¿Por qué en Ecuador se vivió una situación así? En nuestro país la condición de posibilidad de las reformas policiales puede remontarse a la exitosa demarcación de competencias entre las fuerzas de seguridad interior y de defensa externa. Esta demarcación fue conseguida en nuestro país gracias al consenso de las mayorías legislativas. En Ecuador, en cambio, esta condición de posibilidad no existe. Así como en el resto de los países sudamericanos, las trayectorias históricas de las fuerzas policiales han estado sujetas a distintas realidades políticas, y por tanto, han seguido rumbos distintos. La Ley Orgánica de la Policía Nacional de 1998 establece que la policía ecuatoriana ratifica una estructura organizativa centralizada y vertical, siguiendo un patrón militarizado. Y esto no ha sufrido cambios en los últimos años. A tres años de la llegada de Rafael Correa al Palacio de Carondelet, la discusión sobre la reforma policial ha estado perdiendo fuelle desde los esfuerzos iniciales evidenciados con la creación de la Comisión de Modernización de la Policía Nacional. Aunque como bien señala Daniel Pontón, es sugerente que estos esfuerzos hayan sido caracterizados desde un comienzo como modernizadores, y no reformistas.

Los hechos de los últimos días en Ecuador nos dejan algunas preguntas sobre la relación entre la movilización política y las políticas de seguridad que encontramos en los países que, según Steven Levitsky y Kenneth Roberts, pueden considerarse como la izquierda populista en Latinoamérica: Ecuador y Venezuela.* En estos países las tendencias centralizadoras en los sistemas de seguridad pública presentan ciertas similitudes. Hablamos de policías fuertemente centralizadas, subordinadas al poder político, pero como demuestra el caso ecuatoriano, policías capaces de ser potencialmente actores de veto.

Algunos interrogantes surgen al reverbero de los hechos en Ecuador. Por un lado, si se dieron efectivamente sustantivos aumentos salariales a los miembros de la Policía Nacional, ¿Por qué no se acompañaron estas medidas de una modificación de sus derechos de agremiarse como trabajadores estatales? ¿No habría sido esta una forma más certera de canalizar el malestar y contrarrestar el espíritu corporativo de la institución? ¿No cabe suponer que estos regímenes tendrían que ser adalides de la democratización al interior de las fuerzas policiales? Y en otro orden de cosas, ¿No es contradictorio que regímenes que emergieron buscando sustentarse en la movilización popular acentúen, o mantengan en el mejor de los casos, los rasgos centralizadores del sistema de seguridad pública ? ¿Es realmente una solución a los problemas de la seguridad interior involucrar a las Fuerzas Armadas? Y finalmente, ¿A qué actor de la coalición de movimiento PAÍS ha beneficiado la rebelión policial?

*Este comentario surge de una idea original de Gustavo González del Programa Delito y Sociedad de la UNL.

Curiosamente, una de las pocas cuestiones que sí se han puesto en discusión no refiere realmente al bicentenario sino a lo que podemos llamar el “segundo centenario”. Muchos de quienes proclaman en estos días inspirarse en el modelo económico vigente en 1910 y celebran los indudables logros que entonces el país podía mostrar a sus habitantes y al mundo, se han referido a la centuria transcurrida desde entonces como “los cien años perdidos”. Desde el revisionismo (que en verdad, en los años treinta fue el que inventó esa visión decadentista hoy ya nacionalizada, y a la que en estos días recurre con más frecuencia el liberalismo conservador) y el oficialismo se ha tendido a responder que el centenario no fue la maravilla que se cuenta, que dominaba entonces una pequeña oligarquía que había creado un país para pocos. Se recrea así una discusión que viene de largo: para los conservadores y liberales, Argentina perdió el rumbo cuando irrumpió el populismo, y abandonó las políticas de apertura al mundo, economía de mercado y control de la movilización política de las masas que hasta entonces tan buenos resultados habían dado; para los populistas en cambio, el problema fue la reacción conservadora y oligárquica ante el incontenible avance de los sectores populares en su aspiración de compartir los frutos del desarrollo ampliando sus derechos políticos y sociales.

No se pretende aquí analizar los aciertos o errores de una y otra postura, sino más bien aquello que ambas dan por obvio, que al país no le fue todo lo bien que hubiera podido irle, y la posibilidad de que hayan intervenido en ello algunos factores que no se tienen en cuenta pero que podrían ser parte de las dos perspectivas en pugna. Entre estos factores hay uno que naturalmente se destaca: la inestabilidad.

Que Argentina es un país que se ha caracterizado, durante el último siglo y hasta el presente, por el alto grado de inestabilidad es algo bien sabido. No por ello deja de ser pertinente reflexionar sobre las dificultades que ello ha acarreado a lo largo de la historia, y sobre el modo en que condiciona nuestra actual vida política: ¿de qué tipo de inestabilidad se trata?, ¿cuáles son las causas de este fenómeno?, y tal vez lo más importante, ¿la inestabilidad debe ser considerada una fuente de oportunidades o de problemas? ¿es un síntoma de la apertura al cambio, de una realidad en transformación, o es más bien indicio de la frustración recurrente de proyectos de cambio, de la dificultad para estabilizar un orden compartido dentro del cual sea posible procesar cambios duraderos?

En los últimos tiempos ha ganado crédito la idea de que la inestabilidad no sería un problema a resolver, sino el indicio de una “batalla en curso”, desde hace décadas indefinida, entre fuerzas del cambio y el statu quo. Si esto es así, todavía sería necesario atravesar fases de inestabilidad aguda, para poder llegar más adelante a una situación, además de estable, deseable en términos de calidad democrática, igualdad social, respeto de derechos, o lo que sea. Dar prioridad a la estabilidad, según esta perspectiva, sería una forma de detener y frustrar cambios posibles y necesarios. Estos argumentos, por tanto, legitiman lo que podemos llamar una “cultura de la inestabilidad”.

Es hora de someter a crítica esta cultura. Volver la mirada al centenario es a este respecto provechoso: la convivencia establecida hasta 1910 con gran éxito, y todavía con algunos buenos resultados sociales hasta mediados del siglo XX, entre inestabilidad y movilidad social y democratización, desde entonces fue sustituida por otra, entre inestabilidad y desigualación y deterioro institucional, que justifica asociar los esfuerzos por recuperar grados de igualdad perdidos a iniciativas estabilizadoras. Con esta idea en mente, es posible hoy sostener que la inestabilidad económica, política e institucional experimentada en forma aguda entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado no tuvo por causa la democracia de masas, la igualdad de condiciones heredada, ni el “empate social” de ella resultante, sino fundamentalmente otros rasgos, sólo circunstancialmente asociados a ellos, y que los sobrevivieron en el tiempo: la debilidad del estado, el espíritu refundacional presente en casi todos los proyectos políticos y el comportamiento mayormente faccioso de los actores sectoriales. En segundo lugar, y en relación a lo anterior, que la desigualdad creciente a partir de los años setenta no ha estado tan asociada a la aplicación de “políticas estabilizadoras” como a su frustración, y al imperio de relaciones de fuerza crecientemente desiguales en un contexto persistentemente inestable. Y por último, que la capacidad transformadora de la política no ha probado ser mayor, ni en nuestro caso ni en ningún otro, en un ambiente inestable que en uno estable. La inestabilidad que aún padecemos, y la cultura que la celebra, deben considerarse, en este sentido, como remanentes estériles de fenómenos en su origen asociados efectivamente a la juventud, la movilidad y la apertura al cambio que caracterizaron a la sociedad y la política argentinas hasta mediados del siglo pasado, y más en particular a la vía populista a través de la cual se canalizó entonces la democratización y la igualación social. Pero, en la imposibilidad de reeditarse esa asociación, la inestabilidad, y con ella el populismo, se han vuelto obstáculos más que alicientes o recursos para recuperar el dinamismo y la integración social perdidos.

*pubilcado en El Economista

En los últimos días, algunos periodistas progresistas que entre 2001 y 2008 fueron tolerantes o comprensivos con los escraches contra los representantes de la “política tradicional”, o tal vez no contra ellos, pero sí contra los militares procesistas, y entonces habilitaron una distinción entre los que “merecían” ser golpeados por la calle y los que no, han tomado una forzada y cruel lección de lo que termina resultando de este tipo de prácticas. Porque si estas costumbres no suponen la violación injustificada de derechos, sino que son un recurso legítimo que exige un juicio sobre merecimientos, entonces su justificación queda librada a la opinión. Y no necesariamente a la de la masa, sino, en términos prácticos, a los de grupos pequeños pero decididos de activistas.

Esos que hoy se esmeran en ganar puntos ante sus líderes y se ocupan de señalar a los “periodistas del monopolio” en carteles y marchas callejeras, en “juicios populares” y otros circos por el estilo. Ellos, simplemente, están trasladando la experiencia “exitosa” de los escraches contra los represores, y la no menos exitosa campaña de agresiones en que consistió el “que se vayan todos”, a la escena de los actuales conflictos entre el pueblo y sus enemigos. ¿Por qué reprochárselos, por qué objetarles que escupan e insulten a Fernando Bravo, si estuvo bien hacerlo con Alemann, o quien fuera?

Más que la brutalidad de un gobierno desde el principio brutal, y ahora encima desesperado por conservar el poder y una escena que confirme sus prejuicios y su pretendida superioridad moral, lo más alarmante de lo sucedido en los últimos días con los señalamientos fascistas contra periodistas opositores ha sido, por un lado, el eco que las incitaciones oficiales o paraoficiales encontraron en un activo político bastante extendido y dispuesto a pasar de las palabras a los hechos; y por otro, las dificultades del resto de los actores para movilizarse de modo de sancionar esas prácticas, aislarlas, y neutralizar a sus promotores.

Si algo ha quedado en claro tras lo sucedido en los últimos dos años de “decadencia kirchnerista”, es que, aunque el gobierno pierda calor de masas, no pierde el de este activo militante, politizado y entusiasta, que lo acompaña fielmente, y tal vez lo siga acompañando hasta el final. Los cientos de organizaciones que lo nuclean son muy diversas, promueven iniciativas concretas también muy distintas, pero el kirchnerismo no ha tenido dificultad sin embargo para vertebrarlas y mantenerlas alineadas detrás suyo. El uso muy extenso e intenso de recursos públicos puede explicar en parte esta capacidad, pero sólo en parte. Hay detrás de ella también la eficacia articulatoria de una ideología “orgánica” que organiza y da sentido a la acción del gobierno y de sus seguidores: la del populismo regenerativo. Él es particularmente propenso a dividir la escena política en buenos y malos, y a atribuir a la eliminación de los malos una función reparadora y transformadora. De nuevo, no es que los Kirchner lo hayan inventado: esa forma de ver las cosas está grabada en los genes de muchos argentinos, y es lo que ha hecho del resentimiento una de las pasiones más constantes en nuestra vida política.

Lo otro que ha quedado en claro en el desarrollo de las recientes agresiones a periodistas es lo mucho que contribuye el discurso de los organismos de derechos humanos a la descalificación de los enemigos del “gobierno nacional y popular”. Estos organismos, o al menos los más activos de ellos, nunca tuvieron raíces liberales y republicanas firmes. Y la poca afinidad que tenían con esos principios la perdieron del todo en los últimos años. En la medida en que ellos fueron adquiriendo un único y exclusivo foco, y una visión polar y excluyente de la lucha política que encaraban, la de demostrar la culpabilidad y castigar a los violadores a los derechos humanos de la última dictadura, no es de asombrarse que se prestaran dócilmente a legitimar una gestión de gobierno que satisfacía esa meta. Y lo han hecho por cierto con entusiasmo, proveyéndole argumentos justificatorios no sólo en ese, sino en todos los demás asuntos y terrenos. Al ceder a esta cooptación, esos organismos perdieron toda capacidad para promover la protección de derechos de la sociedad en general, o para formar consensos amplios en la vida política, que incluyan a más de al oficialismo y a su subcultura de izquierda, los puntos de vista de otros actores. Pero eso no les ha impedido ejercer una suerte de censura moral sobre muchos de estos actores que descalifican, incluidos los periodistas. Para muchos hombres de prensa, concluir que entidades como las que dirigen Bonafini y Carlotto han dejado hace tiempo de ser promotoras de los derechos ciudadanos, y pueden incluso ser dañinas para ellos, supone una ruptura dolorosa con su propia historia, además de un muy concreto riesgo moral, el de ser “señalados” como derechistas, procesistas, “cómplices de la dictadura”. Tal vez es hora de correr ese riesgo, y aceptar que el problema ha sido, en todo caso, no haberlo corrido tiempo atrás.

La devaluación se volverá cada vez más inevitable en la medida que la merma en la competitividad impacte en el balance de pagos. Intervienen en este ritmo de deterioro también otros dos factores: los pagos al exterior y la fuga de capitales. Una economía que ahora no necesita más divisas de las que tiene pero las necesitará, deberá atraerlas con mejor tipo de cambio, y por tanto lo más racional es fugarse hoy, aunque en el corto plazo el dólar siga perdiendo la carrera frente a los demás precios, porque en el futuro se recuperará con creces lo perdido. Tanto la fuga de capitales como el alza de precios, han adquirido dinámica propia y se realimentan a sí mismas. Esto significa que el futuro gobierno las heredará como problemas crónicos.

No es un gran pedazo de hielo que se dirige sin remedio al Titanic, es el capitán que mantiene un rumbo firme a toda marcha a una barrera de icebergs. Es difícil saber aún si la velocidad que ha adquirido la marcha de la inflación provocará un descontrol inmanejable y la colisión inevitable antes de entregar el mando o si dejará a su sucesor en 2011 la tarea de capitanear un barco inmovilizado en el medio del hielo.

En este contexto, las condiciones de reproducción del kirchnerismo serían cada vez más difíciles, pero no imposibles. La carrera nominal de salarios y precios dispara la inflación, pero en el corto plazo todos los actores dependen de que el gobierno siga haciendo lo que hace, para no tener que pagar costos mayores: los asalariados dependen más y más de los aumentos que logran los caciques gremiales y estos a su vez de la buena voluntad de Tomada para conseguirlos, los industriales dependen de tarifas susidiadas, frenos a las importaciones y vista gorda a la informalidad laboral, etc.. La inflación es, por tanto, una herramienta para que las decisiones del gobierno se vuelvan decisivas para la sobrevivencia de los actores, de manera de descargar los costos en los más débiles y, sobre todo, postergarlos en el tiempo. Por su parte, en este contexto, la amenaza devaluatoria funciona como un reaseguro en manos del propio gobierno: todos saben que finalmente las cosas pueden empeorar, incluso, que es muy probable que empeoren, si el gobierno les hiciera caso a los devaluacionistas, por lo que la disposición a aceptar el manejo de corto plazo que hace el oficialismo se incrementa.

De allí que discutir con Buzzi le resulte tan simpático a Boudou.

El populista crea, a largo plazo, una situación insostenible, autofrustrante. Es como un capitalista que actúa en el mercado pero permanentemente quiere violar sus leyes, invirtiendo en negocios efímeros y acumulando deuda que no podrá pagar. Pero como en este caso, en el corto plazo genera condiciones para su propia reproducción: entender este punto es fundamental para comprender la sobrevida del kirchnerismo, y su radicalización, luego de la crisis con el campo, y de nuevo ahora, tras su derrota en las parlamentarias; pese al “divorcio de las masas”, a las que tanto celebra en sus discursos, que esos acontecimientos revelaron.

Veamos algunos ejemplos. Por caso, la inflación: aumentar el gasto y alentar subas de salarios en un contexto recesivo, cuando ya se está en medio de un proceso inflacionario de carácter crónico sólo puede redundar en la aceleración de los precios, pero ello no necesariamente perjudica al gobierno, porque es a él a quienes se dirigirán sindicatos, empresarios, gobernadores y demás interesados para que se les habiliten nuevos aumentos de precios, salarios y recursos. La inflación a la larga corroe la capacidad del gobierno de controlar la situación, pero en lo inmediato, la refuerza.

Otro buen ejemplo es lo que sucede con el mercado de capitales: las intervenciones discrecionales del Ejecutivo alientan la fuga de capitales, pero como no todos los capitales pueden fugar, o al menos no todos lo pueden hacer a la misma velocidad, opera una suerte de disciplinamiento de los “rehenes”, que se amoldan a las reglas impuestas desde el gobierno para evitar mayores perjuicios, al menos mientras esos costos no sean mayores que los costos inmediatos de la salida. La situación de los bancos en los últimos tiempos y las de las empresas de servicios privatizadas desde el comienzo del kirchnerismo ilustran bastante bien esta situación.

Algo no muy distinto sucede en el plano estrictamente político: el vértice kirchnerista entiende muy bien las ventajas que le provee tener el control del Ejecutivo y de todavía considerables recursos fiscales, frente a un arco peronista cada vez más renuente a acompañarlo. Y han dado señales claras de estar dispuestos a usarlos a pleno en la coyuntura, independientemente de los costos que se acumulen de cara a un cada vez menos lejano 2011. Eso les puede bastar para retrasar lo más posible el momento inevitable en que surja un candidato firme a reemplazarlos, y reducir de paso sus chances de conseguirlo. Como sucedió ya al final del menemismo, para el líder peronista en decadencia ser sucedido por un no peronista es preferible a serlo por un peronista desafiante, dado que en el primer caso al menos tiene chances de retener el control de una parte del movimiento, y podrá esperar al siguiente turno.

Este cálculo es además un motivo suplementario para que la transición siga un curso en que las tendencias populistas se refuercen cada vez más: de allí que sea difícil esperar que la competencia y colaboración entre los actores políticos se acomode a condiciones mínimas de estabilidad y criterios de responsabilidad: de entre los escenarios más posibles tal vez haya que elegir entre uno malo, y otro peor.

¿Cuál sería el escenario deseable para la transición que se ha abierto? ¿qué conductas él requiere de oficialistas y opositores? Imaginemos una oposición que, pese a las diferencias que la atraviesan, se une para detener las iniciativas más destructivas y polarizadoras del Ejecutivo nacional, y fuerza al mismo, o al menos a las porciones del mismo más moderadas, a cooperar en pro de soluciones consensuadas. En el caso de la ley de radiodifusión, por ejemplo, significaría la formación de una mayoría que introdujera cambios, asegurara menos intervencionismo discrecional, un mínimo de reglas de juego estables y legítimas. Sería replicar el caso de la emergencia agropecuaria pero sin veto presidencial, algo difícil de imaginar: en el escaso tiempo transcurrido desde el 28 de junio se ha visto que esto no es algo que interese al Ejecutivo, y que la oposición tiene dificultades crecientes para lidiar con sus propios conflictos, de cara al 2011, y con su necesidad de posicionarse para sacar ventaja del descrédito oficial.

Otros dos escenarios son en cambio más posibles, pero claramente son menos estimulantes, aunque no en el mismo grado, ni por los mismos motivos. En uno de ellos, los legisladores y gobernadores peronistas, estimando poder sacar tajada de colaborar disimuladamente con el Ejecutivo, dejan pasar sus proyectos mientras mantienen un discurso público crítico que les permite desentenderse de los efectos no queridos de las decisiones adoptadas y tomar distancia en los asuntos que vuelven impopular al oficialismo. Fue con esta lógica que se mantuvo la cohesión de las bancadas peronistas al tratarse las facultades delegadas, como antes sucediera con la estatización de los fondos de pensión, y pronto sucederá posiblemente con la ley de radiodifusión, y con más seguridad, con la suspensión de la ley de responsabilidad fiscal y la renegociación de deudas provinciales. La liquidación forzada de empresas de medios en muchas provincias puede ser un anzuelo atractivo para esos actores políticos, así como para los sindicales. De este modo, el kirchnerismo logra postergar lo más posible una resolución de la interna peronista, y eventualmente fuerza a los disidentes a romper con el partido. Por este camino además se abren frentes de conflicto cada vez más intensos con otros actores, como sucedió con el campo, y sucederá seguramente en el terreno judicial con los dueños de medios. Pero el efecto más grave no será ninguno de esos sino que los conflictos se dilatan y se agravan en el camino hacia el 2011. La consecuencia sería una batalla electoral en que Cobos tendrá todas las de ganar, pero puede heredar una situación muy difícil de manejar. Algo parecido al final de los noventa.

El tercer escenario puede ser en algún sentido más auspicioso, pero en sus efectos podría terminar siendo aun peor: si los disidentes peronistas logran abroquelarse, en torno a un referente o a varios dispuestos a cooperar entre sí, e imponen una vía para que el PJ tenga un candidato único y opuesto a la Rosada, y junto con el resto de los opositores bloquean proyectos del Ejecutivo, lo esperable es que el Ejecutivo apriete aún más la canilla de recursos hacia las provincias rebeldes, insista con decretazos y vetos, en suma, escale todos los conflictos. Una conflagración sin reglas entre sectores peronistas puede en este caso llevar a un juego de retagliación que vuelva completamente incierta la transición. La tentación de recurrir a salidas populistas se reforzará: provincias emitiendo bonos, convocando a movilizaciones contra la nación y suspendiendo el pago de compromisos, pueden ser acompañadas de la judicialización generalizada de los conflictos, y un deterioro de la situación económica, con inflación y recesión crecientes, completaría el cuadro ideal para una crisis de proporciones. La transición que tenemos por delante se parecería entonces más bien a la de fines de los ochenta.

Por lo que vemos, que se de un escenario o el otro, depende en principio básicamente de la actitud que adopte el peronismo hacia el gobierno que se ejerce en su nombre. Pero los resultados afectarán esencialmente al próximo gobierno, que mientras más serio sea el deterioro del actual, más chances tiene de ser uno de Cobos y el Acuerdo Cívico y Social. Y el asunto es determinar qué escenario le conviene a él. En principio, lo más fácil para Cobos y el AcyS es seguir como hasta aquí, mostrarse lo más moderados y ajenos posibles a los conflictos, puede que de ese modo la posibilidad de que el gobierno simplemente caiga en sus manos se incremente. Pero puede también que ello suceda en condiciones bastante más complejas de las que les convienen.

Claramente ninguno de los dos le es muy redituable: en el de una progresiva acumulación de problemas irresueltos, las cosas pueden resultarle peligrosamente similares que a De la Rúa y la Alianza: acumulación de deudas y compromisos imposibles de afrontar. La experiencia del gas y la inminente resolución de la cuestión de las deudas provinciales son un indicio de lo que cabe esperar. Cobos y el AcyS podrían intentar otra vía, pero tal vez consigan el peor resultado: azuzar al tigre herido, alentarlo a escalar los conflictos, como ha hecho con Clarín, con el campo. Desescalar sería entonces un precio tal vez alto pero no demasiado alto para quienes adviertan que su principal problema es la tendencia del peronismo a dejar herencias envenenadas.

En cuanto al primero, la volatilidad de un electorado que a veces parece móbile qual piuma al vento , produce composiciones heterogéneas que serían insólitas si las preferencias del votante estuvieran configuradas sobre la base de identificaciones partidarias más firmes (no estoy sugiriendo que esto sea ni mejor ni peor).

Una de las consecuencias es la emergencia de liderazgos tal vez fugaces, pero que la imprevisibilidad del juego político puede llevar a cargos de gobierno sin las credenciales que, por lo menos yo, considero necesarias para pensar que han de ejercerlos competentemente.

A mi entender, es el caso de Pino Solanas: si la burbuja electoral continúa creciendo, podría llevarlo -¿por qué no?- al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y Julio Cleto Cobos -aunque su fuerza electoral no fue testeada directamente en las pasadas elecciones- que me disculpe, pero no encuentro aún motivos convincentes para confiar en sus condiciones presidenciales.

El fenómeno de las burbujas trae al tapete la cuestión de la responsabilidad del votante, en un ambiente cultural en que éste se siente mucho más inclinado a ver la paja en el ojo del representante que la viga en el suyo. En cuanto a la geometría variable del peronismo, patente en el número de alianzas electorales en las que participaron agrupamientos peronistas, mi hipótesis es que ha cambiado radicalmente si tomamos en cuenta la historia pasada: antes, los peronistas se abrían -si no quedaba más remedio- para volver: los incentivaba la existencia de un electorado relativamente cautivo que definía un campo de disputas unificado, el “peronismo”.

La “Gran Cafiero” de 1985 ilustra este comportamiento. Ahora, ese campo electoral unificado no existe, y los distintos peronistas tienen incentivos para permanecer, literalmente, con un pie dentro y otro fuera. Muy pronto podremos testear esta hipótesis. Si los principales peronismos consiguen dirimir su disputa en una sola interna peronista (abierta o cerrada) entonces sería equivocada. Veremos.

*Publicado en el diario La Nación el domingo 5 de julio de 2009.

El experimento político derrotado en las últimas elecciones tuvo como elemento central a la voluntad, en más de un sentido. Tanto para sus líderes como para sus seguidores – en particular los provenientes del campo intelectual – la voluntad fue simultáneamente el origen de una visión del mundo y una herramienta de acción para concretarla. Ante cada muestra de resistencia de la realidad a acomodarse a los deseos gubernamentales, el kirchnerismo respondió de manera consistente: reafirmando su deseo de que las cosas fueran de un modo distinto a como eran; “preservando su voluntad”, aunque el mundo entero feneciese. Ese doble carácter de la voluntad fue lo que se puso en juego en las elecciones, lo que fue derrotado en ellas, y lo que aparece – por su propia naturaleza – invulnerable a esa derrota y refugio final contra ella.

Y es que la celebración de la propia voluntad fue formulada en los términos de ideas morales, preceptos sobre el bien y el mal; pero ello no estuvo orientado a imprimirle convicciones y dar empuje a la acción, sino por sobre todo a construir una imagen embellecida de ella. El kirchnerismo quiso, y en alguna medida logró, forjar sobre el fondo de una historia esforzadamente estilizada, la imagen de la Argentina como una nación compuesta por un pueblo virtuoso acosado por enemigos parasitarios, la imagen de una vida política en que un “gobierno nacional y popular” se enfrentaba a extranjeros codiciosos y una oligarquía derechista y antinacional; y la imagen de un presidente-militante ajeno a las bajezas de una clase política corrompida y mediocre.

El kirchnerismo ha sido, así, más potente en la generación de imágenes que en cualquier otro terreno. Y gracias a ello fue que los kirchneristas pudieron presentar el ejercicio de la acción política como una cuestión de voluntad, su voluntad, y destacar el ciclo inaugurado en 2003 de la historia previa, que habría estado signada precisamente por su ausencia. Como uno de sus más conspicuos intelectuales orgánicos escribió, Argentina habría vivido años de crisis política, hasta la llegada de Kirchner al poder, por causa de la “abdicación de la voluntad política”. Si los dirigentes no hubieran abdicado, el país podría haberse ahorrado los males del neoliberalismo, de la recesión, del derrumbe político, de la devaluación, de la fragmentación partidaria. Pero no fue así, y debió surgir el liderazgo de Kirchner para encarnar “el regreso de la voluntad política” al comando de la nación. De lo que se trataba era de querer; si se quería lo correcto, lo virtuoso, entonces lo moralmente deseable se realizaría. Los Kirchner lo quisieron y dijeron incansablemente que lo querían. Hubiera sido inmoral no apoyarlos.

Esta concepción de la política tiene larga data, tanto dentro como fuera de la Argentina. Es, por caso, la concepción que Weber criticó a los espartaquistas bávaros en 1919: la amalgama de moralidad y esteticismo que convierte a la acción política en el ejercicio de querer tener razón. Moralidad, como se dijo, porque hacer política se trataría de ofrecer al mundo las virtudes personales de quienes militan. Pero también esteticismo, porque esas ideas morales virtuosas están asociadas a símbolos, a episodios, a experiencias que permiten a quienes las sostienen identificarse como parte de un colectivo, y son esas experiencias las que, ritualizadas, constituyen la estética que demarca la pertenencia al campo de la virtud. Y es este esteticismo el que termina predominando sobre la moral, cuando las “buenas intenciones” por sí mismas no alcanzan para concitar adhesión. En una deriva de la acción política hacia la dramaturgia , a la que no casualmente se suelen entregar tanto revolucionarios fracasados como políticos profesionales hiperpragmáticos. Categorías de las que el kirchnerismo se supo nutrir profusamente, por distintas razones deseosas de dejar atrás y ocultar las evidencias existentes sobre sus respectivas condiciones.

La política como celebración estética de ideas morales se diferencia de otras variantes de la vida política, que podrían denominarse “prácticas”, y que por definición no son bellas, ni mucho menos sublimes, pues se caracterizan por sumergirse en lo cotidiano, en lo opaco de la gestión, en deslucidas transacciones y acuerdos entre intereses, en negociaciones que – por su propia naturaleza – ponen entre paréntesis cualquier juicio moral sobre aquellos con quienes se negocia. Estas formas políticas son lo que el kirchnerismo, como experimento moral y estético de la voluntad, se dedicó a repudiar. En su lugar, la experiencia kirchnerista se reivindicó desde su inicio como la “recuperación de lo auténtico” de la política. Y fue así que los Kirchner insistieron en presentarse como líderes deseosos de restaurar la decisión como afirmación de convicciones. Pero no sólo a eso, ni en particular a eso: en especial recrearon la política como “puesta en escena” de la voluntad. De ahí que la estética de la decisión, más que la decisión misma, haya tramado los discursos oficiales: fue en esos términos que se combinaron en ellos los asuntos prácticos y los rituales de autocelebración, en anuncios de obras públicas acompañados de pañuelos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; en un discurseo pedagógico y autorreferencial que presentó al matrimonio presidencial como “modelo” del país deseado; en un happening de datos estadísticos fabulados que pretendieron cimentar la imagen del “pueblo feliz”.

Que esta visión fundamentalmente estética de la política no era inocua quedó de manifiesto cada vez que otros actores plantearon conflictos a las decisiones prácticas que el kirchnerismo vistió con sus ropajes. Nunca mejor que en la crisis del campo se hizo visible que lo que interesaba a los Kirchner no era resolver conflictos, ni siquiera imponerse en ellos, sino fundamentalmente tener razón y preservar la imagen de su “voluntad”. De allí que sería excesivo considerar “hegemónico” al proyecto que encarnaron: no es ese el carácter de una voluntad que no aspira a imponerse sobre el mundo, sino a pintar el suyo propio. Se trató más bien de una voluntad indiferente a la hegemonía, dado que se consideraba, a priori, moral e históricamente superior. Esa pretendida superioridad fue, precisamente, lo que por naturaleza la ha hecho irreductible a las “artes prácticas” de la política democrática.

La voluntad kirchnerista de sostener que la Argentina es un paraíso de crecimiento económico, pleno empleo e igualación social, que la oposición es una colección de corruptos, explotadores, asesinos e incapaces, y que el gobierno “nacional y popular” está apoyado por “sectores populares organizados” con férrea “conciencia nacional” – esa voluntad perdió las elecciones el domingo 28. Pero la estética que dio su razón de ser a esa voluntad no ha sido derrotada. En el fárrago de expresiones de lamentación que inundaron el universo oficial se escucharon voces bien representativas de ella, que sostenían más o menos lo siguiente: que a pesar del deslucido final que ya parece inevitable le espera a la experiencia kirchnerista, sus partidarios podrán guardar en la memoria el entusiasmo de haber participado de ella. Que el momento cúlmine de un proceso político autodescripto como “transformador” se halle en los actos que habrían generado el entusiasmo de sus seguidores dice mucho sobre su carácter estético. Y sobre su condición como continuador de la tradición populista que, en Argentina, y en el mundo, ha sido desde siempre profusa en producir imágenes y seducir por ellas, aún a quienes repudian sus efectos prácticos.

Querrán seguramente los seguidores de Kirchner que él sea recordado por la foto del general Bendini descolgando el retrato de Videla; o por su imagen abrazándose a sus seguidores en un acto en la Matanza, como hay quienes recuerdan como experiencias estéticas sublimes su paso por Paris o por Roma, o haber asistido al concierto de Jaco Pastorius en el Luna Park, o de Prince en River, o haber participado de un happening en el Di Tella, . Lo sublime para los jóvenes y no tan jóvenes kirchneristas está asociado a un acto público, a un discurso, a un sentimiento de comunión con sectores populares. Las preferencias estéticas no pueden cuestionarse. Ni siquiera puede cuestionarse la idea de que una identidad política se construya en torno suyo. Pero puede cuestionarse sí que la democracia o su profundización puedan depender del “triunfo de la voluntad” encarnada en esos recuerdos.

* Publicado en La Nación

Hay buenos motivos para dudar de que esto pueda replicarse en Argentina. Ante todo es fácil comprobar que, por más que el kirchnerismo ha venido recurriendo a la polarización populista, no logró con ello éxitos comparables a los alcanzados en sus países por Evo Morales y Hugo Chávez. Incluso puede decirse que intentar ese camino ha contribuido en gran medida a su actual debilitamiento. Sin embargo, existen muchos intelectuales oficialistas que promueven una visión radicalmente populista de las cosas, o porque creen que revela la esencia de los conflictos que el país tiene que resolver, o porque creen que hacer que ellos se acomoden a esa idea es el único camino para recuperar el favor de la mayoría (que reconocen así, implícitamente, se ha perdido). A la luz de los discursos con que Néstor y Cristina han encarado la campaña, y de algunas de las medidas de gobierno que vienen impulsando, lo menos que se puede decir es que esta radicalización populista ejerce una influencia nada despreciable en la cúpula oficial. Pareciera incluso que a medida que las “amenazas” que les plantean los opositores, los grupos de interés y los actores externos se vuelven más serias para su supervivencia, la reacción natural en el oficialismo es abroquelarse en torno a estas ideas, que le permiten, si no triunfar en las batallas que tienen por delante, al menos encararlas con exaltado heroísmo.

Parafraseando a Napoleón, actuar así es peor que un crimen, es un grave error político. Pero las ideologías funcionan así: les dejan ver a quienes las abrazan sólo aquello que confirma sus premisas, y les permiten ignorar datos “duros” y molestos de la realidad. Un buen ejemplo de cómo funcionan estos mecanismos en el oficialismo lo ha brindado en estos días Ernesto Laclau, convertido en máximo ideólogo kirchnerista en los últimos tiempos, y proveedor de una supuesta solidez conceptual y de cierto glamour académico a todos aquellos que trabajan para sostener la tesis de la radicalización populista. En un intenso raid en los medios de comunicación, Laclau se esmeró en demostrar teóricamente que el populismo no puede ser una amenaza a la democracia porque expresa la voluntad de las masas empobrecidas, y en cambio sí la amenazan los intereses de los ricos, por definición minoritarios, y las ideas que ellos promueven, las del neoliberalismo. Axiomas como estos no necesitan prueba alguna, son verdades autoevidentes. Pero para que los periodistas que lo entrevistan y la audiencia que lo sigue reciban mejor el mensaje, Laclau se rebaja igualmente a dar algunos ejemplos, y entonces explica cómo en Bolivia, Venezuela, y también en Argentina las masas empobrecidas, que en los años noventa no eran representadas fielmente sino manipuladas, ahora se sienten partícipes de grandes cambios, y eso significa que la democracia allí ha “mejorado su calidad”.

Es interesante recordar que en los años ochenta, Laclau participó, igual que muchos otros académicos de origen marxista, de la tendencia revisionista que permitió a los teóricos y a muchos activistas de izquierda apropiarse de las banderas democráticas en boga en la región: en esa época, su principal preocupación, en línea con la de muchos gramscianos, era cómo articular las reivindicaciones socialistas con las de derechos políticos y civiles. Por esta vía, pudo acercarse a las tesis socialdemócratas dominantes en Europa, y asumir, como una premisa de su propuesta teórica y política, que las batallas de la izquierda debían definirse en términos de la “expansión de las luchas democráticas”, es decir, apropiarse del liberalismo político para ampliar sus horizontes. La actitud teórica y política del Laclau actual, y lo mismo cabe decir de muchos de sus seguidores, revela un cambio muy profundo respecto a esa opción, y un cierto “regreso a las fuentes”: ante las frustraciones acumuladas en esa vía reformista y liberal hacia la transformación de las sociedades latinoamericanas por la que se apostó en los años ochenta, y la reapertura real o imaginada de una vía “revolucionaria” tras las crisis resultantes de las reformas de mercado de los noventa, aparece como una respuesta adecuada, o mejor dicho como la única respuesta posible, el populismo radical de los setenta. En sus términos, el problema de las dos últimas décadas de vida democrática que experimentaron nuestros países ha sido que las mayorías pobres no utilizaron el peso del número, que les asegura ganar elecciones, para imponerse a las minorías ricas, y que en cambio se inclinaron a soluciones “concertadas” con éstas, que nunca podían terminar bien porque no podían satisfacer los intereses de aquéllas. Dicho de otro modo, el modelo socialdemócrata habría probado ser una vía hacia la resignación, y es preciso repudiarlo, para recuperar la vocación transformadora perdida.

Lo llamativo es que esta tesis se ha fortalecido en algunos países de la región, a medida que la opción socialdemócrata ganaba terreno en otros, y acumulaba logros nada despreciables para fortalecer su opción por el reformismo y el liberalismo político. A este respecto, podría decirse que Argentina está a medio camino entre dos mundos. Por cierto, aquí las frustraciones del reformismo no han sido pocas, pero ello no ha significado una completa polarización social, ni tampoco que el resentimiento contra los ricos derive en fuertes tendencias anticapitalistas y aislacionistas. Por otro lado, el liberalismo político no ha perdido tanto terreno con esos fracasos como en otros lados. Para las izquierdas, por tanto, renunciar a él y cederlo a sus adversarios ni se justifica por la posibilidad de imponer cambios económicos y sociales, ni es irrelevante en términos de los costos electorales que implica. Es en gran medida por ello que la democracia argentina no está bloqueada como sí es el caso de las de Bolivia y Venezuela, sino que lo que quedó bloqueado fue el proyecto de un populismo radical local: él ha probado ser una amenaza a las libertades sin ofrecer a cambio ningún horizonte igualador y comunitario más o menos innovador. Estando en el peor de los mundos, no tardará en extinguirse.

De allí que desde 1983 a esta parte, políticos e intelectuales del más variado pelaje, y la sociedad en general, hayan buscado en esos años una fuente de inspiración. Y que, en una deriva del revisionismo histórico al revisionismo político, en los sucesivos proyectos de cambio que nos ofrecieron inaugurar un futuro distinto haya gravitado la restauración de una o varias de esas movilizadoras imágenes de los setenta. Porque cada uno de sus protagonistas quiso ver en las posibilidades que se le abrían, una reedición de oportunidades entonces perdidas, una “segunda oportunidad” de hacer efectivas soluciones con las que se podría, no sólo dejar atrás sino corregir, un pasado frustrante. Y así retomar un hilo que en alguna vuelta de la historia el país perdió, pero que las vueltas del destino hacían posible recuperar.

La pretensión de Alfonsín de representar una versión estilizada de las “luchas populares” de los setenta, haciéndolas pasar por el filtro de la ética democrática, para que fueran la savia de su proyecto regenerativo, debía permitirle separar a los “violentos” y autoritarios que tanto habían hecho por echar a perder esas “luchas”, del resto sano de la sociedad, y mostrar que democracia y justicia social sólo estaban en tensión por una confusión, que rápidamente habría de disiparse. Ello resonó con fuerza en una intelectualidad que hasta entonces había profesado mucho menos entusiasmo por las instituciones democráticas que por la productividad política de la violencia; y fuera acompañando el proyecto alfonsinista, fuera reclamándole desde la oposición que cumpliera lo prometido, ayudó a dar cuerpo al consenso de los ochenta.

Menem fue bastante menos setentista, pero en su esfuerzo por reinterpretar el pasado e inaugurar una nueva época no se privó de nada: el pacto productivista entre obreros y empresarios y la reconciliación del peronismo con las elites intentados por Perón en sus últimos días (reeditando también él lo que creía una oportunidad perdida dos décadas antes), y que tras su muerte sus herederos siguieron intentando, en un ya desesperado esfuerzo por conciliar el orden y el cambio, poniendo su firma al ajuste y la represión, encontrarían tras la hiperinflación su propia “segunda oportunidad”. Se trataba de poner en caja las fuerzas que habían seguido fuera de control desde entonces, para que el populismo peronista pudiera convivir con un orden económico y constitucional estable.

A Kirchner le tocaría en suerte sacar provecho de la resolución de esas tensiones heredadas de los setenta, a través de la privatización de la sociedad y la autonomización del estado, y de la conversión del peronismo en un actor más estatal que social. Sin embargo él concibió su rol en base a una nueva estilización de la “primavera de los pueblos”, una no tan refinada ni intelectual como la de Alfonsín, y mucho más militante. Por ello es que sus años setenta resultarían ser más ambiciosos, y bastante menos reflexivos: no se trataba ya de purificar esa experiencia, sino de tomarse revancha, permitirle a esas generaciones abandonadas por el general, y por el resto del país, en sucesivas frustraciones, recuperar lo perdido.

Cada uno de los proyectos democráticos, en suma, ha intentado una apropiación del pasado en que mejor se creyó poder inspirar el presente. Si a la postre todos desembocaron, parcial o totalmente, en frustraciones, se debe en poca medida a que lo “falsearan”. En verdad, eso es algo que todo proyecto de cambio tiene derecho a hacer: la memoria colectiva en todos lados del mundo está hecha tanto de verdades como de mentiras y olvidos, y no siempre ni siquiera muy seguido los errores sobre lo que pasó son los que llevan a errar en el presente. Más que un déficit de rigor lo que ha afectado tal vez decisivamente a estas miradas sobre el pasado, volviéndolas inefectivas, ha sido su afán por recuperar un tiempo perdido. Como si la historia pudiera rescribirse y se pudiera lograr, por obra de la voluntad y circunstancias oportunas, reencontrar un hilo que en algún momento quedó trunco. Eso es lo que todas las evocaciones de los setenta tienen en común, y lo que las ha vuelto más atractivas para el público: que en ellas se celebra a la vez la nostalgia y la voluntad. Es hora de aprender entonces la que tal vez sea la más importante lección que tienen para enseñarnos aquellos años: la voluntad tiene una eficacia acotada y a veces las mejores intenciones arrojan los peores resultados.

* publicado en La Nación, el domingo 15/03

Así las cosas, este cambio de tono electoral vuelve aún más pertinente una reflexión en torno a lo sucedido en la convención republicana de principios de mes, así como también de la polvareda levantada por el Rally for the Republic del Senador Ron Paul, una suerte de “contraconvención” republicana. Es importante precisar que ambos hechos se vuelven sintomáticos de una contradicción al interior del conservadurismo estadounidense. Así es como el Partido Republicano ha sido caracterizado por los antedichos autores como el “partido de las dos cosas a la vez.” Del libertarianismo y el conservadurismo social, el de políticos como Arnold Schwarzenegger y Tom de Lay, el de los ganadores de Wall Street y los creyentes partidarios de la Segunda Enmienda. Blackberries vis-à-vis biblias y armas, política exterior beligerante y aislacionismo. Una contradicción múltiple. Bien podríamos decir que el conservadurismo estadounidense es un credo práctico y flexible, pero la eficacia que demostró Karl Rove -jefe de campaña de Bush desde sus tiempos de gobernador de Texas y consejero informal en la actual campaña de McCain- al conseguir un equilibrio de la coalición conservadora que afianzó la plataforma republicana para las anteriores elecciones, no pudo ser revalidada esta vez. Algo de esto se observó en esos días: una resuelta intervención en la campaña electoral por parte de los grupos de presión apelando al voto conservador, no ya solamente proveyendo a los candidatos políticos de financiamiento y medios organizativos. Sino sugiriéndolos enérgicamente.

Es consabido el carácter plástico y maleable de la organización partidaria en Estados Unidos a nivel federal. La estructura interna de los partidos los vuelve dependientes de las organizaciones de base a nivel local en tiempos electorales, cuya disciplina se vigoriza en el proceso de selección de candidatos. Como señala Theodor Lowi en El Presidente Imperial, después del New Deal la presidencia plebiscitaria cambió el panorama constitucional e institucional de los Estados Unidos. Fue así que el debilitamiento de la institución mediadora en el lazo representativo entre gobernantes y gobernados, a saber, los partidos políticos, se suplió mediante la actividad de los grupos de presión y la plutocratización de las campañas electorales. Las coaliciones de grupos de presión en el marco de un partido pasaron a definir los procesos de selección del candidato, y la base de apoyo electoral a éste resultaba de un aglutinamiento temporal en derredor suyo, cuya perdurabilidad estaba marcada por su consagración electoral. A la morfología político-institucional de la Segunda República estadounidense, tal como la conocemos, se le presentan nuevos dilemas con la nación conservadora. La base popular que tiene la militante ciudadanía de talante conservador se interpenetra cada vez más con los grupos de presión. En los años noventa, la bancada republicana encabezada por Newt Gingrich fiscalizó a rajatabla la gestión de Clinton, y mantuvo un electorado conservador a flote para el Partido Republicano. Pero una vez que el Partido Republicano volvió a la Casa Blanca, se produjo un desencanto. No hubo más pábulo para la prédica del presupuesto equilibrado. Lo llamativo es que esto no interfirió en la ascendente preponderancia conservadora en la arena política. Y es que la coalición conservadora tiene metas a largo plazo. No tiene sólo “un centro de foco temporal”. Detenta el inconmovible fervor cívico de enfrentar las depredaciones del gobierno federal, aún cuando éste esté bajo la tutela republicana. La mejor receta para el radicalismo es más radicalismo.

No obstante, o quizás debido a lo antedicho, la administración Bush supo guardar distancia de los grupos de presión más caros a la campaña. En vez de contentar a las filas, Bush entrelazó mediante K Street sus intereses con el lobbying de las grandes corporaciones. Por eso desde los sectores del conservadurismo social y la derecha anti-impuestos se acusa al gobierno de Bush de haber construido un gran gobierno, una versión privatizada del “liberalismo de los grupos de interés”. Y lo peor de todo, es que en esta última elección, estos grupos de interés acudieron en masse a los brazos de los demócratas. Un ejemplo de esto lo brinda la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que si bien logró ciertos reconocimientos para su causa, no pudo colocar a su gente en la Casa Blanca. Bush procuró de esa forma no alejar el voto republicano moderado. Pero en estos comicios los grupos de presión no volverían a dispararse en el mismo pie. La estrategia emprendida parece ser doble. Por una parte han conseguido que la fórmula republicana levante las banderas de la nación conservadora más notoriamente que con Bush. En este sentido, no resulta casual la nominación de la gobernadora de Alaska como vicepresidente. Así y todo, el as en la manga fue saludar tímidamente la organización del mitín rebelde de Ron Paul, quién no respaldó la candidatura de McCain. La presencia de Grover Norquist, líder de Estadounidenses por la reforma impositiva (ATR) e influyente en otros grupos de presión de la misma sintonía como Liberty Park, remacha el clavo en esta cuestión. El Partido Republicano se encuentra en una encrucijada, y los grupos de presión se lo hacen saber. Jesse Benton, vocero de Ron Paul, declaró que el Rally for the Republic les iba a recordar a los republicanos que existe un ejército de voluntarios disponible a lo largo y a lo ancho del país ansioso de trabajar con ellos, si reconducen el partido a las tradiciones del gobierno mínimo y libertad personal. Cabe agregar, solo si entienden cuál es la estrategia a seguir. No se puede afirmar que los grupos de presión parecen más capaces de articularse más allá del Partido Republicano que antes, pero si parece que la parte del león en el proceso de selección de candidatos se la llevan ellos. Es decir, su modo de actuación parece indicar que el grado de legitimidad que tiene el Partido Republicano como etiqueta electoral no es prescindible, al menos no en el corto plazo, pero sólo por ser la que está más a la mano. La línea divisoria entre el grupo político y los grupos de presión cada vez es más difusa.

Para los grupos de presión conservadores, McCain por si solo no era un candidato viable. Sarah Palin condensa en su figura muchas de las demandas del Estados Unidos interior. Sus atributos llevaron a medios como The New Republic a ver la fórmula republicana como una emulación del populismo recalcitrante de Ross Perot, que en las elecciones de 1992 obtuvo casi una quinta parte del voto popular.  Pero también a verla como una reencarnación de William Jennings Bryan, candidato demócrata a la presidencia en tres oportunidades aproximadamente cien años atrás. Como señala Richard Hofstadter en su semblanza del político en La Tradición Política Americana, Bryan creía que los problemas políticos radicaban en la incapacidad de la clase política de ver que las cuestiones a resolver son esencialmente de índole religiosa, y que la solución era aplicar más moral cristiana a las políticas públicas. Bryan configuró entonces la tradición política americana de apelar al sentimiento religioso, tradición que sigue muy presente hoy en día. Presidentes anteriores invocaron el voto evangelista codeándose con los líderes de sus iglesias. Por el contrario, Bush logró atraerlo por su condición de “cristiano renacido.” Y Sarah Palin parece ser una apuesta firme en esa dirección.

En definitiva, lo relevante de esta contradicción es el modo en que comienzan a notarse las costuras que el Partido Republicano dejó en la morfología político-institucional de la Segunda República estadounidense. Y un botón de muestra se presta así en el plano político-partidario: Más precisamente en la vertebración del Partido Republicano y los grupos de presión del espectro conservador: Estos grupos de presión son los que marcaron la línea en la arena cultural frente al liberalismo estadounidense, y apoyaron al Partido Republicano por lo que decía que iba a hacer una vez en el gobierno, no por lo que hizo finalmente. El ciudadano común de los Estados Unidos, que potencialmente –o efectivamente- se siente atraído hacia los intereses concretos que grupos de presión como ATR, Enfoque en la Familia (FoF), o la NRA identifican, quiere que el gobierno saque sus manos de su bolsillo, le deje educar a sus hijos y portar sus armas. En dos palabras, deje de merodear en asuntos que pueden ser satisfechos con prácticas de autogobierno.

Para mayor inri, hechos como la crisis de las hipotecas y el consecuente plan de salvataje del sistema financiero le dan fuelle a las quejas de la nación conservadora por el “tamaño desmedido y la ambición del Estado.” Gastar dinero del cual no se disponía no fue solo una actitud irresponsable de aquellos que aceptaron hipotecas para costear propiedades que no podían pagar, ni tampoco de los inescrupulosos financistas de Wall Street. Para el ciudadano común que votó al Partido Republicano y se siente representado en sus intereses por los grupos de presión conservadores, esa actitud es la letra escarlata que lleva el conservadurismo compasivo de George W. Bush. Bombear dinero de las arcas públicas como si se tratara de un barril sin fondo va a tener consecuencias no solo para la actual administración con un pie afuera, sino también para el Partido Republicano. Coincidiendo con Alan Wolfe, el conservadurismo compasivo hizo mucho ruido conservador, pero al fin y al cabo, pocas –pero imperdonables- nueces liberales. Parece ser, en efecto, una situación difícil de lidiar para cualquier gobierno. Los grupos de presión parecen ser cada vez más radicales. Cualquier gobierno conservador tiende a ser liberal para la nación conservadora. Pasó con Reagan, y volvió a pasar con Bush. Para la nación conservadora, en sus reivindicaciones Washington viste el mismo sayo que otrora Inglaterra para los revolucionarios independentistas  del Siglo XVIII. Cabe entonces la siguiente pregunta: ¿Estaremos ante un nuevo período crítico de la historia americana? Entre mayorías endeudadas y minorías acreedoras, no es difícil sentir un poco de tufo al lema “Sic Semper tyrannis”.

Si iniciativas como las de Ron Paul logran vertebrar distintas propuestas conservadoras a nivel federal, es probable que, en un futuro próximo, los incentivos que los grupos de presión tienen hoy para apuntalar al Partido Republicano se devalúen, y sus estrategias claven, más decididamente que nunca, una cuña en el bipartidismo americano, fortaleciendo así a terceros partidos. Históricamente los partidos mayoritarios pudieron reencauzar liderazgos emergentes de terceras fuerzas adoptando parte de sus demandas en sus concepciones programáticas. Así los grupos de presión también se veían incentivados a recurrir a las maquinarias partidarias por la organización y el alcance federal que ostentaban. ¿Pero que sucede si hay líneas internas en el marco del partido cuyos intereses no se incluyen en el rumbo que sigue el partido? Si antes fue necesario que el sistema de partidos aceptara la interacción con los grupos de presión, estamos ante un escenario inédito en el que los grupos de presión evidentemente pueden relegar a los partidos políticos a una posición secundaria. Todo esto va dejando al conservadurismo como una región de venas abiertas. Muy probablemente al liberalismo estadounidense también.