las últimas políticas parecen reconocer ciertas inconsistencias que impedirían mantener el equilibrio actual sin ningún tipo de intervención.

Resta entender si el gobierno ha decidido tomar manos en el asunto a partir de la moderación o la radicalización.  En este punto, el comportamiento del gobierno es ambiguo.  Por un lado, ha comenzado a eliminar subsidios en ciertas áreas de servicios públicos.  Esto nos induciría a pensar que las autoridades están dispuestas a implementar medidas más pragmáticas para reducir el gasto público.  El nivel de gasto público era ya un enorme desafío dado su notorio crecimiento en los últimos años.  Especialmente considerando el peso que implicaba su avance sobre un nivel de recaudación y de financiamiento que parece no poder sostener la velocidad de incremento del gasto. Incluso la satisfacción del empresariado con la eliminación de los subsidios puede considerarse como una evidencia más de esta tendencia a la moderación por parte del gobierno.

Del otro lado, el gobierno ha impuesto fuertes controles para el cambio de moneda que son poco asimilables a una estrategia de moderación. Los controles que dificultan la compra de dólares y que requieren autorización directa del Estado en todos los casos responden más a un modelo de radicalización con amplia injerencia estatal.   Si las políticas de moderación tendieran a satisfacer las necesidades del empresariado, la nueva imposición de liquidar la divisa extranjera en el país al sector minero y petrolero, como así también la obligación de repatriar capitales a las aseguradoras, no gozan de tantas simpatías –especialmente en los sectores afectados-.

Con sus decisiones recientes el gobierno reconoce que la baja en el precio de los commodities, la depreciación gradual del real y la potencial caída de la demanda internacional de bienes rompe el equilibrio actual, que ya no debe asumirse duradero. Si bien queda claro que la razón por la que el gobierno ha comenzado a eliminar subsidios está asociada a equilibrar las cuentas fiscales, tal vez habría que analizar un poco más en detalle el motivo de los mayores controles cambiarios. La respuesta más simple es justificar estos controles por un ataque especulativo contra el peso. Si es así, el endurecimiento sería una reacción a dicho ataque.  Lo llamativo es que en general estos ataques tienden a suceder con gobiernos debilitados política y/o económicamente. Un gobierno débil sería más endeble ante ese escenario. Sin embargo, la salida de capitales coincide con una Presidenta que está en sus niveles más altos de legitimidad y poder político.

De modo que la explicación debería buscarse en las perspectivas de mediano plazo de la economía. Pero es en este punto donde el gobierno ha comenzado a tomar medidas para equilibrar las cuentas públicas.  En consecuencia, si logra controlar la salida de capitales en el corto plazo la probabilidad de seguir un camino de moderación se incrementa. Una vez conjurada la especulación cambiaria, iniciaría una devaluación gradual de la moneda para restaurar la competitividad perdida. Además, hoy el gobierno cuenta con el capital político necesario para enfrentar reclamos sindicales que se deriven de la devaluación.

Si resuelve estas pruebas con éxito hay razones tanto para la radicalización como para la moderación. Una intervención exitosa en el mercado cambiario podría justificar más regulaciones y más radicalización.  Sin embargo, resulta también probable – dada su distante relación actual con los sindicatos y más próxima con los empresarios- que se disponga a complementar las iniciativas moderadoras en el área de subsidios, y por tanto flexibilice algunos aspectos del control cambiario una vez que la salida de capitales disminuya.

El problema de política económica tiene dimensiones específicamente técnicas, pero con efectos inmediata e inevitablemente políticos. Desde el punto de vista técnico, el problema es cómo restaurar la competitividad y el equilibrio fiscal sin acelerar la inflación y la fuga de capitales. Recobrar la competitividad es necesario para que la solvencia del país no dependa dominantemente del precio de las exportaciones agrarias – pero ello implica acelerar el ritmo de devaluación del peso y, con ello, la fuga de divisas y, en cierta medida, la inflación. Recomponer el equilibrio fiscal exige reducir la cuenta de los subsidios a la energía y al transporte en el Gran Buenos Aires – pero ello implica incrementar las tarifas y, con ello, incentivar la transferencia a precios de los aumentos y las demandas salariales orientadas a ganarle a la inflación. Para evitar que cualquiera de estos caminos resulte en la recreación del laberinto hace falta coordinar las políticas monetaria, fiscal y de ingresos: de coordinarse políticas en una dirección menos expansiva que la actual los actores empresariales, sindicales y gubernamentales podrían converger en un nuevo equilibrio que garantice, a un menor ritmo que el experimentado desde 2003, el crecimiento de la economía y del empleo.

Pero la coordinación de políticas exige también reinventar el esquema de pagos con que hasta ahora se ha sostenido la coalición oficial. Si se pide a los sindicatos moderación salarial, ¿qué contraprestación podría ofrecérseles cuando a la vez se cierra la cuenta de subsidios? Si se pide a los empresarios moderación en los precios, ¿qué compensación podría ofrecérseles cuando a la vez se restringe la política monetaria? Las meras demandas a los actores económicos probablemente estimularían, además, la faccionalización en ciernes: de los sindicatos, que competirían por el liderazgo de la CGT movilizándose contra las pautas salariales; y de los empresarios, que competirían por incrementar sus ganancias de corto plazo utilizando como excusa la incapacidad oficial para imponer moderación salarial a los sindicatos. Para evitar esta versión actualizada de la dinámica que liquidó el Pacto Social de 1973, el gobierno ofrece amenazas a los sindicatos y seducción al empresariado. Amenaza a los sindicatos con la estatización de las obras sociales, que destruiría las bases de su poder político; y seduce a los empresarios con crédito barato, que les permitiría expandir la capacidad productiva o mejorar la competitividad sin financiarse aumentando precios. La estrategia tiene, empero, sus riesgos. No todos los sindicatos dependen económicamente de sus obras sociales, y los menos dependientes – i.e. los beneficiados por negocios abiertos durante las privatizaciones o por subsidios recibidos en estos años – son precisamente los menos afines al oficialismo. El crédito barato para las empresas implica una política monetaria algo expansiva que conspiraría contra los objetivos de subir la competitividad y bajar la inflación. Aun cuando se financiara con reducciones graduales de los encajes bancarios, sin moderación salarial un esquema de micro-devaluaciones graduales no resultaría creíble ni para los ahorristas conservadores ni, en especial, para los empresarios que deberían invertir esos créditos.

El problema de supervivencia tiene la simple forma de un dilema: crear un sucesor confiable o cambiar las reglas de sucesión. Crear un sucesor confiable sería nomás una apuesta y, como tal, de resultado incierto. Por un lado, porque en el peronismo hay otros aspirantes a la sucesión que no deben su carrera al kirchnerismo. Por otro lado, porque algunos de esos aspirantes tienen perfil como para construir coaliciones electorales propias – y quizás más amplias de las que podría construir un sucesor kirchnerista. Este sucesor, entonces, debería competir en una primaria o enfrentar una candidatura disidente que podría vencerlo o, por el mero cisma, consagrar un presidente no peronista. Cambiar las reglas de sucesión es, también, una estrategia riesgosa: alienta a los disidentes a desplegar tempranamente su oposición, pues de otro modo perderían su chance, y activa el recuerdo de las reformas constitucionales pasadas, que terminaron en la deslegitimación del sistema político (1949) o en el descrédito de sus promotores (1994).

La lucha por la supervivencia es, además, una lucha contra el tiempo. La Presidente necesitaría tiempo para crear un sucesor confiable y competitivo o, en su defecto, debería actuar rápido para cambiar las reglas de sucesión – mientras disfrute la luna de miel de su re-elección. La primera opción fortalecería la capacidad de manejo de la coalición en el corto plazo postergando el conflicto sucesorio, pero debilitaría las chances de supervivencia más allá de 2015. La segunda opción aumentaría esas chances de concretarse rápido, pero activaría el conflicto sucesorio y complicaría en el corto plazo el manejo de la coalición.

De ahí que el vértice oficialista esté buscando la diagonal: una estrategia que maximice poder para encauzar la economía en el corto plazo y aumentar las chances de supervivencia en el largo plazo. Pero esta diagonal es, en rigor, la cuadratura del círculo. Un pacto social para sostener una política económica siquiera moderadamente restrictiva exige concentrar poder político para administrar los costos, pero una reforma constitucional diseñada contra los competidores internos puede fragmentar velozmente ese poder. De un lado, la emergencia de líderes alternativos en el peronismo podría retroalimentar la faccionalización de los sindicatos y, con ello, debilitar la capacidad gubernamental para imponer la moderación salarial. Del otro lado, la apertura de la discusión constitucional podría estimular, como sucedió en todas las reformas constitucionales celebradas bajo regímenes democráticos en países federales, la descentralización del poder fiscal hoy en manos del gobierno nacional. Activadas estas dinámicas, las expectativas del empresariado sobre la credibilidad y sustentabilidad de la política económica podrían revertirse y arrastrar consigo la estrategia gubernamental.

Nada puede frenar hoy al oficialismo en su búsqueda de la cuadratura del círculo. El desafío es, entonces, hacia el futuro: crear mientras tanto capacidades, dentro o fuera del peronismo, para conducir la política y la economía argentina cuando ese afán se revele como quimera.

Publicado en El Estadista

La devaluación se volverá cada vez más inevitable en la medida que la merma en la competitividad impacte en el balance de pagos. Intervienen en este ritmo de deterioro también otros dos factores: los pagos al exterior y la fuga de capitales. Una economía que ahora no necesita más divisas de las que tiene pero las necesitará, deberá atraerlas con mejor tipo de cambio, y por tanto lo más racional es fugarse hoy, aunque en el corto plazo el dólar siga perdiendo la carrera frente a los demás precios, porque en el futuro se recuperará con creces lo perdido. Tanto la fuga de capitales como el alza de precios, han adquirido dinámica propia y se realimentan a sí mismas. Esto significa que el futuro gobierno las heredará como problemas crónicos.

No es un gran pedazo de hielo que se dirige sin remedio al Titanic, es el capitán que mantiene un rumbo firme a toda marcha a una barrera de icebergs. Es difícil saber aún si la velocidad que ha adquirido la marcha de la inflación provocará un descontrol inmanejable y la colisión inevitable antes de entregar el mando o si dejará a su sucesor en 2011 la tarea de capitanear un barco inmovilizado en el medio del hielo.

En este contexto, las condiciones de reproducción del kirchnerismo serían cada vez más difíciles, pero no imposibles. La carrera nominal de salarios y precios dispara la inflación, pero en el corto plazo todos los actores dependen de que el gobierno siga haciendo lo que hace, para no tener que pagar costos mayores: los asalariados dependen más y más de los aumentos que logran los caciques gremiales y estos a su vez de la buena voluntad de Tomada para conseguirlos, los industriales dependen de tarifas susidiadas, frenos a las importaciones y vista gorda a la informalidad laboral, etc.. La inflación es, por tanto, una herramienta para que las decisiones del gobierno se vuelvan decisivas para la sobrevivencia de los actores, de manera de descargar los costos en los más débiles y, sobre todo, postergarlos en el tiempo. Por su parte, en este contexto, la amenaza devaluatoria funciona como un reaseguro en manos del propio gobierno: todos saben que finalmente las cosas pueden empeorar, incluso, que es muy probable que empeoren, si el gobierno les hiciera caso a los devaluacionistas, por lo que la disposición a aceptar el manejo de corto plazo que hace el oficialismo se incrementa.

De allí que discutir con Buzzi le resulte tan simpático a Boudou.

La buena noticia de la semana es que la estructura de incentivos políticos alienta alguna esperanza de conformar un escenario medianamente razonable. En este sentido, podríamos decir que hay una zona de equilibrio de intereses convergentes que propicia el logro de acuerdos, aunque todavía no haya puntos claros de coincidencia. De un lado, la pareja gobernante no está dispuesta a dejar el poder, y del otro, a las diferentes oposiciones (peronismo disidente y sobre todo al pan-radicalismo) no les conviene ocuparlo. Y si bien por el momento ambos se rechazan, las dos partes de la ecuación política se necesitan para transitar el largo y escabroso camino que nos separa del 2011. En el caso del gobierno, razonablemente pretende seguir adelante pero no a cualquier precio, es decir, aceptando cualquier tipo de imposición de nombres o de políticas; en el caso de las oposiciones, requieren tiempo para organizarse, y lo que menos querrían en lo inmediato sería hacerse cargo del poder improvisadamente para efectuar el trabajo sucio de un inevitable ajuste.

Es claro que no los une el amor sino el espanto, pero un poco de unión siempre fue algo más que nada. De este modo, el gobierno requerirá apoyos en el Congreso para enfrentar un escenario socioeconómico complicado, pero la oposición necesitará que el oficialismo navegue por esta crisis sin encallar. Sería suicida para el peronismo disidente o para el “Acuerdo Cívico y Social” dinamitar la nave gubernamental, y un abrupto abandono del Ejecutivo por parte de los Kirchner sería un excelente pasaporte para ellos, y para buena parte de sus más encumbrados funcionarios, hacia un interminable desfile por los tribunales de Comodoro Py.

Ahora bien, no hay gobernabilidad sin consensos básicos entre los actores estratégicos de la sociedad: tanto de los actores político-institucionales -el Congreso, los gobernadores, los partidos y el Ejecutivo Nacional-, como de algunos actores sociales: empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales, etc. Esos acuerdos pueden parecer hoy de difícil elaboración pero no hace mucho tiempo enfrentamos un escenario semejante, y como lo han destacado algunos analistas en estos días, la memoria de lo acontecido puede resultar aleccionadora.

En los primeros meses del 2002 el país marchaba a la deriva. Fue entonces cuando el gobierno de Duhalde logró conjugar un esquema básico de poder para encauzar la crisis. En ese esquema fueron fundamentales la convocatoria a un amplio diálogo entre actores políticos, empresariales y de la sociedad civil; la implementación de un programa social de cobertura universal; y la designación de un ministro con probada solvencia técnica, autonomía de gestión y capacidad para generar confianza en los agentes económicos internos y externos. Pero esa trama de decisiones tuvo como marco el virtual pacto de gobernabilidad que el entonces presidente interino firmó el 24 de abril de 2002 con la mayoría de los gobernadores (no lo firmaron San Luis, la Ciudad de Buenos Aires y… Santa Cruz). El texto, bautizado como el documento de los “Catorce Puntos”, no constituyó ningún parteaguas en la historia del pensamiento político occidental, pero sirvió para fijar límites y definir orientaciones políticas clave. Aunque su contenido luce hoy desactualizado en varios rubros, y en otros testimonia el éxito de ciertos eficaces lobbistas, quizá recordar su contenido puede tener todavía alguna función inspiradora. Decía así:

Respetar los acuerdos internacionales de la Nación y reafirmar la vocación de integrar la Argentina al resto del mundo. 2) Firmar en un plazo no mayor de 15 días los acuerdos bilaterales con las provincias, dando cumplimiento al Pacto Fiscal suscripto oportunamente. 3) Elevar al Congreso de la Nación, en un plazo no mayor de 90 días, el proyecto de ley consensuado de un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos. 4) Propiciar las políticas fiscales y monetarias que mantengan la disciplina y los equilibrios necesarios que eviten la suba descontrolada de precios y la inestabilidad cambiaria. 5) Garantizar a los ahorristas, a través de instrumentos legislativos adecuados, la previsibilidad necesaria sobre el destino de sus fondos asegurando su liquidez. 6) Garantizar las acciones que restablezcan en forma inmediata un sistema financiero sólido y confiable. 7) Instrumentar un nuevo acuerdo de responsabilidad fiscal para la administración nacional, provincial y municipal que asegure su cumplimiento mediante un sistema explícito de premios y castigos. 8) Propiciar una reforma impositiva integral moderna y simplificada que aliente y estimule la inversión de capitales e impida la evasión, la elusión y el contrabando. 9) Propiciar la inmediata sanción de la ley de Quiebras. 10) Propiciar la inmediata derogación de la ley de Subversión Económica. 11) Propiciar la repatriación de capitales argentinos destinados principalmente a proyectos productivos con demanda de mano de obra intensiva. 12) Alentar las inversiones nacionales y extranjeras dedicadas a la exportación de productos manufacturados o a la sustitución eficiente de importaciones. 13) Asegurar el cumplimiento efectivo de la reforma política acordada, asegurando la reducción de gastos políticos y burocráticos innecesarios y la modernización de las formas de selección electoral. 14) Asegurar un mecanismo de asignación de planes de empleo convirtiéndolos en empleos efectivos a través del sector productivo.

A la vista de dónde venimos, y por dónde estamos, el futuro no parece tan oscuramente malo; lo único que nos anda faltando son los catorce puntos, una extendida disposición al diálogo y la decidida voluntad de acordar…

La Plata, 5 de julio de 2009.

El segundo ciclo, más corto, empezó como empiezan casi todos los desbarajustes de una Argentina que se cree entretenida, y es pavorosamente monótona en su decadente desorden: con el desarme de los elementales componentes del triángulo. En este caso, arrancó bastante antes del conflicto con el campo, cuando la producción empezó a tocar el techo de las capacidades instaladas y la inflación empezó a salirse de cauce; luego, los desbordes fiscales utilizados para remendar inconsistencias o sufragar la campaña de Cristina Presidente encendieron las luces amarillas, y el posterior intento de torniquete impositivo a los sectores agropecuarios chocó con la rebelión del interior y el rechazo de los grandes centros urbanos. Como todos los rechazos, fue un amasijo de buenas y malas causas, pero abrió una ventana de oportunidad que nos trajo hasta aquí.

De aquel trípode de condiciones, la recompuesta autoridad presidencial fue quizá el logro más personal de los Kirchner, en particular por su original amalgama de viejos y nuevos materiales, aunque su arquitectura recordara parcialmente a otras experiencias peronistas previas. Como sabemos, Menem fue capaz de improvisar una efectiva construcción simbólica en torno a los motivos de un pensamiento neoliberal y una más limitada semántica de la reconciliación histórica, tanto con referencia a los viejos antagonismos entre peronistas y antiperonistas como en los más trágicos y recientes entre civiles y militares. Esa construcción fue un tejido de intereses, de visiones y proyectos de actores socioeconómicos y políticos, pero también un espacio de articulación de cuadros intelectuales y expertos –muchos de ellos “importados” desde fuera del campo peronista- que le proveyeron un sólido soporte de gestión a lo largo de una década. Más allá de idiosincrasias, personalidades o temperamentos, Kirchner quitó de cuajo esas incrustaciones y reconfiguró un discurso –una aleación de textos, memorias, prácticas y actores- que recogía antiguos y renovados trazos del pensamiento nacional, popular y latinoamericano, “forjista” y estatista, junto a una fuerte elaboración en torno a la lucha por los derechos humanos según la versión vindicatoria de la izquierda militante. Claro que a diferencia de Menem, y en una sintonía más cercana a lo que fue la antigua “cafieradora”, el discurso kirchnerista pudo hilvanarse con tropa propia, apelando a preciosos recursos del más puro imaginario del peronismo setentista, aunque enriquecido por el aporte de una significativa masa disponible de intelectuales migrantes de otras experiencias, compañeros de rutas convergentes, fugitivos de similares derrotas.

En la esperpéntica simplificación de estos apuntes, a esa mixtura de textualidades, actores y políticas (ya sea económicas o laborales, de amistades externas o de DDHH), bien le cabe el mote de “kirchnerismo”. Es este kirchnerismo, sobre todo, el que fue plataforma de lanzamiento de la frustrada experiencia transversal o de la concertación plural. Es este kirchnerismo, también, el que desde hacía rato deambulaba a ciegas por su andarivel socioeconómico, tanto por su incapacidad para desarrollar una sustentable estrategia inversora en condiciones de competencia globalizada, como por sus dificultades para remontar la cuesta de un crecimiento redistribuidor.

Pero la recompuesta autoridad presidencial que los Kirchner supieron conseguir también se nutrió de afluentes algo más tradicionales y bastante menos presentables. Esos añejos materiales son los de un estilo de conducción personalista, vertical y hegemónico, que utiliza todos los recursos disponibles –legales y paralegales- para concentrar el poder en un sistema de decisiones piramidal, excluyente desde el punto de vista político, e irrecuperablemente ineficaz para una gestión pública moderna. Se trata de un esquema que no reconoce límites, más allá de las fronteras fácticas de su propio uso, y que tampoco respeta controles republicanos, ni autonomías de la justicia o de la prensa; un oscuro dispositivo que entrevera los aportes de campaña, el tráfico de influencias y el capitalismo de amigos con la intervención del INDEC o la subordinación del Consejo de la Magistratura. Este sistema, que se unió a lo peor del peronismo bonaerense en su insaciable deseo de perpetuación, es lo que bien valdría la pena llamar el “kirchneriato”

Porque los unen vínculos sutiles, que sus propios protagonistas no han tenido hasta el momento la voluntad de desglosar ni desmentir, a estas horas se habla indistinta y profusamente de la “derrota del gobierno” o de la “derrota del kirchnerismo”. Pero me temo que a futuro se puede estar mezclando más de lo que habría que mezclar. Así, mientras el “kirchneriato” no tiene nada que valga la pena ser rescatado para los tiempos por venir, y su efectivo desguace es una tarea central de la próxima agenda legislativa, el “kirchnerismo” encarna una visión poderosa que anima a buena parte de la dirigencia política, social e intelectual de la Argentina contemporánea; una visión que quizá pronto empiece a buscar nuevas y más justas palabras para ser nombrada.

Y aunque descreo de las virtudes del paradigma kirchnerista como respuesta a los principales retos de nuestro desarrollo socioeconómico o político-institucional, creo también que es un proyecto con el que es imprescindible debatir. En lo inmediato, y frente a los graves desafíos que tenemos por delante, la configuración de una entidad simbólica y política que vaya más allá del estrechísimo círculo que rodea a la pareja presidencial, podría dotar al propio oficialismo de una racionalidad colectiva superadora del capricho momentáneo de un líder obnubilado. Pero a mediano plazo, difícilmente pueda concebirse la construcción de una Argentina más justa sin algunas de las textualidades, las energías y los actores que el “kirchnerismo” supo convocar. En esa elaboración, además, algunos motivos de su pensamiento –junto a tradiciones liberales o socialdemócratas- son una pata necesaria para el despliegue de un campo de tensiones político-intelectuales que sirvan de marco a las orientaciones estratégicas de nuestras políticas públicas.

Desafortunadamente, y lejos de estas necesidades, los primeros mensajes del matrimonio gobernante luego de la catástrofe no han sido particularmente auspiciosos, aunque habrá que dejar correr algunos días para evaluar hacia dónde apuntan sus decisiones de fondo. Mientras tanto, un país político ya se ha puesto en marcha con destino al 2011. Demasiado parecido al que hemos tenido durante pendulares años, es un país de candidaturas oportunistas, de personalismos acomodaticios, de improvisados rejuntes, que tienen por única guía la inconstante veleta de los vientos de turno o la profunda coincidencia marketinera en un spot televisivo.

Frente a ello se abre la oportunidad de construir un país diferente. Un país de proyectos en discusión, un país de debates sobre ideas, horizontes y estrategias. Ciertamente, podrá esgrimirse que el elenco gobernante parece no estar “escuchando” a la sociedad, pero también deberíamos enderezar hacia nosotros mismos una interpelación similar, acerca de nuestra dudosa capacidad para prestarle al “otro” su merecida escucha. En este sentido, reconocer al otro no significa identificarlo como mero obstáculo, como se aprecia una roca en la mitad de un río; reconocer al otro es estar dispuesto a dialogar con él para construir una comunidad posible que nos involucre como miembros plenos. A lo largo de muchas décadas la Argentina fue una sociedad donde los actores fueron incapaces de reconocerse y de aceptar mínimas reglas de juego para dirimir su conflictualidad social y política. Desde hace un cuarto de siglo ese paradigma del no reconocimiento se ha trasladado a las orientaciones de políticas, y sus penosos resultados están a la vista de cualquiera que quiera mirarlos de frente.

De aquí en más, a algunos nos tocará la tarea de no meter en la misma bolsa al “kirchneriato” con el “kirchnerismo”, y alejarnos de la tentación de aprovechar la coyuntura de su derrota electoral para ningunearlo como proyecto. Pero del otro lado del mostrador habrá que entender también que los que votaron por propuestas diferentes al oficialismo no son torpes marionetas del “complejo agromediático”, ni tontos útiles al servicio del “bloque agrario”, ni fueron arrastrados al cuarto oscuro por una “aversión irracional” al gobierno de CFK.

La paradoja de la semana es que, para salvar lo que hay de rescatable en el “kirchnerismo”, sus propios seguidores deben comenzar por abandonar el “kirchneriato”.

La Plata, 1 de julio de 2009.

Claro que el camino al desenlace tiene todavía que superar algunos democráticos y republicanos “escollos”. En principio, la modificación de la fecha deberá ser aprobada por el Congreso Nacional; y luego, habrá que ver si se concreta la discutible candidatura de Néstor Kirchner –devenido en impostado pingüino bonaerense- para dar la madre de todas las batallas en la provincia de Buenos Aires.

En este marco, los distintos sectores de la oposición están quedando a la defensiva, entrampados en el irresponsable juego político de cortísimo plazo que le está imponiendo el kirchnerismo.

Mientras tanto, la dinámica de la crisis socioeconómica local y los perniciosos efectos de la crisis global, ya han comenzado a retroalimentarse mutuamente y a potenciarse.

¿Es posible salir de esta peligrosa encerrona? ¿Hay acaso un camino más productivo que la oposición puede comenzar a transitar? ¿Qué papel puede encarnar una amplia y diversificada ciudadanía independiente, que mira atónica estas maniobras electoralistas en la cornisa? Tal vez la respuesta, o al menos parte de ella, podamos encontrarla en el Congreso.

Quizá como en los aciagos días de la crisis de 2001-2002, y otra vez en el 2008, en virtud de su capacidad para procesar el conflicto entre el gobierno y los sectores agropecuarios, el Congreso está llamado hoy, nuevamente, a jugar un rol de la más alta responsabilidad institucional.

Buena parte de esa responsabilidad pasa en la actualidad por ensanchar el horizonte de toma de decisiones, por generar un sentido del tiempo político que no se agote en el cortoplacismo electoral. En momentos como los que vivimos se hace imprescindible producir una cierta visión de futuro consensuado, dibujar los trazos gruesos de una renovada orientación estratégica, abrir espacios donde las demandas y los conflictos comiencen a encontrar nuevos cauces institucionales de expresión y vías progresivas de resolución.

En este sentido, el Congreso es el ámbito idóneo para que las distintas fuerzas políticas acuerden un programa legislativo de consenso que parta de la base de recuperar sus atribuciones constitucionales, y que apunte a garantizar la gobernabilidad democrática del país en un contexto de fuerte zozobra socioeconómica, de alta incertidumbre internacional, y de evanescente poder político presidencial. Ese programa mínimo, incluso, podría servir para allanar el camino a la integración de ciertas candidaturas.

Algunas de esas iniciativas implican desandar los equivocados caminos por los que nos ha llevado el matrimonio gobernante; otras, en cambio, suponen llevar a la práctica una serie de positivos anuncios que el propio oficialismo hizo, pero que no ha concretado todavía, o que avanzan a marcha muy lenta.

Los componentes básicos de ese programa podrían incluir:

1. Acuerdo con los sectores agropecuarios en base al documento conjunto de la Comisión de Enlace del 12 de marzo de 2009;
2. Normalización inmediata del INDEC mediante una ley que garantice su autonomía institucional del Poder Ejecutivo Nacional;
3. Convocatoria a la Mesa del Diálogo Argentino para debatir con diferentes sectores de la sociedad y la política los grandes ejes de la agenda pública del país: desarrollo, integración al mundo, pobreza, empleo, seguridad, etc.;
4. Normalización de las relaciones con el Club de París y los organismos multilaterales de crédito, incluido el FMI;
5. Avanzar en la negociación con los tenedores de títulos externos (holdouts);
6. Respaldo a la independencia institucional de los órganos de control del Estado y combate a la corrupción, dejando sin efecto todos los intentos de limitación o intervención por parte del Poder Ejecutivo en sus estructuras, funciones o iniciativas  (Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oficina Anticorrupción, AGN, etc.);
7. Derogación de la Ley de “blanqueo” de capitales;
8. Derogación de la reforma del Consejo de la Magistratura, retornando la constitución del cuerpo a su formato original;
9. Normalización de las relaciones con Uruguay en base a un acuerdo consensuado para superar el conflicto por la instalación de la planta de Botnia;
10. Fortalecimiento del MERCOSUR en el marco de una estrategia regional coordinada para enfrentar la crisis internacional.

Tanto las políticas económicas específicas para enfrentar la situación actual, como las políticas sociales, que antes de la agudización de la crisis ya parten de un piso de pobreza que ronda el 30% de la población, requieren de un marco creíble de reglas donde el equilibrio de poderes, el sistema de estadísticas nacionales o la seguridad jurídica no sean una rama degradada de la literatura fantástica. Una sociedad que a diario comprueba que en la política “todo vale”, se hunde paulatinamente en una anomia sin término.

Las próximas elecciones, en junio o en octubre, consagrarán a un puñado de ganadores y dejarán un tendal de perdedores, pero seguramente nuestros problemas nos estarán esperando, agravados, al día siguiente del acto comicial. Incluso bajo la hipótesis de un triunfo pírrico del kirchnerismo en tierras bonaerenses, el escenario postelectoral más probable a nivel nacional es que el oficialismo sufrirá una importante sangría de escaños, ya sea a manos de la Coalición Cívica y la UCR, ya sea a manos del PJ “suplente”. Por tal razón, nuestra dirigencia debe comenzar desde ahora a elaborar un núcleo estratégico de decisiones consensuadas para afrontar la crisis. De lo contrario, la sociedad en su conjunto estará nuevamente al borde de una peligrosa frustración, y los sectores más vulnerables padecerán la amarga combinación de malas políticas locales y de peores condiciones externas.

Frente a un Poder Ejecutivo que no hace del diálogo su práctica discursiva predilecta, que no se reúne con la oposición, que toma decisiones cruciales -e intempestivas- en el solitario vértice de una pirámide de poder que día a día muestra cimientos más endebles, el Congreso Nacional tiene una misión de enorme responsabilidad institucional. Confiemos en que estará a la altura de la circunstancias. Apoyémoslo activamente para que así sea.

La Plata, 16 de marzo de 2009.

Confieso que leí el Plan un poco rápido, pero del somero examen de sus objetivos y sus estrategias cuesta deducir algunas de las medidas anunciadas el pasado martes 25 de noviembre por la Señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Será por eso que el anterior titular de la AFIP, Alberto Abad, declaró a la prensa: “Estuvimos seis años… trabajando para crear una nueva cultura tributaria, pero ahora esta moratoria va en dirección contraria y rompe con las reglas del pacto fiscal y social. Es un salto al vacío, porque permite blanquear dinero o capitales mal habidos sin que se investigue su origen”. De hecho, y así como está, el Proyecto del Ejecutivo es un verdadero “Punto Final” Penal Tributario. Por ejemplo, para quienes tengan cuentas pendientes con la Justicia, el artículo 3 les garantiza un tranquilo futuro: “El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso y de la prescripción penal, cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa…”.

De acuerdo con la opinión de muchos economistas y juristas especializados en temas tributarios, este generoso blanqueo o bien no cumplirá con los objetivos macroeconómicos previstos, o bien será profundamente contraproducente en términos de cumplimientos de reglas, o ambas cosas a la vez. Ni hablar de su justificación social: Con qué cara se le dirá al señor o señora que viven de un escuálido salario, carcomido además por la persistente inflación, que deberán seguir pagando 21% de IVA en sus pobres consumos, mientras grandes y turbias fortunas pueden hacer negocios al 1% de comisión.

Puesto que la iniciativa del blanqueo tendrá un discutible efecto económico (antes que eliminar arbitraria y graciosamente los requisitos de entrada de dudosos capitales que están afuera, hay que corregir las causas estructurales por las que huyen los honestos capitales que están adentro!), y ocasionará también un muy negativo impacto tributario, seguramente la iniciativa reconozca otra inspiración intelectual.

Quizá por eso es que no faltan mal pensados, animados tal vez por atávicos y vengativos sentimientos “destituyentes”, que han empezado a creer que el verdadero y obscuro objeto del blanqueo es servir a los amigos del poder, para que hagan entrar al país dineros de fuentes inconfesables.

Como me cuesta creer en estas cosas, confío plenamente en que los señores y señoras legisladoras votarán un enérgico rechazo al esquema del blanqueo enviado por el Poder Ejecutivo. Esos eventuales “votos no positivos” nos permitirían recuperar, al menos en parte, el sentido de que vale la pena creer y respetar algunas reglas básicas, que no es extremadamente estúpido pagar impuestos, y que en definitiva todavía vale la pena apostar a construir un país un poco más serio.

La Plata, 2 de diciembre de 2008.

Con la votación en el Senado de la ley, obtendría una doble victoria, por un lado política, dejando definitivamente atrás la crisis en que se metió con las retenciones móviles y de la que empezó a salir, según él, con otra estatización, la de Aerolíneas, y ubicando una vez más a sus opositores del lado de la defensa de un pasado neoliberal injusto y frustrado; por otro, económica, sumando recursos a las arcas públicas para pagar los compromisos financieros del año que viene, impulsar la obra pública, más necesaria que nunca dados los signos visibles de desaceleración, y a la vez mantener abierto el flujo de recursos hacia los empresarios y los gobernadores que le sean fieles, con su natural impacto en la preservación del poder político construido hasta aquí.

Tras cartón, podría retomar la iniciativa perdida hace medio año, y como suelen decir en la Casa Rosada, instalar una Presidencia que aún no habría comenzado.

Convengamos en que, por de pronto, han podido salir del paso. Un gobierno que en los hechos está casi totalmente inmóvil, gracias a la batalla contra las AFJP aparece activo, audaz, o al menos dándole pelea a la crisis de las finanzas mundiales. Eso no puede negárseles. Ahora que, respecto a los grandes réditos que se esperan obtener cabe ser un poco más escéptico.

Ante todo, en términos económicos hay que ver cuánto ha perdido la economía privada y las propias cuentas públicas a raíz de la decisión de suprimir el sistema de capitalización de la noche a la mañana. La incertidumbre y la desconfianza hacia el gobierno, que ya estaban bastante instaladas antes del anuncio, se han agravado seriamente desde entonces. Incluso entre sectores empresarios que se habían mantenido en todo momento alineados, como es el caso de los bancos, hasta ahora nunca afectados en sus intereses por el kirchnerismo. La aceleración de la fuga de capitales, que en el año ya suma alrededor de 20.000 millones de dólares, más que compensa lo que el gobierno espera embolsar el año próximo con la medida. La evaporación del crédito, en un momento en que preservarlo es la meta de todos los gobiernos del mundo, es otro efecto inmediato de la decisión oficial . Se replica de esta manera un cuadro que se vivió ya a fines de los noventa: el sector público absorbe todas las fuentes posibles de financiamiento y deja a los privados a la intemperie cuando más necesitan de ellas.

Desde el oficialismo se promete una compensación más o menos inmediata: el gobierno administrará mejor que las AFJP los fondos previsionales, los orientará más rápida y eficazmente a estimular la producción y el consumo, y por tanto este efecto recesivo será rápidamente revertido. Habrá que ver. Por de pronto, hay que decir que los antecedentes no son muy alentadores: en nuestro país el sector público está lejos de ser un asignador más racional de los recursos que el privado.

En términos políticos las cosas también se presentan complicadas. La brecha de confianza con los actores empresarios que se comenzó a abrir con el conflicto por la 125, lejos de cerrarse, se ha vuelto más profunda. El oficialismo siempre ha querido presentarse como una suerte de versión local del modelo coreano, y no del bolivariano, pero va quedándose sin argumentos para sostener esta pretensión. En los avances en dirección a estatizar la economía, ha introducido crecientes desequilibrios. No sólo por culpa de la ineficacia de los instrumentos escogidos (allí están los subsidios, el Indec, y por último Aerolíneas para demostrarlo), sino también ahora de la oportunidad elegida: desplazar a los actores privados puede ser políticamente redituable cuando hay recursos y oportunidades que repartir, pero poco recomendable cuando lo que se reparte son costos y malas noticias. Esto explica en alguna medida al menos el escaso entusiasmo con que las AFJP defendieron su negocio: en verdad, las ganancias ya las habían embolsado, y ahora tenían por delante el duro trámite de tener que explicarle a los aportantes que los estados de cuenta que recibían periódicamente no reflejaban realmente la realidad y sus ahorros en gran medida se habían esfumado, ¿qué mejor que ser liberados de esa responsabilidad y poder argüir que han sido víctimas del estatismo desenfrenado? Inversamente, para los aportantes será obligado concluir que han sido robados por los Kirchner, porque han sido ellos los que terminaron de cubrir una sucesión de estafas previas, apenas veladas por la contabilidad creativa, con su abierto manotazo. En suma, es de esperar que pasado el momento inicial, la expropiación se revele como un daño impuesto a muy diversos actores, y se cargue a las espaldas ya bastante comprometidas del gobierno, debilitándolo en vez de fortalecerlo.

De todos modos, él espera poder salir airoso tapando literalmente con cemento los disgustos que ha causado. La obra pública absorberá el desempleo que se está generando por la caída de la actividad privada, y permitirá reactivar el alicaído sector de la construcción. Más que compensando de esta manera el efecto que se pueda haber provocado con el encarecimiento del crédito, la fuga de capitales y demás. Además, dado el desprestigio de las AFJP, originado tanto en la concepción rentista con que manejaron desde un principio su negocio, como en la sociedad creada con sucesivos gobiernos para enchufarle a los aportantes bonos de dudoso valor, no habría que temer la formación de una coalición defensiva similar a la del campo. Lo mismo piensan, evidentemente, el grueso de los gobernadores y legisladores del peronismo: y en su caso seguramente sopesan también la posibilidad de que, de salir mal la operación, podrán echarle la culpa al matrimonio gobernante, y disculpar su participación, como antes hicieron con tantas decisiones tomadas por Duhalde, o por Menem.

Hay que ver si es tan fácil para el peronismo librarse esta vez de su responsabilidad institucional en los desmanes cometidos por el gobierno ejercido en su nombre. Debería contar con una ayuda equivalente a la que en su momento le prestaron De la Rúa y Chacho Álvarez, y es dudoso que Carrió, Morales, Macri o Binner sean tan torpes de repetir ese error. Además debería mediar un colapso económico e institucional que enturbie las aguas lo suficiente como para hacer pasar por nuevo un reciclado de ex legisladores y gobernadores de muy frescas complicidades oficialistas. Y es difícil que la imaginación destructiva de la pareja presidencial llegue a tanto.

Como escenario más probable, lo que tendremos por delante es una continuidad de la decadencia y pérdida de eficacia del modelo político y económico de los Kirchner. En el cual, simplemente el dinero no alcanzará para todo lo que el gobierno se compromete a hacer, y entonces se suceden más manotazos y fugas hacia delante, de durabilidad y rentabilidad cada vez menores.

En el mismo caso de los fondos de las AFJP lo que se advierte es que el Ejecutivo antes de disponer de ellos ya los ha gastado varias veces, para pagar deuda, sostener los subsidios, financiar obras en las provincias, etc.. Si no alcanzan tendrá que decidir qué sacrifica. Pero tal vez para cuando lo haga sea un poco tarde: habrá cargado sobre sí enormes responsabilidades y no podrá desentenderse muy fácilmente.

Si pudiera combinar este flujo de recursos con un cambio de gabinete, tal vez tendría más chances de salir airoso. Pero a esta altura esperar que algo así suceda es casi ingenuo: el gobierno Kirchner es lo que es, Massa al menos lo ha comprendido. Con ese plantel, no es de asombrarse que la negación de los problemas de inflación, endeudamiento, y ahora de caída de la actividad y desempleo, esté dando por resultado un ajuste abrupto, que tanto en términos de tasas de interés como de desaliento al consumo, se parece muchísimo a esa política ortodoxa que el gobierno decía los poderosos del mundo le querían imponer. Pero lo peor no es eso sino que los efectos negativos del ajuste no son acompañados de los esperables beneficios, en términos de inflación, mejora de las cuentas públicas y el ahorro público y privado. El manotazo a las AFJP es de un lado demasiado torpe para remediar este desequilirio entre costos y beneficios, y del otro demasiado acotado para sacar a la actividad económica de su abrupta desaceleración.

* Publicado en El Economista el viernes 14/11/08

En el post anterior procuramos presentar a grandes rasgos el relato que la economía hace de las causas de la crisis fianciera. Pero: ¿tiene algo para decir el análisis político?

Por lo pronto, Sartori ha aprovechado para despotricar contra “los economistas” en el medio de la crisis, pero lo único que tiene pare aportar es que “la disyuntiva no es intervenir o no, sino entre la capacidad de intervenir bien o no”.

Una fuente de explicaciones podría buscarse en los desarrollos que durante la década de 1990 se han ocupado de las consecuencias del pronunciado incremento de la influencia de unas políticas económicas domésticas sobre otros países por obra de la integración de los mercados financieros y la libre circulación del capital. Son una clave de entrada para entender aspectos nada desdeñables de la crisis (p. ej. las dificultades de coordinación que entraña este problema), pero eso no es  una novedad de esta crisis y probablemente dirá mucho sobre su difusión y alcance pero no tanto sobre su origen.

Mi impresión es que los análisis políticos no han sido muchos y si los hay parecerían haber tenido muy poca difusión. Hay algunos análisis pero en su mayoría 1) conectados a la toma de decisiones en las crisis y a su impacto, sin embargo, no encontramos 2) explicaciones del origen de la crisis financiera basadas en variables políticas.

1) Los que se ocupan de la toma de decisiones una vez que la crisis ya ha acelerado sus tiempos han analizado:

- el impacto de la coyuntura electoral del presidencialismo norteamericano en la capacidad del gobierno para tomar decisiones sobre la crisis fianciera. Hace unos días escribimos sobre las explicaciones del rechazo inicial del Congreso norteamericano al bailout y el modo en que podría conseguirse aprobar la ley días después.

- el impacto de la crisis financiera en la elección presidencial norteamericana, que indicaría un cambio permamente (según Pablo Beramendi, en sintonía con el Criador)

- el impacto de la internacionalización de la economía en la atribución de responsabilidades a los gobiernos sobre el desempeño económico. Colomer argumenta que la resurrección de los líderes europeos (Brown, Merkel, Zapatero, etc) se explica por la percepción ciudadana de que la crisis no se origina en las políticas del gobierno nacional. De ese modo el líder del gobierno evita los costos del mal desempeño económico y tiene una oportunidad para mostrarse como piloto de tormentas.

2) Pero: ¿Hay variables políticas explicativas del origen de la crisis?

Según el relato presentado por economistas las causas de la crisis financiera hay que buscarlas en la combinación de dos elementos: 1) un exceso de liquidez inducido por la baja prolongada de tasas de la FED y 2) una regulación deficiente o ausente del problema de riesgo moral sobre las instituciones financieras (sobre todo bancos de inversión) que gestionan esa liquidez a través de la oferta de créditos y la creación de derivados basados en aquellos.

a) Sospecho que todos los gobiernos serían propensos a evitar una recesión sin costos en el corto y mediano plazo. Si la autoridad monetaria y el gobierno calculan que el riesgo de un pinchazo es lejano en el tiempo la pregunta es: ¿Por qué un gobierno haría algo para cambiar la combinación de tasas bajas -que no disparan la inflación- y alta liquidez -que incentiva el mercado de crédito- permitiendo que más personas puedan acceder a inmuebles?

b) Si es posible disminuir el riesgo moral (moderar la propensión a operaciones de riesgo excesivo señalizando que no habrá salvataje y por tanto persuadiendo a los dueños de los bancos a que no sigan prácticas irresponsables) estableciendo regulaciones sobre los bancos de inversión, la pregunta es: ¿por qué la autoridad monetaria no estableció estas regulaciones? Al no tener que rendir cuentas a los bancos centrales, los bancos de inversión permanecieron en la opacidad que les permitió producir derivados financieros excesivamente riesgosos.

En consecuencia habría aquí al menos dos posibles vías de explicación política a explorar (que tal vez podamos dar mayor -o alguna- precisión y extensión con el aporte de los comments):

- Por vía de las preferencias de corto plazo del gobierno. Si el objetivo de la política del gobierno era evitar una recesión y permitir que más ciudadanos accedan al crédito, la decisión de mantener las tasas bajas/+liquidez, evitando su mayor costo – el incremento de la inflación- parecía, al menos a corto plazo, una fórmula adecuada. La regulación es también un dilema de política. Una regulación de la gestión del exceso de liquidez podía restar efectividad reactivante a la baja de tasas (constriñiendo el crédito) y por tanto recortar los beneficios del gobierno a corto plazo pero a la vez podría haber aumentando la sustentabilidad del sistema financiero en el mediano y largo plazo. Una regulación menos prudente, evitaba el riesgo de constreñir el mercado  de crédito y por tanto incentivaba un mayor acceso al crédito moderando la reducción del nivel de actividad Pero difería y aumentaba los costos hacia un futuro, al parecer no lo suficientemente cercano como para  constituir una fuente de preocupación al gobierno. La falta de regulación era consistente con las preferencias del gobierno.

- Por vía de la capacidad de los actores financieros de resistir una regulación y del gobierno para afrontar los costos políticos implicado en implementarla. En contra de lo que sostiene la literatura económico financiera que trata a la reducción del riesgo moral sólo como una cuestión técnica –que lo es, porque una regulación excesiva puede constreñir el crédito- Lourdes Sola y Moisés Marques (2006) explican usando el caso brasileño que esta es una decisión que entraña costos políticos para los decisores, de un modo tal que las circunstancias son decisivas para que la autoridad monetaria este dispuesto a afrontar esos costos. Esto supone explorar  la capacidad del  gobierno para establecer una regulación que podría debilitar sus bases de apoyo y de los actores financieros del mercado a resistir cambios –en el caso que estos hubieran existido en la agenda de la autoridad monetaria- sobre la regulación financiera.

* Fuente de la ilustración: The big picture

El relato de la crisis financiera global (al parecer anticipado por Roubini) esta obviamente dominado  por razonamientos basados en la teoría económica. Aunque muy rudimentarios, los rasgos centrales de dicho relato serían los siguientes (hay, claro debates y análisis mucho más sesudos, unos pocos ejemplos son Arrow, Levitt, Rodrik,)

- En 2001 la Reserva Federal (FED) comienza una tendencia de baja de tasas para evitar una recesión en la economía norteamericana.

- Al persistir el riesgo de recesión y la inflación mantenerse relativamente baja, la tendencia a la baja de tasas se prolonga a lo largo de los años.

- La disminución de tasas afecta negativamente el margen de rentabilidad de las actividades tradicionales de los bancos (se achica el spread?) pero a la vez aumenta la liquidez.

- Dicha combinación (baja rentabilidad de actividades tradicionales + alta liquidez) produce incentivos a las entidades financieras a i) dar créditos más riesgosos (los ya famosos créditos ninjas) ii) de los que luego se construyen instrumentos derivados (los más salientes: MBS (Mortgage Backed Securities) y los CDS (Credit Default Swaps)).

- El aumento de crédito hipotecario induce una burbuja de los precios de los inmuebles.

-La alta rentabilidad que ofrecen los MBS y CDS los vuelve atractivos a los Bancos y fondos de inversión de ambos hemisferios (que los ofrecen a sus clientes) y en consecuencia pasan a contar con distintas proporciones de ellos en sus carteras.

- Una vez que los precios de los inmuebles comienzan a caer (presumiblemente por la amenaza de la recesión) y los ninjas dejan de pagar sus préstamos (o bien porque perdieron su trabajo o porque el precio de su casa cayó mucho más que la valuación de la hipoteca, o por ambos) el valor los productos derivados cae estrepitosamente afectando las hojas de balance de los bancos y la confianza del sistema financiero: nadie sabe cuantos títulos -antes muy rentables ahora “tóxicos”- tiene cada entidad. Potenciales prestamistas no saben si los potenciales deudores van a estar en condiciones de devolverles el dinero, y por tanto nadie presta. Tal desconfianza paraliza los préstamos interbancarios y el sistema financiero de las economías desarrolladas se “seca” (afectando también a los países en desarrollo en la medida y grado en  que dependen del ingreso de flujos de divisas para créditos o para sostener los valores de la moneda doméstica).

- Esto impacta en las bolsas: previendo que los precios de las acciones van a seguir cayendo (por la morosidad, por la falta de liquidez del sistema financiero, el credit crunch, la anticipación de una recesión, y la incertidumbre sobre la medida del impacto de todo ello) todos quieren vender y, como todos quieren vender, el precio cae, iniciando un círculo vicioso de descenso en el precio de las acciones.

Los economistas también informaron los debates sobre las decisiones que resultarían más eficaces para detener el derrumbe una vez que los tiempos de la crisis comenzaron a acelerarse luego de la quiebra de Lehman Brothers. Pueden distinguirse dos etapas de decisiones que tomaron las autoridades monetarias y los gobiernos buscando poner un piso a la caída. Ambas se orientaron a devolver liquidez al sistema financiero y restaurar la confianza de los actores del sistema financiero.

1. Inyección de liquidez convencional + Nacionalización selectiva de instituciones en quiebra:

a) inyección de liquidez via “redescuentos”

b) nacionalización de entidades financieras “demasiado grandes para caer” (riesgo sistémico) y señalización procurando disminuir el riesgo moral (dejando caer entidades sin impacto sistémico)

c) garantías a los depósitos

2. La llamada solución Brown (o sueca?)

a) inyectar liquidez recapitalizando bancos

b) devolver la confianza asegurando los préstamos interbancarios

3. No hay tercera etapa aun, pero muchos economistas cuyas ideas influyen en Obama consideran que la recesión a la que conduce la falta crédito precisa de un estímulo a la demanda de manera que es esperable que el Estado ponga dinero en los bolsillos de los deudores (obra pública, cambios impositivos, etc) para que vuelvan a consumir.

Y los análisis políticos de la crisis financiera? En la siguiente entrada.

* Fuente de la ilustración: The Economist, 1987 (link)